Dar dos días a una trabajadora para presentar alegaciones no garantiza que se haya respetado su derecho de defensa si la decisión de despedirla ya está tomada. Así lo ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM), que ha declarado improcedente el despido disciplinario de una abogada después de comprobar que la empresa le comunicó la extinción del contrato, le entregó el finiquito y le retiró sus herramientas de trabajo el mismo día en que, sobre el papel, le ofrecía la posibilidad de defenderse.. La sentencia 1492/2026, de 2 de septiembre, desestima el recurso presentado por la empresa y ratifica el fallo dictado en enero por el Tribunal de Instancia de Toledo. Según recoge Confilegal, la compañía deberá elegir entre readmitir a la trabajadora y abonarle los salarios dejados de percibir o indemnizarla con 4.666,59 euros. Además, tendrá que pagarle 3.004,07 euros brutos pendientes, con un interés por mora del 10%.. Dos días para defenderse, pero el despido ya tenía fecha. El conflicto comenzó por unas sustituciones profesionales que la abogada había realizado para otra letrada ajena al despacho. El 23 de abril de 2025 acudió en su nombre a una vista civil en Toledo, debido a que aquella profesional tenía otro señalamiento coincidente. Los hechos probados también recogían que había realizado otras sustituciones cuyos ingresos no habían revertido en la sociedad y que había ofrecido esos trabajos a compañeras con el argumento de que el administrador no se enteraría.. Sin embargo, la trabajadora había comunicado esas sustituciones al administrador a principios de abril. Según la sentencia, su respuesta fue: «Marcelina se estará forrando así que las pague bien».. El 25 de abril recibió la carta de despido disciplinario por una falta muy grave, con efectos previstos para el día 30. En el último tramo del documento se le concedían dos días para presentar alegaciones y pruebas, con una referencia expresa a la doctrina del Tribunal Supremo sobre la audiencia previa.. Pero el tribunal considera que esa oportunidad fue meramente formal. «La decisión de despido estaba tomada desde el mismo momento en que se le entregó», concluye la Sala. Ese mismo día, la empresa le abonó la liquidación, bloqueó sus accesos a las herramientas de trabajo y la sacó del grupo de WhatsApp de la oficina.. La antigüedad también cuenta desde febrero de 2023. La resolución aplica el artículo 7 del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo, que exige ofrecer al trabajador la posibilidad de defenderse antes de adoptar una decisión definitiva por motivos relacionados con su conducta o rendimiento. Para los magistrados, aplazar cinco días la fecha efectiva del despido no subsanaba el problema, porque la sanción ya estaba comunicada y las medidas adoptadas confirmaban que la decisión era firme.. La empresa también discutió la antigüedad utilizada para calcular la indemnización. Pretendía que se contara desde diciembre de 2024, cuando la abogada fue incorporada formalmente a la sociedad. Sin embargo, la Sala considera acreditado que trabajaba desde el 16 de febrero de 2023 para quien después sería su administrador, aunque no fue dada de alta en la Seguridad Social hasta junio de ese año. Al mantenerse las funciones, el centro de trabajo y la dirección, aprecia una sucesión empresarial y computa todo ese periodo.. El tribunal impone además 800 euros en costas a la empresa. La sentencia puede recurrirse mediante casación para la unificación de doctrina, cuyo recurso debe prepararse en los diez días siguientes a su notificación.
Dar dos días a una trabajadora para presentar alegaciones no garantiza que se haya respetado su derecho de defensa si la decisión de despedirla ya está tomada. Así lo ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM), que ha declarado improcedente el despido disciplinario de una abogada después de comprobar que la empresa le comunicó la extinción del contrato, le entregó el finiquito y le retiró sus herramientas de trabajo el mismo día en que, sobre el papel, le ofrecía la posibilidad de defenderse.. La sentencia 1492/2026, de 2 de septiembre, desestima el recurso presentado por la empresa y ratifica el fallo dictado en enero por el Tribunal de Instancia de Toledo. Según recoge Confilegal, la compañía deberá elegir entre readmitir a la trabajadora y abonarle los salarios dejados de percibir o indemnizarla con 4.666,59 euros. Además, tendrá que pagarle 3.004,07 euros brutos pendientes, con un interés por mora del 10%.. Dos días para defenderse, pero el despido ya tenía fecha. El conflicto comenzó por unas sustituciones profesionales que la abogada había realizado para otra letrada ajena al despacho. El 23 de abril de 2025 acudió en su nombre a una vista civil en Toledo, debido a que aquella profesional tenía otro señalamiento coincidente. Los hechos probados también recogían que había realizado otras sustituciones cuyos ingresos no habían revertido en la sociedad y que había ofrecido esos trabajos a compañeras con el argumento de que el administrador no se enteraría.. Sin embargo, la trabajadora había comunicado esas sustituciones al administrador a principios de abril. Según la sentencia, su respuesta fue: «Marcelina se estará forrando así que las pague bien».. El 25 de abril recibió la carta de despido disciplinario por una falta muy grave, con efectos previstos para el día 30. En el último tramo del documento se le concedían dos días para presentar alegaciones y pruebas, con una referencia expresa a la doctrina del Tribunal Supremo sobre la audiencia previa.. Pero el tribunal considera que esa oportunidad fue meramente formal. «La decisión de despido estaba tomada desde el mismo momento en que se le entregó», concluye la Sala. Ese mismo día, la empresa le abonó la liquidación, bloqueó sus accesos a las herramientas de trabajo y la sacó del grupo de WhatsApp de la oficina.. La antigüedad también cuenta desde febrero de 2023. La resolución aplica el artículo 7 del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo, que exige ofrecer al trabajador la posibilidad de defenderse antes de adoptar una decisión definitiva por motivos relacionados con su conducta o rendimiento. Para los magistrados, aplazar cinco días la fecha efectiva del despido no subsanaba el problema, porque la sanción ya estaba comunicada y las medidas adoptadas confirmaban que la decisión era firme.. La empresa también discutió la antigüedad utilizada para calcular la indemnización. Pretendía que se contara desde diciembre de 2024, cuando la abogada fue incorporada formalmente a la sociedad. Sin embargo, la Sala considera acreditado que trabajaba desde el 16 de febrero de 2023 para quien después sería su administrador, aunque no fue dada de alta en la Seguridad Social hasta junio de ese año. Al mantenerse las funciones, el centro de trabajo y la dirección, aprecia una sucesión empresarial y computa todo ese periodo.. El tribunal impone además 800 euros en costas a la empresa. La sentencia puede recurrirse mediante casación para la unificación de doctrina, cuyo recurso debe prepararse en los diez días siguientes a su notificación.