La cotización durante nuestra vida laboral, ya sea a la Seguridad Social o fondos privados, define nuestras pensiones de jubilación. En los últimos años, diferentes reformas se han lanzado con la intención de que autónomos mutualistas se pasen al RETA, con la idea de que la pensión podría ser mejor cotizando en lo público que en lo privado. Pero desde Fedea borran esa idea, puesto que los expertos aseguran que no está garantizada la mejora en la jubilación.. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada publicó recientemente un informe en el que cuestiona la idea de que estos autónomos, profesionales que cotizan en mutualidades de un sistema privado e independiente del Estado, puedan mejorar su pensión si acceden al RETA y por tanto, a la Seguridad Social pública, tal y como se baraja en la Ley 2/2026, de 29 de julio, que entró en vigor en agosto tras ser publicada en el BOE.. Ley 2/2026 de 29 de julio, pasarela de autónomos mutualistas al RETA. Es una normativa que aplica a cientos de colegiados autónomos, tales como abogados, arquitectos, médicos o ingenieros, entre otros, adscritos a mutualidades externas al sistema público. Son aquellos que preveían que en un futuro recibirían una pensión inferior a los mínimos públicos y que con esta legislación se les permitía trasladar su capital acumulado al RETA y convalidar sus fondos cotizados en el sector privado de cara a una pensión pública.. De acuerdo al estudio publicado por Fedea, elaborado por investigadores de Valencia y Extremadura, el cambio puede generar «diferencias» entre los propios mutualistas que acceden a la «pasarela» y se pasan al RETA, con «aquellos que ya cotizaban en la Seguridad Social desde el principio». Así, plantean la duda de que todavía no se puede asegurar que todos vayan a mejorar su jubilación, así como no tienen garantizada la mejora en sus pensiones.. Fedea advierte de posibles riesgos y que el beneficio en la jubilación no está asegurado. La ley establece que los fondos se convertirán en periodos cotizados tomando como referencia la base mínima que habría correspondido al autónomo mutualista en cuestión. Pero en la práctica, de acuerdo al estudio, no se transforma automáticamente en los mismos años cotizados, ya que depende de la fórmula definitiva que establezca el reglamento.. Según los investigadores, poco más de la mitad (el 56,84%) de las cotizaciones de dicho régimen se destina realmente a financiar las pensiones de jubilación, de tal forma que podrá colocar a los mutualistas en una situación «como mínimo, menos favorable que la de los autónomos que ya están afiliados al RETA».. Por otro lado, la Ley 2/2026 de 29 de julio afecta al reconocimiento de los años trabajados en la mutualidad bajo la regla 1:1, que permite reconocer cada año como cotizado en el RETA, aunque se trataría de un supuesto únicamente válido para calcular el porcentaje de pensión correspondiente al tiempo cotizado, en lugar de para calcular la base sobre la que determina la cuantía de la prestación.. Requisitos según la Seguridad Social. Si bien el estudio advierte de posibles riesgos, no concluye que vaya a perjudicar a todos los mutualistas, aludiendo la existencia de otras posibles ventajas que se pueden encontrar como el acceso a una pensión mínima, siempre que cumpla los requisitos exigidos por la Seguridad Social, así como ser beneficiados de las distintas revalorizaciones que se apliquen a las pensiones públicas en un futuro.. La ley 2/2026 de 29 de julio aplica a quienes comenzaron su actividad antes del 10 de noviembre de 1995, es decir, comenzaran a trabajar hace 31 años, así como los autónomos mutualistas que tengan 52 o más años. De esta forma, aquellos que no cumplan estos dos requisitos podrían tener un reconocimiento diferente o un impacto importante sobre la pensión final que perciban.
La cotización durante nuestra vida laboral, ya sea a la Seguridad Social o fondos privados, define nuestras pensiones de jubilación. En los últimos años, diferentes reformas se han lanzado con la intención de que autónomos mutualistas se pasen al RETA, con la idea de que la pensión podría ser mejor cotizando en lo público que en lo privado. Pero desde Fedea borran esa idea, puesto que los expertos aseguran que no está garantizada la mejora en la jubilación.. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada publicó recientemente un informe en el que cuestiona la idea de que estos autónomos, profesionales que cotizan en mutualidades de un sistema privado e independiente del Estado, puedan mejorar su pensión si acceden al RETA y por tanto, a la Seguridad Social pública, tal y como se baraja en la Ley 2/2026, de 29 de julio, que entró en vigor en agosto tras ser publicada en el BOE.. Ley 2/2026 de 29 de julio, pasarela de autónomos mutualistas al RETA. Es una normativa que aplica a cientos de colegiados autónomos, tales como abogados, arquitectos, médicos o ingenieros, entre otros, adscritos a mutualidades externas al sistema público. Son aquellos que preveían que en un futuro recibirían una pensión inferior a los mínimos públicos y que con esta legislación se les permitía trasladar su capital acumulado al RETA y convalidar sus fondos cotizados en el sector privado de cara a una pensión pública.. De acuerdo al estudio publicado por Fedea, elaborado por investigadores de Valencia y Extremadura, el cambio puede generar «diferencias» entre los propios mutualistas que acceden a la «pasarela» y se pasan al RETA, con «aquellos que ya cotizaban en la Seguridad Social desde el principio». Así, plantean la duda de que todavía no se puede asegurar que todos vayan a mejorar su jubilación, así como no tienen garantizada la mejora en sus pensiones.. Fedea advierte de posibles riesgos y que el beneficio en la jubilación no está asegurado. La ley establece que los fondos se convertirán en periodos cotizados tomando como referencia la base mínima que habría correspondido al autónomo mutualista en cuestión. Pero en la práctica, de acuerdo al estudio, no se transforma automáticamente en los mismos años cotizados, ya que depende de la fórmula definitiva que establezca el reglamento.. Según los investigadores, poco más de la mitad (el 56,84%) de las cotizaciones de dicho régimen se destina realmente a financiar las pensiones de jubilación, de tal forma que podrá colocar a los mutualistas en una situación «como mínimo, menos favorable que la de los autónomos que ya están afiliados al RETA».. Por otro lado, la Ley 2/2026 de 29 de julio afecta al reconocimiento de los años trabajados en la mutualidad bajo la regla 1:1, que permite reconocer cada año como cotizado en el RETA, aunque se trataría de un supuesto únicamente válido para calcular el porcentaje de pensión correspondiente al tiempo cotizado, en lugar de para calcular la base sobre la que determina la cuantía de la prestación.. Requisitos según la Seguridad Social. Si bien el estudio advierte de posibles riesgos, no concluye que vaya a perjudicar a todos los mutualistas, aludiendo la existencia de otras posibles ventajas que se pueden encontrar como el acceso a una pensión mínima, siempre que cumpla los requisitos exigidos por la Seguridad Social, así como ser beneficiados de las distintas revalorizaciones que se apliquen a las pensiones públicas en un futuro.. La ley 2/2026 de 29 de julio aplica a quienes comenzaron su actividad antes del 10 de noviembre de 1995, es decir, comenzaran a trabajar hace 31 años, así como los autónomos mutualistas que tengan 52 o más años. De esta forma, aquellos que no cumplan estos dos requisitos podrían tener un reconocimiento diferente o un impacto importante sobre la pensión final que perciban.
