El encuentro se celebró en Bruselas el pasado 23 de junio en un hotel. De un lado, representantes de la Comisión Europea y de una quincena de países de la UE, y de otro, una delegación de cinco talibanes encabezada por su portavoz de Asuntos Exteriores, Abdul Qahar Balkhi, que precisaron de un visado de un solo día para entrar en Bélgica. No se vieron en los edificios de la Comisión ni de otras instituciones comunitarias. Al fin y al cabo, la UE no reconoce al régimen talibán desde que tomaron el poder hace ahora cinco años. Entonces se rechazó a un régimen al que se le reclamó no dar cobijo a terroristas o el compromiso con los derechos humanos, sobre todo los de las mujeres y las niñas. Esto último, especialmente, no lo ha hecho. Pero a pocas semanas de que se cumpliera ese aniversario de la caída de Kabul llegó esa “reunión técnica” que provocó el rechazo de buena parte del Parlamento Europeo y de las organizaciones que defienden los derechos humanos.. Seguir leyendo
El encuentro se celebró en Bruselas el pasado 23 de junio en un hotel. De un lado, representantes de la Comisión Europea y de una quincena de países de la UE, y de otro, una delegación de cinco talibanes encabezada por su portavoz de Asuntos Exteriores, Abdul Qahar Balkhi, que precisaron de un visado de un solo día para entrar en Bélgica. No se vieron en los edificios de la Comisión ni de otras instituciones comunitarias. Al fin y al cabo, la UE no reconoce al régimen talibán desde que tomaron el poder hace ahora cinco años. Entonces se rechazó a un régimen al que se le reclamó no dar cobijo a terroristas o el compromiso con los derechos humanos, sobre todo los de las mujeres y las niñas. Esto último, especialmente, no lo ha hecho. Pero a pocas semanas de que se cumpliera ese aniversario de la caída de Kabul llegó esa “reunión técnica” que provocó el rechazo de buena parte del Parlamento Europeo y de las organizaciones que defienden los derechos humanos.
El terreno llevaba meses preparándose. De fondo, aumentar las expulsiones de migrantes. Un objetivo que se ha convertido en obsesión en los últimos años en muchas capitales de la UE. Casi una veintena de ellas, más Noruega, enviaron una carta en octubre pasado al comisario de Interior, Magnus Brunner, para abordar la situación de “los afganos que residen irregularmente en la UE”. “Debe darse prioridad al retorno de personas que suponen una amenaza para el orden público o la seguridad nacional”, explicaban. Este argumento siempre aparece en declaraciones y textos escritos: agilizar la salida de la UE de delincuentes. Tras esto, a comienzos de año ya hubo contactos en Kabul y finalmente se llegó a esta “reunión técnica”.
Pero a los expertos de Naciones Unidas estos argumentos no les convencen: “Es prematuro invitar a representantes talibanes a las capitales o aceptar a sus diplomáticos. Esto supone un reconocimiento de facto y refleja un doble rasero: por un lado, se defienden los derechos humanos, mientras que, por otro, se cede a la política interna”. Lo han declarado este mismo 13 de agosto, ni dos meses después de ese encuentro y a dos días de que se cumplan cinco años de la caída de Kabul. La interpelación es clara: “A los Estados les decimos: no debe haber ningún intento de normalizar a las autoridades de facto a menos que y hasta que se demuestren avances medibles y verificados de forma independiente en relación con los criterios de referencia en materia de derechos humanos, en particular para las mujeres y las niñas”.
Para defender ese paso de finales de junio, la Comisión −que sigue hablando de “autoridades de facto” dejando claro que no reconoce oficialmente al régimen, “como el resto de la comunidad internacional, excepto Rusia”− se agarra a esa carta de una veintena de capitales y añade que el encuentro “permitió dar continuidad a los debates a nivel técnico que habían tenido lugar en enero de 2026 en Kabul”. Añade, además, que “brindó a los Estados miembros la oportunidad de abordar aspectos prácticos del proceso de readmisión”. Y, sin embargo, la valoración del régimen afgano que da Bruselas no ha cambiado: “Desde 2021, la población de Afganistán ha sufrido graves abusos contra los derechos humanos, incluidas algunas de las violaciones más graves de los derechos de las mujeres y las niñas a nivel mundial. La persecución por motivos de género, según el Derecho internacional, puede constituir un crimen contra la humanidad”.
El encuentro ha provocado la repulsa de buena parte del Parlamento Europeo que, en un texto remitido a Brunner el 24 de julio firmado por eurodiputados liberales, socialdemócratas, verdes y de La Izquierda, le reprocharon el paso como “un comienzo del proceso de normalización”. “No hay nada puramente técnico en este proceso”, le reprochan recordando que en mayo 480 diputados instaron a Bruselas y las demás capitales a “no apoyar el reconocimiento y la normalización de los talibanes”.
Una de las firmantes es Raquel García Hermida-van der Walle, eurodiputada liberal de Países Bajos y presidenta de la delegación parlamentaria para las relaciones con Afganistán, que reprocha a Bruselas haber ignorado la reclamación de los Estados porque su “deber fundamental es la defensa de los Tratados y dentro de ellos, la defensa de los derechos humanos”. “Invitando a esta delegación talibán, lo olvidó”, lamenta. Ella también es partidaria de que aquellas personas que sean delincuentes no se queden en la UE y sean deportados, y que eso precisa algún tipo de contacto técnico. Pero cree que el camino emprendido no es el adecuado.
Para ella, “lo más preocupante es que los Estados saben que los talibanes quieren representación consultar en la UE”. “Eso ha pasado en Alemania y es preocupante”, continúa. Esta hispanoholandesa subraya que eso, por un lado, “da legitimación efectiva a un régimen brutal”; y, por otro, “está la gente que ha huido, vive en la UE y si tienen que hacer un trámite consular se encuentran cara a cara con sus opresores”. “Están aterrorizados”, explica.
Los pasos que ha dado Bruselas van por detrás, desde luego, de los que ya ha dado Berlín. A finales junio, justo en los días previos al encuentro en Bélgica, trascendió que Alemania colabora con los talibanes para “mejorar las posibilidades de deportación a Afganistán y repatriar allí a los delincuentes”, expuso un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores. Al mismo tiempo, reconocía que su Gobierno llevaba “bastante tiempo manteniendo conversaciones técnicas con los gobernantes de facto”.
Esto para la organización afgana de derechos humanos Rawadari supone poner por delante “los acuerdos a corto plazo de deportación y los intereses a corto plazo, impulsados por el aumento de la ultraderecha y las fuerzas antimigración” que el compromiso con los principios. “Afganistán no es un lugar seguro para las deportaciones”, explican basándose en documentación propia y en “información de la ONU que claramente muestran riegos para las mujeres, los antiguos empleados del Gobierno, los críticos con los talibanes, miembros de otras religiones y minorías étnicas”.
También Picum, una coordinadora de organizaciones europeas que defienden los derechos de los migrantes, ve una conexión clara entre estos contactos “técnicos” con el brutal régimen afgano y “el endurecimiento de las políticas migratorias”. “Estas conversaciones muestran la obsesión de Europa con las deportaciones, persiguiéndolas a toda costa, incluyendo la legitimación y cooperación con un régimen brutal”, explica Chiara Catelli, asesora de esta coordinadora paneuropea.
