Pedro Sánchez arrancó su andadura hace ocho años al mando de un Gobierno que criminalizaba a las eléctricas y amenazaba con su nacionalización.. Prometió, además, una factura como la de 2018 a los consumidores de 2021, descontada la inflación. Como no pudo cumplirlo, con el recibo más caro hasta ese año, un 21% mayor que en 2018 (1.116 euros, con una factura media mensual de 93 euros, según Facua), se olvidó de eso de abaratar el recibo.. E hizo bien porque el «sanchismo» acumula algunas de las facturas más caras de la historia. En 2025, se pagaron 975,58 euros de media, frente a los 844,35 euros en 2024. Al mes, recibo de 2025 costó 81,25 euros, el tercer año más caro de la historia, teniendo solo por delante 2021 (93,00) y 2022 (128,27).. Las cifras de 2026 no van a la zaga. La factura eléctrica del usuario medio con tarifa semirregulada (PVPC) cerró octubre en 111,75 euros, lo que supone un incremento del 31,7% respecto al mismo mes de 2025 y de un 7,1% frente a los 104,3 euros registrados en septiembre. Noviembre apunta a costes estratosféricos, con días por encima de los 250 euros/MWh y picos superiores a los 300.. El «sanchismo» no solo no ha logrado contener el precio de la luz que tanto le preocupaba cuando transitaba en la oposición, sino que deja un sistema eléctrico en una situación de fragilidad similar al del ferroviario. Un sistema del que los ciudadanos desconfían después de haber vivido un apagón general el 28 de abril de 2025 que no solo costó millones y el descrédito internacional, sino vidas aún sin cuantificar.. Aquel 28-A del «cero eléctrico» marcó un antes y un después. Aquel lunes, millones de ciudadanos comprobaron cómo un sistema eléctrico que se presentaba como referente europeo en renovables podía venirse abajo en cuestión de segundos. La Península Ibérica quedó a oscuras, el transporte se paralizó, las comunicaciones sufrieron graves alteraciones y miles de empresas tuvieron que detener su actividad.. Dieciocho meses después, el episodio sigue proyectando una sombra sobre la credibilidad de la política energética del Gobierno de Sánchez: existen informes que describen las causas técnicas, investigaciones regulatorias y expedientes sancionadores, pero todavía no hay responsables directos.. La transición que prometía electricidad limpia, barata y abundante convive ahora con problemas de estabilidad, redes insuficientes, inversiones pendientes, costes adicionales crecientes y dificultades para garantizar el suministro que necesitan tanto la industria como los nuevos consumidores digitales.. A ello se suma el progresivo alejamiento de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la hoja de ruta diseñada por Teresa Ribera –fugada a Bruselas– y la rectificación del calendario de cierre nuclear que el Ejecutivo había defendido como un mantra.. El coladero eléctrico»multifactorial». La explicación oficial del cero eléctrico del 28 de abril apuntó a un origen multifactorial, lo que tampoco fue un alivio, al destapar un coladero. Problemas de control de tensión, oscilaciones en el sistema y dificultades en la respuesta de determinadas instalaciones.. El episodio también ha dejado una factura que va mucho más allá de las pérdidas económicas de aquella jornada. Para reducir el riesgo de que se repita un incidente de características similares, el operador del sistema ha reforzado los mecanismos de operación y estabilidad.. Y esa mayor protección tiene un coste que termina repercutiendo en los consumidores. Los servicios de operación, los mecanismos técnicos necesarios para garantizar el equilibrio y la seguridad del sistema, se han convertido en uno de los componentes más preocupantes de la factura eléctrica.. Según el Observatorio del coste de los servicios de operación, integrado por asociaciones de eléctricas, comercializadoras, industria electrointensiva y CEOE, los consumidores soportaron un sobrecoste de 25,95 euros por megavatio hora durante la primera quincena de octubre de 2026.. Desde el comienzo del año, el sobrecoste medio alcanza los 22,4 euros por MWh, una cantidad comparable al coste de las redes eléctricas. En apenas quince días, estos servicios añadieron