Cuando los Mossos dibujan el origen de la expansión del cultivo y consumo de marihuana en Cataluña, convertida en un hub europeo, suelen apuntar a los clubes cannábicos en Barcelona. La proliferación de asociaciones que luchaban por el derecho de los consumidores de marihuana fue parasitada por el crimen organizado, que vio una oportunidad de oro para enmascarar el tráfico de drogas, a pequeña, pero también a gran escala. Ocurrió en 2012. Los clubes se multiplicaron, hasta alcanzar los 200, una cifra que se mantiene estable en los últimos años. En 2023, con la llegada de Collboni al Ayuntamiento, los socialistas se fijaron un objetivo: cerrarlos. Tres años después, la situación se mantiene prácticamente igual. “Seguiremos presionando una actividad que no debería tener cabida en nuestra ciudad”, ha asegurado este martes en rueda de prensa el responsable de Seguridad de Barcelona, Albert Batlle, en la presentación de un nuevo plan en la lucha antidroga.. Seguir leyendo
Cuando los Mossos dibujan el origen de la expansión del cultivo y consumo de marihuana en Cataluña, convertida en un hub europeo, suelen apuntar a los clubes cannábicos en Barcelona. La proliferación de asociaciones que luchaban por el derecho de los consumidores de marihuana fue parasitada por el crimen organizado, que vio una oportunidad de oro para enmascarar el tráfico de drogas, a pequeña, pero también a gran escala. Ocurrió en 2012. Los clubes se multiplicaron, hasta alcanzar los 200, una cifra que se mantiene estable en los últimos años. En 2023, con la llegada de Collboni al Ayuntamiento, los socialistas se fijaron un objetivo: cerrarlos. Tres años después, la situación se mantiene prácticamente igual. “Seguiremos presionando una actividad que no debería tener cabida en nuestra ciudad”, ha asegurado este martes en rueda de prensa el responsable de Seguridad de Barcelona, Albert Batlle, en la presentación de un nuevo plan en la lucha antidroga.
Acompañado del máximo mando de la Guardia Urbana, el intendente mayor Pedro Velázquez, el tercer teniente de alcalde ha desgranado la nueva estrategia municipal para atajar el tráfico de drogas en la ciudad, y todos los problemas de convivencia, seguridad, sociales y de salud que lleva aparejado. Bautizado como plan Druida, se basa en incluir en su manera de trabajar cinco ejes, de forma transversal: los puntos de venta, la actuación administrativa, la viaria, la asistencia sanitaria y la sensibilización sobre el consumo de drogas. Uno de esos puntos incluye la presión a los clubes cannábicos, que hasta el momento no ha surtido efecto en la ciudad. Con pequeñas fluctuaciones, siguen existiendo unas 200 asociaciones activas.
“Hay un exceso de garantismo normativo”, se ha quejado Batlle, que mantiene firme su intención de borrar del mapa de la ciudad los clubes cannábicos. “La inmensa mayoría tienen expedientes abiertos”, ha asegurado el tercer teniente de alcalde, que ha admitido “dificultades para cerrarlos” porque “las resoluciones judiciales los amparan”. “Es una batalla que será dura, necesitamos una legislación que impidiese dar licencias así”, ha reclamado Batlle. El intendente mayor de la Guardia Urbana ha detallado la doble estrategia que utilizan contra los clubes: la administrativa, “más lenta”, que ha permitido “algún cierre”, y la penal. “Esta segunda, la intensificaremos, iremos a todas”, ha advertido Velázquez.
La droga más denunciada en las calles de Barcelona es el cannabis. Todas las policías advierten de sus graves consecuencias para la salud, después de un aumento sostenido de la psicoactividad de la marihuana, debido a la manipulación de las semillas. Los clubes, añaden fuentes policiales, ya no son solo un lugar donde puntualmente se puede consumir o comprar pequeñas dosis, sino un “punto de contacto” entre traficantes, para comerciar con el resto de Europa. Aunque ya no tienen 20.000 socios, como llegó a ocurrir en pleno auge de los clubes, antes de que se anulase la ley catalana que regulaba las asociaciones y, posteriormente, la norma municipal. Ahora deben regirse como clubs sociales privados, sin publicitarse ni favorecer el consumo.
El resto de herramientas que desde junio está desplegando la Guardia Urbana de Barcelona pivota en una respuesta global a la salud pública. “Mirar allí donde se manifiesta un problema inicial vinculado a las drogas: un barrio, una plaza, una comunidad de vecinos”, ha detallado Vázquez, como una forma de detectar las “primeras capas” del fenómeno. De las molestias en el espacio público, al control de los puntos de venta, o el trabajo en red con servicios sociales, educativos o sanitarios. En lo que va de año, la Guardia Urbana ha desactivado 74 puntos de venta de droga en la ciudad, y liberado 22 domicilios ocupados. El año anterior, las cifras ascendieron a 165 puntos de venta desactivados y 57 viviendas desocupadas.
El Ayuntamiento ha insistido también en otros aspectos vinculados también al consumo de drogas, como la seguridad viaria. El año pasado, los agentes denunciaron a más de 1.000 personas que conducían bajo el efecto de las drogas. A finales de junio, un conductor a la fuga chocó frontalmente contra otro vehículo que circulaba debidamente en Barcelona. Ambos conductores murieron, y en el vehículo del causante del accidente había restos de consumo del gas de la risa.
El plan contempla también una mejora de la tecnología, con un nuevo cuadro de mando de indicadores de seguimiento, en el que se incorporará todo lo que esté relacionado con la salud pública. Antes, se consideraban básicamente las investigaciones por tráfico de drogas. Ahora se pretende monitorizar el tráfico de drogas con otros indicadores, como las detenciones de las unidades de seguridad ciudadana por tenencia en la calle, el seguimiento de infracciones administrativas, los datos de prevención de consumo de los centros sociosanitarios, los controles de consumo al volante, o los datos vinculados a asociaciones cannábicas y grow shops.
