“Me quedan dos minutos de teléfono. No sé si mañana seguiré vivo. Si volvemos a hablar, te lo agradeceré muchísimo”. Estas son las últimas palabras de una conversación de EL PAÍS con Dawit Tesfay, pseudónimo por razones de seguridad de un etíope de 24 años que desde hace ocho meses espera en la cárcel saudí de Jamis Mushait la ejecución de su condena: la muerte por decapitación. Tesfay fue sentenciado por un delito relacionado con drogas después de un juicio que duró apenas unos minutos y en el que no tuvo abogado ni intérprete, según cuenta él y han documentado organizaciones defensoras de derechos humanos en docenas de casos similares.. Seguir leyendo
“Me quedan dos minutos de teléfono. No sé si mañana seguiré vivo. Si volvemos a hablar, te lo agradeceré muchísimo”. Estas son las últimas palabras de una conversación de EL PAÍS con Dawit Tesfay, pseudónimo por razones de seguridad de un etíope de 24 años que desde hace ocho meses espera en la cárcel saudí de Jamis Mushait la ejecución de su condena: la muerte por decapitación. Tesfay fue sentenciado por un delito relacionado con drogas después de un juicio que duró apenas unos minutos y en el que no tuvo abogado ni intérprete, según cuenta él y han documentado organizaciones defensoras de derechos humanos en docenas de casos similares.
Amnistía Internacional contabilizó 96 ejecuciones en Arabia Saudí entre el 1 de enero y el 22 de junio de 2026, de las cuales 61 fueron por delitos relacionados con drogas. De estas últimas, 39 correspondieron a extranjeros. Por su parte, entre enero y agosto de 2026, Human Rights Watch (HRW) documentó que al menos 20 ciudadanos etíopes habían sido ejecutados por tráfico de estupefacientes (los tres últimos el 31 de julio) y que al menos otros 76 de esta nacionalidad corren riesgo inminente de ejecución. Cada vez que Tesfay se despide, ni él ni nadie saben si volverá a establecer comunicación. El chico también ignora cuándo le llegará su turno para morir. Dice que en su pabellón había 68 condenados a muerte cuando llegó. Ahora quedan 55.
La monarquía del Golfo defiende en los comunicados oficiales con los que anuncian las ejecuciones que estas se producen después de que las sentencias hayan superado distintas fases de revisión judicial, pero organizaciones como HRW y AI han encontrado un patrón de graves irregularidades: procedimientos extremadamente breves, en ocasiones reducidos a una sola audiencia, ausencia de abogados e intérpretes y, en algunos casos, documentos en árabe que los acusados no podían comprender.
Las familias de estos jóvenes, las organizaciones de derechos humanos y las autoridades regionales del Tigray, la región del norte etíope de donde procede la mayoría, reclaman su liberación y su repatriación a casa, o al menos que se les brinde un juicio justo. Haish Subagadis, exdirector de la Oficina de Asuntos Juveniles de Tigray, enumera las peticiones formuladas por las familias y las autoridades regionales: “Solicitamos asesoramiento jurídico, juicios justos, el respeto de las garantías procesales y que se respeten los derechos de los migrantes. Además, pedimos la repatriación, la libertad y la revisión de los casos, uno por uno”, reclama por teléfono.
Las palabras de Adam Berhe, otro condenado con el que EL PAÍS se ha comunicado durante las dos últimas semanas, denotan el terror que se vive tras los muros de Jamis Mushait. “Vienen de repente, llaman a alguien para que salga y se lo llevan para decapitarlo”, cuenta este tigriña de 34 años, también bajo un nombre ficticio. Él lleva más de tres años esperando su ejecución. “Solo la semana pasada decapitaron a ocho personas en esta prisión. Vivimos aterrorizados”, dice.
Tanto Berhe como Tesfay fueron condenados por transportar hachís, una sustancia prohibida en Arabia Saudí. El reino mantuvo durante años una suspensión de facto de las ejecuciones por delitos relacionados con drogas, pero las reanudó en 2022 siguiendo una política de endurecimiento contra este tipo de ilícito penal, y ha cogido ritmo en la aplicación de la pena capital hasta alcanzar cifras récord. En 2025 ejecutó al menos a 356 personas, según HRW, el mayor número contabilizado en un solo año desde que existen registros modernos. El año anterior ya había batido el récord, con 345.
