La conciliación de la vida familiar y laboral sigue siendo una de las dificultades a las que se enfrentan muchos empleados cuando intentan compatibilizar sus responsabilidades personales con su jornada.. Aunque la legislación reconoce el derecho a solicitar determinadas adaptaciones, conseguirlas puede convertirse en un proceso complicado cuando surgen discrepancias con la compañía.. El abogado laboralista Juanma Lorente ha denunciado esta situación y cuestiona que, en muchos casos, sea necesaria la intervención de un profesional para acercar posturas entre ambas partes.. Los empleados con hijos menores de 12 años pueden solicitar cambios para compatibilizar el trabajo y la familia. Lorente recuerda que los trabajadores con hijos menores de 12 años pueden solicitar adaptaciones de su jornada para atender sus necesidades familiares. El artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores contempla este derecho, que puede incluir cambios en la duración o distribución del horario y en la forma de prestar los servicios, incluido el trabajo a distancia cuando corresponda. No obstante, las medidas solicitadas deben ser razonables y proporcionadas, teniendo en cuenta tanto las necesidades familiares como las organizativas y productivas de la empresa.. El abogado señala que el problema aparece cuando las compañías rechazan estas peticiones alegando motivos económicos, técnicos, organizativos o de producción. «Como la ley permite que la empresa se niegue por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, las empresas casi siempre se niegan, habiendo razones o no habiendo», sostiene. Sin embargo, la normativa no permite una negativa automática: si no existe una regulación específica aplicable, debe abrirse un proceso de negociación de un máximo de 15 días y cualquier rechazo debe apoyarse en razones objetivas y motivadas.. El abogado critica que algunos empleados queden peor considerados después de solicitar la conciliación. Tras lo todo ahora concretado por parte de Lorente, también opta por concretar las consecuencias que puede tener esta petición dentro del entorno laboral. Afirma que se ha encontrado con casos en los que las personas que solicitan medidas para atender a su familia dejan de estar igual de bien consideradas en sus empresas.. El laboralista califica estas situaciones de represalias y sostiene que son ilegales. La existencia de una represalia debe valorarse atendiendo a las circunstancias de cada caso, pero la protección frente a las consecuencias desfavorables por reclamar derechos laborales cuenta también con respaldo constitucional. El Tribunal Constitucional ha reiterado que no pueden adoptarse medidas perjudiciales contra un trabajador como respuesta al ejercicio de sus derechos.. Juanma Lorente cuestiona que haga falta acudir a un abogado para alcanzar un acuerdo. El profesional también critica que la intervención de un letrado termine siendo necesaria para resolver discrepancias que deberían poder abordarse directamente entre la empresa y el empleado. «En la mayoría de ocasiones tiene que participar un abogado y, en ese momento, es cuando se llega al acuerdo», sentencia.
La conciliación de la vida familiar y laboral sigue siendo una de las dificultades a las que se enfrentan muchos empleados cuando intentan compatibilizar sus responsabilidades personales con su jornada.. Aunque la legislación reconoce el derecho a solicitar determinadas adaptaciones, conseguirlas puede convertirse en un proceso complicado cuando surgen discrepancias con la compañía.. El abogado laboralista Juanma Lorente ha denunciado esta situación y cuestiona que, en muchos casos, sea necesaria la intervención de un profesional para acercar posturas entre ambas partes.. Los empleados con hijos menores de 12 años pueden solicitar cambios para compatibilizar el trabajo y la familia. Lorente recuerda que los trabajadores con hijos menores de 12 años pueden solicitar adaptaciones de su jornada para atender sus necesidades familiares. El artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores contempla este derecho, que puede incluir cambios en la duración o distribución del horario y en la forma de prestar los servicios, incluido el trabajo a distancia cuando corresponda. No obstante, las medidas solicitadas deben ser razonables y proporcionadas, teniendo en cuenta tanto las necesidades familiares como las organizativas y productivas de la empresa.. El abogado señala que el problema aparece cuando las compañías rechazan estas peticiones alegando motivos económicos, técnicos, organizativos o de producción. «Como la ley permite que la empresa se niegue por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, las empresas casi siempre se niegan, habiendo razones o no habiendo», sostiene. Sin embargo, la normativa no permite una negativa automática: si no existe una regulación específica aplicable, debe abrirse un proceso de negociación de un máximo de 15 días y cualquier rechazo debe apoyarse en razones objetivas y motivadas.. El abogado critica que algunos empleados queden peor considerados después de solicitar la conciliación. Tras lo todo ahora concretado por parte de Lorente, también opta por concretar las consecuencias que puede tener esta petición dentro del entorno laboral. Afirma que se ha encontrado con casos en los que las personas que solicitan medidas para atender a su familia dejan de estar igual de bien consideradas en sus empresas.. El laboralista califica estas situaciones de represalias y sostiene que son ilegales. La existencia de una represalia debe valorarse atendiendo a las circunstancias de cada caso, pero la protección frente a las consecuencias desfavorables por reclamar derechos laborales cuenta también con respaldo constitucional. El Tribunal Constitucional ha reiterado que no pueden adoptarse medidas perjudiciales contra un trabajador como respuesta al ejercicio de sus derechos.. Juanma Lorente cuestiona que haga falta acudir a un abogado para alcanzar un acuerdo. El profesional también critica que la intervención de un letrado termine siendo necesaria para resolver discrepancias que deberían poder abordarse directamente entre la empresa y el empleado. «En la mayoría de ocasiones tiene que participar un abogado y, en ese momento, es cuando se llega al acuerdo», sentencia.
