El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (TACP) ha anulado un contrato del Ayuntamiento de la capital valorado en 50,7 millones de euros para gestionar 18 centros de atención a mujeres víctimas de violencia de género, después de que los trabajadores de los centros, a través de los sindicatos, presentaran un recurso contra los pliegos de la licitación, publicados por el consistorio madrileño en agosto. Los denunciantes consideraban que el nuevo modelo del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida (PP) supone una merma y desmantelamiento del servicio. La resolución, con fecha del 8 de octubre, no entra a valorar esta cuestión, pero sí tumba la licitación al estimar parcialmente los recursos interpuestos por las organizaciones. El motivo: considera ilegales varias cláusulas relacionadas con el derecho a huelga y prohibiciones que se le aplican a la plantilla. Ahora, el Ayuntamiento tendrá que empezar de nuevo y sacar una segunda licitación. Para esta ya habían presentado ofertas 14 empresas y la promesa fue que los centros estarían en marcha el próximo enero.. Seguir leyendo
El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (TACP) ha anulado un contrato del Ayuntamiento de la capital valorado en 50,7 millones de euros para gestionar 18 centros de atención a mujeres víctimas de violencia de género, después de que los trabajadores de los centros, a través de los sindicatos, presentaran un recurso contra los pliegos de la licitación, publicados por el consistorio madrileño en agosto. Los denunciantes consideraban que el nuevo modelo del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida (PP) supone una merma y desmantelamiento del servicio. La resolución, con fecha del 8 de octubre, no entra a valorar esta cuestión, pero sí tumba la licitación al estimar parcialmente los recursos interpuestos por las organizaciones. El motivo: considera ilegales varias cláusulas relacionadas con el derecho a huelga y prohibiciones que se le aplican a la plantilla. Ahora, el Ayuntamiento tendrá que empezar de nuevo y sacar una segunda licitación. Para esta ya habían presentado ofertas 14 empresas y la promesa fue que los centros estarían en marcha el próximo enero.
La primavera pasada, el Ayuntamiento de Madrid anunció la que será su estrategia de igualdad para los próximos años, desde la lucha contra la violencia machista hasta el fomento del deporte femenino. Entre la batería de intenciones, una medida estrella: unificar los hasta entonces conocidos como Espacios de Igualdad y los centros de atención directa a mujeres víctimas de violencia de género. Ambos servicios se convertirán en los nuevos Centros Integrales de Atención a la Mujer (CIAM). Se pondrán en marcha en 18 ubicaciones de la capital que ya cuentan con un espacio, y se habilitarían nuevos en las zonas en las que no hubiera, como Puente de Vallecas. Esto llevó aparejada la licitación del contrato de gestión que ahora ha tumbado el tribunal administrativo, un órgano independiente que resuelve recursos contra licitaciones y contratos públicos. La resolución es definitiva en la vía administrativa, pero cabe recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El nuevo modelo anunciado por el Ayuntamiento no gustó a la oposición, de izquierdas, y tampoco a los sindicatos Comisiones Obreras (CC OO) y Comisiones de Base (Co.bas), escisión del primero. Ambas organizaciones denunciaron los pliegos porque consideraban que ofrecían información incompleta sobre la plantilla que debía ser subrogada, que el presupuesto resultaba insuficiente para mantener las actuales condiciones laborales o que la reorganización de los recursos en los nuevos centros podría perjudicar a los casos que se están atendiendo y la seguridad de las usuarias, muchas con menores a su cargo.
El tribunal, en cambio, no ha estimado ninguno de estos motivos para tumbar la licitación y se centra en dos puntos concretos. Primero, los pliegos permitían al Ayuntamiento intervenir a la hora de fijar los servicios mínimos durante jornadas de paro. La resolución recoge que “no se puede atribuir a la Dirección General una potestad autónoma para establecer los servicios mínimos”. Segundo, se exigía una autorización municipal para que los trabajadores se comunicaran con los medios, publicaran información o participaran en cursos y conferencias, por ejemplo. El tribunal indica que ese control previo puede darse cuando un empleado habla en nombre del Ayuntamiento o del centro, pero que no puede convertirse en una “autorización general previa sobre cualquier actividad pública o profesional de las personas trabajadoras”.
