Más de un centenar de fallecidos en nueve meses en dos accidentes ferroviarios -46 en Adamuz, uno en Gelida y 69 en Urda- son el máximo exponente del deterioro de los servicios públicos en España desde que gobierna Pedro Sánchez. Pero no el único: en la crisis de la vivienda, detonante del adelanto electoral del 29 de noviembre, la erosión de lo público también ha tenido un papel clave. Solo el 1,5% del parque de viviendas es público, el porcentaje más bajo de su entorno, y la construcción de VPO ha caído un 83,8% desde el máximo de 2008. La escasez de suelo finalista, los trámites interminables y el alto coste de la vivienda pública por sus mayores exigencias tienen la culpa, debido a una reforma de la Ley del Suelo encallada.. «Que no se haya modificado la Ley del Suelo es romper el primer eslabón de la cadena de la solución de la vivienda. La solución a la crisis de vivienda es un puzle con muchas piezas en la que todo debe encajar, pero la primera que hay que poner es la Ley de Suelo. Si seguimos teniendo desarrollos urbanísticos en los que, porque les falte un papel o un papel esté mal, me pueden anular un desarrollo urbanístico o paralizarlo durante años mediante un proceso judicial, tenemos un problema”, alerta Pedro Fernández Alen, presidente de Confederación Nacional de la Construcción (CNC). «Eso se tenía que haber solucionado. Se ha perdido una oportunidad inmejorable», lamenta.. «Hay que poner la vivienda en el centro de las políticas. Una vez que se ha solucionado el tema del suelo ya empiezas a solucionar otros problemas, desde la fiscalidad hasta el plazo de las licencias», añade, así como el propio coste de la vivienda protegida, que en ocasiones puede ser superior al de la vivienda libre por sus altas exigencias de calidad. «Pero el problema del suelo es una espada de Damocles para nuevos desarrollos y eso ralentiza muchísimo la vivienda en general y, en especial, la vivienda protegida», insiste.. De hecho, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) propone considerar urbanizable todo el suelo que no esté protegido para acelerar la construcción de viviendas y hacer frente a la falta de oferta, mediante una reforma que simplifique los trámites urbanísticos, reduzca la burocracia e impulse las declaraciones responsables para agilizar la concesión de licencias, actualmente retrasadas entre 12 y 18 meses. Asimismo, dado que el 45% del precio final de la vivienda es el suelo, la CNMC señala que su disponibilidad es crucial y que hace falta rapidez y eficiencia en su transformación, eliminar las barreras regulatorias y tratar de agilizar su regulación. Sin embargo, la puesta en marcha de estas medidas depende de una reforma de la Ley del Suelo que continúa bloqueada.. Desde el sector de la construcción explican que la propuesta del PP de construir un millón de viviendas en cuatro años (250.000 anuales) no solo es viable, si no que es la velocidad de crucero que debería tener el sector, pero actualmente las trabas son demasiado grandes.. La reforma de la Ley del Suelo buscaba precisamente evitar que un defecto formal subsanable anule en cascada planes parciales, reparcelaciones y licencias, en definitiva, desarrollos completos; reducir los plazos de tramitación urbanística; facilitar las licencias con el silencio administrativo positivo; y acelerar la transformación en suelo finalista. Actualmente en el 95,7% del suelo español no se puede construir vivienda residencial ya que no es edificable. Solo un 2,1% está construido o disponible a corto plazo, en el 1,3% se puede construir en el medio plazo y en el 0,9% se puede construir a largo plazo.. Un ejemplo de bloqueo es el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Boadilla del Monte, con importantes desarrollos urbanísticos que permanecieron bloqueados durante más de ocho años por no incluir un informe de impacto de género que luego se determinó que era innecesario. Esto mantiene a miles, incluso millones de viviendas en el limbo. A este caso se suma el desarrollo urbanístico de Montegancedo (Pozuelo de Alarcón, Madrid), con 1.000 viviendas proyectadas, incluidas 300 públicas, que permanece paralizado por procedimiento judicial relacionado con el impacto medioambiental.. El sector de la construcción explicó en el Congreso, el 15 de septiembre, que desarrollar un suelo puede llevar más de 10 años (hasta 15 y 20 años, según fuentes consultadas por LA RAZÓN), algo que la presidenta de la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI) calificó de «no es de recibo». Esa lentitud