Un trabajador de un almacén de Picassent (Valencia) ha conseguido que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) reconozca su derecho a extinguir la relación laboral y percibir una indemnización de 24.887,19 euros, después de varios incumplimientos relacionados con el pago de sus nóminas y las cantidades que debía recibir durante sus bajas médicas.. La resolución, fechada el 29 de septiembre de 2026, revoca una sentencia anterior que había rechazado la petición del empleado. Los magistrados consideran que los incumplimientos acreditados alcanzaron una gravedad suficiente para justificar la extinción indemnizada del contrato.. El trabajador llevaba en su puesto desde el 29 de agosto de 2016 y percibía un salario mensual de 2.256,29 euros, incluidas las pagas extraordinarias. Durante el periodo comprendido entre agosto de 2024 y octubre de 2025 permaneció de baja médica en varias ocasiones.. El problema surgió porque, según el convenio colectivo aplicable, la empresa debía complementar las prestaciones hasta alcanzar el 100% de las bases de cotización durante esas ausencias. Sin embargo, las cantidades correspondientes no se abonaron inicialmente, lo que terminó provocando la intervención de la Inspección de Trabajo.. La Inspección de Trabajo reclamó más de 3.700 euros. El 6 de octubre de 2025, la Inspección requirió a la empresa para que pagara las cantidades pendientes de compensación correspondientes al periodo comprendido entre octubre de 2024 y septiembre de 2025. La deuda ascendía entonces a 3.710,70 euros.. La compañía terminó abonando 4.587,32 euros, aunque la información publicada por El Debate recoge una discrepancia en las fechas de ese pago: el artículo señala que se efectuó los días 6 y 7 de septiembre, pese a situar el requerimiento en octubre de 2025.. A este conflicto se sumó otro retraso salarial. El empleado denunció que la nómina correspondiente a diciembre de 2024 no se ingresó hasta el 16 de junio de 2025. La empresa justificó la demora alegando una «tensión puntual de tesorería».. Ante esta situación, el trabajador solicitó judicialmente la extinción indemnizada de su contrato por los incumplimientos empresariales. Sin embargo, el 7 de enero de 2026, el juzgado de lo social rechazó inicialmente su pretensión.. El TSJ considera que los incumplimientos fueron suficientemente graves. El empleado recurrió la decisión y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana terminó dándole la razón. Los magistrados valoraron tanto los retrasos en el pago de las cantidades vinculadas a las bajas médicas como la demora en el abono de una nómina.. La resolución considera acreditados distintos «incumplimientos empresariales» y concluye que la situación alcanzó una gravedad suficiente atendiendo a su «persistencia y cuantía».. Con ese razonamiento, el tribunal revoca el fallo anterior y declara extinguida la relación laboral con fecha de 29 de septiembre de 2026. La empresa deberá abonar al trabajador 24.887,19 euros de indemnización.. El caso vuelve a poner el foco en las consecuencias que pueden tener los retrasos salariales y el incumplimiento de las obligaciones económicas recogidas en los convenios colectivos. La extinción indemnizada permite al trabajador poner fin a su relación laboral cuando los incumplimientos empresariales alcanzan la gravedad exigida legalmente.
Un trabajador de un almacén de Picassent (Valencia) ha conseguido que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) reconozca su derecho a extinguir la relación laboral y percibir una indemnización de 24.887,19 euros, después de varios incumplimientos relacionados con el pago de sus nóminas y las cantidades que debía recibir durante sus bajas médicas.. La resolución, fechada el 29 de septiembre de 2026, revoca una sentencia anterior que había rechazado la petición del empleado. Los magistrados consideran que los incumplimientos acreditados alcanzaron una gravedad suficiente para justificar la extinción indemnizada del contrato.. El trabajador llevaba en su puesto desde el 29 de agosto de 2016 y percibía un salario mensual de 2.256,29 euros, incluidas las pagas extraordinarias. Durante el periodo comprendido entre agosto de 2024 y octubre de 2025 permaneció de baja médica en varias ocasiones.. El problema surgió porque, según el convenio colectivo aplicable, la empresa debía complementar las prestaciones hasta alcanzar el 100% de las bases de cotización durante esas ausencias. Sin embargo, las cantidades correspondientes no se abonaron inicialmente, lo que terminó provocando la intervención de la Inspección de Trabajo.. La Inspección de Trabajo reclamó más de 3.700 euros. El 6 de octubre de 2025, la Inspección requirió a la empresa para que pagara las cantidades pendientes de compensación correspondientes al periodo comprendido entre octubre de 2024 y septiembre de 2025. La deuda ascendía entonces a 3.710,70 euros.. La compañía terminó abonando 4.587,32 euros, aunque la información publicada por El Debate recoge una discrepancia en las fechas de ese pago: el artículo señala que se efectuó los días 6 y 7 de septiembre, pese a situar el requerimiento en octubre de 2025.. A este conflicto se sumó otro retraso salarial. El empleado denunció que la nómina correspondiente a diciembre de 2024 no se ingresó hasta el 16 de junio de 2025. La empresa justificó la demora alegando una «tensión puntual de tesorería».. Ante esta situación, el trabajador solicitó judicialmente la extinción indemnizada de su contrato por los incumplimientos empresariales. Sin embargo, el 7 de enero de 2026, el juzgado de lo social rechazó inicialmente su pretensión.. El TSJ considera que los incumplimientos fueron suficientemente graves. El empleado recurrió la decisión y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana terminó dándole la razón. Los magistrados valoraron tanto los retrasos en el pago de las cantidades vinculadas a las bajas médicas como la demora en el abono de una nómina.. La resolución considera acreditados distintos «incumplimientos empresariales» y concluye que la situación alcanzó una gravedad suficiente atendiendo a su «persistencia y cuantía».. Con ese razonamiento, el tribunal revoca el fallo anterior y declara extinguida la relación laboral con fecha de 29 de septiembre de 2026. La empresa deberá abonar al trabajador 24.887,19 euros de indemnización.. El caso vuelve a poner el foco en las consecuencias que pueden tener los retrasos salariales y el incumplimiento de las obligaciones económicas recogidas en los convenios colectivos. La extinción indemnizada permite al trabajador poner fin a su relación laboral cuando los incumplimientos empresariales alcanzan la gravedad exigida legalmente.