Berhe reconoce que sabía lo que transportaba y que aceptó hacerlo porque se encontraba en una situación de extrema necesidad, pero insiste en que no pensaba que las consecuencias fueran a ser tan graves. “Y ahora estoy condenado a muerte”, lamenta. Tesfay, por el contrario, asegura que no sabía qué llevaba. Había llegado a la monarquía del Golfo unos meses antes y trabajaba cuidando ganado cuando le ofrecieron otro empleo con el que podía ganar más dinero. “Solo cuando nos detuvieron escuché por primera vez la palabra hachís. No sabía que eso era lo que llevaba”, repite varias veces.
Vienen de repente, llaman a alguien para que salga y se lo llevan para decapitarlo”
Adam Berhe, condenado a muerte en Arabia Saudí
La política antidrogas saudí ha tenido un efecto especialmente acusado entre los etíopes. Dana Ahmed, investigadora de Amnistía Internacional para Oriente Próximo, señala en una entrevista telefónica que en los últimos dos años su organización ha observado un aumento drástico en el número de estos nacionales condenados a muerte y ejecutados. “Nuestros registros muestran que al menos 36 etíopes fueron ejecutados en 2025. Este año, 20; todos por contrabando de hachís”.
Sin embargo, Ahmed descarta que exista una persecución específica contra ellos. “En general, los ciudadanos extranjeros se ven afectados de manera desproporcionada por el uso de la pena de muerte por parte de Arabia Saudí, especialmente por delitos relacionados con drogas”. Según sus datos, entre 2015 y 2025 casi el 70% de las ejecuciones por narcotráfico correspondieron a extranjeros.
Sin abogado ni juicio
Joey Shea, investigadora principal de HRW en Arabia Saudí, asegura que los procesos judiciales están plagados de irregularidades. Apenas trasciende información de los mismos, pero los casos documentados presentan un patrón recurrente. “Algunos acusados comparecieron únicamente en tres vistas judiciales de apenas unos minutos, celebradas incluso por videoconferencia. Ninguno contó con asistencia letrada”, explica.
Muchos de los acusados tampoco hablaban árabe. Según Shea, numerosos presos fueron obligados a firmar documentos escritos en un idioma que no entendían y que podrían contener confesiones. Después, para presentar recursos, debían redactar cartas en árabe y entregarlas a los propios funcionarios de prisión para que las hicieran llegar a los jueces, sin ninguna posibilidad de comprobar si realmente eran enviadas.
Tesfay confirma que su juicio duró “dos minutos” y que no tuvo intérprete ni representante legal. “Yo por entonces no sabía ni qué era un abogado”, dice. También que fue obligado a firmar documentos escritos en árabe que no entendía. “No existe ningún escenario en el que pueda decirse que estos hombres recibieron un juicio justo”, sentencia Shea.
Amnistía Internacional ha recogido denuncias de torturas y otros malos tratos. “En algunos casos, las personas dijeron al juez que habían sido torturadas y coaccionadas para confesar; sin embargo, esto no se tuvo en cuenta en la sentencia final y fueron condenadas a muerte de todos modos”, denuncia Ahmed. Y añade que, incluso conforme a la legislación saudí, una confesión obtenida bajo coacción debería retirarse.
Escapar de la guerra
Como Berhe y Tesfay, muchos de los hombres que llenan el corredor de la muerte de Jamis Mushait proceden de Tigray, en el norte de Etiopía, y llegaron a Arabia Saudí a través de Yemen después de cruzar el golfo de Adén. Escapaban de la guerra que libraron las fuerzas del Gobierno federal etíope apoyadas por tropas de Eritrea y los independentistas del Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF) entre 2020 y 2022.
Según Shea, son hombres especialmente vulnerables que, tras meses o años atrapados en Yemen sin trabajo, comida ni recursos, terminan siendo captados por redes de tráfico de drogas. “Les ofrecen un trabajo sin explicarles en qué consiste. Les dicen simplemente: ‘Lleva este paquete hasta este lugar y te pagaré’, o ‘te daré comida”, explica.
En uno de los casos documentados, añade Shea, el migrante ni siquiera sabía que había cruzado la frontera saudí: pensaba que seguía caminando dentro de Yemen. “Son utilizados para hacer la parte más peligrosa del trabajo, pero no se les informa del papel que desempeñan dentro de esas redes más amplias”, denuncia la investigadora. “En varios casos, las personas fueron engañadas, sufrieron extorsiones y fueron obligadas a transportar materiales a Arabia Saudí sin saber qué llevaban”, coincide Ahmed.