más de 260 millones de euros a la factura. El acumulado de 2026 asciende ya a 4.360 millones, un 41% más que durante el mismo periodo del ejercicio anterior.. Los servicios complementarios representaban alrededor de un euro por MWh en 2019 y habían subido hasta los nueve euros de media en 2024. Tras el apagón y la implantación de la denominada operación reforzada, su coste se ha disparado. La seguridad del suministro es imprescindible, pero el interrogante económico es quién soportará de forma permanente el precio de corregir las debilidades operativas del sistema.. La patronal eléctrica reclama transparencia sobre los criterios de esta operación reforzada y sobre los costes asociados. La incertidumbre afecta tanto a los hogares como a las empresas, que necesitan conocer con mayor precisión cuánto cuesta realmente consumir electricidad.. Entre los costes figuran los cortes a las industrias. Red Eléctrica acumula once órdenes de activación del servicio de respuesta activa de la demanda (SRAD) en 2026. Este mecanismo –que permite apagar el suministro a las industrias que se adhieren al mismo por una compensación cuando no hay reservas suficientes en el sistema– se ha activado en nueve ocasiones desde julio.. El segundo gran problema se encuentra en las infraestructuras. España ha conseguido desplegar una elevada capacidad renovable, pero la expansión de los parques solares y eólicos no ha ido acompañada de un desarrollo equivalente de las redes, el almacenamiento y los mecanismos de respaldo necesarios para integrar toda esa generación.. Sin acceso a la red eléctrica. Así, mientras se incentiva la electrificación de la economía, las redes no siempre tienen capacidad para conectar los nuevos proyectos ni para atender una demanda que exige suministro estable durante las veinticuatro horas del día. El sector viene advirtiendo de esta limitación. Entre el 85% y el 90% de los accesos a la red ya están concedidos, según los datos expuestos por responsables de las principales compañías del sector. Al mismo tiempo, las necesidades de conexión crecen con la industria, los centros de datos, el ferrocarril, los puertos, el almacenamiento y la vivienda.. La planificación eléctrica con horizonte 2030 ha terminado elevando su inversión prevista por encima de los 17.000 millones de euros, después de analizar más de 2.500 alegaciones. El 41% de las solicitudes recibidas durante ese proceso correspondía a nuevas demandas, frente al 40% relacionado con generación y el 19% con almacenamiento.. La magnitud de las necesidades pone de manifiesto que la infraestructura existente no estaba dimensionada para el cambio que se pretendía impulsar. Además, España actualiza su planificación eléctrica en ciclos de seis años, frente a los dos años recomendados por ACER, el organismo europeo de coordinación de los reguladores energéticos. Esa lentitud dificulta anticipar las necesidades y puede provocar retrasos, solapamientos y vacíos de inversión.. Las consecuencias de la saturación de las redes no se limitan a las empresas energéticas. También afectan directamente a uno de los principales problemas de España: la falta de vivienda.. Otro problema para la vivienda. La construcción de nuevas promociones depende de que exista capacidad eléctrica suficiente para abastecerlas. Cuando esa capacidad no está disponible, los promotores deben esperar a que se refuercen las infraestructuras o se habiliten nuevas conexiones.. BBVA Research ha identificado más de 80.000 viviendas previstas que dependen de la construcción de nuevas infraestructuras eléctricas. Solo en Madrid hay 360.000 viviendas en distintas fases de desarrollo, con una demanda estimada de 1.750 MW. La potencia disponible no cubriría ni un tercio de las necesidades residenciales previstas. El acceso eléctrico efectivo apenas permitiría atender unas 19.665 nuevas viviendas.. La saturación de las redes amenaza asimismo una de las grandes oportunidades económicas de la próxima década: los centros de datos. La expansión de la inteligencia artificial, los servicios en la nube y la digitalización industrial exige infraestructuras capaces de consumir grandes cantidades