La Junta Electoral (JEC) ha dado la razón a CSIF, el sindicato mayoritario de la Administración General del Estado (AGE), y exige garantías jurídicas para los empleados públicos de los consulados. Así, pide motivar en qué provincia se inscribe a los electores nacionalizados en la denominada ‘ley de nietos’ y pide una instrucción con los criterios.. En este sentido, pide instrucciones dirigidas a los consulados sobre la forma en que se producen las altas y las bajas de los españoles que vivan en su demarcación así como sus cambios de domicilio. De hecho, solicita a la oficina del censo que se informe sobre el procedimiento de actualización del censo de electores residentes ausentes. Por último, CSIF insiste en reclamar el refuerzo urgente de consulados ante el riesgo de colapso por las solicitudes de nacionalidad española.. La JEC ha acordado solicitar a la Oficina del Censo Electoral una instrucción sobre la aplicación de la llamada ‘ley de nietos’, por la que se concede la nacionalidad española a los descendientes de exiliados, pero avisa de que la determinación del municipio electoral en el que se inscriban cada uno de los beneficiarios de esta disposición de la Ley de Memoria Democrática deberá estar «suficientemente motivada» si no se corresponde con su último domicilio en España.. El Partido Popular ha celebrado que la JEC pida más garantías con los nacionalizados por la llamada ‘ley de nietos’ y ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que atienda esa decisión, de forma que no se produzcan nuevas incorporaciones al censo sin antes aplicar las nuevas garantías pedidas por el organismo arbitral. «La Junta Electoral Central ha marcado el camino reforzando las garantías del sistema electoral. El Gobierno debe seguirlo, salvo que también pretenda cuestionar el criterio del máximo órgano de la administración electoral, integrado por magistrados del Tribunal Supremo y catedráticos de reconocido prestigio», ha manifestado.
La Junta Electoral (JEC) ha dado la razón a CSIF, el sindicato mayoritario de la Administración General del Estado (AGE), y exige garantías jurídicas para los empleados públicos de los consulados. Así, pide motivar en qué provincia se inscribe a los electores nacionalizados en la denominada ‘ley de nietos’ y pide una instrucción con los criterios.. En este sentido, pide instrucciones dirigidas a los consulados sobre la forma en que se producen las altas y las bajas de los españoles que vivan en su demarcación así como sus cambios de domicilio. De hecho, solicita a la oficina del censo que se informe sobre el procedimiento de actualización del censo de electores residentes ausentes. Por último, CSIF insiste en reclamar el refuerzo urgente de consulados ante el riesgo de colapso por las solicitudes de nacionalidad española.. La JEC ha acordado solicitar a la Oficina del Censo Electoral una instrucción sobre la aplicación de la llamada ‘ley de nietos’, por la que se concede la nacionalidad española a los descendientes de exiliados, pero avisa de que la determinación del municipio electoral en el que se inscriban cada uno de los beneficiarios de esta disposición de la Ley de Memoria Democrática deberá estar «suficientemente motivada» si no se corresponde con su último domicilio en España.. El Partido Popular ha celebrado que la JEC pida más garantías con los nacionalizados por la llamada ‘ley de nietos’ y ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que atienda esa decisión, de forma que no se produzcan nuevas incorporaciones al censo sin antes aplicar las nuevas garantías pedidas por el organismo arbitral. «La Junta Electoral Central ha marcado el camino reforzando las garantías del sistema electoral. El Gobierno debe seguirlo, salvo que también pretenda cuestionar el criterio del máximo órgano de la administración electoral, integrado por magistrados del Tribunal Supremo y catedráticos de reconocido prestigio», ha manifestado.
