La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dicho que nos tienen que explicar bien qué es absentismo, porque no le gusta que se hable del mismo. Sin embargo, aunque no le guste, es un verdadero problema para la economía, porque cada lunes, más de un millón y medio de personas estarán faltando a su puesto de trabajo, una gran mayoría sin causas justificadas. Como ya he escrito en estas páginas, según los últimos datos de asociaciones empresariales y mutuas laborales, el absentismo en España se sitúa en niveles récord: más del 7 % de los trabajadores falta cada día, lo que equivale a más de un millón y medio de personas ausentes de forma simultánea, según Randstad. Si nos vamos a las grandes cadenas de distribución, el absentismo general del 7% se eleva hasta el 11% según Aecoc, que hace insostenible la situación.. El coste directo se encuentra en casi 30.000 millones para 2024 y una estimación de 33.000 millones de euros para 2025, según AMAT. Es decir, se está produciendo un incremento del coste de más del 10%. Dicho coste es de 14.100 millones anuales para las empresas en 2024 –que en 2025 se estima en 16.115 millones– y para la Seguridad Social es de 15.015 millones en 2024 y 17.164 millones estimados por AMAT para 2025, sin contar el daño colateral sobre la productividad, los retrasos, las horas extras o las sustituciones.. En un país donde la competitividad ya sufre por rigideces laborales, inflación persistente y carga fiscal creciente, esta sangría se convierte en un factor de empobrecimiento nacional. Es decir, es un coste insoportable para las empresas e insoportable para la Seguridad Social y sus cotizantes, es decir, los trabajadores.. El propio Banco de España lo considera un problema económico, que realmente lo es y de dimensiones muy preocupantes. Nada tiene que ver esto con un derecho de recortes, como dicen Sánchez y Díaz, sino con incentivar el trabajo, reforzar los derechos de los trabajadores evitando la picaresca de algunos y acabar con la lacra que supone un absentismo laboral de esa magnitud. Se trata de hacer productiva la economía, no de condenarla al subsidio empobrecedor que Sánchez quiere imponer para comprar voluntades con subvenciones.. Nadie niega que un trabajador enfermo o con una situación familiar grave deba poder ausentarse y tener su retribución cubierta. Pero una cosa es el derecho legítimo y otra, muy distinta, la cultura del escaqueo institucionalizado. No es normal que, según los últimos datos, las bajas médicas se incrementasen un 60% en las pasadas Navidades.. Hay quien convierte una leve molestia en una baja de dos semanas, quien aprovecha un puente o un partido de fútbol para alargar «casualmente» su convalecencia, quien logra que le den la baja por algún motivo por no querer cumplir con las obligaciones laborales de su puesto de trabajo, y quien considera el trabajo como una carga que debe esquivar en cuanto la ley lo permita. Esa picaresca –disfrazada de derecho social– acaba minando la confianza entre empresa y empleado, y genera un entorno de sospecha que perjudica a todos. El trabajador honesto se siente agraviado; el empresario, impotente; y el sistema, inviable.. Cada día de ausencia injustificada es una fractura en la cadena productiva. Las pymes, que son el 99% del tejido empresarial, no pueden simplemente «sustituir» a quien falta: deben redistribuir tareas, pagar horas extras, reducir servicio o perder clientes. El resultado no es solo económico, sino moral: se desincentiva el esfuerzo, se premia la desidia y se degrada el valor social del trabajo.. En España, desgraciadamente, los poderes públicos no lo combaten adecuadamente, sino que incluso lo incentivan con algunas medidas, en las que se echa de menos un control médico férreo. Cuando un empleado encadena bajas médicas dudosas, el empresario no puede sustituirlo sin riesgo de sanción, ni despedirlo sin un laberinto judicial. Resultado: pagar dos sueldos –al sustituido y al sustituto–, asumir la carga fiscal completa y soportar la pérdida de productividad. Es un modelo que castiga al que crea empleo y al trabajador cumplidor y protege al que lo desprecia.. España necesita una nueva pedagogía del trabajo, donde el compromiso y la responsabilidad vuelvan a ser virtudes cívicas. Las leyes deben proteger al trabajador, sí, pero al trabajador responsable, no al que usa la picaresca, y también al empleador. Combatir el absentismo no es «ir contra los derechos», sino defender el derecho de todos a trabajar y cumplir con sus responsabilidades, que garantice la perfecta cobertura de quien realmente necesita una baja médica, no del que se aprovecha de la empresa, de sus compañeros y de los contribuyentes. Eso es el absentismo, por mucho que le moleste a la vicepresidenta del Gobierno.