de electricidad con una disponibilidad prácticamente continua.. Frenazo a los centros de datos. España cuenta con condiciones atractivas para captar estas inversiones. Sin embargo, las limitaciones de acceso y la incertidumbre regulatoria pueden desplazar los proyectos hacia otros países.. Las eléctricas han advertido de que no se puede frenar esta actividad por falta de capacidad o por establecer barreras que dificulten su implantación. Si los centros de datos se instalan en otros territorios, también se desplazan inversiones, empleo cualificado y capacidad tecnológica.. A esa dificultad se suma la propuesta regulatoria del Gobierno para establecer requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y soberanía digital. El proyecto mantiene, entre otras trabas, que los centros de datos acrediten una cobertura renovable de al menos el 80% de su consumo hora a hora. Esto pone en riesgo 9.000 millones en inversiones, según la patronal de los centros de datos SpainDC.. El deterioro energético queda patente con un simple vistazo al cumplimiento de la política energética diseñada por Teresa Ribera en el PNIEC 2023-2030. El plan fijó objetivos ambiciosos para transformar el modelo energético español, reducir las emisiones, impulsar las renovables y disminuir la dependencia.. Sin embargo, un informe elaborado por EY y presentado por la Fundación Naturgy es demoledor. Sobre el consumo de productos petrolíferos, en lugar de reducirse, ha aumentado un 16% entre 2021 y 2025, cuando el PNIEC exige una disminución del 37% hasta 2030.. La penetración renovable está seis puntos por debajo del hito previsto para 2025. Para que las renovables lleguen a representar el 48% del consumo final de energía en 2030 el ritmo anual de crecimiento tendría que multiplicarse por más de dos. El almacenamiento tampoco responde a las expectativas. En el hidrógeno renovable, menos del 2% de los 12 GW previstos se encuentra en operación o construcción.. La dependencia energética exterior completa el diagnóstico. En 2025 se situaba en el 68%, frente al 50% pretendido en 2030.
Pedro Sánchez arrancó su andadura hace ocho años al mando de un Gobierno que criminalizaba a las eléctricas y amenazaba con su nacionalización.. Prometió, además, una factura como la de 2018 a los consumidores de 2021, descontada la inflación. Como no pudo cumplirlo, con el recibo más caro hasta ese año, un 21% mayor que en 2018 (1.116 euros, con una factura media mensual de 93 euros, según Facua), se olvidó de eso de abaratar el recibo.. E hizo bien porque el «sanchismo» acumula algunas de las facturas más caras de la historia. En 2025, se pagaron 975,58 euros de media, frente a los 844,35 euros en 2024. Al mes, recibo de 2025 costó 81,25 euros, el tercer año más caro de la historia, teniendo solo por delante 2021 (93,00) y 2022 (128,27).. Las cifras de 2026 no van a la zaga. La factura eléctrica del usuario medio con tarifa semirregulada (PVPC) cerró octubre en 111,75 euros, lo que supone un incremento del 31,7% respecto al mismo mes de 2025 y de un 7,1% frente a los 104,3 euros registrados en septiembre. Noviembre apunta a costes estratosféricos, con días por encima de los 250 euros/MWh y picos superiores a los 300.. El «sanchismo» no solo no ha logrado contener el precio de la luz que tanto le preocupaba cuando transitaba en la oposición, sino que deja un sistema eléctrico en una situación de fragilidad similar al del ferroviario. Un sistema del que los ciudadanos desconfían después de haber vivido un apagón general el 28 de abril de 2025 que no solo costó millones y el descrédito internacional, sino vidas aún sin cuantificar.. Aquel 28-A del «cero eléctrico» marcó un antes y un después. Aquel lunes, millones de ciudadanos comprobaron cómo un sistema eléctrico que se presentaba como referente europeo en renovables podía venirse abajo en cuestión de segundos. La Península Ibérica quedó a oscuras, el transporte se paralizó, las comunicaciones sufrieron graves alteraciones y miles de empresas tuvieron que detener su actividad.. Dieciocho meses después, el episodio sigue proyectando una sombra sobre la credibilidad de la política energética del