Para analizar el estado de las infraestructuras en España me concedieron 400 palabras. Mi primera reacción fue que me bastaban seis: tenemos las infraestructuras que nos merecemos. Recapacité. ¿Las que nos merecemos los ciudadanos? Definitivamente no. Las que nos merecemos como país cuyas políticas llevan demasiados años promoviendo lo nuevo, lo inaugurable.. No sugiero que España no deba esforzarse por estar en la vanguardia, pero nunca a costa de la consolidación y la conservación de lo conseguido. En los años 2000, impulsó un sistema de colaboración público-privada que le llevó a ser el mayor mercado europeo por valor de las operaciones cerradas en 2010, según el BEI. Desarrollamos esquemas contractuales de referencia internacional, principalmente en carreteras y hospitales.. La especulación inmobiliaria, previsiones de demanda demasiado optimistas y una débil gobernanza hicieron quebrar proyectos. Ahí comenzó el declive del modelo. Las ideologías que malentienden las concesiones han terminado de arrinconarlo. España apostó por ser pionera en renovables, desarrolló tecnología y atrajo inversión extranjera. Luego, los tropiezos regulatorios de 2013 en adelante nos llevaron a competir entre los Estados más demandados en arbitrajes de inversión. Siguiendo con energía, el apagón de abril de 2025 puso de manifiesto carencias en el control de tensión y la coordinación del sistema.. A ello se suman las limitaciones de capacidad y las restricciones de acceso a la red, que dificultan integrar nueva generación y condicionan el desarrollo de centros de datos. Seguimos promoviendo lo nuevo sin asegurar que las infraestructuras que deben sostenerlo estén a la altura. En 2020, España contaba con la segunda red de alta velocidad más extensa del mundo, solo por detrás de China, tras invertir casi 56.000 millones de euros hasta 2018 y 12.000 millones más hasta 2025. Sobre esa red llegó otro hito: la liberalización del transporte de pasajeros, que atrajo a operadores internacionales desde 2021.. Sin embargo, el esfuerzo en operación y mantenimiento no ha estado a la altura. La AiRef, que esta semana proponía al Gobierno actualizar su informe de diagnóstico, alertaba ya en el de 2020 de que «si durante la próxima década la inversión se mantiene en los niveles actuales, la capacidad de prestar servicios de las infraestructuras se reducirá de forma relevante».. Cifras trágicas, accidentes inexplicables, visión cortoplacista para infraestructuras de largo plazo, desconfianza en nuestros servicios públicos, un déficit de conservación de 127.000 millones de euros. Estas son las infraestructuras que tenemos.. Laura Cózar es ingeniera de caminos y socia de Accuracy
Para analizar el estado de las infraestructuras en España me concedieron 400 palabras. Mi primera reacción fue que me bastaban seis: tenemos las infraestructuras que nos merecemos. Recapacité. ¿Las que nos merecemos los ciudadanos? Definitivamente no. Las que nos merecemos como país cuyas políticas llevan demasiados años promoviendo lo nuevo, lo inaugurable.. No sugiero que España no deba esforzarse por estar en la vanguardia, pero nunca a costa de la consolidación y la conservación de lo conseguido. En los años 2000, impulsó un sistema de colaboración público-privada que le llevó a ser el mayor mercado europeo por valor de las operaciones cerradas en 2010, según el BEI. Desarrollamos esquemas contractuales de referencia internacional, principalmente en carreteras y hospitales.. La especulación inmobiliaria, previsiones de demanda demasiado optimistas y una débil gobernanza hicieron quebrar proyectos. Ahí comenzó el declive del modelo. Las ideologías que malentienden las concesiones han terminado de arrinconarlo. España apostó por ser pionera en renovables, desarrolló tecnología y atrajo inversión extranjera. Luego, los tropiezos regulatorios de 2013 en adelante nos llevaron a competir entre los Estados más demandados en arbitrajes de inversión. Siguiendo con energía, el apagón de abril de 2025 puso de manifiesto carencias en el control de tensión y la coordinación del sistema.. A ello se suman las limitaciones de capacidad y las restricciones de acceso a la red, que dificultan integrar nueva generación y condicionan el desarrollo de centros de datos. Seguimos promoviendo lo nuevo sin asegurar que las infraestructuras que deben sostenerlo estén a la altura.. En 2020, España contaba con la segunda red de alta velocidad más extensa del mundo, solo por detrás de China, tras invertir casi 56.000 millones de euros hasta 2018 y 12.000 millones más hasta 2025. Sobre esa red llegó otro hito: la liberalización del transporte de pasajeros, que atrajo a operadores internacionales desde 2021. Sin embargo, el esfuerzo en operación y mantenimiento no ha estado a la altura.. La AiRef, que esta semana proponía al Gobierno actualizar su informe de diagnóstico, alertaba en el de 2020 de que “si durante la próxima década la inversión se mantiene en los niveles actuales, la capacidad de prestar servicios de las infraestructuras se reducirá de forma relevante”.. Laura Cózar es ingeniera de caminos y socia de Accuracy
