El Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de España ha solicitado al Gobierno una revisión urgente de la implantación de VERI*FACTU y de la futura factura electrónica obligatoria. El colectivo pide adaptar estas normas al tamaño real de autónomos y micropymes mediante criterios de proporcionalidad y riesgo fiscal. De este modo, se evitará que los pequeños negocios asuman obligaciones tecnológicas desproporcionadas y ajenas a su actividad diaria.. El calendario de implantación de Veri*factu establece dos fechas límite obligatorias para adaptar los sistemas de facturación en España: el 1 de enero de 2027 para quienes declaran el Impuesto sobre Sociedades y el 1 de julio de 2027 para autónomos y el resto de obligados.. El «café para todos» en un tejido de micropymes. Los Gestores Administrativos recuerdan que el 99,8 % del tejido empresarial español está constituido por pequeñas y medianas empresas. En estos negocios, la estructura es extremadamente reducida y, por lo general, es el propio empresario quien asume simultáneamente la dirección, la gestión económica, la contratación de personal y el cumplimiento normativo. Cada nueva exigencia regulatoria les resta un tiempo valioso que dejan de dedicar a producir, vender, atender clientes o generar puestos de trabajo.. “La tecnología permite hoy conocer mucho mejor la realidad de cada contribuyente. Si la Administración dispone de información suficiente para identificar niveles de riesgo diferentes, resulta difícil justificar que un pequeño bar, una peluquería, un autónomo o una multinacional soporten prácticamente las mismas obligaciones administrativas”, señala Fernando Jesús Santiago, presidente del Consejo General.. El colectivo aclara que no cuestiona la digitalización ni las medidas contra el fraude fiscal. Al contrario, considera que la inteligencia artificial y el potencial tecnológico de la Administración Tributaria ofrecen una oportunidad única para mejorar la eficacia del control. Por ello, defienden sustituir el modelo rígido del «café para todos» por una regulación inteligente que diferencie con claridad entre perfiles con riesgos muy distintos.. Casos cotidianos: obligaciones permanentes por operaciones excepcionales. Para demostrar esta falta de proporcionalidad, los Gestores Administrativos señalan que basta con seguir el propio Informador de la Agencia Tributaria para comprobar cómo un pequeño establecimiento puede verse obligado a asumir pesadas obligaciones tecnológicas permanentes por un hecho totalmente excepcional. El itinerario que la propia Administración ofrece a los contribuyentes muestra situaciones cotidianas muy claras:. El caso de un bar: Un pequeño bar que habitualmente solo emite tickets sencillos a sus clientes particulares puede verse obligado a adaptar de manera definitiva todo su sistema informático de facturación simplemente porque una empresa celebra una comida de trabajo y solicita una factura completa.. El caso de una peluquería: Un establecimiento que entrega tickets habitualmente puede verse forzado a cumplir con estas exigencias tecnológicas permanentes solo porque una productora o agencia de publicidad lleva a varios empleados a realizar un cambio de imagen para una campaña publicitaria o grabación de redes sociales, requiriendo una factura para justificar el gasto.. Estas operaciones extraordinarias no modifican en absoluto el riesgo fiscal del negocio, pero sí activan obligaciones tecnológicas permanentes. Como indica Fernando Jesús Santiago: “Las normas deben perseguir el fraude allí donde existe, no generar nuevas cargas para quienes llevan años cumpliendo correctamente con sus obligaciones”.. La coincidencia de dos grandes reformas sin evaluación de impacto. A las dificultades anteriores se suma la coincidencia temporal de dos reformas regulatorias de gran calado. Mientras miles de pymes intentan adaptarse a VERI*FACTU, deben afrontar al mismo tiempo la implantación de la factura electrónica obligatoria. El Consejo General advierte de que estas dos medidas no pueden analizarse de forma aislada, pues recaerán sobre las mismas empresas y generarán un efecto acumulado que el Gobierno aún no ha evaluado de forma conjunta.. Propuestas de los Gestores Administrativos. Ante esta situación, el Consejo General propone revisar la normativa para introducir medidas correctoras y solicita tres acciones principales:. Introducir criterios objetivos en la norma: Diseñar obligaciones que tengan en cuenta el tamaño de la empresa, su historial de cumplimiento, el volumen de actividad, la frecuencia de emisión de facturas completas, el carácter excepcional de las operaciones y el nivel de riesgo fiscal real de cada contribuyente.. Aplicar exenciones selectivas: Utilizar la facultad legal expresa que tienen los Ministros de Hacienda y de Economía para exonerar de estas obligaciones a ciertos contribuyentes, con el fin de no perturbar el correcto funcionamiento de sectores o subsectores específicos.. Realizar un estudio de impacto conjunto: Elaborar un análisis técnico sobre el efecto acumulado de VERI*FACTU y la factura electrónica obligatoria antes de su implantación definitiva, valorando alternativas regulatorias más proporcionadas.. Adicionalmente, el Consejo General ha elaborado un informe técnico detallado que reproduce paso a paso el recorrido por el Informador de la Agencia Tributaria para demostrar cómo una sola operación extraordinaria activa estas obligaciones tecnológicas permanentes en pequeños comercios. Dicho informe ya se encuentra a disposición de los medios de comunicación.
El Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de España ha solicitado al Gobierno una revisión urgente de la implantación de VERI*FACTU y de la futura factura electrónica obligatoria. El colectivo pide adaptar estas normas al tamaño real de autónomos y micropymes mediante criterios de proporcionalidad y riesgo fiscal. De este modo, se evitará que los pequeños negocios asuman obligaciones tecnológicas desproporcionadas y ajenas a su actividad diaria.. El calendario de implantación de Veri*factu establece dos fechas límite obligatorias para adaptar los sistemas de facturación en España: el 1 de enero de 2027 para quienes declaran el Impuesto sobre Sociedades y el 1 de julio de 2027 para autónomos y el resto de obligados.. El «café para todos» en un tejido de micropymes. Los Gestores Administrativos recuerdan que el 99,8 % del tejido empresarial español está constituido por pequeñas y medianas empresas. En estos negocios, la estructura es extremadamente reducida y, por lo general, es el propio empresario quien asume simultáneamente la dirección, la gestión económica, la contratación de personal y el cumplimiento normativo. Cada nueva exigencia regulatoria les resta un tiempo valioso que dejan de dedicar a producir, vender, atender clientes o generar puestos de trabajo.. “La tecnología permite hoy conocer mucho mejor la realidad de cada contribuyente. Si la Administración dispone de información suficiente para identificar niveles de riesgo diferentes, resulta difícil justificar que un pequeño bar, una peluquería, un autónomo o una multinacional soporten prácticamente las mismas obligaciones administrativas”, señala Fernando Jesús Santiago, presidente del Consejo General.. El colectivo aclara que no cuestiona la digitalización ni las medidas contra el fraude fiscal. Al contrario, considera que la inteligencia artificial y el potencial tecnológico de la Administración Tributaria ofrecen una oportunidad única para mejorar la eficacia del control. Por ello, defienden sustituir el modelo rígido del «café para todos» por una regulación inteligente que diferencie con claridad entre perfiles con riesgos muy distintos.. Casos cotidianos: obligaciones permanentes por operaciones excepcionales. Para demostrar esta falta de proporcionalidad, los Gestores Administrativos señalan que basta con seguir el propio Informador de la Agencia Tributaria para comprobar cómo un pequeño establecimiento puede verse obligado a asumir pesadas obligaciones tecnológicas permanentes por un hecho totalmente excepcional. El itinerario que la propia Administración ofrece a los contribuyentes muestra situaciones cotidianas muy claras:. El caso de un bar: Un pequeño bar que habitualmente solo emite tickets sencillos a sus clientes particulares puede verse obligado a adaptar de manera definitiva todo su sistema informático de facturación simplemente porque una empresa celebra una comida de trabajo y solicita una factura completa.. El caso de una peluquería: Un establecimiento que entrega tickets habitualmente puede verse forzado a cumplir con estas exigencias tecnológicas permanentes solo porque una productora o agencia de publicidad lleva a varios empleados a realizar un cambio de imagen para una campaña publicitaria o grabación de redes sociales, requiriendo una factura para justificar el gasto.. Estas operaciones extraordinarias no modifican en absoluto el riesgo fiscal del negocio, pero sí activan obligaciones tecnológicas permanentes. Como indica Fernando Jesús Santiago: “Las normas deben perseguir el fraude allí donde existe, no generar nuevas cargas para quienes llevan años cumpliendo correctamente con sus obligaciones”.. La coincidencia de dos grandes reformas sin evaluación de impacto. A las dificultades anteriores se suma la coincidencia temporal de dos reformas regulatorias de gran calado. Mientras miles de pymes intentan adaptarse a VERI*FACTU, deben afrontar al mismo tiempo la implantación de la factura electrónica obligatoria. El Consejo General advierte de que estas dos medidas no pueden analizarse de forma aislada, pues recaerán sobre las mismas empresas y generarán un efecto acumulado que el Gobierno aún no ha evaluado de forma conjunta.. Propuestas de los Gestores Administrativos. Ante esta situación, el Consejo General propone revisar la normativa para introducir medidas correctoras y solicita tres acciones principales:. Introducir criterios objetivos en la norma: Diseñar obligaciones que tengan en cuenta el tamaño de la empresa, su historial de cumplimiento, el volumen de actividad, la frecuencia de emisión de facturas completas, el carácter excepcional de las operaciones y el nivel de riesgo fiscal real de cada contribuyente.. Aplicar exenciones selectivas: Utilizar la facultad legal expresa que tienen los Ministros de Hacienda y de Economía para exonerar de estas obligaciones a ciertos contribuyentes, con el fin de no perturbar el correcto funcionamiento de sectores o subsectores específicos.. Realizar un estudio de impacto conjunto: Elaborar un análisis técnico sobre el efecto acumulado de VERI*FACTU y la factura electrónica obligatoria antes de su implantación definitiva, valorando alternativas regulatorias más proporcionadas.. Adicionalmente, el Consejo General ha elaborado un informe técnico detallado que reproduce paso a paso el recorrido por el Informador de la Agencia Tributaria para demostrar cómo una sola operación extraordinaria activa estas obligaciones tecnológicas permanentes en pequeños comercios. Dicho informe ya se encuentra a disposición de los medios de comunicación.