Berhe sí sabía lo que transportaba, pero decidió jugársela porque, afirma, se encontraba desesperado en Yemen. Casado y padre de un niño, cuando se marchó era el principal sostén económico de su familia. “La guerra destruyó mi vida. Ya no podía mantener mi hogar”, cuenta en sus breves contactos. La brutalidad del conflicto del que huyó Berhe quedó patente en episodios como el de Erdi Jeganu, el pueblo de Berhe. Allí, una investigación de Associated Press informó en 2022 de la muerte de 63 civiles a manos de soldados eritreos, entre ellos 10 niños.
La intención de Berhe era llegar a Arabia Saudí, pero se encontró con enormes dificultades. “Cuando la gente llegaba a la frontera, les disparaban y los mataban”, recuerda. De hecho, HRW ya documentó en 2023 que guardias fronterizos saudíes habían matado a cientos de etíopes que intentaban cruzar desde Yemen y señaló que esos ataques podrían constituir crímenes contra la humanidad si respondían a una política estatal.
Tesfay también salió de Tigray en 2020, durante los primeros meses de la guerra. “Estaba cursando 11.º grado cuando dejé los estudios. No teníamos a nadie que nos ayudara, así que me vi obligado a emigrar”. Su padre, Tesfay Gebreyesus, le espera en casa. Tiene 60 años, lleva dos décadas con una enfermedad que le impide trabajar como antes y dice que su hijo se marchó para hacer aquello que él ya no podía hacer: mantener a su familia, aunque él intentó convencerle de que se quedara. “Si mi hijo ha cometido algún delito, estoy dispuesto a compensar al Gobierno saudí, aunque tenga que pedir limosna en la calle”, afirma a EL PAÍS por teléfono desde su hogar en el distrito de Gulomikada, en el este de Tigray.
Un ruego para salvar la vida
La preocupación ha llegado también a organismos internacionales. La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, órgano de la Unión Africana, expresó el 22 de julio su “profunda preocupación” y pidió que se revisaran las condenas, señalando las denuncias sobre falta de abogados, intérpretes y asistencia consular. Por su parte, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria ha considerado que las condenas a muerte y ejecuciones por delitos relacionados con drogas en Arabia Saudí son incompatibles con el derecho internacional y ha instado al reino a restablecer la moratoria para este tipo de delitos.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Etiopía asegura que mantiene contactos permanentes con Arabia Saudí y destaca en una nota de prensa del 13 de julio que 1.971 ciudadanos etíopes se han beneficiado de indultos reales y que el Gobierno ha comenzado a facilitar su repatriación. Este periódico contactó con el Ministerio de Asuntos Exteriores etíope para recabar su versión, sin obtener respuesta. Tampoco la obtuvo del Ministerio de Asuntos Exteriores saudí ni de la Comisión de Derechos Humanos saudí (HRC).
Organizaciones como HRW, AI o Reprieve, entre otras, han reclamado a las autoridades etíopes y saudíes que garanticen los derechos fundamentales de los ciudadanos condenados a muerte. También reclaman a la comunidad internacional que se pronuncie contra las ejecuciones y a Arabia Saudí una moratoria inmediata para las condenas a muerte por delitos relacionados con drogas.
HRW también lamenta la escasa presión internacional. “Creo que es una historia muy difícil de colocar en la agenda”, afirma Shea. “Arabia Saudí es un socio estratégico para muchos países occidentales y este no parece un momento políticamente cómodo para criticar su historial en derechos humanos”.
En la prisión de Jamis Mushait, la espera se ha convertido en una rutina. “Nosotros rezamos; yo paso la mayor parte del tiempo durmiendo. Aquí no hay mucho que hacer”, dice Tesfay. La vida que llevamos aquí es extremadamente dura. Vivimos en condiciones muy difíciles. El único mensaje que quiero transmitir es que no perdáis la esperanza por nuestras vidas“, implora el joven. Es un ruego que ambos hombres repiten en cada contacto con este periódico. “La vida aquí es muy difícil, pero tengo esperanza gracias a los que están fuera intentando ayudarnos”, insiste el veinteañero.
Las palabras de Berhe son para gobiernos y ciudadanos, a los que pide que ejerzan presión sobre el régimen saudí para salvar su vida y la de sus compañeros de prisión. “Tenemos mucho miedo. Por favor, intentad ayudarnos cuanto antes. Si hay alguna manera de conseguir una solución, ya sea mediante una institución gubernamental o privada, presentad una denuncia en nuestro nombre. Ayudadnos, socorrednos y sacadnos de este sufrimiento y de esta situación tan difícil”, imploraba el 9 de agosto, en una de sus últimas comunicaciones.
