En una noche, Texas pasó de verse roja republicana a azul demócrata. Pero para que ese color resista y se consolide en las urnas en las elecciones presidenciales de 2028, los demócratas se enfrentan ahora al reto de desmantelar políticas republicanas fuertemente arraigadas tras más de 30 años de dominio de este partido en el Estado Sureño.. Seguir leyendo
En una noche, Texas pasó de verse roja republicana a azul demócrata. Pero para que ese color resista y se consolide en las urnas en las elecciones presidenciales de 2028, los demócratas se enfrentan ahora al reto de desmantelar políticas republicanas fuertemente arraigadas tras más de 30 años de dominio de este partido en el Estado Sureño.
Greg Abbott estuvo 12 de esos años sentado, imbatible, en la residencia del gobernador, en Austin; el mismo tiempo que pasó Dan Patrick como vicegobernador, y Ken Paxton (vencido por el demócrata James Talarico en la contienda al Senado) como fiscal. Juntos avanzaron en una agenda apegada a las políticas del presidente Donald Trump y de su movimiento ‘Make America Great Again’, que para los demócratas electos en las ‘midterms’ para esos puestos (Gina Hinojosa, a gobernadora; Vikki Goodwin, a vicegobernadora; y Nathan Johnson, a fiscal de Texas) estaba alejada de las necesidades de la gente.
“Tienen que cumplirle a los votantes”, analiza Jerónimo Cortina, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Houston y director de su Centro de Estudios Mexicano-Estadounidenses y Latinos. “Los demócratas están en la línea de salida y la gran elección para ver si ganan o no comienza en enero”.
Aunque los demócratas todavía no han tomado posesión de sus cargos, ya hay señales que anuncian cambios. Este viernes, el alcalde de Houston, John Whitmire, dijo que reducirá la cooperación de su policía −una de las más cuestionadas del Estado por su apoyo a las políticas migratorias de Trump− con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Analistas consultados por EL PAÍS coinciden en tres temas que los líderes electos deben cambiar para mantener al electorado de su lado de cara a las próximas elecciones presidenciales de 2028: la política migratoria, el acceso a los seguros médicos y la financiación de la educación pública.
La cooperación del Estado con la política migratoria de Trump
Abbott, Patrick y Paxton, con ayuda del Congreso local, aprobaron en Texas una serie de leyes −algunas frenadas por cortes− y políticas de costes millonarios que aumentaron la persecución policial a los migrantes en casi cada rincón del Estado.
Su gobierno se plantó a la cabeza, junto a Florida, de un movimiento nacional para alentar a más Estados a usar recursos de sus policías locales para facilitar la deportación de inmigrantes. También despojaron de beneficios como becas estudiantiles y permisos de trabajo a jóvenes con estatus migratorios temporales que llegaron al país siendo niños (beneficiarios de DACA). De forma arbitraria, cerraron su frontera sur −una responsabilidad federal− y la blindaron con boyas en el Río Grande para frenar los cruces migratorios.
Cuando los alcaldes tejanos se negaron a cooperar con las autoridades federales para detener a inmigrantes, el gobernador les amenazó con retirarles presupuestos clave.
Distintas organizaciones advirtieron durante años que este tipo de políticas iban a dar paso en Texas −un Estado conservador que apoya la seguridad en la frontera− a actuaciones policiales más agresivas y a un aumento en las detenciones de personas sólo por parecer inmigrantes. En los últimos dos años, con la vuelta de Donald Trump a la Presidencia, esas advertencias se cumplieron y cientos de hispanos con décadas de vida en el país y sin antecedentes criminales fueron entregados por policías tejanas a agentes federales.
Los sondeos en campaña mostraron la oposición de los votantes, sobre todo latinos, a este tipo de políticas. La indignación ciudadana en el Estado aumentó tras la muerte en julio del migrante mexicano Lorenzo Salgado, baleado por un agente migratorio, así como tras la violenta detención en septiembre del venezolano Wilber Garcés, que pasó casi once días con una bala en su espalda. Empeoró con el atropellamiento de otro migrante −que sigue hospitalizado− por agentes en octubre.