Por esto, el tribunal concluye: “Dado que las modificaciones inciden en las condiciones que rigieron la preparación de las ofertas, no resulta jurídicamente procedente continuar la actual licitación sobre la base de unos pliegos que deben ser modificados”. Esto es, el Gobierno de Almeida tendrá que sacar una nueva licitación para la gestión de los 18 centros. Una portavoz del área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad indica que “el tribunal da la razón al Ayuntamiento”, porque desestima las principales alegaciones de los sindicatos. Corregirán las cláusulas afectadas y “lanzarán nuevos pliegos y, mientras dure el procedimiento administrativo, prorrogaremos los contratos actuales”, explica. Por el momento, no pueden dar fechas de cuánto se retrasará el proceso.
Meritxell Tizón, concejala del PSOE, opina que esta resolución es “un varapalo más”. En los últimos años, la justicia ha tumbado, total o parcialmente, proyectos y cambios normativos de calado en la capital. Entre ellos, la tasa de basuras, los aparcamientos del Real Madrid, las zonas de bajas emisiones, la ordenanza de terrazas, las cocheras de Cuatro Caminos, la Ciudad del Deporte en los alrededores del Estadio Wanda Metropolitano o el cantón de Montecarmelo. A esto se suma el reciente error millonario en los documentos de la recalificación de la ciudad deportiva del Real Madrid.
El Ayuntamiento prometió que la red de centros que aúna en un mismo sitio atención a víctimas de violencia machista y servicios de promoción de la igualdad ―como talleres, charlas o asesoramiento legal― estaría en marcha en enero de 2027 y contaría con 273 profesionales (entre los que ya están en la red y los nuevos). El contrato ahora anulado se dividía en cinco lotes y se extendería hasta diciembre de 2028, con opción a prorrogarse dos años más. El precio para el periodo inicial era de 24 millones con IVA y, si se ampliaba, ascendía a 50,7 millones.
Las trabajadoras llevan años protestando contra el “colapso” y la falta de presupuesto del servicio, y los últimos meses contra esta unificación.
“En estos nuevos recursos nos mezclan a todas. ¿Qué pasa con las compañeras que llevan violencia de género? Van a deshacer sus equipos para mandarlas por todo Madrid. Todas las víctimas ahora atendidas en los cinco recursos de la ciudad van a perder el vínculo que llevan años haciendo”, se queja una trabajadora que lleva seis años en la red y prefiere mantener el anonimato, por miedo a posibles represalias. La profesional opina que la mezcla de ambos servicios lleva, inevitablemente, a que uno de los dos quede desdibujado. “Nos pueden distribuir como quieran. Habrá gente haciendo talleres de sensibilización en un espacio común con algo tan delicado como las mujeres que viven violencia de género en fases activas. No hay espacio físico para acoger todo lo que quieren hacer. Violencia de género está ya sobresaturada y son equipos que ahora se separan. Eso es gravísimo, son procesos muy complejos y, si rompes el vínculo, es un desastre”, añade por teléfono.
El grupo socialista también es crítico con el nuevo modelo de gestión de los centros, porque “supone el desmantelamiento de la red”, denuncian. “Es un 2×1 presupuestario. La inversión nos parece mínima y se cargan los dos tipos de espacios. Un modelo que, además, administrativamente ya les está generando problemas. El ayuntamiento une las dos redes y donde antes se daban servicios en espacios diferentes, se unifica, y eso nos genera dudas que tienen que ver con el anonimato de las víctimas y la seguridad. ¿Una mujer víctima se puede encontrar al lado de una persona que va a hacer un curso? El batiburrillo que están haciendo nos genera muchas dudas», concluye Tizón.