tiene una consecuencia muy dolorosa: los solares que se desbloqueasen hoy no darían viviendas hasta bien entrada la década de 2030, y las que se echan en falta ahora dependían de decisiones que debieron tomarse hace años.. La reforma de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, clave para solventar la crisis de vivienda, lleva encallada cuatro años por falta de acuerdo político. En diciembre de 2022, se aprobó un anteproyecto que decayó con el adelanto electoral de 2023; en marzo de 2024, el Consejo de Ministros volvió a aprobar la modificación, pero Sumar, Podemos, ERC, EH Bildu y Junts se opusieron al proyecto, el PP no garantizó su apoyo, y ante la perspectiva de perder la votación, el Gobierno retiró el proyecto en mayo. Casi un año después, en febrero de 2025, el PSOE y el PNV recuperaron la reforma como proposición de ley, pero fue rechazada en el Congreso por PP, Sumar, Junts, ERC, EH Bildu y Podemos, con la abstención de Vox. Finalmente, en abril de este año, el Pleno del Congreso admitió una propuesta del PP a trámite, pero la Comisión de Vivienda seguía debatiendo el texto cuando llegó la convocatoria de elecciones.. La incapacidad del Gobierno de Sánchez de articular y legislar un respuesta eficaz a la crisis de vivienda en casi ocho años ha derivado en un parque de vivienda pública famélico. Solo una de cada 65 viviendas en España es pública, lo que equivale al 1,5% del parque, y sitúa al país a la cola de las economías europeas y de la OCDE, con una tasa media del 7%. Llegar a ese 7% exigiría construir cerca de 1,4 millones de viviendas públicas adicionales. Además, España está muy lejos del peso que representan las viviendas públicas en Países Bajos (34%), Austria (23,6%), Dinamarca (21,5%), Reino Unido (16,4%) o Francia (14%), según recoge el Banco de España (BdE) en su informe anual de 2025.. La paradoja es que España sí construyó vivienda protegida a gran escala. Entre 1991 y 2015 se levantaron más de 1,3 millones de viviendas con recursos públicos, más de cuatro veces el parque público actual. Pero el modelo consistía en venderlas a los beneficiarios por debajo del precio de mercado y con protecciones temporales: el esfuerzo público se convertía en patrimonio privado y, pasado el plazo, en vivienda libre. Ese diseño, heredado de gobiernos de todos los colores, explica el punto de partida. No explica que, después de ocho años, el Ejecutivo no lo haya corregido: en 2025 el alquiler protegido solo suponía el 37,4% de las viviendas públicas, frente al 49% destinado todavía a venta a precio limitado.. La vivienda protegida terminada ha pasado de 68.587 unidades en 2008 a 11.104 en 2025 (-83,8%), y la iniciada, de 97.617 en 2006 (su máximo) a 15.503 (-84,1%). Entre 2004 y 2012 se terminaron de media 62.300 al año (VPO); entre 2018 y 2025, 9.600. Si se hubiera mantenido el ritmo anterior, el diferencial acumulado en ocho años rondaría las 420.000 viviendas, casi la mitad del déficit de un millón de viviendas que el Banco de España calcula que habrá en España en 2028. Evidentemente no todas tiene por qué ser protegidas, pero sería una de las herramientas más efectivas para ofrecer alternativas habitacionales en plena crisis.. Además, solo 4.046 de las 11.104 viviendas protegidas de 2025 (el 36,4%) fueron promovidas por entidades públicas; el 63,6% restante (7.058) lo fue por promotores privados. Y la ventaja de precio se ha estrechado: según los datos del Ministerio, el precio medio de una vivienda protegida equivalía a aproximadamente la mitad del de una libre en 2006 y ahora ronda el 54%, un descuento menor sobre un mercado que ya está en máximos. De hecho, según los últimos datos de Idealista, correspondientes al mes de noviembre, el metro cuadrado de la vivienda usada se disparó un 11,2% hasta un nuevo récord de 2.955 euros por metro cuadrado, lo que supone 265.950 euros para un piso de 90 metros.. La falta de un parque público de vivienda robusto se nota donde más duele. En un mercado con oferta escasa, el Banco de España sitúa el esfuerzo medio de los hogares en alquiler en el 26,7% de su renta neta, por encima del 30% en varias grandes ciudades, y los desahucios por impago de alquiler representan en torno a la mitad del total, según los datos del segundo trimestre del Consejo General del Poder Judicial.. La construcción de vivienda residencial incluida la libre, ha sido insuficiente para la magnitud del problema. España lleva 15 años construyendo por debajo de la demanda estimada y engordando un déficit estructural. En 2025 se