España es el país de la Unión Europea que cuenta con un mayor número de grandes infraestructuras hidráulicas e hídricas, muy por encima de cualquier otro Estado miembro. Pero la mayoría de estas instalaciones «empiezan a acumular años», como reconoce el propio Ministerio para la Transición Ecológica, sin que se haya establecido un verdadero plan de renovación de las casi 1.300 presas, con una capacidad total aproximada de 56.000 hectómetros cúbicos –con serios problemas estructurales denunciados por los colegios de ingenieros–, y una red de abastecimiento de más de 240.000 kilómetros y otra de casi 190.000 de saneamiento –con una parte muy significativa que sufre fugas debido a falta de mantenimiento–. Infraestructuras históricas de conexión, como el trasvase Tajo-Segura, han quedado fuera de servicio en muchas ocasiones, complicando el abastecimiento del sureste peninsular, y las danas y lluvias torrenciales recurrentes han puesto a prueba la capacidad de drenaje, los tanques de tormenta y los sistemas de laminación de avenidas, que se han demostrado insuficientes y han provocado daños adicionales en las infraestructuras.. Las estimaciones del sector señalan que se requieren inversiones multimillonarias anuales tan solo para modernizar, digitalizar y poner al día presas, red de agua potable, depuradoras (EDAR) y plantas potabilizadoras (ETAP). En un primer impacto serían necesarios más de 100.000 millones para poner al día todas estas infraestructuras hídricas. Solo con la intervención en la mejora estructural de las presas se necesitarían en torno a los 1.000 millones anuales «para mantener en condiciones aceptables las presas», cuando el Gobierno apenas dedica a ello 100 millones para seguridad hídrica, adaptación al cambio climático y reducción del riesgo de inundaciones.. En teoría, las infraestructuras hidráulicas deberían recibir de los fondos europeos 10.179 millones, con 338 millones en monitorización del ciclo del agua y PERTE de digitalización, 1.118 millones en adaptación al cambio climático –desalación y reutilización–, y 3.652 millones para el ciclo urbano del agua. Otros 279 millones deben destinarse a gestión del Dominio Público Hidráulico; 2.839 millones a infraestructuras de prevención del riesgo de inundación; 1.465 millones a sistemas de drenaje sostenible, tanques de tormenta y prevención del riesgo de inundación fluvial, 243 millones vinculados a un Acuerdo Nacional del Agua y otros 245 a creación de infraestructura verde. Pero la mayoría de los proyectos ni siquiera se han iniciado, solo se han asignado pese a la urgencia.. El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas advierte que el envejecido parque hidráulico español necesita «recursos de personal y materiales para su explotación y mantenimiento durante su vida útil», algo que se ha obviado durante los últimos años. Alertan de que muchos de los desastres y tragedias cada vez más recurrentes han acentuado su impacto «por un mal funcionamiento de las infraestructuras o por su inexistencia.. El informe sobre inversión y aprovechamiento de la capacidad productiva elaborado por el Ivie en colaboración con la Fundación BBVA avisa de que la caída de las inversiones en infraestructuras hidráulicas es de un 42%. Su peso en la inversión total en infraestructuras «permanece estancado en valores próximos al 15%, a pesar de su importancia creciente para prevenir y paliar las consecuencias del cambio climático, en especial por las inundaciones catastróficas», como se ha visto con la danas sufridas en la Comunidad Valenciana o con las últimas inundaciones por el ciclo de borrascas consecutivas que sufrió la península.. La caída inversora se ha concentrado desde 2018 –con 2.695 millones–, cantidad que «sigue siendo claramente insuficiente y está muy lejos de lo que se debería invertir», ya que sigue ese 42% por debajo de lo invertido en 1995. El informe apunta a que «el stock de infraestructuras hidráulicas es un 4,6% inferior a los niveles alcanzados antes de la Gran Recesión y su peso en el stock total de infraestructuras permanece estancado». En términos reales, las inversiones continúan un 17,6% por debajo de su nivel de 1995 y un 63% por debajo de su máximo de 2009.. Por otra parte, tanto agricultores como ingenieros reclaman un plan de construcción de presas de laminación y encauzamientos para paliar parte de las necesidades hídricas del campo español, ya que 100.000 hectáreas de cultivo han desaparecido por falta de riego, han desaparecido caminos forestales, acequias y almacenes de aperos; hay 4.500 empresas rurales menos y se han quedado por el camino 80.000 empleos. Los colegios de ingenieros recuerdan que hacen falta miles de actuaciones inmediatas, desde encauzamientos de barrancos, reforestación de cauces y construcción y reparación de embalses hasta las ampliaciones en infraestructuras de desagüe, dragados selectivos de lagos y mejoras en las depuradoras. En este contexto, todos los sectores implicados exigen un pacto de Estado para la aprobación de un Plan Hidrológico Nacional que legisle, planifique y coordine la gestión del agua entre las distintas cuencas hidrográficas del país, 25 años después.