Gobierno de Sánchez: existen informes que describen las causas técnicas, investigaciones regulatorias y expedientes sancionadores, pero todavía no hay responsables directos.. La transición que prometía electricidad limpia, barata y abundante convive ahora con problemas de estabilidad, redes insuficientes, inversiones pendientes, costes adicionales crecientes y dificultades para garantizar el suministro que necesitan tanto la industria como los nuevos consumidores digitales.. A ello se suma el progresivo alejamiento de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la hoja de ruta diseñada por Teresa Ribera –fugada a Bruselas– y la rectificación del calendario de cierre nuclear que el Ejecutivo había defendido como un mantra.. El coladero eléctrico»multifactorial». La explicación oficial del cero eléctrico del 28 de abril apuntó a un origen multifactorial, lo que tampoco fue un alivio, al destapar un coladero. Problemas de control de tensión, oscilaciones en el sistema y dificultades en la respuesta de determinadas instalaciones.. El episodio también ha dejado una factura que va mucho más allá de las pérdidas económicas de aquella jornada. Para reducir el riesgo de que se repita un incidente de características similares, el operador del sistema ha reforzado los mecanismos de operación y estabilidad.. Y esa mayor protección tiene un coste que termina repercutiendo en los consumidores. Los servicios de operación, los mecanismos técnicos necesarios para garantizar el equilibrio y la seguridad del sistema, se han convertido en uno de los componentes más preocupantes de la factura eléctrica.. Según el Observatorio del coste de los servicios de operación, integrado por asociaciones de eléctricas, comercializadoras, industria electrointensiva y CEOE, los consumidores soportaron un sobrecoste de 25,95 euros por megavatio hora durante la primera quincena de octubre de 2026.. Desde el comienzo del año, el sobrecoste medio alcanza los 22,4 euros por MWh, una cantidad comparable al coste de las redes eléctricas. En apenas quince días, estos servicios añadieron más de 260 millones de euros a la factura. El acumulado de 2026 asciende ya a 4.360 millones, un 41% más que durante el mismo periodo del ejercicio anterior.. Los servicios complementarios representaban alrededor de un euro por MWh en 2019 y habían subido hasta los nueve euros de media en 2024. Tras el apagón y la implantación de la denominada operación reforzada, su coste se ha disparado. La seguridad del suministro es imprescindible, pero el interrogante económico es quién soportará de forma permanente el precio de corregir las debilidades operativas del sistema.. La patronal eléctrica reclama transparencia sobre los criterios de esta operación reforzada y sobre los costes asociados. La incertidumbre afecta tanto a los hogares como a las empresas, que necesitan conocer con mayor precisión cuánto cuesta realmente consumir electricidad.. Entre los costes figuran los cortes a las industrias. Red Eléctrica acumula once órdenes de activación del servicio de respuesta activa de la demanda (SRAD) en 2026. Este mecanismo –que permite apagar el suministro a las industrias que se adhieren al mismo por una compensación cuando no hay reservas suficientes en el sistema– se ha activado en nueve ocasiones desde julio.. El segundo gran problema se encuentra en las infraestructuras. España ha conseguido desplegar una elevada capacidad renovable, pero la expansión de los parques solares y eólicos no ha ido acompañada de un desarrollo equivalente de las redes, el almacenamiento y los mecanismos de respaldo necesarios para integrar toda esa generación.. Sin acceso a la red eléctrica. Así, mientras se incentiva la electrificación de la economía, las redes no siempre tienen capacidad para conectar los nuevos proyectos ni para atender una demanda que exige suministro estable durante las veinticuatro horas del día. El sector viene advirtiendo de esta limitación. Entre el 85% y el 90% de los accesos a la red ya están concedidos, según los datos expuestos por responsables de las principales compañías del sector. Al mismo tiempo, las necesidades de conexión crecen