La controversia sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones se acrecienta con cada récord mensual de la factura que tiene que abonar el Estado, con el inicio de la incorporación al cobro de esta prestación de las primera oleadas de la generación «babyboomer», lo que cuestiona el rumbo elegido por los principales partidos en el Pacto de Toledo, ya que entraña «serios riesgos». Así lo advierte Fedea en su último artículo sobre políticas públicas, en el que señalan que se ha optado «por escribir un cheque en blanco para mantener un sistema de pensiones muy generoso sin tener en cuenta que podríamos quedarnos sin fondos para cubrirlo. El peligro no es tanto un riesgo elevado de impago o recorte grave para las pensiones públicas, protegidas como están por el enorme peso electoral de los jubilados, sino que estas prestaciones se coman una parte excesiva de los recursos necesarios para financiar otros bienes y servicios públicos fundamentales, desde la sanidad hasta la defensa, pasando por las infraestructuras y la I+D».. En su análisis, los economistas Ángel de la Fuente, Miguel Ángel García Díaz y Alfonso R. Sánchez De hecho han detectado que la evolución de las cuentas del sistema de protección social español y de sus perspectivas post-reforma indican que ya existe un problema de insostenibilidad y sugieren que el problema «tenderá a agravarse considerablemente durante las próximas décadas». Hasta 2009, las prestaciones contributivas de la Seguridad Social española se han financiado con cotizaciones sociales pagadas por trabajadores y empresas. Sin embargo, los ingresos propios del sistema contributivo de protección social se han tenido que complementar con aportaciones del Estado con cargo a impuestos generales.. La consecuencia es que con la «generación babyboomer» el saldo contributivo del sistema integrado por la Seguridad Social y Clases Pasivas ha empeorado en algo más de 70.000 millones de euros en 20 años -entre 2005 y 2025-, hasta alcanzar un déficit del 3,8% del PIB en este último año, o casi 64.000 millones que han de detraerse de la caja general del Estado. Un déficit que podría aumentar entre 1 y 2,3 puntos adicionales del PIB entre 2025 y 2050, «dependiendo de si se utilizan las proyecciones del Gobierno o las nuestras». Así pues, Fedea avisa de que a mitad de siglo «tendremos que inyectar cada año a la Seguridad Social recursos adicionales por valor de entre cinco y algo más de seis puntos de PIB a mitad de siglo para sostener el esquema actual del sistema de pensiones». Es decir, habrá un déficit del sistema de hasta 102.000 millones,. Por ello, Fedea plantea una batería de medidas para atajar este creciente desequilibrio, entre las que destaca sustituir el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y la cuota de solidaridad por un recargo proporcional sobre la cuota estatal del IRPF, así como extender el periodo de cálculo de la pensión a toda la vida laboral sin descartar los meses de menor cotización. Recurrir a un recargo sobre el IRPF permitiría, en caso de que sea imprescindible, «inyectar recursos procedentes de impuestos generales, repartir el coste de forma transparente y equitativa entre toda la sociedad, en lugar de concentrar la carga exclusivamente en la población ocupada a través de mayores cotizaciones». Esta vía también contribuiría a «visibilizar el coste de oportunidad» de la reforma para facilitar la adopción de medidas de control del gasto.. Junto al cómputo de toda la vida laboral y la reformulación fiscal, los economistas de Fedea proponen endurecer las condiciones de acceso a la jubilación recuperando el Factor de Sostenibilidad o fijando una vinculación automática entre la edad legal de retiro y la esperanza de vida en buena salud una vez alcanzados los 67 años, «salvaguardando las profesiones de especial penosidad o dureza física». En el medio medio y largo plazo, abogan por avanzar de forma gradual hacia un modelo de cuentas nocionales como el sueco. Aunque en esta proyección las pensiones se continúan financiando mediante un sistema de reparto, su cuantía se calcula con arreglo a un «criterio actuarial estricto que capitaliza las aportaciones reales de cada trabajador a una rentabilidad ligada a la marcha de la economía, garantizando el equilibrio financiero a largo plazo». En cuanto al MEI, proponen revisar la cláusula de salvaguarda para anclarla a un límite real y transparente del déficit del sistema contributivo.. Los autores recuerdan que España registra la mayor tasa de reposición de la Unión Europea (el 77% frente a la media comunitaria del 45%) y una tasa de prestación del 64%, por lo que consideran ineludible converger hacia los niveles europeos para salvaguardar la viabilidad de las finanzas públicas. En este contexto. consideran que medidas como el recargo en el IRPF y usar toda la vida laboral para calcular la pensión «ayudaría mucho a visibilizar el coste de oportunidad de la reforma del sistema de pensiones, lo que podría hacer algo más sencilla políticamente la introducción de medidas de control del gasto con el fin de dejar algo más de margen presupuestario para otras prioridades sociales e inversoras».
