Los elevados precios que se encuentran actualmente en el mercado de las viviendas de alquiler y los constantes conflictos entre arrendatarios y arrendadores sobre cuestiones como el pago de gastos de gestión o rescisiones del contrato tempranas han provocado que se refuercen las protecciones para los inquilinos. Para ello, el Gobierno aprobó los reales decretos-ley 28/2026 y 29/2026, en los que se incluyen nuevas medidas como la imposición de indemnizaciones en caso de no cumplir la prórroga del contrato.. Una de las cuestiones que más problemas genera en la economía de los inquilinos es tener que afrontar algunos pagos extra incluidos con la vivienda, como los gastos de comunidad, impuestos o, incluso, la comisión de gestión inmobiliaria. Sin embargo, lo que pocos conocen es que algunos de estos cargos no pueden repercutir en el arrendatario y otros deben aparecer previamente abordados en el contrato para que el arrendador pueda exigirlos.. Para resolver este tipo de dudas, la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, más conocida como LAU, recoge todos los supuestos en los que un inquilino debe hacerse cargo de los costes y cuándo es el propietario el que deberá liquidarlos, sin posibilidad de exigirlos al arrendador. Concretamente, aparecen dispuestos en el artículo 20, relativos a los gastos generales y de servicio individuales.. El inquilino no deberá pagar la cuota de la comunidad ni el IBI. Según lo establecido, es el propietario el que debe hacerse abonar todos los gastos generales para el mantenimiento del inmueble. Esto quiere decir que debe liquidar, con carácter general, los pagos a la comunidad de propietarios, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y otro tipo de tasas locales, como la de basura. Sin embargo, el artículo 20 de la LAU abre la posibilidad de que dichos cargos puedan quedar en responsabilidad del inquilino si así lo han acordado previamente y aparece reflejado en el contrato de alquiler.. En dicho documento debe aparecer por escrito la suma total anual que deberá destinarse al pago de los cargos, así como cuáles serán estos. Asimismo, según el artículo 20.1, «en ningún caso podrán imponerse los tributos asociados a la vivienda a la parte arrendataria, excepto en los supuestos en los que dicha parte tenga la condición de obligado como tributo» y aquel pacto relativo a los tributos no podrá afectar a la Administración.. Tampoco estará obligado a pagar el seguro ni los gastos de la inmobiliaria. Otra de las cuestiones más habituales referentes a esta problemática es el pago del seguro del hogar. Por ley, ninguna de las partes está obligada a contratar este tipo de servicios. En el caso del propietario, este podrá estar obligado a contar con una póliza para la estructura física de la vivienda. Además, suele ser habitual que pague una póliza de responsabilidad civil por los daños que se puedan generar en el propio continente y un seguro de impago de alquiler.. Por su parte, el inquilino puede decidir contratar un seguro para proteger el contenido de la vivienda, es decir, sus pertenencias personales; y de responsabilidad civil para cubrir aquellos daños por negligencia que se produzcan durante su estancia. Sin embargo, el propietario no podrá obligarle legalmente a abonar el coste del seguro del continente ni del impago de la vivienda, pues estos corren a su cargo.. El inquilino tampoco podrá ser obligado a abonar la comisión de la inmobiliaria ni los gastos de formalización del contrato, en caso de que vaya a ser su residencia habitual. El artículo 20.2 establece que este tipo de cargos «no podrán ser repercutidos al arrendatario, ni directa ni indirectamente, bajo ningún concepto o denominación». Esta disposición incluye cualquier pago relativo a «la preparación, formalización, gestión, novación o renovación del contrato de arrendamiento».
Los elevados precios que se encuentran actualmente en el mercado de las viviendas de alquiler y los constantes conflictos entre arrendatarios y arrendadores sobre cuestiones como el pago de gastos de gestión o rescisiones del contrato tempranas han provocado que se refuercen las protecciones para los inquilinos. Para ello, el Gobierno aprobó los reales decretos-ley 28/2026 y 29/2026, en los que se incluyen nuevas medidas como la imposición de indemnizaciones en caso de no cumplir la prórroga del contrato.. Una de las cuestiones que más problemas genera en la economía de los inquilinos es tener que afrontar algunos pagos extra incluidos con la vivienda, como los gastos de comunidad, impuestos o, incluso, la comisión de gestión inmobiliaria. Sin embargo, lo que pocos conocen es que algunos de estos cargos no pueden repercutir en el arrendatario y otros deben aparecer previamente abordados en el contrato para que el arrendador pueda exigirlos.. Para resolver este tipo de dudas, la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, más conocida como LAU, recoge todos los supuestos en los que un inquilino debe hacerse cargo de los costes y cuándo es el propietario el que deberá liquidarlos, sin posibilidad de exigirlos al arrendador. Concretamente, aparecen dispuestos en el artículo 20, relativos a los gastos generales y de servicio individuales.. El inquilino no deberá pagar la cuota de la comunidad ni el IBI. Según lo establecido, es el propietario el que debe hacerse abonar todos los gastos generales para el mantenimiento del inmueble. Esto quiere decir que debe liquidar, con carácter general, los pagos a la comunidad de propietarios, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y otro tipo de tasas locales, como la de basura. Sin embargo, el artículo 20 de la LAU abre la posibilidad de que dichos cargos puedan quedar en responsabilidad del inquilino si así lo han acordado previamente y aparece reflejado en el contrato de alquiler.. En dicho documento debe aparecer por escrito la suma total anual que deberá destinarse al pago de los cargos, así como cuáles serán estos. Asimismo, según el artículo 20.1, «en ningún caso podrán imponerse los tributos asociados a la vivienda a la parte arrendataria, excepto en los supuestos en los que dicha parte tenga la condición de obligado como tributo» y aquel pacto relativo a los tributos no podrá afectar a la Administración.. Tampoco estará obligado a pagar el seguro ni los gastos de la inmobiliaria. Otra de las cuestiones más habituales referentes a esta problemática es el pago del seguro del hogar. Por ley, ninguna de las partes está obligada a contratar este tipo de servicios. En el caso del propietario, este podrá estar obligado a contar con una póliza para la estructura física de la vivienda. Además, suele ser habitual que pague una póliza de responsabilidad civil por los daños que se puedan generar en el propio continente y un seguro de impago de alquiler.. Por su parte, el inquilino puede decidir contratar un seguro para proteger el contenido de la vivienda, es decir, sus pertenencias personales; y de responsabilidad civil para cubrir aquellos daños por negligencia que se produzcan durante su estancia. Sin embargo, el propietario no podrá obligarle legalmente a abonar el coste del seguro del continente ni del impago de la vivienda, pues estos corren a su cargo.. El inquilino tampoco podrá ser obligado a abonar la comisión de la inmobiliaria ni los gastos de formalización del contrato, en caso de que vaya a ser su residencia habitual. El artículo 20.2 establece que este tipo de cargos «no podrán ser repercutidos al arrendatario, ni directa ni indirectamente, bajo ningún concepto o denominación». Esta disposición incluye cualquier pago relativo a «la preparación, formalización, gestión, novación o renovación del contrato de arrendamiento».
