El acuerdo entre el PP y Vox antes de la elección para el Senado es un lío complicado, que finalmente resulta en términos numéricos directos: Alberto Núñez Feijóo permite que Santiago Abascal tome el control en provincias donde este último no tenía ninguna oportunidad de asegurar un escaño, en un intento de establecer una mayoría parlamentaria para la derecha. El líder ultra, que ha descrito este acuerdo como un «acto patriótico», aparentemente ha ganado más de este pacto que el PP (Partido Popular), al explotar el temor de la gente de que la candidatura combinada de la izquierda (Senado de Progreso) se apodere de una cámara crucial, que tiene autoridad sobre la renovación de los órganos institucionales, como el Tribunal Constitucional. Para más información, siga leyendo.
El pacto prelectoral entre el PP y Vox para el Senado es un complejo encaje de bolillos que al final se traduce en términos contables puros y duros: Alberto Núñez Feijóo cede a Santiago Abascal puestos de salida en provincias donde el segundo no tenía ninguna posibilidad de obtener escaño para intentar blindar una mayoría parlamentaria de derechas. Un pacto del que el líder ultra ―que ha justificado este acuerdo como un “gesto patriótico”― ha sacado aparentemente más tajada que el PP, aprovechando el temor de los populares a que la candidatura conjunta de la izquierda (Senado de Progreso) le arrebatara el control de una cámara decisiva, entre cuyas competencias está la renovación de órganos institucionales, como el Tribunal Constitucional.
El acuerdo, que afecta a más de la mitad de las circunscripciones (31) es el primer pacto preelectoral entre la derecha y la extrema derecha de la democracia española. El sistema funciona de la siguiente forma: en cada provincia peninsular se eligen cuatro senadores, pero cada partido solo presenta tres candidatos, de forma que el ganador se lleva tres escaños y el segundo, uno. En las tres provincias peninsulares en las que Vox ha renunciado a presentarse (Valencia, Castellón y Cádiz), el PP era el favorito, pero la lista conjunta de la izquierdas (Senado de Progreso, coalición del PSOE con el Frente Amplio y algunas otras fuerzas) amenazaba su victoria, según algunos sondeos. De haber revalidado el primer puesto, el PP tendría nueve senadores entre las tres, pero se quedaría reducido a la tercera parte si quedara relegado a la segunda posición.
Para intentar asegurarse la victoria, el PP ha cedido a Vox tres senadores de los nueve que esperaba ganar ―candidatos del partido ultra que se presentarán bajo las siglas del PP―, lo que le garantizaría los tres que estaban en el aire, que se añadirían a los tres que tenía seguros. Ganancia neta de la operación: tres senadores por parte de Vox (que no los hubiera conseguido en ningún caso) por tres para el PP (que podía ganarlos pero eran inseguros).
Las otras tres provincias en las que han pactado PP y Vox al Senado son insulares, por lo que la situación se complica. Canarias tiene once senadores, mientras que Baleares tiene seis. Sin embargo, las islas mayores tienen tres escaños en el Senado cada una (Gran Canaria, Tenerife y Mallorca), aunque los partidos solo pueden presentar dos candidatos; mientras que las islas menores tienen un senador cada una.
Las encuestas daban ganador al PP en Mallorca, pero su victoria no estaba clara en Gran Canaria y Tenerife. Para intentar garantizar que la derecha consigue seis escaños, le ha cedido tres a Vox y se ha quedado con solo uno por cada isla mayor (el que habría tenido en el caso de quedar como segunda fuerza). De nuevo, Vox gana tres escaños con los que no contaba en ningún caso y el PP se queda con tres que tenía seguros, como primera o como segunda fuerza. El beneficio para los populares está en que crecen las posibilidades de llevarse los ocho escaños que representan a las islas menores, de los que hasta ahora solo tiene uno, el de Menorca; ya que los restantes están en manos del PSOE o de fuerzas localistas; mientras que el de Formentera está inédito y se estrena en estas elecciones.
Aunque en estas seis provincias los candidatos de Vox irán como independientes bajo las siglas del PP, si obtienen escaño se unirán al grupo ultra en el Senado. En definitiva: salvo sorpresa, Vox ganará seis senadores gracias a este pacto, mientras que el PP busca asegurarse, como primera fuerza provincial, tres que sumar a los seis que tendría si se quedaba como segunda fuerza en las seis demarcaciones y aumenta sus posibilidades de ganar los ocho escaños de las islas menores.