visaron 139.016 viviendas nuevas, frente a una demanda demográfica estimada en 200.000 anuales. Aunque es el mejor dato de construcción de vivienda nueva desde 2008, cuando ese año se cerraron cerca de 265.000 visados, se sitúa muy lejos del máximo de 2026 (865.561 visados). Además, fuentes del sector alertan de que la cifra de los visados es tramposa, porque una vivienda puede estar visada pero no haberse empezado a ejecutar.. La respuesta del Gobierno ha sido una Ley de Vivienda que ha conseguido el efecto contrario para el que fue diseñada, menos oferta y precios más altos; dos decretos exprés tras el caso Maricarmen que cayeron en el Congreso y volvieron a ser aprobados por el Gobierno a la espera ahora de su convalidación en la Diputación Permanente; un Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 con una dotación total de 7.000 millones (1.400 millones anuales) que cubrirían como mucho el 3,5% del déficit anual de vivienda estimado por el Banco de España; y la recién estrenada Casa 47, la antigua Sepes reconvertida en entidad estatal de vivienda. Su diseño es ambicioso: 13.000 millones en una década (1.300 millones anuales), la incorporación de unas 40.000 viviendas y 2.400 suelos de la Sareb -con potencial para 55.000 más- y alquileres de hasta 75 años con renta máxima del 30% de la renta media del territorio. La ministra, Isabel Rodríguez, habla de 100.000 de alquileres públicos en diez años.. Los números de partida son otra cosa. A finales de octubre, Casa 47 anunció una nueva subvención de 200 millones para que promotores privados construyan hasta 2.500 viviendas en suelos públicos. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) insiste en que las ayudas son importantes pero «no suficientes», ya que lo urgente es atajar «la escasez de suelo finalista, la lentitud de los procedimientos administrativos, las dificultades para garantizar la viabilidad económica de determinadas promociones, la falta de mano de obra cualificada y la inseguridad jurídica». Asimismo, Casa 47 abrió su portal con tan solo 638 viviendas en alquiler, menos del 2% de las 40.000 de la Sareb. Además, casi la mitad de estas viviendas están en municipios de menos de 10.000 habitantes y no en las grandes ciudades, donde la presión en mayor.
Más de un centenar de fallecidos en nueve meses en dos accidentes ferroviarios -46 en Adamuz, uno en Gelida y 69 en Urda- son el máximo exponente del deterioro de los servicios públicos en España desde que gobierna Pedro Sánchez. Pero no el único: en la crisis de la vivienda, detonante del adelanto electoral del 29 de noviembre, la erosión de lo público también ha tenido un papel clave. Solo el 1,5% del parque de viviendas es público, el porcentaje más bajo de su entorno, y la construcción de VPO ha caído un 83,8% desde el máximo de 2008. La escasez de suelo finalista, los trámites interminables y el alto coste de la vivienda pública por sus mayores exigencias tienen la culpa, debido a una reforma de la Ley del Suelo encallada.. «Que no se haya modificado la Ley del Suelo es romper el primer eslabón de la cadena de la solución de la vivienda. La solución a la crisis de vivienda es un puzle con muchas piezas en la que todo debe encajar, pero la primera que hay que poner es la Ley de Suelo. Si seguimos teniendo desarrollos urbanísticos en los que, porque les falte un papel o un papel esté mal, me pueden anular un desarrollo urbanístico o paralizarlo durante años mediante un proceso judicial, tenemos un problema”, alerta Pedro Fernández Alen, presidente de Confederación Nacional de la Construcción (CNC). «Eso se tenía que haber solucionado. Se ha perdido una oportunidad inmejorable», lamenta.. «Hay que poner la vivienda en el centro de las políticas. Una vez que se ha solucionado el tema del suelo ya empiezas a solucionar otros problemas, desde la fiscalidad hasta el plazo de las licencias», añade, así como el propio coste de la vivienda protegida, que en ocasiones puede ser superior al de la vivienda libre por sus altas exigencias de calidad. «Pero el problema del suelo es una espada de Damocles para nuevos desarrollos y eso ralentiza muchísimo la vivienda en general y, en especial, la vivienda protegida», insiste.. De hecho, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) propone considerar urbanizable todo el suelo que no esté protegido para acelerar la construcción de viviendas y hacer frente a la falta de oferta, mediante una reforma que simplifique los trámites urbanísticos, reduzca la burocracia e impulse las declaraciones