Izquierda Unida (IU) ha registrado un documento en el Congreso con el que exigen explicaciones al Gobierno por la crisis migratoria en Ceuta iniciada los pasados 30 y 31 de julio, cuando 80.000 personas cruzaron ilegalmente la frontera desde Marruecos. En el escrito, en el que han incluido siete preguntas, destacan las cuestiones relacionadas con la dependencia militar y tecnológica de España respecto a Estados Unidos e Israel, países que, a juicio del grupo, ejercen sobre España una presión “coercitiva de carácter migratorio, diplomático y digital”.. Seguir leyendo
El documento contiene siete cuestiones sobre las relaciones entre Marruecos y España que el Ejecutivo deberá responder por escrito en un plazo de 30 días
Izquierda Unida (IU) ha registrado un documento en el Congreso con el que exigen explicaciones al Gobierno por la crisis migratoria en Ceuta iniciada los pasados 30 y 31 de julio, cuando 80.000 personas cruzaron ilegalmente la frontera desde Marruecos. En el escrito, en el que han incluido siete preguntas, destacan las cuestiones relacionadas con la dependencia militar y tecnológica de España respecto a Estados Unidos e Israel, países que, a juicio del grupo, ejercen sobre España una presión “coercitiva de carácter migratorio, diplomático y digital”.
Las preguntas están dirigidas directamente al Ministerio de Defensa, al cuestionar si tienen previsto “revisar y definir una política de contratación de armamento que reduzca la dependencia” de ambos países. También consultan si el Gobierno impulsará empresas españolas de ciberseguridad para evitar “el modelo dominante liderado por Palantir Technologies”, la empresa estadounidense de software e inteligencia artificial vinculada a la defensa.
El partido izquierdista que forma parte de Sumar también cuestiona al Ejecutivo por la soberanía digital y el reposicionamiento geopolítico de España. Interrogan si el Ejecutivo revisará la ubicación de “infraestructuras tecnológicas estratégicas dependientes de la OTAN” y si abordará su política de ciberseguridad “desde una visión integral y autónoma” frente a lo que atribuyen a presiones de Estados Unidos y la alianza atlántica. En esa línea, quieren saber si el Gobierno contempla alternativas de cooperación con los BRICS “frente a la actual dependencia” de proveedores estadounidenses e israelíes.
En el texto, firmado por tres diputados de IU, hablan de “las denominadas formas de guerra híbrida no convencional” y de una hostilidad caracterizada por “una fuerte presión coercitiva: migratoria, diplomática y digital”. A su juicio, esta presión siempre se mantiene “justo por debajo del umbral que justificaría una respuesta militar convencional”. Asimismo, señalan al “triángulo estratégico formado por Marruecos, Estados Unidos e Israel, consolidado bajo los Acuerdos de Abraham”, y afirman que Marruecos “ha perfeccionado el uso de tácticas asimétricas para avanzar en sus objetivos soberanistas” gracias a esta alianza.
Destacan además que Estados Unidos es “el mayor proveedor de armamento de Marruecos, responsable del 60% de sus importaciones de defensa”, y señalan que en el Congreso estadounidense se han presentado informes y pronunciamientos que califican a Ceuta y Melilla como “territorios bajo soberanía marroquí”. Por esto, sostienen que el país norteamericano “actuaría sistemáticamente contra la Unión Europea y nuestro país”.
Al igual que con Estados Unidos, en el texto aseguran que Israel proporciona material militar al país norteafricano con “sistemas de defensa antimisiles de última generación” y, por esto,alertan de “la elevada dependencia de proveedores y tecnologías no europeas” como fuente de “clara vulnerabilidad”. Además, desde IU apuntan al “supuesto uso de software de ciberespionaje militar, como Pegasus, contra las telecomunicaciones de la cúpula del Ejecutivo español” y critican que haya calificaciones de Ceuta y Melilla como “enclaves coloniales anacrónicos” en foros como Naciones Unidas.
El texto menciona que Marruecos ha explotado en esta reciente crisis lo que denominan como la “zona gris”: “Un espacio de conflicto en el que ejercen una fuerte presión coercitiva sin recurrir al uso de la fuerza militar convencional ni declarar una guerra abierta”. Denuncian que “el régimen alauita” mantuvo una “ambigüedad calculada” mientras había un pico de “entre 50.000 y 60.000 personas registradas” cruzando los espigones a nado.
El Gobierno tiene un plazo reglamentario de 30 días para responder a las cuestiones, pero fuentes parlamentarias señalan que “la mayoría de respuestas escritas tardan más”. La próxima semana, siete ministros pasarán por la Cámara baja para responder en diferentes comisiones por la crisis migratoria de Ceuta.
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