Con las pensiones en el foco del debate electoral, la Seguridad Social ha engordado el agujero contributivo del sistema de pensiones por encima de los 30.600 millones de euros a pesar del crecimiento del empleo, mayoritariamente precario, y del aumento del número de cotizantes.. El déficit contributivo anual se situó en junio de 2026 en el 1,76% del PIB, frente al 1,84% de un año antes. En términos absolutos, sin embargo, el saldo negativo alcanzó exactamente los 30.633 millones de euros, frente a los 30.062 millones registrados en junio de 2025.. La evolución muestra una ligera mejora en términos relativos, pero no una reducción del agujero en euros. El saldo negativo por pensionista empeoró en 13 euros durante el último año, hasta los 3.248 euros, mientras que el déficit por cotizante mejoró en siete euros, hasta los 1.399 euros.. La presión sobre el gasto seguirá aumentando con el envejecimiento de la población y la incorporación progresiva de los trabajadores del «baby boom» al sistema de pensiones. Por ello, la mejora reciente de los ingresos no elimina la necesidad de abordar los factores estructurales que condicionan el equilibrio financiero.. Esta es una de las principales conclusiones del último análisis del Instituto Santalucía sobre la evolución del sistema público de pensiones. La evolución demográfica, el ritmo de crecimiento de las prestaciones y la necesidad de elevar la productividad y los salarios aparecen entre los principales desafíos.. El indicador que mejor refleja la dimensión del cambio demográfico ha vuelto a marcar un mínimo histórico. España cuenta actualmente con 2,87 personas de entre 20 y 64 años por cada ciudadano de 65 o más años, frente a las 3,59 que había en 2012. En poco más de una década, esta relación ha perdido 0,72 personas potencialmente activas por cada mayor de 65 años, lo que representa un descenso cercano al 20%.. La evolución evidencia el progresivo estrechamiento de la base demográfica sobre la que descansa el sistema de pensiones. A medida que aumenta el peso de la población mayor y se reduce la proporción de personas en edad de trabajar, la financiación de las prestaciones exige una mayor capacidad de generación de ingresos entre los trabajadores.. La edad efectiva de jubilación apenas ha ganado un mes al año. Una de las respuestas adoptadas por los sucesivos gobiernos ha sido incentivar el retraso de la jubilación para prolongar la vida laboral y contener el crecimiento del número de pensionistas. La reforma de 2011 estableció un calendario para elevar la edad ordinaria desde los 65 hasta los 67 años, aunque en 2027 podrán seguir jubilándose a los 65 quienes acrediten al menos 38 años y seis meses cotizados.. Posteriormente, la Ley 21/2021 introdujo modificaciones en las modalidades de jubilación anticipada y demorada para favorecer una salida más tardía del mercado laboral. Pese a estas medidas, el desplazamiento de la edad efectiva de jubilación está siendo bastante más lento que el de la edad legal.. Según los datos recogidos por el Instituto Santalucía, entre junio de 2012 y junio de 2026 la edad efectiva de jubilación ha pasado de 64,43 a 65,48 años. El avance es de algo más de un año en 14 años, mientras que la edad legal para quienes no reúnen el periodo de cotización necesario para retirarse a los 65 años ha aumentado un año y diez meses, hasta los 66 años y diez meses en 2026.. La diferencia entre ambos ritmos pone de manifiesto las dificultades para conseguir que los trabajadores prolonguen su actividad laboral. El incremento medio de la edad efectiva ha sido inferior a un mes por año, una evolución que plantea interrogantes sobre lo que sucederá a partir de 2027, cuando concluya el periodo transitorio de aumento de la edad legal ordinaria.. Las proyecciones del Ageing Report de 2024 apuntaban a que la edad efectiva de jubilación podría alcanzar los 66,4 años en 2050, aproximadamente un año más que en la actualidad. El Instituto Santalucía considera que alcanzar esa evolución será un reto, especialmente porque no está previsto que aumente la edad legal ordinaria más allá del calendario ya establecido.. En este escenario, el resultado de las medidas sobre jubilación activa, parcial, anticipada y demorada será determinante para comprobar si los incentivos consiguen elevar la participación de los trabajadores de mayor edad en el mercado laboral.. Mientras tanto, la tasa de cobertura de las pensiones entre la población mayor de 65 años ha retrocedido 1,7 puntos desde 2012, al pasar del 75,5% al 73,8%. La mayor parte de este descenso se ha producido desde 2022.. La mejora