Unos 23.000 metros cuadrados con 30.000 metros cúbicos de agua potable. Esas son dos de los principales datos que acompañan a la construcción de la piscina más grande de olas de Europa, que desde 2024 se erige en los terrenos anexos al estadio Metropolitano, en el distrito de San Blas-Canillejas. Pero hay más: la evaporación de agua al año superaría el volumen total de agua que cabe en la laguna, y en los meses de verano la evaporación diaria podría alcanzar los 184.000 litros, según la Plataforma Ecologista Madrileña. Colectivos medioambientalistas y vecinales se oponen a este proyecto que ha recibido 15,7 millones de euros de fondos públicos procedentes de la Unión Europea y, en teoría, destinados al turismo sostenible. Las obras ya han comenzado, y la inauguración del complejo está prevista para 2027.. Seguir leyendo
Unos 23.000 metros cuadrados con 30.000 metros cúbicos de agua potable. Esas son dos de los principales datos que acompañan a la construcción de la piscina más grande de olas de Europa, que desde 2024 se erige en los terrenos anexos al estadio Metropolitano, en el distrito de San Blas-Canillejas. Pero hay más: la evaporación de agua al año superaría el volumen total de agua que cabe en la laguna, y en los meses de verano la evaporación diaria podría alcanzar los 184.000 litros, según la Plataforma Ecologista Madrileña. Colectivos medioambientalistas y vecinales se oponen a este proyecto que ha recibido 15,7 millones de euros de fondos públicos procedentes de la Unión Europea y, en teoría, destinados al turismo sostenible. Las obras ya han comenzado, y la inauguración del complejo está prevista para 2027.
Además, la justicia ha echado por tierra el plan especial urbanístico con el que el consistorio madrileño intentó regularizar los terrenos municipales cedidos hace años al Atlético de Madrid, aunque han recurrido la sentencia. Mientras los colectivos demandan la paralización de las obras por la inseguridad jurídica en la que se acometen, los responsables del futuro complejo Gemswell Surf Madrid niegan que la piscina esté afectada por el dictamen judicial. Sin embargo, una búsqueda en el visor urbanístico del Ayuntamiento de Madrid muestra cómo la parcela en cuestión sí está afectada por la sentencia.
María Ángeles Nieto, portavoz de la Plataforma Ecologista Madrileña, recalca que el proyecto es “un despropósito”. Según han calculado en base a datos proporcionados por la Agencia Española de Meteorología, la pérdida de agua por evaporación de la piscina ascenderá a 32.200 metros cúbicos cada año, una cifra que supera un 7% la capacidad total de la laguna artificial, que se llenaría con agua potable procedente del Canal de Isabel II, ya que la normativa española no permite el uso de agua regenerada para fines recreativos. El consumo de agua total del complejo ascendería hasta los 42.000 metros cúbicos, lo que equivale al gasto doméstico de más de 800 personas durante año y medio.
“La piscina incluye toda una serie de actividades terciarias, como un hotel y restauración, lo que generará una mayor aglomeración de personas, tráfico y ruido”, apunta la ecologista. Nieto subraya que el proyecto, con una playa artificial de 5.500 metros cuadrados incluida, no se ha sometido a la evaluación ambiental pertinente, una de las causas por las que la Justicia decidió en 2025 anular el plan especial por el que se regía, aprobado en octubre de 2024.
Por su parte, el Atlético de Madrid indica que el proyecto ha obtenido una validación positiva del principio europeo DNSH (Do Not Significant Harm) por parte de un experto independiente, que ha evaluado los seis objetivos medioambientales europeos con resultado favorable en todos ellos. En cuanto al consumo hídrico, detallan que la instalación integra medidas complementarias de alta precisión, como una impermeabilización técnica de alta resistencia, el sistema de drenaje en ‘espina de pez’ para recuperar posibles filtraciones y botaolas perimetrales que evitan pérdidas por salpicadura, entre otros.
Dinero público para turismo sostenible
El proyecto costará a sus promotores 60 millones de euros, de los que 15,7 procederán del Fondo de Resiliencia Autonómico, financiado con recursos europeos Next Generation a través de Buenavista Infrastructure, firma elegida por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para canalizar la financiación hacia “proyectos de desarrollo urbano y de turismo sostenible”, tal y como reza en la web del Ministerio de Economía. Esta compañía ha declinado responder a las preguntas formuladas por El PAÍS, pero señalan que todas sus inversiones “han cumplido siempre escrupulosamente con las condiciones y criterios de elegibilidad requeridos para el despliegue de los fondos”.
El BEI añade que estos intermediarios financieros, entre otros aspectos, se fijan en “los sectores elegibles, los criterios de sostenibilidad basados en la normativa europea y los requisitos del Plan de Recuperación y Resiliencia”. Asimismo, agregan que los acuerdos suscritos contemplan disposiciones para “proteger el buen uso de los recursos públicos y garantizar el cumplimiento de los compromisos contractuales y los requisitos establecidos para los fondos Next Generation”. Preguntados por qué ocurrirá con el dinero público invertido si no prospera el recurso del Ayuntamiento ante la anulación del plan especial, el ente liderado por Nadia Calviño responde que el promotor afirma que la parcela en cuestión queda fuera del ámbito de este procedimiento.
El área de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid asume que, si el plan se anulara en sentencia firme, “se haría un estudio de detalle” para dirimir el futuro de la parcela. El Atlético de Madrid agrega que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid no hace ninguna referencia a la evaluación ambiental estratégica. Sin embargo, dicha sentencia recoge decenas de veces ese concepto. En los fundamentos de derecho del dictamen se establece cómo la evaluación ambiental sí es necesaria para una modificación del plan especial como la realizada.
Nieto lo explica desde otra perspectiva: “Una simple búsqueda en el visor urbanístico del Ayuntamiento nos indica que la parcela está dentro de lo anulado en la sentencia”. En este punto, la ecologista recalca “la paradoja” de que haya una sentencia que anula la construcción, pero que la misma pueda seguirse llevando a cabo, ya que el particular que lo denunció no pidió la suspensión cautelar de las obras.
Vivir peor que en el centro de Madrid
La Asociación Vecinal Las Musas – Las Rosas de San Blas tampoco ve con buenos ojos la gran piscina de olas. “Nos vamos a encontrar con un punto neurálgico no tanto de deporte, sino de negocio, en los alrededores del estadio”, comenta un portavoz que prefiere no dar su nombre por miedo a represalias en referencia al centro comercial, los campos de golf y el auditorio proyectados en los terrenos anexos al coliseo de los rojiblancos. El vecindario teme que, de nuevo, los aparcamientos que se construyan tampoco sean suficientes y que los vehículos congestionen las calles del barrio. “Vinimos a vivir aquí porque nos prometían un gran centro deportivo público y el bosque metropolitano, pero tenemos muchos más problemas que si viviéramos en el centro de Madrid”, concluye el afectado.
La oposición en el Ayuntamiento también critica la iniciativa. Antonio Giraldo, geógrafo urbanista y concejal socialista en el consistorio, considera que la capital debería alejarse de “proyectos megalómanos muy cuestionables” para “centrarse en intervenciones públicas que lleguen a todos los distritos”. Este experto recalca que la ciudad agradecería la instalación de más puntos de agua a los que se pueda acceder de manera sostenible y responsable. “Tenemos 25 piscinas públicas para 3,5 millones de habitantes. Lo público debería estar pensado para favorecer soluciones públicas antes que en ofrecérselo a los negocios privados”, finaliza.