España es el país de la Unión Europea que cuenta con un mayor número de grandes infraestructuras hidráulicas e hídricas, muy por encima de cualquier otro Estado miembro. Pero la mayoría de estas instalaciones «empiezan a acumular años», como reconoce el propio Ministerio para la Transición Ecológica, sin que se haya establecido un verdadero plan de renovación de las casi 1.300 presas, con una capacidad total aproximada de 56.000 hectómetros cúbicos –con serios problemas estructurales denunciados por los colegios de ingenieros–, y una red de abastecimiento de más de 240.000 kilómetros y otra de casi 190.000 de saneamiento –con una parte muy significativa que sufre fugas debido a falta de mantenimiento–. Infraestructuras históricas de conexión, como el trasvase Tajo-Segura, han quedado fuera de servicio en muchas ocasiones, complicando el abastecimiento del sureste peninsular, y las danas y lluvias torrenciales recurrentes han puesto a prueba la capacidad de drenaje, los tanques de tormenta y los sistemas de laminación de avenidas, que se han demostrado insuficientes y han provocado daños adicionales en las infraestructuras.. Las estimaciones del sector señalan que se requieren inversiones multimillonarias anuales tan solo para modernizar, digitalizar y poner al día presas, red de agua potable, depuradoras (EDAR) y plantas potabilizadoras (ETAP). En un primer impacto serían necesarios más de 100.000 millones para poner al día todas estas infraestructuras hídricas. Solo con la intervención en la mejora estructural de las presas se necesitarían en torno a los 1.000 millones anuales «para mantener en condiciones aceptables las presas», cuando el Gobierno apenas dedica a ello 100 millones para seguridad hídrica, adaptación al cambio climático y reducción del riesgo de inundaciones.. En teoría, las infraestructuras hidráulicas deberían recibir de los fondos europeos 10.179 millones, con 338 millones en monitorización del ciclo del agua y PERTE de digitalización, 1.118 millones en adaptación al cambio climático –desalación y reutilización–, y 3.652 millones para el ciclo urbano del agua. Otros 279 millones deben destinarse a gestión del Dominio Público Hidráulico; 2.839 millones a infraestructuras de prevención del riesgo de inundación; 1.465 millones a sistemas de drenaje sostenible, tanques de tormenta y prevención del riesgo de inundación fluvial, 243 millones vinculados a un Acuerdo Nacional del Agua y otros 245 a creación de infraestructura verde. Pero la mayoría de los proyectos ni siquiera se han iniciado, solo se han asignado pese a la urgencia.. El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas advierte que el envejecido parque hidráulico español necesita «recursos de personal y materiales para su explotación y mantenimiento durante su vida útil», algo que se ha obviado durante los últimos años. Alertan de que muchos de los desastres y tragedias cada vez más recurrentes han acentuado su impacto «por un mal funcionamiento de las infraestructuras o por su inexistencia.. El informe sobre inversión y aprovechamiento de la capacidad productiva elaborado por el Ivie en colaboración con la Fundación BBVA avisa de que la caída de las inversiones en infraestructuras hidráulicas es de un 42%. Su peso en la inversión total en infraestructuras «permanece estancado en valores próximos al 15%, a pesar de su importancia creciente para prevenir y paliar las consecuencias del cambio climático, en especial por las inundaciones catastróficas», como se ha visto con la danas sufridas en la Comunidad Valenciana o con las últimas inundaciones por el ciclo de borrascas consecutivas que sufrió la península.. La caída inversora se ha concentrado desde 2018 –con 2.695 millones–, cantidad que «sigue siendo claramente insuficiente y está muy lejos de lo que se debería invertir», ya que sigue ese 42% por debajo de lo invertido en 1995. El informe apunta a que «el stock de infraestructuras hidráulicas es un 4,6% inferior a los niveles alcanzados antes de la Gran Recesión y su peso en el stock total de infraestructuras permanece estancado». En términos reales, las inversiones continúan un 17,6% por debajo de su nivel de 1995 y un 63% por debajo de su máximo de 2009.. Por otra parte, tanto agricultores como ingenieros reclaman un plan de construcción de presas de laminación y encauzamientos para paliar parte de las necesidades hídricas del campo español, ya que 100.000 hectáreas de cultivo han desaparecido por falta de riego, han desaparecido caminos forestales, acequias y almacenes de aperos; hay 4.500 empresas rurales menos y se han quedado por el camino 80.000 empleos. Los colegios de ingenieros recuerdan que hacen falta miles de actuaciones inmediatas, desde encauzamientos de barrancos, reforestación de cauces y construcción y reparación de embalses hasta las ampliaciones en infraestructuras de desagüe, dragados selectivos de lagos y mejoras en las depuradoras. En este contexto, todos los sectores implicados exigen un pacto de Estado para la aprobación de un Plan Hidrológico Nacional que legisle, planifique y coordine la gestión del agua entre las distintas cuencas hidrográficas del país, 25 años después.
