El coportavoz estatal de Podemos, Pablo Fernández, ha pedido este miércoles que se expulse a Marruecos de la coorganización de la Copa Mundial de la FIFA 2030, definiendo a dicho país como una «dictadura» que «atenta contra la soberanía de España» a raíz de la reciente crisis migratoria en Ceuta.
En este sentido, Fernández ha expresado en las redes sociales y en declaraciones a la cadena Cuatro que España debe organizar el torneo solamente con Portugal y que, en su opinión, Marruecos no debería ni siquiera jugar la competición al igual que «todas las dictaduras».
El dirigente ‘morado’ ha tildado a Marruecos como una «dictadura que no respeta los derechos humanos» y la ha responsabilizado de los muertos durante en una «operación política orquestada contra España», en alusión a la crisis migratoria del pasado jueves.
Esta petición es similar a la de Nahuel González, dirigente de IU y diputado de Sumar en el Congreso, quien ha considerado que España no debería acoger el torneo con un país que utiliza a «gente desesperada para sus intereses geoestratégicos», en referencia a Marruecos.
De hecho, Sumar quiere que el Congreso se pronuncie sobre si conviene que España se replantee acoger parte del Mundial con Marruecos y que inste al Gobierno español a estudiar esa posibilidad junto con la FIFA, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el Gobierno de Portugal.
Así consta en la proposición no de ley que el grupo minoritario del Gobierno ha registrado en el Congreso de los Diputados. Esa iniciativa lleva la firma del propio Nahuel González, quien el pasado lunes lanzó en X la idea de romper la alianza con Marruecos de cara a este evento.
«El fútbol no puede servir para blanquearlo todo», asevera Sumar en el texto, Así, la proposición avanza que, si la FIFA rechazase esa revisión, el Gobierno debería exponer alternativas y «actuar de manera coherente con los principios democráticos y de derechos humanos» que sustentan la acción exterior de España.
En la misma iniciativa, Sumar defiende la necesidad de «realizar una revisión y evaluación específica del actual modelo de organización conjunta» del torneo «a la luz de los graves acontecimientos ocurridos en la frontera de Ceuta», pero también de los «antecedentes señalados por el Parlamento Europeo y de los compromisos de derechos humanos asumidos por los países anfitriones».
En este punto recuerda que en su Resolución de 10 de junio de 202l sobre la crisis migratoria que se registró entonces también en Ceuta, el Parlamento Europeo rechazó expresamente «el uso por parte de Marruecos del control fronterizo y de la migración, en particular de menores no acompañados, como mecanismo de presión política contra España.
Sumar, que quiere que el Gobierno informe al Congreso de las conclusiones de esa revisión, también busca que, «con pleno derecho su autonomía» se pida a la RFEF que active los mecanismos institucionales previstos por la FIFA para revisar el cumplimiento del artículo 3 de sus Estatutos, que «compromete expresamente a la organización con el respeto de los derechos humanos internacionalmente reconocidos».
Hacer partícipe al congreso
El grupo plurinacional solicita, asimismo, que la RFEF reclame una «evaluación independiente, pública y actualizada de riesgos para los derechos humanos» en países anfitriones, «promoviendo a su vez mecanismos permanentes de seguimiento de dichos compromisos durante todo el ciclo de preparación del torneo».
Sumar quiere hacer partícipe al Congreso de todo este proceso de revisión y emplaza al Gobierno a enviar a la Cámara en un plazo máximo de seis meses «un informe sobre las garantías asumidas, los fondos públicos comprometidos, los instrumentos contractuales existentes, las alternativas al actual modelo de coorganización y las consecuencias de cada escenario».
También exige que el Gobierno comparezca en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes para dar cuenta de todas sus gestiones en esta materia, que deberían incluir la evaluación del «impacto de los acontecimientos ocurridos en la frontera de Ceuta sobre los compromisos de derechos humanos vinculados al torneo» y el planteamiento de actuaciones adicionales «si se acreditaran incumplimientos graves de los compromisos internacionales y de derechos humanos asumidos por cualquiera de los países anfitriones».
Cláusulas permanentes sobre derechos humanos
Otra de las peticiones de Sumar es que el Ejecutivo impulse ante la FIFA una reforma de los procedimientos de adjudicación y seguimiento de grandes competiciones para incorporar cláusulas «permanentes, independientes y exigibles de derechos humanos», incluida la posibilidad de retirar la condición de anfitrión cuando se produzcan «incumplimientos graves».
Por último, el socio minoritario del Gobierno, que ya ha pedido a la ONU que investigue la actuación de Marruecos en la crisis migratoria ceutí, aprovecha para solicitar también que se promueva «en los ámbitos bilateral, europeo e internacional», el «esclarecimiento independiente» de los hechos, la identificación de las personas fallecidas y desaparecidas, la depuración de las responsabilidades que correspondan y la adopción de mecanismos eficaces de alerta temprana, protección de menores y salvamento de vidas.
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