responsables para agilizar la concesión de licencias, actualmente retrasadas entre 12 y 18 meses. Asimismo, dado que el 45% del precio final de la vivienda es el suelo, la CNMC señala que su disponibilidad es crucial y que hace falta rapidez y eficiencia en su transformación, eliminar las barreras regulatorias y tratar de agilizar su regulación. Sin embargo, la puesta en marcha de estas medidas depende de una reforma de la Ley del Suelo que continúa bloqueada.. Desde el sector de la construcción explican que la propuesta del PP de construir un millón de viviendas en cuatro años (250.000 anuales) no solo es viable, si no que es la velocidad de crucero que debería tener el sector, pero actualmente las trabas son demasiado grandes.. La reforma de la Ley del Suelo buscaba precisamente evitar que un defecto formal subsanable anule en cascada planes parciales, reparcelaciones y licencias, en definitiva, desarrollos completos; reducir los plazos de tramitación urbanística; facilitar las licencias con el silencio administrativo positivo; y acelerar la transformación en suelo finalista. Actualmente en el 95,7% del suelo español no se puede construir vivienda residencial ya que no es edificable. Solo un 2,1% está construido o disponible a corto plazo, en el 1,3% se puede construir en el medio plazo y en el 0,9% se puede construir a largo plazo.. Un ejemplo de bloqueo es el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Boadilla del Monte, con importantes desarrollos urbanísticos que permanecieron bloqueados durante más de ocho años por no incluir un informe de impacto de género que luego se determinó que era innecesario. Esto mantiene a miles, incluso millones de viviendas en el limbo. A este caso se suma el desarrollo urbanístico de Montegancedo (Pozuelo de Alarcón, Madrid), con 1.000 viviendas proyectadas, incluidas 300 públicas, que permanece paralizado por procedimiento judicial relacionado con el impacto medioambiental.. El sector de la construcción explicó en el Congreso, el 15 de septiembre, que desarrollar un suelo puede llevar más de 10 años (hasta 15 y 20 años, según fuentes consultadas por LA RAZÓN), algo que la presidenta de la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI) calificó de «no es de recibo». Esa lentitud tiene una consecuencia muy dolorosa: los solares que se desbloqueasen hoy no darían viviendas hasta bien entrada la década de 2030, y las que se echan en falta ahora dependían de decisiones que debieron tomarse hace años.. La reforma de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, clave para solventar la crisis de vivienda, lleva encallada cuatro años por falta de acuerdo político. En diciembre de 2022, se aprobó un anteproyecto que decayó con el adelanto electoral de 2023; en marzo de 2024, el Consejo de Ministros volvió a aprobar la modificación, pero Sumar, Podemos, ERC, EH Bildu y Junts se opusieron al proyecto, el PP no garantizó su apoyo, y ante la perspectiva de perder la votación, el Gobierno retiró el proyecto en mayo. Casi un año después, en febrero de 2025, el PSOE y el PNV recuperaron la reforma como proposición de ley, pero fue rechazada en el Congreso por PP, Sumar, Junts, ERC, EH Bildu y Podemos, con la abstención de Vox. Finalmente, en abril de este año, el Pleno del Congreso admitió una propuesta del PP a trámite, pero la Comisión de Vivienda seguía debatiendo el texto cuando llegó la convocatoria de elecciones.. La incapacidad del Gobierno de Sánchez de articular y legislar un respuesta eficaz a la crisis de vivienda en casi ocho años ha derivado en un parque de vivienda pública famélico. Solo una de cada 65 viviendas en España es pública, lo que equivale al 1,5% del parque, y sitúa al país a la cola de las economías europeas y de la OCDE, con una tasa media del 7%. Llegar a ese 7% exigiría construir cerca de 1,4 millones de viviendas públicas adicionales. Además, España está muy lejos del peso que representan las viviendas públicas en Países Bajos (34%), Austria (23,6%), Dinamarca (21,5%), Reino Unido (16,4%) o Francia (14%), según recoge el Banco de España (BdE) en su informe anual de 2025.. La paradoja es que España sí construyó vivienda protegida a gran escala. Entre 1991 y 2015 se levantaron más de 1,3 millones de viviendas con recursos públicos, más de cuatro veces el parque público actual. Pero el modelo consistía en venderlas a los beneficiarios por debajo del precio de mercado y con protecciones temporales: el esfuerzo público se convertía en patrimonio privado y, pasado el plazo, en vivienda