del empleo eleva la relación entre afiliados y pensionistas. El comportamiento del mercado laboral constituye uno de los principales factores favorables para las cuentas de la Seguridad Social. Dos de los tres indicadores de sostenibilidad analizados por el Instituto Santalucía han evolucionado positivamente durante el último año.. La tasa de afiliación se situó en el 74,2% en julio de 2026, frente al 72,8% del mismo mes de 2025. También mejoró la relación entre cotizantes y pensionistas: en junio de 2026 había 2,37 afiliados por cada pensionista, frente a los 2,34 registrados un año antes.. La perspectiva de largo plazo también refleja un avance significativo. La tasa de afiliación ha pasado del 58,1% de 2012 al 74,2% actual, mientras que la ratio de afiliados por pensionista ha aumentado desde 2,10 hasta 2,37. Esta evolución resulta especialmente relevante por haberse producido en paralelo al envejecimiento de la población y al aumento del número de beneficiarios de pensiones.. El tirón de la afiliación de extranjeros. La afiliación de trabajadores extranjeros está teniendo un protagonismo destacado. De acuerdo con el informe, hasta agosto el 93% del incremento de la afiliación correspondió a este colectivo, cuya participación sobre el total de afiliados pasó del 14,1% en diciembre de 2025 al 15,9% en agosto de 2026.. El aumento de cotizantes está ampliando la base de ingresos del sistema y contribuyendo a mejorar la relación entre trabajadores en activo y pensionistas. No obstante, el Instituto Santalucía advierte de que este avance tendrá que mantenerse en el tiempo para contrarrestar el impacto del envejecimiento, especialmente cuando se intensifique la llegada a la jubilación de las generaciones del baby boom.. Las cotizaciones pierden terreno frente al crecimiento de las pensiones. El tercer indicador de sostenibilidad presenta una evolución menos favorable. Se trata de la relación entre la pensión media y la cotización media, que ha empeorado durante el último año porque las aportaciones al sistema han crecido a menor ritmo que las prestaciones.. En junio de 2026, la pensión media por cada euro cotizado se situaba en 2,28 euros, frente a los 2,26 euros de junio de 2025. El indicador continúa por encima de los niveles de 2012, cuando marcaba 1,98, y no ha conseguido bajar de 2,2 desde que se estabilizó a partir de enero de 2023.. El dato refleja una de las debilidades estructurales del modelo: el crecimiento de las pensiones no está siendo acompañado por un aumento equivalente de la cotización media. Esto ocurre pese a la entrada en vigor de los incrementos del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y de la cotización adicional de solidaridad aplicados en enero de 2026.. Para el Instituto Santalucía, el sistema necesita que las cotizaciones crezcan al mismo ritmo o por encima de las prestaciones. Esto exige mejoras de productividad y salarios que permitan elevar los ingresos medios por trabajador y compensar el previsible deterioro futuro de los indicadores de afiliación, particularmente de la relación entre cotizantes y pensionistas.. La pensión media supera los 1.516 euros mensuales. En paralelo, la cuantía de las prestaciones continúa aumentando. La pensión media por pensionista alcanzó los 1.516,43 euros mensuales en junio de 2026, un 4,6% más que un año antes.. El incremento responde tanto a la revalorización anual de las prestaciones como a la incorporación de nuevas pensiones de mayor cuantía. La actualización general fue del 2,7%, mientras que las subidas adicionales de las pensiones mínimas elevaron la revalorización media ponderada hasta el 3,3%.. La diferencia entre el crecimiento efectivo de la pensión media, del 4,6%, y la revalorización media ponderada, del 3,3%, se explica por el denominado efecto sustitución: las nuevas prestaciones que entran en el sistema suelen ser superiores a las que salen, lo que empuja al alza la cuantía media.. El informe también destaca la evolución del indicador de solidaridad, que mide el peso de los complementos a mínimos. Este porcentaje se situó en el 4,9% en junio de 2026, frente al 4,6% de 2025, aunque permanece por encima del mínimo del 4,3% registrado en diciembre de 2023.. El cambio de tendencia está relacionado con la política de revalorización reforzada de las pensiones mínimas derivada del Real Decreto-ley 2/2023, cuyo objetivo es aproximar estas prestaciones al umbral de pobreza. Esta política ha compensado la menor necesidad de complementos que presentan las nuevas pensiones, generalmente más elevadas.. La tendencia continuará previsiblemente durante 