El registro de transposición de directivas de la Unión Europea mide el porcentaje de normativas europeas que los Estados miembros de la UE dejan de cumplir o dejan de incorporar a su legislación nacional, y en eso España es el país que lidera la clasificación. Nuestro país cuenta con un déficit del 5,5% de normas atascadas, según los datos que maneja la Comisión Europea, lo que le ha llevado a recibir varios expedientes y multas por parte del Tribunal de Justicia europeo.. Este es uno de los vestigios que deja la última legislatura del Gobierno de Sánchez, la más atascada de la democracia y en la que el Ejecutivo ha necesitado aprobar más leyes a base de decreto ley por no poder contar con la aprobación del Congreso de los Diputados. Pero no solo han influido la inestabilidad política y falta de presupuestos que resumen los últimos años en nuestro país, sino también en las advertencias llegadas desde Europa, pues hasta la fecha, España es el país más desobediente con las normativas europeas.. El mayor número de infracciones contra la normativa de la UE. Con más de noventa casos, España figura con uno de los países con peores datos de cumplimiento y mayor número de expedientes abiertos, muy por encima de la media europea. Es el Estado miembro que más multas recibe por incumplimiento del Derecho comunitario, muy por encima de Polonia, Italia o Bélgica. Esto hace que el termómetro con el que Bruselas marca la fiabilidad de cada gobierno nacional deje a España en una situación sonrojante: cada incumplimiento, el país pierde fuerza en capacidad negociadora en la comisión, mientras que en lo económico condiciona el futuro de fondos europeos al perder reputación, más allá de multas reiteradas.. El adelanto electoral, a su vez, hizo que con la legislatura murieran varias leyes que de por sí ya iban fuera de plazo para ir en consonancia con las normativas europeas. Además, es el segundo país que más sentencias del TJUE incumple impunemente, solo por detrás de Grecia, que se sitúa en lo alto de la lista, según datos del Investigate Europe.. Así, España se sitúa por encima de países como Bulgaria o Italia. Roma, por ejemplo, que en los últimos años ha mantenido una importante inestabilidad política hasta la llegada de Meloni, es hoy el estado de la UE que menos se retrasa en la incorporación de normativas europeas.. Multas millonarias. Especialmente, el TJUE hace hincapié en materias relacionadas con derechos laborales, medio ambiente, fiscalidad o mercado único, lo que ha llevado al Gobierno a recibir multas y sanciones por la acumulación de retrasos, así como pagos diarios que debe hacer por las numerosas sentencias en su contra por parte del tribunal europeo.. De hecho, la última década, coincidiendo en gran parte con la legislatura de Pedro Sánchez, es el momento en el que España ha transpuesto menos normativas europeas en los cuarenta años desde que es miembro de la UE, de acuerdo a datos de Newtral. Entre 2016 y 2026, se han transpuesto menos de la mitad de leyes que cualquiera de las dos décadas anteriores.. Una de las más sonadas es en tema de Protección de Datos. con 15 millones euros más 89.548 diarios de multa coercitiva. Asimismo, el TJUE sancionó a España con una multa de 6,8 millones fijos (más 19.700 euros por cada día adicional de retraso) en materia de conciliación familiar y laboral, en agosto de 2025, en relación con la adecuación de permisos parentales mínimos.. Otras sanciones destacadas tiene que ver con condiciones laborales transparentes (2025), una penalización relacionada con no actualidad los derechos mínimos de información que reciben los trabajadores sobre sus contratos de trabajo y que tuvo una cuantía de 7 millones de euros, así como sanciones en Seguridad e Interior, llegando a 23 millones de euros, por el retraso crónico en la incorporación de seguridad pública, control de fronteras y protección de datos. También con la inseguridad de las infraestructuras españolas.
El registro de transposición de directivas de la Unión Europea mide el porcentaje de normativas europeas que los Estados miembros de la UE dejan de cumplir o dejan de incorporar a su legislación nacional, y en eso España es el país que lidera la clasificación. Nuestro país cuenta con un déficit del 5,5% de normas atascadas, según los datos que maneja la Comisión Europea, lo que le ha llevado a recibir varios expedientes y multas por parte del Tribunal de Justicia europeo.. Este es uno de los vestigios que deja la última legislatura del Gobierno de Sánchez, la más atascada de la democracia y en la que el Ejecutivo ha necesitado aprobar más leyes a base de decreto ley por no poder contar con la aprobación del Congreso de los Diputados. Pero no solo han influido la inestabilidad política y falta de presupuestos que resumen los últimos años en nuestro país, sino también en las advertencias llegadas desde Europa, pues hasta la fecha, España es el país más desobediente con las normativas europeas.. El mayor número de infracciones contra la normativa de la UE. Con más de noventa casos, España figura con uno de los países con peores datos de cumplimiento y mayor número de expedientes abiertos, muy por encima de la media europea. Es el Estado miembro que más multas recibe por incumplimiento del Derecho comunitario, muy por encima de Polonia, Italia o Bélgica. Esto hace que el termómetro con el que Bruselas marca la fiabilidad de cada gobierno nacional deje a España en una situación sonrojante: cada incumplimiento, el país pierde fuerza en capacidad negociadora en la comisión, mientras que en lo económico condiciona el futuro de fondos europeos al perder reputación, más allá de multas reiteradas.. El adelanto electoral, a su vez, hizo que con la legislatura murieran varias leyes que de por sí ya iban fuera de plazo para ir en consonancia con las normativas europeas. Además, es el segundo país que más sentencias del TJUE incumple impunemente, solo por detrás de Grecia, que se sitúa en lo alto de la lista, según datos del Investigate Europe.. Así, España se sitúa por encima de países como Bulgaria o Italia. Roma, por ejemplo, que en los últimos años ha mantenido una importante inestabilidad política hasta la llegada de Meloni, es hoy el estado de la UE que menos se retrasa en la incorporación de normativas europeas.. Multas millonarias. Especialmente, el TJUE hace hincapié en materias relacionadas con derechos laborales, medio ambiente, fiscalidad o mercado único, lo que ha llevado al Gobierno a recibir multas y sanciones por la acumulación de retrasos, así como pagos diarios que debe hacer por las numerosas sentencias en su contra por parte del tribunal europeo.. De hecho, la última década, coincidiendo en gran parte con la legislatura de Pedro Sánchez, es el momento en el que España ha transpuesto menos normativas europeas en los cuarenta años desde que es miembro de la UE, de acuerdo a datos de Newtral. Entre 2016 y 2026, se han transpuesto menos de la mitad de leyes que cualquiera de las dos décadas anteriores.. Una de las más sonadas es en tema de Protección de Datos. con 15 millones euros más 89.548 diarios de multa coercitiva. Asimismo, el TJUE sancionó a España con una multa de 6,8 millones fijos (más 19.700 euros por cada día adicional de retraso) en materia de conciliación familiar y laboral, en agosto de 2025, en relación con la adecuación de permisos parentales mínimos.. Otras sanciones destacadas tiene que ver con condiciones laborales transparentes (2025), una penalización relacionada con no actualidad los derechos mínimos de información que reciben los trabajadores sobre sus contratos de trabajo y que tuvo una cuantía de 7 millones de euros, así como sanciones en Seguridad e Interior, llegando a 23 millones de euros, por el retraso crónico en la incorporación de seguridad pública, control de fronteras y protección de datos. También con la inseguridad de las infraestructuras españolas.
