Pedro Sánchez llegó a la Moncloa gracias a una moción de censura planteada desde la necesidad de «higiene democrática» por los casos de corrupción que habían salpicado al anterior Gobierno, presidido por Mariano Rajoy, y a los que describía «como un agente disolvente que socava la confianza y debilita los poderes del Estado». Ahora, se aferra al poder pese a la lista de casos que le persiguen y la idea de limpiar las instituciones de estas conductas ha quedado atrás.
Más de 20 tramas de corrupción y opacidad a nivel nacional y una factura multimillonaria. Esas son las cifras con las que el Instituto Juan de Mariana cierra los ocho años que Sánchez lleva en el poder, pese a su firme convicción de que su llegada llevaría a la «regeneración democrática» que necesitaba el país.
«Tiene que ser una persona decente, y usted no lo es», sentenció el actual presidente al candidato popular en un debate electoral en 2015, cuando los casos de corrupción ya se habían destapado. Más de diez años después, parece no recordar sus palabras y volverá a ser el candidato socialista para las elecciones convocadas el próximo 29 de noviembre.
Los escándalos alrededor del Gobierno socialista no solo han hecho mella en la reputación del Ejecutivo, como se ha podido ver en los primeros sondeos electorales, sino también en las cuentas del país.
Su informe «Blindaje Democrático» y más concretamente el anexo «El catálogo de la corrupción y la opacidad sanchista» cifra en 5.432 millones de euros la factura que estas tramas han supuesto para España. Hay que tener en cuenta que el estudio ha querido excluir las tramas directamente relacionadas con el Gobierno central de aquellas de carácter autonómico y local, evitando que la cuantía se engrosase todavía más.
El catálogo vuelve a distinguir entre las causas que han sido confirmadas y aquellas que todavía se mantienen en investigación. Así, 12 de ellas son las que llevan consigo una cifra económica directamente atribuible a la corrupción, donde se alcanzan los más de 5.400 millones mencionados.
El caso que ha ocupado más titulares y portadas en el último año ha sido el caso Koldo-Ábalos, con más de 700 millones en obra pública bajo sospecha. Este ha sido la cerilla que ha encendido la mecha de la crisis institucional que atraviesa no solo el Ejecutivo, sino toda la formación política.
Esta trama destapó también otras actuaciones socialistas que habían estado tapadas hasta entonces, fue el punto de entrada a Aldama, a Cerdán y, más tarde, a Zapatero.
Precisamente, el caso del expresidente ocupa la segunda cifra más alta de toda la trama criminal que rodea al PSOE. 750 millones según la valoración de la OCU por su papel en el rescate público de la aerolínea Plus Ultra y la primera vez en la historia de la democracia española en la que se imputa a un expresidente del Gobierno.
Además, Zapatero también tiene abiertas otras investigaciones independientes por presuntas irregularidades en la tramitación de varios procesos, como la posible ocultación de una deuda de la
aerolínea con Hacienda y los rescates de la SEPI, también vinculados a Duro Felguera por alrededor de 616 millones de euros en total.
Un exalto cargo del Ministerio de Teresa Ribera está detenido por presuntamente amañar autorizaciones ambientales en favor de Forestalia, que habría obtenido así el mayor parque eólico de España para revenderlo después con una plusvalía estimada en 500
millones de euros.
Santos Cerdán entró en la lista gracias a la publicación de unos audios de Koldo García que le vinculaban directamente con el cobro de comisiones. Con 537 millones de euros en adjudicaciones, el que fue número tres del PSOE hasta su dimisión en junio de 2025, está señalado por la UCO como beneficiario de comisiones del 10%.
En relación al mayor escándalo socialista de los últimos años, Correos acumuló pérdidas por valor de 1.250 millones de euros entre 2018 y 2023 mientras directivos allegados al presidente cobraban comisiones y la compañía adjudicaba contratos a empresas vinculadas a la trama.
Hay corrupción en el PSOE más allá del caso Koldo. Para empezar, el fraude de IVA en hidrocarburos, que costó en torno a 300 millones de euros y que fue desmantelado por la Agencia Tributaria con conexiones a la red de Víctor de Aldama y, según su testimonio, a la posible financiación irregular del PSOE.
La Fiscalía Europea investiga en España un fraude de 465 millones de euros con fondos del Plan de Recuperación.
El Gobierno de Sánchez también suma varios casos de contratos y ayudas públicas concedidas a empresas de familiares directos de
varios ministros y delegados del Gobierno, entre ellos Sara Aagesen, Pilar Alegría, José Manuel Albares y Pilar Bernabé, detectadas de forma independiente por distintos medios y con un valor cercano a los 148 millones.
Fuera de la lista no se podía quedar la mujer del presidente, Begoña Gómez, procesada por malversación y apropiación indebida en
relación con la cátedra que dirigió en la Universidad Complutense. El contrato con Carlos Barrabés, el más sonado, ascendía a 8 millones de euros.
Un alto cargo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas denunció el desvío de 25 millones de euros en contratos públicos. La justicia ha confirmado que el denunciante fue represaliado tras trasladar el aviso al gobierno de estas malas prácticas.