En casi cualquier entrevista periodística que se hiciera, era común escuchar la oposición de la gente a estos operativos y a la separación de familias tras la detención y deportación de uno de sus miembros. Por eso el senador demócrata electo para Texas, James Talarico, planteó con urgencia en su campaña la necesidad de abrir un camino a la ciudadanía estadounidense para los migrantes asentados en Estados Unidos por décadas.
La nueva gobernadora, la latina Gina Hinojosa, tiene la oportunidad ahora de frenar la cooperación de las policías locales con autoridades de inmigración y devolverlas a su rol exclusivo de mantener seguras a las comunidades, dijo Jeremy Slack, director del Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad de Texas en El Paso.
“Texas debe preocuparse por proteger los derechos de su gente, que no haya discriminación, que no haya violación del debido proceso ni de sus derechos; que haya seguridad”, explica. “Que la gente pueda reportar un delito sin que le preocupe que al primo o a la abuela la vayan a deportar”.
Slack considera que ese tipo de políticas podría aumentar la confianza de los residentes de las comunidades fronterizas, que podrían cruzar a México para divertirse o a hacer compras, beneficiando la economía regional de ambos países.
Un mayor acceso a seguros médicos asequibles
Cortinas asegura que el acceso de los tejanos a un seguro médico debería ser una prioridad de la gobernadora y de los congresistas electos y ratificados.
Mientras que unos 40 Estados del país expandieron el acceso de sus habitantes a seguros de salud asequibles (Medicaid) en los últimos años, el gobernador Abbott se negó. Así, Texas se convirtió en el Estado con la tasa más alta de residentes no asegurados en el país: de 16,5% frente al 8,4% nacional. A eso se sumó el recorte que el Congreso hizo en 2025 para el financiamiento de Medicaid, que dejó a miles de personas, muchas de ellas migrantes, en riesgo de perder su cobertura médica.
Las cifras del Censo estiman que en 2025 había más de cinco millones de tejanos sin seguro médico y analistas esperan que el número aumente en 2026.
Durante la campaña política, votantes consultados por EL PAÍS en la fronteriza McAllen contaron que carecían de seguro médico porque no podían pagarlo. Es la misma situación en la que se encuentra incluso el propio candidato electo a representante por el Distrito 15 de Texas, Bobby Pulido, y por las mismas razones que sus votantes.
Financiamiento a la educación pública
Si hay una prioridad para la gobernadora electa, Gina Hinojosa, es la educación pública. De hecho, esta demócrata llegó a la política accidentalmente tras pelear en contra del cierre de la escuela de su hijo luego de que el Estado amenazara con recortarle los fondos. Ella ganó esa batalla y en 2015, llegó a la presidencia de la junta de padres del distrito escolar de Austin. Un año después, fue electa representante estatal.
La educación fue precisamente uno de los temas que Hinojosa abordó en su primera rueda de prensa. Presentó a algunos de expertos que la acompañarán en la transición de mando con Abbott, incluido un ex representante estatal republicano que en 2023 combatió una de las políticas más criticadas del gobernador (y que por ello perdió su reelección en las primarias) en materia educativa: los vouchers escolares.
Estos vales, que permiten a los estudiantes de escuelas públicas subvencionar buena parte del pago de la matrícula en una escuela privada, han sido criticados por activistas, que dicen que benefician mayoritariamente a personas adineradas.
Un informe publicado en octubre por organizaciones no partidistas como ‘Nuestras Escuelas, Nuestra Democracia, Cada Texano’, reveló que como consecuencia de esos vales, un mínimo de 184 distritos escolares independientes de Texas perderían al menos 227 millones de dólares en fondos estatales cuando los estudiantes aceptaban esos vouchers para abandonar la educación pública y pagar con ellos parte de su matrícula en escuelas privadas.
Para Hinojosa este es solo uno de los retos en el horizonte, dice Cortina. Aunque los demócratas se han hecho con el control de la Cámara de Representantes estatal, todavía tienen al Senado estatal en contra. Además, explica, los demócratas han estado más de 30 años en la oposición y, aunque han representado a grandes ciudades, como Houston, llevan décadas sin gobernar un Estado del tamaño de Texas.
“El 2027 es cuando realmente empieza esta elección, cuando lo que está pidiendo la gente se pueda comenzar a materializar. Hoy Texas es azul; en dos años, no sabemos”.
