El debate sobre la vivienda se desliza de nuevo hacia el terreno de la consigna, reclamando más vivienda pública. Sin embargo, es un error. Porque cuando la política se limita a redistribuir un bien escaso sin abordar la causa de su escasez, lo que hace es administrar el síntoma y perpetuar la enfermedad. La vivienda pública, en muchos casos, se convierte en una redistribución infinita de la renta.. Se financia con impuestos generales para beneficiar a colectivos concretos, generando un sistema donde unos pagan de forma permanente y otros reciben de forma continuada, sin que el mercado aumente su capacidad productiva. Peor aún, no son raras las situaciones en las que se producen distorsiones, adjudicaciones discutibles o usos alejados del objetivo inicial. Cuando el recurso es escaso y la asignación depende del poder administrativo, el riesgo de ineficiencia e incluso de fraude no es marginal.. El problema de la vivienda en España no es de demanda, sino de oferta. La población crece en determinadas áreas, los hogares se reducen en tamaño y la movilidad laboral aumenta. Esa demanda creciente choca con un suelo rígido, una normativa urbanística restrictiva y una burocracia que ralentiza cualquier promoción. El resultado es previsible: escasez estructural y precios al alza.. Si la oferta no puede reaccionar con agilidad, los precios no solo suben, sino que lo hacen de manera desproporcionada. Es elemental de economía. Cuando un bien es limitado artificialmente y la demanda se expande, el ajuste se produce vía precios. Y ninguna batería de controles o subsidios puede alterar esa lógica sin generar efectos secundarios aún más graves.. Ante eso, el Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria ha actualizado su informe sobre la vivienda y ha planteado una serie de reformas que son necesarias para poner las bases para la solución de este problema, que son las siguientes:. 1. Ampliar la disponibilidad de suelo urbanizable. Este aumento impulsaría exponencialmente el tamaño de la oferta, clave para poder reducir el precio.. 2. Esa liberalización debería ir acompañada de una reducción de la burocracia al mínimo posible, que permitiría agilizar la tramitación de licencias y requerimientos normativos. El silencio positivo debería pasar a aplicarse.. 3. Igualmente, debería revisarse la normativa medioambiental puesto que actualmente existe una agresiva restricción medioambiental no justificada, que puede llegar a retrasar dos o tres años la construcción de viviendas.. 4. Corregir, con su eliminación, los efectos de las políticas de control de precios, ya que la limitación expulsa a ciudadanos que desearían alquilar y que, ante la dificultad existente, recurren a la compra, que tensa la demanda y los precios en un entorno de escasez.. 5. Se recomienda flexibilizar la limitación de alturas según las necesidades demográficas, flexibilizar los cambios de uso a residencial, incrementar la densidad de viviendas y edificabilidad en los nuevos desarrollos y acabar con la limitación demográfica en cuanto a la densidad de población, así como adecuar el diseño urbanístico a las necesidades reales que evite el consumo de suelo edificable en grandes calzadas y avenidas con sobrecapacidad, que son infrautilizadas y que drenan suelo.. 6. Reforzar la seguridad jurídica, con un cambio normativo que luche contra la ocupación y que permita recuperar una vivienda en casos de ocupación ilegal de manera inmediata, y que elimine riesgos de cambios normativos que atenten contra la propiedad, pues ello también contribuirá a mejorar la oferta en el mercado de alquiler y a aliviar tensiones en los precios, vía menor demanda, en el de compra de viviendas.. 7. Analizar una posible reducción de los impuestos a las viviendas, incluso eliminarlos. En vivienda de segunda mano, las CC AA pueden reducir al 0% el tipo del impuesto de transmisiones patrimoniales para vivienda habitual. En el caso del IVA, el Gobierno podría solicitar a la UE que incluyese la vivienda habitual en aquellos bienes y servicios con tipo cero. Dicha bajada convendría que fuese justo después de la liberalización del suelo y la eliminación de la burocracia, para impedir que ese ahorro se trasladase al precio si persiste la escasez de oferta.. 8. Promover un marco de actuación equilibrado que corrija al que existe. Este tapona las posibilidades de los ciudadanos, especialmente de los jóvenes, para comprar una vivienda, con gran incidencia en la clase media, que no puede acceder a una vivienda de ayudas públicas, puesto que tiene una renta mayor al listón que da derecho, pero que con todos los impuestos que paga y los que gravan la vivienda, no tiene capacidad para afrontar la compra de una.. En definitiva, se necesita libertad para construir, seguridad jurídica para invertir y ausencia de intervencionismo distorsionador.