2027. El objetivo es cerrar la brecha de las pensiones mínimas respecto al umbral de pobreza, lo que, según las estimaciones recogidas en el análisis, exigiría incrementos superiores al 14% para las prestaciones con cónyuge a cargo y cercanos al 9% para aquellas sin cargas familiares. Estas subidas contrastarían con una revalorización aproximada del 3,5% para el resto de las pensiones.. La pasarela de los mutualistas alternativos al RETA. El informe también se detiene en la aprobación de la denominada pasarela para los mutualistas alternativos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), una medida que abre la puerta a que parte de estos profesionales pueda incorporarse al sistema público y mejorar su protección social de cara a la jubilación.. El Instituto Santalucía considera que la solución aprobada deja atrás una oportunidad para resolver esta transición en condiciones de mayor equidad. A su juicio, el resultado final podría verse condicionado por el desarrollo reglamentario pendiente y por los criterios que se establezcan para materializar la incorporación.. El análisis sostiene, además, que la Seguridad Social no tendría por qué salir perjudicada económicamente por la operación. El razonamiento es que los mutualistas aportarían una cantidad equivalente a las cotizaciones por jubilación que habrían realizado de haber estado encuadrados en el RETA, mediante la transferencia de los fondos acumulados en sus mutualidades, a cambio del reconocimiento de los periodos de cotización correspondientes.. El documento cuestiona también las dificultades que, a su juicio, se han planteado para facilitar la incorporación de estos profesionales. Desde esta perspectiva, se trata de trabajadores que han realizado aportaciones para su protección futura, aunque a través de un sistema distinto al régimen público de autónomos.. La evolución de la demografía, la capacidad para mantener el crecimiento de la afiliación y el desfase entre cotizaciones y prestaciones seguirán marcando, en definitiva, el debate sobre la sostenibilidad de las pensiones. Los últimos datos muestran una mejora en algunos indicadores, pero también confirman que el sistema continúa afrontando un déficit contributivo elevado y una transformación demográfica que hará cada vez más exigente su financiación.
Con las pensiones en el foco del debate electoral, la Seguridad Social ha engordado el agujero contributivo del sistema de pensiones por encima de los 30.600 millones de euros a pesar del crecimiento del empleo, mayoritariamente precario, y del aumento del número de cotizantes.. El déficit contributivo anual se situó en junio de 2026 en el 1,76% del PIB, frente al 1,84% de un año antes. En términos absolutos, sin embargo, el saldo negativo alcanzó exactamente los 30.633 millones de euros, frente a los 30.062 millones registrados en junio de 2025.. La evolución muestra una ligera mejora en términos relativos, pero no una reducción del agujero en euros. El saldo negativo por pensionista empeoró en 13 euros durante el último año, hasta los 3.248 euros, mientras que el déficit por cotizante mejoró en siete euros, hasta los 1.399 euros.. La presión sobre el gasto seguirá aumentando con el envejecimiento de la población y la incorporación progresiva de los trabajadores del «baby boom» al sistema de pensiones. Por ello, la mejora reciente de los ingresos no elimina la necesidad de abordar los factores estructurales que condicionan el equilibrio financiero.. Esta es una de las principales conclusiones del último análisis del Instituto Santalucía sobre la evolución del sistema público de pensiones. La evolución demográfica, el ritmo de crecimiento de las prestaciones y la necesidad de elevar la productividad y los salarios aparecen entre los principales desafíos.. El indicador que mejor refleja la dimensión del cambio demográfico ha vuelto a marcar un mínimo histórico. España cuenta actualmente con 2,87 personas de entre 20 y 64 años por cada ciudadano de 65 o más años, frente a las 3,59 que había en 2012. En poco más de una década, esta relación ha perdido 0,72 personas potencialmente activas por cada mayor de 65 años, lo que representa un descenso cercano al 20%.. La evolución evidencia el progresivo estrechamiento de la base demográfica sobre la que descansa el sistema de pensiones. A medida que aumenta el peso de la población mayor y se reduce la proporción de personas en edad de trabajar, la financiación de las prestaciones exige una mayor capacidad de generación de ingresos entre los trabajadores.. La edad efectiva de jubilación apenas ha ganado un mes al año. Una de