La Justicia da un paso más en la investigación abierta a raíz del uso de un bolígrafo espía en el seno del grupo parlamentario de Vox en Cantabria, totalmente fracturado. Se trata de un caso denunciado por dos diputados y dos asesores de la formación y que ahora salpica directamente a la portavoz, Leticia Díaz. El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Santander ha acordado dirigir el procedimiento contra la portavoz en la cámara autonómica al apreciar indicios de un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos.. Seguir leyendo
La Justicia da un paso más en la investigación abierta a raíz del uso de un bolígrafo espía en el seno del grupo parlamentario de Vox en Cantabria, totalmente fracturado. Se trata de un caso denunciado por dos diputados y dos asesores de la formación y que ahora salpica directamente a la portavoz, Leticia Díaz. El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Santander ha acordado dirigir el procedimiento contra la portavoz en la cámara autonómica al apreciar indicios de un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos.
La decisión se recoge en un auto dado a conocer este jueves por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), en el que el magistrado acuerda citar a la dirigente en calidad de investigada tras el análisis del contenido almacenado en el dispositivo, que fue presuntamente utilizado para grabar conversaciones de los diputados de Vox denunciantes y con los que la actual portavoz mantiene un evidente enfrentamiento desde el inicio de la legislatura.
Según la resolución, el bolígrafo contenía 25 archivos de audio y en tres de esas grabaciones aparece una mujer cuya voz ha sido identificada por tres personas como la de la portavoz parlamentaria.
Esperaban grabar “grandes cosas”
De acuerdo con el instructor, el contenido de esas conversaciones permite concluir, de forma indiciaria, que la dirigente conocía la existencia del bolígrafo grabador, sabía cómo funcionaba y mostró interés por los resultados que pudiera ofrecer. En una de las grabaciones, según recoge el auto, puede escucharse una referencia a que del dispositivo podrían obtenerse “grandes cosas”, una expresión que el magistrado incorpora a su argumentación para justificar la ampliación de la investigación.
La resolución judicial no se limita al contenido de los audios. El juez considera relevante el contexto interno en el que se produjeron las grabaciones. En el auto recuerda que existía una situación de enfrentamiento político dentro del grupo parlamentario de Vox que afectaba tanto a los diputados como a los asesores de la formación. Esa rivalidad interna ya había aflorado públicamente y constituye uno de los elementos que el instructor tiene en cuenta para valorar los indicios existentes.
Otro de los aspectos subrayados por el magistrado es la relación profesional entre la portavoz y el asesor que ya se encontraba investigado en la causa. Según recoge la resolución, los propios denunciantes reconocieron que ese trabajador desempeñaba en aquellos momentos su labor casi en exclusiva para la portavoz parlamentaria. A juicio del instructor, esa circunstancia, unida al contenido de las grabaciones y al contexto de enfrentamiento interno, justifica la necesidad de incorporarla formalmente al procedimiento.
La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por dos diputados y dos asesores de Vox. Los denunciantes acudieron a la Justicia después de localizar un bolígrafo grabador sobre la mesa de trabajo del asesor posteriormente investigado, en el despacho que compartían varios trabajadores del grupo parlamentario.
Según hicieron constar en su denuncia, sospechaban que el dispositivo podría haberse utilizado para registrar de forma oculta conversaciones mantenidas en el despacho con el objetivo de perjudicar a determinadas personas en el marco de las discrepancias internas existentes en la organización.
Diputados de Vox enfrentados
La crisis estalló hace dos años con la división del grupo parlamentario en torno a dos bloques enfrentados, liderados por la portavoz Leticia Díaz y, por otro lado, los entonces diputados Cristóbal Palacio y Armando Blanco, una situación que obligó incluso a la dirección nacional a intervenir y supervisar la actividad del grupo.
Ahora, la investigación sobre el denominado caso del ‘bolígrafo espía’ vuelve a situar el conflicto en primer plano.
Esta decisión judicial va a tener un efecto relevante a la hora de elegir a la persona que encabece la candidatura autonómica de Vox en Cantabria, una formación que actualmente preside la concejala del Ayuntamiento de Santander Laura Velasco, pero que no tiene un liderazgo definido, más allá de la portavocía parlamentaria que ejerce Leticia Díaz.