con la industria, los centros de datos, el ferrocarril, los puertos, el almacenamiento y la vivienda.. La planificación eléctrica con horizonte 2030 ha terminado elevando su inversión prevista por encima de los 17.000 millones de euros, después de analizar más de 2.500 alegaciones. El 41% de las solicitudes recibidas durante ese proceso correspondía a nuevas demandas, frente al 40% relacionado con generación y el 19% con almacenamiento.. La magnitud de las necesidades pone de manifiesto que la infraestructura existente no estaba dimensionada para el cambio que se pretendía impulsar. Además, España actualiza su planificación eléctrica en ciclos de seis años, frente a los dos años recomendados por ACER, el organismo europeo de coordinación de los reguladores energéticos. Esa lentitud dificulta anticipar las necesidades y puede provocar retrasos, solapamientos y vacíos de inversión.. Las consecuencias de la saturación de las redes no se limitan a las empresas energéticas. También afectan directamente a uno de los principales problemas de España: la falta de vivienda.. Otro problema para la vivienda. La construcción de nuevas promociones depende de que exista capacidad eléctrica suficiente para abastecerlas. Cuando esa capacidad no está disponible, los promotores deben esperar a que se refuercen las infraestructuras o se habiliten nuevas conexiones.. BBVA Research ha identificado más de 80.000 viviendas previstas que dependen de la construcción de nuevas infraestructuras eléctricas. Solo en Madrid hay 360.000 viviendas en distintas fases de desarrollo, con una demanda estimada de 1.750 MW. La potencia disponible no cubriría ni un tercio de las necesidades residenciales previstas. El acceso eléctrico efectivo apenas permitiría atender unas 19.665 nuevas viviendas.. La saturación de las redes amenaza asimismo una de las grandes oportunidades económicas de la próxima década: los centros de datos. La expansión de la inteligencia artificial, los servicios en la nube y la digitalización industrial exige infraestructuras capaces de consumir grandes cantidades de electricidad con una disponibilidad prácticamente continua.. Frenazo a los centros de datos. España cuenta con condiciones atractivas para captar estas inversiones. Sin embargo, las limitaciones de acceso y la incertidumbre regulatoria pueden desplazar los proyectos hacia otros países.. Las eléctricas han advertido de que no se puede frenar esta actividad por falta de capacidad o por establecer barreras que dificulten su implantación. Si los centros de datos se instalan en otros territorios, también se desplazan inversiones, empleo cualificado y capacidad tecnológica.. A esa dificultad se suma la propuesta regulatoria del Gobierno para establecer requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y soberanía digital. El proyecto mantiene, entre otras trabas, que los centros de datos acrediten una cobertura renovable de al menos el 80% de su consumo hora a hora. Esto pone en riesgo 9.000 millones en inversiones, según la patronal de los centros de datos SpainDC.. El deterioro energético queda patente con un simple vistazo al cumplimiento de la política energética diseñada por Teresa Ribera en el PNIEC 2023-2030. El plan fijó objetivos ambiciosos para transformar el modelo energético español, reducir las emisiones, impulsar las renovables y disminuir la dependencia.. Sin embargo, un informe elaborado por EY y presentado por la Fundación Naturgy es demoledor. Sobre el consumo de productos petrolíferos, en lugar de reducirse, ha aumentado un 16% entre 2021 y 2025, cuando el PNIEC exige una disminución del 37% hasta 2030.. La penetración renovable está seis puntos por debajo del hito previsto para 2025. Para que las renovables lleguen a representar el 48% del consumo final de energía en 2030 el ritmo anual de crecimiento tendría que multiplicarse por más de dos. El almacenamiento tampoco responde a las expectativas. En el hidrógeno renovable, menos del 2% de los 12 GW previstos se encuentra en operación o construcción.. La dependencia energética exterior completa el diagnóstico. En 2025 se situaba en el 68%, frente al 50% pretendido en 2030.