las respuestas adoptadas por los sucesivos gobiernos ha sido incentivar el retraso de la jubilación para prolongar la vida laboral y contener el crecimiento del número de pensionistas. La reforma de 2011 estableció un calendario para elevar la edad ordinaria desde los 65 hasta los 67 años, aunque en 2027 podrán seguir jubilándose a los 65 quienes acrediten al menos 38 años y seis meses cotizados.. Posteriormente, la Ley 21/2021 introdujo modificaciones en las modalidades de jubilación anticipada y demorada para favorecer una salida más tardía del mercado laboral. Pese a estas medidas, el desplazamiento de la edad efectiva de jubilación está siendo bastante más lento que el de la edad legal.. Según los datos recogidos por el Instituto Santalucía, entre junio de 2012 y junio de 2026 la edad efectiva de jubilación ha pasado de 64,43 a 65,48 años. El avance es de algo más de un año en 14 años, mientras que la edad legal para quienes no reúnen el periodo de cotización necesario para retirarse a los 65 años ha aumentado un año y diez meses, hasta los 66 años y diez meses en 2026.. La diferencia entre ambos ritmos pone de manifiesto las dificultades para conseguir que los trabajadores prolonguen su actividad laboral. El incremento medio de la edad efectiva ha sido inferior a un mes por año, una evolución que plantea interrogantes sobre lo que sucederá a partir de 2027, cuando concluya el periodo transitorio de aumento de la edad legal ordinaria.. Las proyecciones del Ageing Report de 2024 apuntaban a que la edad efectiva de jubilación podría alcanzar los 66,4 años en 2050, aproximadamente un año más que en la actualidad. El Instituto Santalucía considera que alcanzar esa evolución será un reto, especialmente porque no está previsto que aumente la edad legal ordinaria más allá del calendario ya establecido.. En este escenario, el resultado de las medidas sobre jubilación activa, parcial, anticipada y demorada será determinante para comprobar si los incentivos consiguen elevar la participación de los trabajadores de mayor edad en el mercado laboral.. Mientras tanto, la tasa de cobertura de las pensiones entre la población mayor de 65 años ha retrocedido 1,7 puntos desde 2012, al pasar del 75,5% al 73,8%. La mayor parte de este descenso se ha producido desde 2022.. La mejora del empleo eleva la relación entre afiliados y pensionistas. El comportamiento del mercado laboral constituye uno de los principales factores favorables para las cuentas de la Seguridad Social. Dos de los tres indicadores de sostenibilidad analizados por el Instituto Santalucía han evolucionado positivamente durante el último año.. La tasa de afiliación se situó en el 74,2% en julio de 2026, frente al 72,8% del mismo mes de 2025. También mejoró la relación entre cotizantes y pensionistas: en junio de 2026 había 2,37 afiliados por cada pensionista, frente a los 2,34 registrados un año antes.. La perspectiva de largo plazo también refleja un avance significativo. La tasa de afiliación ha pasado del 58,1% de 2012 al 74,2% actual, mientras que la ratio de afiliados por pensionista ha aumentado desde 2,10 hasta 2,37. Esta evolución resulta especialmente relevante por haberse producido en paralelo al envejecimiento de la población y al aumento del número de beneficiarios de pensiones.. El tirón de la afiliación de extranjeros. La afiliación de trabajadores extranjeros está teniendo un protagonismo destacado. De acuerdo con el informe, hasta agosto el 93% del incremento de la afiliación correspondió a este colectivo, cuya participación sobre el total de afiliados pasó del 14,1% en diciembre de 2025 al 15,9% en agosto de 2026.. El aumento de cotizantes está ampliando la base de ingresos del sistema y contribuyendo a mejorar la relación entre trabajadores en activo y pensionistas. No obstante, el Instituto Santalucía advierte de que este avance tendrá que mantenerse en el tiempo para contrarrestar el impacto del envejecimiento, especialmente cuando se intensifique la llegada a la jubilación de las generaciones del baby boom.. Las cotizaciones pierden terreno frente al crecimiento de las pensiones. El tercer indicador de sostenibilidad presenta una evolución menos favorable. Se trata de la relación entre la pensión media y la cotización media, que ha empeorado durante el último año porque las aportaciones al sistema han crecido a menor ritmo que las prestaciones.. En junio de 2026, la pensión media por cada euro cotizado se situaba en 2,28 euros, frente a los 2,26 euros de junio de 2025. El indicador continúa por encima de los niveles de 2012, cuando marcaba 1,98, y no ha