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dicho que nos tienen que explicar bien qué es absentismo, porque no le gusta que se hable del mismo. Sin embargo, aunque no le guste, es un verdadero problema para la economía, porque cada lunes, más de un millón y medio de personas estarán faltando a su puesto de trabajo, una gran mayoría sin causas justificadas. Como ya he escrito en estas páginas, según los últimos datos de asociaciones empresariales y mutuas laborales, el absentismo en España se sitúa en niveles récord: más del 7 % de los trabajadores falta cada día, lo que equivale a más de un millón y medio de personas ausentes de forma simultánea, según Randstad. Si nos vamos a las grandes cadenas de distribución, el absentismo general del 7% se eleva hasta el 11% según Aecoc, que hace insostenible la situación.. El coste directo se encuentra en casi 30.000 millones para 2024 y una estimación de 33.000 millones de euros para 2025, según AMAT. Es decir, se está produciendo un incremento del coste de más del 10%. Dicho coste es de 14.100 millones anuales para las empresas en 2024 –que en 2025 se estima en 16.115 millones– y para la Seguridad Social es de 15.015 millones en 2024 y 17.164 millones estimados por AMAT para 2025, sin contar el daño colateral sobre la productividad, los retrasos, las horas extras o las sustituciones.. En un país donde la competitividad ya sufre por rigideces laborales, inflación persistente y carga fiscal creciente, esta sangría se convierte en un factor de empobrecimiento nacional. Es decir, es un coste insoportable para las empresas e insoportable para la Seguridad Social y sus cotizantes, es decir, los trabajadores.. El propio Banco de España lo considera un problema económico, que realmente lo es y de dimensiones muy preocupantes. Nada tiene que ver esto con un derecho de recortes, como dicen Sánchez y Díaz, sino con incentivar el trabajo, reforzar los derechos de los trabajadores evitando la picaresca de algunos y acabar con la lacra que supone un absentismo laboral de esa magnitud. Se trata de hacer productiva la economía, no de condenarla al subsidio empobrecedor que Sánchez quiere imponer para comprar voluntades con subvenciones.. Nadie niega que un trabajador enfermo o con una situación familiar grave deba poder ausentarse y tener su retribución cubierta. Pero una cosa es el derecho legítimo y otra, muy distinta, la cultura del escaqueo institucionalizado. No es normal que, según los últimos datos, las bajas médicas se incrementasen un 60% en las pasadas Navidades.. Hay quien convierte una leve molestia en una baja de dos semanas, quien aprovecha un puente o un partido de fútbol para alargar «casualmente» su convalecencia, quien logra que le den la baja por algún motivo por no querer cumplir con las obligaciones laborales de su puesto de trabajo, y quien considera el trabajo como una carga que debe esquivar en cuanto la ley lo permita. Esa picaresca –disfrazada de derecho social– acaba minando la confianza entre empresa y empleado, y genera un entorno de sospecha que perjudica a todos. El trabajador honesto se siente agraviado; el empresario, impotente; y el sistema, inviable.. Cada día de ausencia injustificada es una fractura en la cadena productiva. Las pymes, que son el 99% del tejido empresarial, no pueden simplemente «sustituir» a quien falta: deben redistribuir tareas, pagar horas extras, reducir servicio o perder clientes. El resultado no es solo económico, sino moral: se desincentiva el esfuerzo, se premia la desidia y se degrada el valor social del trabajo.. En España, desgraciadamente, los poderes públicos no lo combaten adecuadamente, sino que incluso lo incentivan con algunas medidas, en las que se echa de menos un control médico férreo. Cuando un empleado encadena bajas médicas dudosas, el empresario no puede sustituirlo sin riesgo de sanción, ni despedirlo sin un laberinto judicial. Resultado: pagar dos sueldos –al sustituido y al sustituto–, asumir la carga fiscal completa y soportar la pérdida de productividad. Es un modelo que castiga al que crea empleo y al trabajador cumplidor y protege al que lo desprecia.. España necesita una nueva pedagogía del trabajo, donde el compromiso y la responsabilidad vuelvan a ser virtudes cívicas. Las leyes deben proteger al trabajador, sí, pero al trabajador responsable, no al que usa la picaresca, y también al empleador. Combatir el absentismo no es «ir contra los derechos», sino defender el derecho de todos a trabajar y cumplir con sus responsabilidades, que garantice la perfecta cobertura de quien realmente necesita una baja médica, no del que se aprovecha de la empresa, de sus compañeros y de los contribuyentes. Eso es el absentismo, por mucho que le moleste a la vicepresidenta del Gobierno.