La controversia sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones se acrecienta con cada récord mensual de la factura que tiene que abonar el Estado, con el inicio de la incorporación al cobro de esta prestación de las primera oleadas de la generación «babyboomer», lo que cuestiona el rumbo elegido por los principales partidos en el Pacto de Toledo, ya que entraña «serios riesgos». Así lo advierte Fedea en su último artículo sobre políticas públicas, en el que señalan que se ha optado «por escribir un cheque en blanco para mantener un sistema de pensiones muy generoso sin tener en cuenta que podríamos quedarnos sin fondos para cubrirlo. El peligro no es tanto un riesgo elevado de impago o recorte grave para las pensiones públicas, protegidas como están por el enorme peso electoral de los jubilados, sino que estas prestaciones se coman una parte excesiva de los recursos necesarios para financiar otros bienes y servicios públicos fundamentales, desde la sanidad hasta la defensa, pasando por las infraestructuras y la I+D».. En su análisis, los economistas Ángel de la Fuente, Miguel Ángel García Díaz y Alfonso R. Sánchez De hecho han detectado que la evolución de las cuentas del sistema de protección social español y de sus perspectivas post-reforma indican que ya existe un problema de insostenibilidad y sugieren que el problema «tenderá a agravarse considerablemente durante las próximas décadas». Hasta 2009, las prestaciones contributivas de la Seguridad Social española se han financiado con cotizaciones sociales pagadas por trabajadores y empresas. Sin embargo, los ingresos propios del sistema contributivo de protección social se han tenido que complementar con aportaciones del Estado con cargo a impuestos generales.. La consecuencia es que con la «generación babyboomer» el saldo contributivo del sistema integrado por la Seguridad Social y Clases Pasivas ha empeorado en algo más de 70.000 millones de euros en 20 años -entre 2005 y 2025-, hasta alcanzar un déficit del 3,8% del PIB en este último año, o casi 64.000 millones que han de detraerse de la caja general del Estado. Un déficit que podría aumentar entre 1 y 2,3 puntos adicionales del PIB entre 2025 y 2050, «dependiendo de si se utilizan las proyecciones del Gobierno o las nuestras». Así pues, Fedea avisa de que a mitad de siglo «tendremos que inyectar cada año a la Seguridad Social recursos adicionales por valor de entre cinco y algo más de seis puntos de PIB a mitad de siglo para sostener el esquema actual del sistema de pensiones». Es decir, habrá un déficit del sistema de hasta 102.000 millones,. Por ello, Fedea plantea una batería de medidas para atajar este creciente desequilibrio, entre las que destaca sustituir el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y la cuota de solidaridad por un recargo proporcional sobre la cuota estatal del IRPF, así como extender el periodo de cálculo de la pensión a toda la vida laboral sin descartar los meses de menor cotización. Recurrir a un recargo sobre el IRPF permitiría, en caso de que sea imprescindible, «inyectar recursos procedentes de impuestos generales, repartir el coste de forma transparente y equitativa entre toda la sociedad, en lugar de concentrar la carga exclusivamente en la población ocupada a través de mayores cotizaciones». Esta vía también contribuiría a «visibilizar el coste de oportunidad» de la reforma para facilitar la adopción de medidas de control del gasto.. Junto al cómputo de toda la vida laboral y la reformulación fiscal, los economistas de Fedea proponen endurecer las condiciones de acceso a la jubilación recuperando el Factor de Sostenibilidad o fijando una vinculación automática entre la edad legal de retiro y la esperanza de vida en buena salud una vez alcanzados los 67 años, «salvaguardando las profesiones de especial penosidad o dureza física». En el medio medio y largo plazo, abogan por avanzar de forma gradual hacia un modelo de cuentas nocionales como el sueco. Aunque en esta proyección las pensiones se continúan financiando mediante un sistema de reparto, su cuantía se calcula con arreglo a un «criterio actuarial estricto que capitaliza las aportaciones reales de cada trabajador a una rentabilidad ligada a la marcha de la economía, garantizando el equilibrio financiero a largo plazo». En cuanto al MEI, proponen revisar la cláusula de salvaguarda para anclarla a un límite real y transparente del déficit del sistema contributivo.. Los autores recuerdan que España registra la mayor tasa de reposición de la Unión Europea (el 77% frente a la media comunitaria del 45%) y una tasa de prestación del 64%, por lo que consideran ineludible converger hacia los niveles europeos para salvaguardar la viabilidad de las finanzas públicas. En este contexto. consideran que medidas como el recargo en el IRPF y usar toda la vida laboral para calcular la pensión «ayudaría mucho a visibilizar el coste de oportunidad de la reforma del sistema de pensiones, lo que podría hacer algo más sencilla políticamente la introducción de medidas de control del gasto con el fin de dejar algo más de margen presupuestario para otras prioridades sociales e inversoras».