conseguido bajar de 2,2 desde que se estabilizó a partir de enero de 2023.. El dato refleja una de las debilidades estructurales del modelo: el crecimiento de las pensiones no está siendo acompañado por un aumento equivalente de la cotización media. Esto ocurre pese a la entrada en vigor de los incrementos del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y de la cotización adicional de solidaridad aplicados en enero de 2026.. Para el Instituto Santalucía, el sistema necesita que las cotizaciones crezcan al mismo ritmo o por encima de las prestaciones. Esto exige mejoras de productividad y salarios que permitan elevar los ingresos medios por trabajador y compensar el previsible deterioro futuro de los indicadores de afiliación, particularmente de la relación entre cotizantes y pensionistas.. La pensión media supera los 1.516 euros mensuales. En paralelo, la cuantía de las prestaciones continúa aumentando. La pensión media por pensionista alcanzó los 1.516,43 euros mensuales en junio de 2026, un 4,6% más que un año antes.. El incremento responde tanto a la revalorización anual de las prestaciones como a la incorporación de nuevas pensiones de mayor cuantía. La actualización general fue del 2,7%, mientras que las subidas adicionales de las pensiones mínimas elevaron la revalorización media ponderada hasta el 3,3%.. La diferencia entre el crecimiento efectivo de la pensión media, del 4,6%, y la revalorización media ponderada, del 3,3%, se explica por el denominado efecto sustitución: las nuevas prestaciones que entran en el sistema suelen ser superiores a las que salen, lo que empuja al alza la cuantía media.. El informe también destaca la evolución del indicador de solidaridad, que mide el peso de los complementos a mínimos. Este porcentaje se situó en el 4,9% en junio de 2026, frente al 4,6% de 2025, aunque permanece por encima del mínimo del 4,3% registrado en diciembre de 2023.. El cambio de tendencia está relacionado con la política de revalorización reforzada de las pensiones mínimas derivada del Real Decreto-ley 2/2023, cuyo objetivo es aproximar estas prestaciones al umbral de pobreza. Esta política ha compensado la menor necesidad de complementos que presentan las nuevas pensiones, generalmente más elevadas.. La tendencia continuará previsiblemente durante 2027. El objetivo es cerrar la brecha de las pensiones mínimas respecto al umbral de pobreza, lo que, según las estimaciones recogidas en el análisis, exigiría incrementos superiores al 14% para las prestaciones con cónyuge a cargo y cercanos al 9% para aquellas sin cargas familiares. Estas subidas contrastarían con una revalorización aproximada del 3,5% para el resto de las pensiones.. La pasarela de los mutualistas alternativos al RETA. El informe también se detiene en la aprobación de la denominada pasarela para los mutualistas alternativos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), una medida que abre la puerta a que parte de estos profesionales pueda incorporarse al sistema público y mejorar su protección social de cara a la jubilación.. El Instituto Santalucía considera que la solución aprobada deja atrás una oportunidad para resolver esta transición en condiciones de mayor equidad. A su juicio, el resultado final podría verse condicionado por el desarrollo reglamentario pendiente y por los criterios que se establezcan para materializar la incorporación.. El análisis sostiene, además, que la Seguridad Social no tendría por qué salir perjudicada económicamente por la operación. El razonamiento es que los mutualistas aportarían una cantidad equivalente a las cotizaciones por jubilación que habrían realizado de haber estado encuadrados en el RETA, mediante la transferencia de los fondos acumulados en sus mutualidades, a cambio del reconocimiento de los periodos de cotización correspondientes.. El documento cuestiona también las dificultades que, a su juicio, se han planteado para facilitar la incorporación de estos profesionales. Desde esta perspectiva, se trata de trabajadores que han realizado aportaciones para su protección futura, aunque a través de un sistema distinto al régimen público de autónomos.. La evolución de la demografía, la capacidad para mantener el crecimiento de la afiliación y el desfase entre cotizaciones y prestaciones seguirán marcando, en definitiva, el debate sobre la sostenibilidad de las pensiones. Los últimos datos muestran una mejora en algunos indicadores, pero también confirman que el sistema continúa afrontando un déficit contributivo elevado y una transformación demográfica que hará cada vez más exigente su financiación.