El debate sobre la vivienda se desliza de nuevo hacia el terreno de la consigna, reclamando más vivienda pública. Sin embargo, es un error. Porque cuando la política se limita a redistribuir un bien escaso sin abordar la causa de su escasez, lo que hace es administrar el síntoma y perpetuar la enfermedad. La vivienda pública, en muchos casos, se convierte en una redistribución infinita de la renta.. Se financia con impuestos generales para beneficiar a colectivos concretos, generando un sistema donde unos pagan de forma permanente y otros reciben de forma continuada, sin que el mercado aumente su capacidad productiva. Peor aún, no son raras las situaciones en las que se producen distorsiones, adjudicaciones discutibles o usos alejados del objetivo inicial. Cuando el recurso es escaso y la asignación depende del poder administrativo, el riesgo de ineficiencia e incluso de fraude no es marginal.. El problema de la vivienda en España no es de demanda, sino de oferta. La población crece en determinadas áreas, los hogares se reducen en tamaño y la movilidad laboral aumenta. Esa demanda creciente choca con un suelo rígido, una normativa urbanística restrictiva y una burocracia que ralentiza cualquier promoción. El resultado es previsible: escasez estructural y precios al alza.. Si la oferta no puede reaccionar con agilidad, los precios no solo suben, sino que lo hacen de manera desproporcionada. Es elemental de economía. Cuando un bien es limitado artificialmente y la demanda se expande, el ajuste se produce vía precios. Y ninguna batería de controles o subsidios puede alterar esa lógica sin generar efectos secundarios aún más graves.. Ante eso, el Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria ha actualizado su informe sobre la vivienda y ha planteado una serie de reformas que son necesarias para poner las bases para la solución de este problema, que son las siguientes:. 1. Ampliar la disponibilidad de suelo urbanizable. Este aumento impulsaría exponencialmente el tamaño de la oferta, clave para poder reducir el precio.. 2. Esa liberalización debería ir acompañada de una reducción de la burocracia al mínimo posible, que permitiría agilizar la tramitación de licencias y requerimientos normativos. El silencio positivo debería pasar a aplicarse.. 3. Igualmente, debería revisarse la normativa medioambiental puesto que actualmente existe una agresiva restricción medioambiental no justificada, que puede llegar a retrasar dos o tres años la construcción de viviendas.. 4. Corregir, con su eliminación, los efectos de las políticas de control de precios, ya que la limitación expulsa a ciudadanos que desearían alquilar y que, ante la dificultad existente, recurren a la compra, que tensa la demanda y los precios en un entorno de escasez.. 5. Se recomienda flexibilizar la limitación de alturas según las necesidades demográficas, flexibilizar los cambios de uso a residencial, incrementar la densidad de viviendas y edificabilidad en los nuevos desarrollos y acabar con la limitación demográfica en cuanto a la densidad de población, así como adecuar el diseño urbanístico a las necesidades reales que evite el consumo de suelo edificable en grandes calzadas y avenidas con sobrecapacidad, que son infrautilizadas y que drenan suelo.. 6. Reforzar la seguridad jurídica, con un cambio normativo que luche contra la ocupación y que permita recuperar una vivienda en casos de ocupación ilegal de manera inmediata, y que elimine riesgos de cambios normativos que atenten contra la propiedad, pues ello también contribuirá a mejorar la oferta en el mercado de alquiler y a aliviar tensiones en los precios, vía menor demanda, en el de compra de viviendas.. 7. Analizar una posible reducción de los impuestos a las viviendas, incluso eliminarlos. En vivienda de segunda mano, las CC AA pueden reducir al 0% el tipo del impuesto de transmisiones patrimoniales para vivienda habitual. En el caso del IVA, el Gobierno podría solicitar a la UE que incluyese la vivienda habitual en aquellos bienes y servicios con tipo cero. Dicha bajada convendría que fuese justo después de la liberalización del suelo y la eliminación de la burocracia, para impedir que ese ahorro se trasladase al precio si persiste la escasez de oferta.. 8. Promover un marco de actuación equilibrado que corrija al que existe. Este tapona las posibilidades de los ciudadanos, especialmente de los jóvenes, para comprar una vivienda, con gran incidencia en la clase media, que no puede acceder a una vivienda de ayudas públicas, puesto que tiene una renta mayor al listón que da derecho, pero que con todos los impuestos que paga y los que gravan la vivienda, no tiene capacidad para afrontar la compra de una.. En definitiva, se necesita libertad para construir, seguridad jurídica para invertir y ausencia de intervencionismo distorsionador.