Diez tramas aun por cifrar
Las diez tramas restantes son casos de opacidad, es decir, episodios de captura institucional o mala praxis gestora, como, por ejemplo, el caso que resultó en la inhabilitación del Fiscal General del Estado.
Entre ellas todavía no se ha estimado una cifra económica, principalmente porque su gravedad no reside en un desvío de fondos cuantificable sino en la opacidad, la captura institucional o la gestión indebida de una crisis.
Aquí se encuentran el caso del hermano del presidente y el del fiscal general Álvaro García Ortiz. Además, destacan otros, relacionados directamente con la inmigración, como la ley de nietos y el censo electoral o la trama de visados en consulados españoles.
Algunos de los más recientes, como el accidente ferroviario en Adamuz o la entrada de inmigrantes en Ceuta este verano, entre algunas otras que han llenado titulares en estos últimos ocho años.
España, entre las peor valoradas en términos de transparencia
Los escándalos asociados a los mandatos de Sánchez han llevado a que España se sitúe en el puesto 30 entre los 37 países de la OCDE en el World Governance Indicators recogido por el Banco Mundial. Este ranking cataloga a los estados en función de su estabilidad legal y política.
Así, España solo supera a Polonia, Grecia, Israel, Hungría, Colombia, México y Turquía en esta materia, con una puntuación que no supera los 6,5 puntos en ninguno de los aspectos estudiados: entorno legal y político, independencia jurídica, imperio de la ley, estabilidad política y control de la corrupción.
Además, en el año 2025, el país gobernado por Sánchez obtuvo un aprobado muy justo (55 puntos sobre 100) en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, ocupando el puesto 49 de un total 182 países, muy lejos de las democracias más avanzadas.
Para poder medir el impacto real de estas causas sobre el crecimiento económico del país, el IJM ha tomado como referencia la investigación realizada en 2018 por Francisco Alcalá y Fernando Jiménez para la Fundación BBVA y el IVIE titulada «Los costes
económicos del déficit de calidad institucional y la corrupción en España».
En ella se describe cuánto aumentaría nuestra renta per cápita a largo plazo si la calidad institucional española se elevara al nivel que corresponde al grado de desarrollo de la economía de nuestro país.
El escenario más conservador apuntaba a un incremento de renta del 10,7 por ciento. Aplicado al PIB de 2025, ese 10,7 por ciento equivaldría a unos 181.000 millones de euros adicionales de ingresos cada año, a razón de 3.660 euros por habitante.
Pedro Sánchez llegó a la Moncloa gracias a una moción de censura planteada desde la necesidad de «higiene democrática» por los casos de corrupción que habían salpicado al anterior Gobierno, presidido por Mariano Rajoy, y a los que describía «como un agente disolvente que socava la confianza y debilita los poderes del Estado». Ahora, se aferra al poder pese a la lista de casos que le persiguen y la idea de limpiar las instituciones de estas conductas ha quedado atrás.
Más de 20 tramas de corrupción y opacidad a nivel nacional y una factura multimillonaria. Esas son las cifras con las que el Instituto Juan de Mariana cierra los ocho años que Sánchez lleva en el poder, pese a su firme convicción de que su llegada llevaría a la «regeneración democrática» que necesitaba el país.
«Tiene que ser una persona decente, y usted no lo es», sentenció el actual presidente al candidato popular en un debate electoral en 2015, cuando los casos de corrupción ya se habían destapado. Más de diez años después, parece no recordar sus palabras y volverá a ser el candidato socialista para las elecciones convocadas el próximo 29 de noviembre.
Los escándalos alrededor del Gobierno socialista no solo han hecho mella en la reputación del Ejecutivo, como se ha podido ver en los primeros sondeos electorales, sino también en las cuentas del país.
Su informe «Blindaje Democrático» y más concretamente el anexo «El catálogo de la corrupción y la opacidad sanchista» cifra en 5.432 millones de euros la factura que estas tramas han supuesto para España. Hay que tener en cuenta que el estudio ha querido excluir las tramas directamente relacionadas con el Gobierno central de aquellas de carácter autonómico y local, evitando que la cuantía se engrosase todavía más.
El catálogo vuelve a distinguir entre las causas que han sido confirmadas y aquellas que todavía se mantienen en investigación. Así, 12 de ellas son las que llevan consigo una cifra económica directamente atribuible a la corrupción, donde se alcanzan los más de 5.400 millones mencionados.
El caso que ha ocupado más titulares y portadas en el último año ha sido el caso Koldo-Ábalos, con más de 700 millones en obra pública bajo sospecha. Este ha sido la cerilla que ha encendido la mecha de la crisis institucional que atraviesa no solo el Ejecutivo, sino toda la formación política.
Esta trama destapó también otras actuaciones socialistas que habían estado tapadas hasta entonces, fue el punto de entrada a Aldama, a Cerdán y, más tarde, a Zapatero.
