Un alto cargo de la Diputación de Valencia ha revelado este jueves ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana —la gota fría que dejó 231 muertos el 29 de octubre de 2024— que avisó a la cúpula de este organismo del riesgo de la catástrofe a las 14.00 de la trágica jornada. La información llegó a la entidad seis horas antes de que la Generalitat, que entonces pilotaba Carlos Mazón, enviara el Es Alert, la alerta masiva a móviles que se coló en los terminales a las 20.11 horas, cuando la mayoría de los desaparecidos ya habían muerto. La magistrada Nuria Ruiz Tobarra sostiene que, si esta notificación se hubiera remitido antes, se habrían salvado vidas.. Seguir leyendo
“Era una cuestión de urgencia”, ha sostenido ante la instructora el alto cargo que decidió cerrar el organismo provincial el día del temporal que dejó 231 muertos en 2024
Un alto cargo de la Diputación de Valencia ha revelado este jueves ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana —la gota fría que dejó 231 muertos el 29 de octubre de 2024— que avisó a la cúpula de este organismo del riesgo de la catástrofe a las 14.00 de la trágica jornada. La información llegó a la entidad seis horas antes de que la Generalitat, que entonces pilotaba Carlos Mazón, enviara el Es Alert, la alerta masiva a móviles que se coló en los terminales a las 20.11 horas, cuando la mayoría de los desaparecidos ya habían muerto. La magistrada Nuria Ruiz Tobarra sostiene que, si esta notificación se hubiera remitido antes, se habrían salvado vidas.
El director de Recursos Humanos de la Diputación, Javier Bolinches, ha relatado ante la instructora que, el día de la dana, fue consciente del “riesgo grave por lluvias” por la mañana. Y que, tras recibir el flujo informativo, activó la maquinaria para cerrar las instalaciones del organismo provincial. “Decidí hacer un envío masivo por correo para avisar de la decisión”, ha recordado este alto cargo, según indican a EL PAÍS fuentes presentes en su declaración como testigo.
El apresurado dispositivo —tardó diez minutos en adoptar la medida— contempló el envío de un correo a una lista de distribución en la que figuraban todos los miembros de la entidad. Entre ellos, su presidente, el popular Vicente Mompó. “El texto pedía que se fueran a casa y aludía a la alerta roja”, ha explicado en referencia al aviso, el máximo en la escala, decretado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a las 7.36 horas de la mañana de la aciaga jornada.
El testigo ha justificado que no pudo hablar con Mompó “porque no tenía su móvil” y que, al margen del jefe de Servicios de Presidencia de la Diputación, ningún responsable político se puso en contacto con él para desgranar los detalles del cierre. Para adoptar la decisión, Bolinches tuvo en cuenta un wasap que le envió un asesor del alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, del PP. El mensaje exponía la grave situación en este municipio de 11.663 habitantes, que quedó devastado por el desbordamiento del río Magro. “Era una cuestión de urgencia”, ha remachado el alto cargo, que se nutrió informativamente sobre la dana de los reportes de la Aemet y de los directos de la televisión pública À Punt.
La contundencia de la declaración del testigo contrasta con las vacilaciones en el juzgado del presidente del organismo provincial. En su última comparecencia, el pasado junio, Mompó no aclaró cuándo conoció el riesgo del desbordamiento del barranco del Poyo, la rambla que originó la inundación que sepultó municipios como Paiporta (28.136) o Catarroja (30.604), donde la riada segó 55 y 25 vidas, respectivamente. En un relato salpicado de lagunas, afirmó no recordar la llamada que le hizo para advertirle de este peligro la alcaldesa de Chiva (Valencia, 18.000 habitantes), la popular Amparo Fort, a las 17.00 horas del día de la riada. E, incluso, sostuvo que no conocía que la Aemet decretó la alerta roja a primera hora del 29 de octubre de 2024.
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