La plaza número 5 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Estepona (Málaga) ha abierto juicio oral este miércoles contra el alcalde de la localidad malagueña de Estepona, José María García Urbano (PP) por un presunto delito de prevaricación en concurso con otro de malversación por la contratación de una mujer en el Ayuntamiento durante 46 días, un tiempo durante el que supuestamente no realizó trabajo alguno. La Fiscalía solicita una condena para el regidor de un año y 11 meses de prisión, además de 5 años y 11 meses de inhabilitación para empleo o cargo público. Para la contratada, reclama una condena de 4 años y medio de prisión.. Seguir leyendo
El fiscal pide un año y 11 meses de prisión para el regidor del PP y casi seis años de inhabilitación
Málaga –
La plaza número 5 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Estepona (Málaga) ha abierto juicio oral contra el alcalde de la localidad malagueña de Estepona, José María García Urbano (PP) por un presunto delito de prevaricación en concurso con otro de malversación por la contratación de una mujer en el Ayuntamiento durante 46 días, un tiempo durante el que supuestamente no realizó trabajo alguno. La Fiscalía solicita una condena para el regidor de un año y 11 meses de prisión, más 5 años y 11 meses de inhabilitación para empleo o cargo público. Para la contratada, reclama una condena de 4 años y medio de prisión.
El alcalde de Estepona ha reiterado su “plena confianza” en la justicia y ha mostrado su deseo de que el procedimiento judicial se inicie “lo antes posible” para demostrar que no se ha cometido ningún delito ni irregularidad en relación con esta contratación.
En esta causa se juzgará la contratación de una mujer con la que el alcalde tenía una “relación sentimental”, según recoge el relato fiscal. La contratación se hizo mediante un decreto de Alcaldía de 13 de febrero de 2023, “en connivencia” con la acusada, que pasó a ser funcionaria eventual, y cesó el 31 de marzo del mismo año. Según el ministerio público, se tramitó “a sabiendas de que nunca iba a desempeñar actividad laboral alguna”.
En ese tiempo, la acusada supuestamente percibió 5.276 euros (1.634 euros de febrero y 3.642 euros de marzo), de forma que presuntamente se “apropió” “de tales cantidades sin contraprestación alguna, con el consiguiente perjuicio para el patrimonio municipal”, según recoge el ministerio público en sus conclusiones.
Este mismo noviembre, cuando comenzó el procedimiento, García Urbano ingresó en la Tesorería Municipal del Ayuntamiento 5.276 euros, la misma cantidad que recibió la procesada; y en junio de este año, entregó otros 2.589 euros correspondientes a los gastos de cotización a la Seguridad Social, “salvándose así todos los gastos generados”.
La acusación en la causa, ejercida por el PSOE, solicita una pena de cinco años y medio de cárcel y diez años de inhabilitación para el alcalde, al que acusa de los delitos de prevaricación administrativa y otro de malversación de caudales públicos, y dos años de prisión para la mujer contratada. Hay otra acusación que solo ha presentado cargos contra el regidor. idor.
La defensa del alcalde ha recordado que han aportado informes del departamento municipal de Recursos Humanos “que acreditan las funciones propias de este puesto y los servicios efectivamente prestados por la persona contratada”. Asimismo, han precisado que se han incorporado testimonios “que corroboran su asistencia al Ayuntamiento y el trabajo que desarrollaba”.
La defensa señala que el origen de este procedimiento “se encuentra en las manifestaciones realizadas por esta persona, en calidad de testigo, en otra causa judicial contra el alcalde, que fue archivada de forma firme por la Audiencia Provincial de Málaga”.
La defensa considera que este procedimiento “forma parte de una estrategia de desgaste político y personal dirigida a perjudicar la imagen pública del alcalde y cuestionar su trayectoria y gestión al frente del Ayuntamiento de Estepona”.
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