Precisamente, el caso del expresidente ocupa la segunda cifra más alta de toda la trama criminal que rodea al PSOE. 750 millones según la valoración de la OCU por su papel en el rescate público de la aerolínea Plus Ultra y la primera vez en la historia de la democracia española en la que se imputa a un expresidente del Gobierno.
Además, Zapatero también tiene abiertas otras investigaciones independientes por presuntas irregularidades en la tramitación de varios procesos, como la posible ocultación de una deuda de la
aerolínea con Hacienda y los rescates de la SEPI, también vinculados a Duro Felguera por alrededor de 616 millones de euros en total.
Un exalto cargo del Ministerio de Teresa Ribera está detenido por presuntamente amañar autorizaciones ambientales en favor de Forestalia, que habría obtenido así el mayor parque eólico de España para revenderlo después con una plusvalía estimada en 500
millones de euros.
Santos Cerdán entró en la lista gracias a la publicación de unos audios de Koldo García que le vinculaban directamente con el cobro de comisiones. Con 537 millones de euros en adjudicaciones, el que fue número tres del PSOE hasta su dimisión en junio de 2025, está señalado por la UCO como beneficiario de comisiones del 10%.
En relación al mayor escándalo socialista de los últimos años, Correos acumuló pérdidas por valor de 1.250 millones de euros entre 2018 y 2023 mientras directivos allegados al presidente cobraban comisiones y la compañía adjudicaba contratos a empresas vinculadas a la trama.
Hay corrupción en el PSOE más allá del caso Koldo. Para empezar, el fraude de IVA en hidrocarburos, que costó en torno a 300 millones de euros y que fue desmantelado por la Agencia Tributaria con conexiones a la red de Víctor de Aldama y, según su testimonio, a la posible financiación irregular del PSOE.
La Fiscalía Europea investiga en España un fraude de 465 millones de euros con fondos del Plan de Recuperación.
El Gobierno de Sánchez también suma varios casos de contratos y ayudas públicas concedidas a empresas de familiares directos de
varios ministros y delegados del Gobierno, entre ellos Sara Aagesen, Pilar Alegría, José Manuel Albares y Pilar Bernabé, detectadas de forma independiente por distintos medios y con un valor cercano a los 148 millones.
Fuera de la lista no se podía quedar la mujer del presidente, Begoña Gómez, procesada por malversación y apropiación indebida en
relación con la cátedra que dirigió en la Universidad Complutense. El contrato con Carlos Barrabés, el más sonado, ascendía a 8 millones de euros.
Un alto cargo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas denunció el desvío de 25 millones de euros en contratos públicos. La justicia ha confirmado que el denunciante fue represaliado tras trasladar el aviso al gobierno de estas malas prácticas.
Diez tramas aun por cifrar
Las diez tramas restantes son casos de opacidad, es decir, episodios de captura institucional o mala praxis gestora, como, por ejemplo, el caso que resultó en la inhabilitación del Fiscal General del Estado.
Entre ellas todavía no se ha estimado una cifra económica, principalmente porque su gravedad no reside en un desvío de fondos cuantificable sino en la opacidad, la captura institucional o la gestión indebida de una crisis.
Aquí se encuentran el caso del hermano del presidente y el del fiscal general Álvaro García Ortiz. Además, destacan otros, relacionados directamente con la inmigración, como la ley de nietos y el censo electoral o la trama de visados en consulados españoles.
Algunos de los más recientes, como el accidente ferroviario en Adamuz o la entrada de inmigrantes en Ceuta este verano, entre algunas otras que han llenado titulares en estos últimos ocho años.
España, entre las peor valoradas en términos de transparencia
Los escándalos asociados a los mandatos de Sánchez han llevado a que España se sitúe en el puesto 30 entre los 37 países de la OCDE en el World Governance Indicators recogido por el Banco Mundial. Este ranking cataloga a los estados en función de su estabilidad legal y política.
Así, España solo supera a Polonia, Grecia, Israel, Hungría, Colombia, México y Turquía en esta materia, con una puntuación que no supera los 6,5 puntos en ninguno de los aspectos estudiados: entorno legal y político, independencia jurídica, imperio de la ley, estabilidad política y control de la corrupción.
Además, en el año 2025, el país gobernado por Sánchez obtuvo un aprobado muy justo (55 puntos sobre 100) en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, ocupando el puesto 49 de un total 182 países, muy lejos de las democracias más avanzadas.
Para poder medir el impacto real de estas causas sobre el crecimiento económico del país, el IJM ha tomado como referencia la investigación realizada en 2018 por Francisco Alcalá y Fernando Jiménez para la Fundación BBVA y el IVIE titulada «Los costes
económicos del déficit de calidad institucional y la corrupción en España».
En ella se describe cuánto aumentaría nuestra renta per cápita a largo plazo si la calidad institucional española se elevara al nivel que corresponde al grado de desarrollo de la economía de nuestro país.
El escenario más conservador apuntaba a un incremento de renta del 10,7 por ciento. Aplicado al PIB de 2025, ese 10,7 por ciento equivaldría a unos 181.000 millones de euros adicionales de ingresos cada año, a razón de 3.660 euros por habitante.