libre. Ese diseño, heredado de gobiernos de todos los colores, explica el punto de partida. No explica que, después de ocho años, el Ejecutivo no lo haya corregido: en 2025 el alquiler protegido solo suponía el 37,4% de las viviendas públicas, frente al 49% destinado todavía a venta a precio limitado.. La vivienda protegida terminada ha pasado de 68.587 unidades en 2008 a 11.104 en 2025 (-83,8%), y la iniciada, de 97.617 en 2006 (su máximo) a 15.503 (-84,1%). Entre 2004 y 2012 se terminaron de media 62.300 al año (VPO); entre 2018 y 2025, 9.600. Si se hubiera mantenido el ritmo anterior, el diferencial acumulado en ocho años rondaría las 420.000 viviendas, casi la mitad del déficit de un millón de viviendas que el Banco de España calcula que habrá en España en 2028. Evidentemente no todas tiene por qué ser protegidas, pero sería una de las herramientas más efectivas para ofrecer alternativas habitacionales en plena crisis.. Además, solo 4.046 de las 11.104 viviendas protegidas de 2025 (el 36,4%) fueron promovidas por entidades públicas; el 63,6% restante (7.058) lo fue por promotores privados. Y la ventaja de precio se ha estrechado: según los datos del Ministerio, el precio medio de una vivienda protegida equivalía a aproximadamente la mitad del de una libre en 2006 y ahora ronda el 54%, un descuento menor sobre un mercado que ya está en máximos. De hecho, según los últimos datos de Idealista, correspondientes al mes de noviembre, el metro cuadrado de la vivienda usada se disparó un 11,2% hasta un nuevo récord de 2.955 euros por metro cuadrado, lo que supone 265.950 euros para un piso de 90 metros.. La falta de un parque público de vivienda robusto se nota donde más duele. En un mercado con oferta escasa, el Banco de España sitúa el esfuerzo medio de los hogares en alquiler en el 26,7% de su renta neta, por encima del 30% en varias grandes ciudades, y los desahucios por impago de alquiler representan en torno a la mitad del total, según los datos del segundo trimestre del Consejo General del Poder Judicial.. La construcción de vivienda residencial incluida la libre, ha sido insuficiente para la magnitud del problema. España lleva 15 años construyendo por debajo de la demanda estimada y engordando un déficit estructural. En 2025 se visaron 139.016 viviendas nuevas, frente a una demanda demográfica estimada en 200.000 anuales. Aunque es el mejor dato de construcción de vivienda nueva desde 2008, cuando ese año se cerraron cerca de 265.000 visados, se sitúa muy lejos del máximo de 2026 (865.561 visados). Además, fuentes del sector alertan de que la cifra de los visados es tramposa, porque una vivienda puede estar visada pero no haberse empezado a ejecutar.. La respuesta del Gobierno ha sido una Ley de Vivienda que ha conseguido el efecto contrario para el que fue diseñada, menos oferta y precios más altos; dos decretos exprés tras el caso Maricarmen que cayeron en el Congreso y volvieron a ser aprobados por el Gobierno a la espera ahora de su convalidación en la Diputación Permanente; un Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 con una dotación total de 7.000 millones (1.400 millones anuales) que cubrirían como mucho el 3,5% del déficit anual de vivienda estimado por el Banco de España; y la recién estrenada Casa 47, la antigua Sepes reconvertida en entidad estatal de vivienda. Su diseño es ambicioso: 13.000 millones en una década (1.300 millones anuales), la incorporación de unas 40.000 viviendas y 2.400 suelos de la Sareb -con potencial para 55.000 más- y alquileres de hasta 75 años con renta máxima del 30% de la renta media del territorio. La ministra, Isabel Rodríguez, habla de 100.000 de alquileres públicos en diez años.. Los números de partida son otra cosa. A finales de octubre, Casa 47 anunció una nueva subvención de 200 millones para que promotores privados construyan hasta 2.500 viviendas en suelos públicos. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) insiste en que las ayudas son importantes pero «no suficientes», ya que lo urgente es atajar «la escasez de suelo finalista, la lentitud de los procedimientos administrativos, las dificultades para garantizar la viabilidad económica de determinadas promociones, la falta de mano de obra cualificada y la inseguridad jurídica». Asimismo, Casa 47 abrió su portal con tan solo 638 viviendas en alquiler, menos del 2% de las 40.000 de la Sareb. Además, casi la mitad de estas viviendas están en municipios de menos de 10.000 habitantes y no en las grandes ciudades, donde la presión en mayor.
