La denuncia de un vecino de Oropesa del Mar (Castellón) que, convencido de estar invirtiendo en una prometedora plataforma de criptomonedas, acabó perdiendo cerca de 340.000 euros, ha destapado una organización criminal de alcance internacional especializada en estafas mediante falsas inversiones en criptoactivos y en el posterior blanqueo del dinero obtenido ilícitamente a través de una compleja estructura con más de 100 cuentas bancarias.. Seguir leyendo
La denuncia de un vecino de Oropesa del Mar (Castellón) que, convencido de estar invirtiendo en una prometedora plataforma de criptomonedas, acabó perdiendo cerca de 340.000 euros, ha destapado una organización criminal de alcance internacional especializada en estafas mediante falsas inversiones en criptoactivos y en el posterior blanqueo del dinero obtenido ilícitamente a través de una compleja estructura con más de 100 cuentas bancarias.
La Guardia Civil ha detenido a tres personas en el marco de la Operación Tossit, una investigación desarrollada por el Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Castellón. La operación ha incluido además dos entradas y registros practicados en las provincias de Barcelona y Pontevedra, donde los agentes se han incautado de dispositivos y otros efectos considerados de interés para la investigación.
La denuncia presentada por el vecino de Oropesa fue el punto de partida de unas pesquisas que permitieron reconstruir el funcionamiento de una red perfectamente organizada. Según ha informado este miércoles la Guardia Civil, los investigadores comprobaron que la organización captaba a sus víctimas a través de supuestas oportunidades de inversión en criptomonedas que prometían elevadas rentabilidades.
Para dar apariencia de legalidad, los responsables utilizaban plataformas fraudulentas que simulaban ser portales de inversión legítimos. En ellas, los usuarios podían consultar supuestos beneficios, movimientos de capital y una evolución positiva de sus inversiones, todo ello generado de forma ficticia con el objetivo de “reforzar la confianza de las víctimas” y animarlas a realizar nuevas aportaciones económicas, han informado fuentes de la Guardia Civil.
El fraude no terminaba ahí. Cuando los inversores intentaban recuperar el dinero aportado o retirar las supuestas ganancias acumuladas, la organización exigía nuevos desembolsos bajo diferentes pretextos. Los estafadores alegaban la necesidad de abonar comisiones, impuestos, costes de desbloqueo de la cuenta o verificaciones adicionales antes de autorizar cualquier retirada. Esos pagos acababan incrementando las pérdidas de las víctimas, que nunca llegaban a recuperar el dinero invertido.
La investigación ha permitido además identificar una estructura criminal especializada y “perfectamente jerarquizada”. Según la Guardia Civil, cada uno de sus integrantes desempeñaba funciones concretas dentro del entramado. Mientras unos se encargaban de captar a las víctimas y mantener el contacto con ellas, otros asumían la recepción de los fondos, su traslado entre diferentes cuentas y su posterior conversión en criptoactivos. Todo ese proceso seguía las directrices de responsables asentados en el extranjero, que han sido plenamente identificados durante la investigación, según ha informado el cuerpo armado en el mismo comunicado.
Uno de los aspectos más complejos de la operación fue el seguimiento del dinero. Para dificultar su rastreo, la organización recurría a una “sofisticada infraestructura financiera” diseñada para romper la trazabilidad de los fondos. Los investigadores han acreditado el uso de remesadoras internacionales, operaciones entre particulares —conocidas como P2P— y más de un centenar de cuentas bancarias abiertas en entidades extranjeras.
Esas cuentas permanecían operativas durante periodos muy cortos de tiempo y eran utilizadas para canalizar importantes cantidades de dinero antes de ser sustituidas por otras nuevas, una estrategia que complicaba tanto el seguimiento de los movimientos económicos como la eventual recuperación del dinero por parte de las víctimas. Las diligencias practicadas han permitido acreditar, según la Guardia Civil, la existencia de una organización criminal con proyección internacional especializada tanto en la comisión de estafas mediante falsas inversiones como en el blanqueo de los beneficios obtenidos a través de esas actividades delictivas.
Como resultado de la operación, los agentes han detenido a tres personas presuntamente implicadas tanto en la ejecución del fraude como en las posteriores maniobras destinadas a ocultar el origen ilícito del dinero. Durante los registros realizados en Barcelona y Pontevedra han sido intervenidos diversos dispositivos electrónicos y otros efectos que ahora serán analizados por los investigadores para determinar el alcance total de la actividad delictiva y la posible existencia de nuevas víctimas o colaboradores. La investigación ha sido coordinada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Castellón, que dirige las diligencias judiciales abiertas a raíz de la operación.
Ante este tipo de delitos, la Guardia Civil insiste en la necesidad de extremar las precauciones antes de realizar cualquier inversión que prometa beneficios elevados o garantizados. El instituto armado recomienda comprobar siempre la legitimidad de las plataformas utilizadas y desconfiar de cualquier solicitud de nuevos pagos destinados, supuestamente, a liberar beneficios, desbloquear cuentas o completar trámites administrativos, ya que estas exigencias constituyen uno de los mecanismos más habituales empleados por este tipo de organizaciones para prolongar el fraude y aumentar el perjuicio económico de las víctimas.