El valor simbólico de las renuncias del PP
Esta es la parte del acuerdo que puede tener más incidencia numérica en los resultados. Pero hay otro capítulo con un fuerte valor simbólico. El PP ha aceptado no presentar candidatos al Senado en Girona, Tarragona y Gipuzkoa e instar a sus electores a votar a los aspirantes de Vox. Se trata de tres provincias en comunidades históricas con partidos nacionalistas que disputan el electorado conservador, como el PNV y Junts, y donde la derecha española ha tenido tradicionalmente pobres resultados. Núñez Feijóo dijo el viernes pasado en la Cadena Ser que el PP podría no presentarse en provincias en las que nunca ha obtenido escaño. Esa pauta se cumple en los casos de Girona y Tarragona, pero no en el de Gipuzkoa, donde el PP consiguió un senador en las elecciones de 2000. Hay otras dos provincias en las que el PP nunca ha tenido senador elegido en las urnas, pero que han quedado excluidas del pacto: Barcelona y Lleida. Para los populares era demasiado duro dejar el campo libre a Vox en la segunda ciudad de España y en todas las provincias catalanas, a menos de dos años de las elecciones autonómicas.
Ni en Gipuzkoa ni en Girona, de acuerdo con las encuestas, tienen PP o Vox posibilidades de obtener senador, ni juntos ni por separado. En cambio, en Tarragona ambos tenían posibilidad de obtener senador (más los populares que los ultras). Está por ver si los electores populares apoyan la candidatura de Vox a la Cámara alta. Un factor que puede jugar en contra de ese apoyo mutuo es el hecho de que los ultras presenten por Tarragona al Congreso a Jordi de la Fuente, exdirigente del grupúsculo neonazi MSR que está pendiente de juicio por el asalto a un centro de menores, y este perfil polémico podría ahuyentar al electorado moderado de la derecha.
El pacto incluye, además, que Vox presente un único candidato en 14 provincias, en las que instará a sus electores —que pueden marcar tres nombres en la papeleta de la Cámara alta— a votar también a otros dos aspirantes del PP, sin que Vox tenga posibilidad de obtener escaño en ninguna de ellas, según las encuestas. La incógnita está en saber cuántos electores de Vox votarán en esas provincias por dos candidatos del PP y uno de su partido, componiendo así en el momento de votar una coalición preelectoral que en la papeleta no se puede reflejar, pues cada partido se presenta con sus propias siglas.
Donde el bloque de derechas puede llevarse todos los escaños, sin necesidad de pacto, es en las provincias donde los sondeos sitúan a Vox como segunda fuerza, por detrás del PP y delante de la izquierda: Murcia, Almería y Ávila. La situación está muy igualada en el segundo puesto en algunas otras como Málaga, Alicante o Toledo. El partido ultra también podría ser el segundo más votado en Ceuta y Melilla, pero en las ciudades autónomas los dos senadores se los lleva la lista más votada, que previsiblemente será el PP.
Un grupo propio para Vox en el Senado
El pacto entre el PP y Vox asegura que los ultras contarán con grupo propio en el Senado y no tendrán que sentarse en el Grupo Mixto como hasta ahora. Los seis senadores que les ceden los populares, más los tres que ya tienen –dos por Andalucía y uno por Extremadura— les garantizan nueve escaños. El mínimo para constituir grupo parlamentario en la Cámara alta es de 10, pero el PP podría cederle uno y luego retirarlo pues, una vez constituido, el grupo no se disuelve a menos que baje de seis, según el reglamento del Senado. Previsiblemente no le hará falta: Vox tiene pendientes de recuperar dos senadores autonómicos por Aragón y Comunidad Valenciana, que perdieron el escaño al disolverse las Cortes, y es probable que obtenga alguno más el 29-N con sus propias listas. Lo que no es seguro es que toda esta ingeniería electoral sea suficiente para que PP y Vox tengan una mayoría de tres quintos —162 escaños— en la Cámara alta. La necesaria para elegir a los cuatro magistrados pendientes de renovación en el Tribunal Constitucional y conseguir el control del máximo intérprete de la Constitución. Ese es, como ha reconocido Abascal, su objetivo principal.
