El grupo local Junts per Catalunya en Ripoll (Girona) ha solicitado que el Ayuntamiento, liderado por Sílvia Orriols, reevalúe el proceso de selección que otorgó dos puestos temporales en la Policía Local en julio. Uno de estos puestos fue para la hija mayor del líder del partido islamófobo, Alianza Catalana. Un estudio relacionado con la ley, financiado por la organización, determinó que había desviaciones significativas en las pautas de selección, la formación del tribunal y la obligación del alcalde de abstenerse para evitar posibles conflictos de intereses. Puede encontrar más información aquí.
El grupo municipal de Junts per Catalunya en Ripoll (Girona) ha pedido finalmente al Ayuntamiento que preside Sílvia Orriols que revise de oficio el proceso de selección con el que se otorgaron, en julio pasado, dos plazas de interino en la Policía Local y una de ellas recayó sobre la primogénita de la también líder del partido islamófobo Aliança Catalana. Un informe jurídico encargado por el partido concluye que hubo irregularidades graves en las reglas de selección, composición del tribunal y el deber de abstención de la alcaldesa para evitar el conflicto de intereses.
“Cuando denunciamos estos hechos en el pleno, la señora Orriols nos dijo que callaramos o impugnáramos. No callaremos y por eso pedimos la revisión de oficio”, ha explicado Ferran Raigón, líder de la bancada de Junts, en un vídeo colgado en sus redes. El partido se ha tomado casi dos meses y medio para dar el paso, después de revisar toda la documentación del proceso y encargar un informe jurídico que firma la abogada Esther Padró. La petición también se ha hecho dentro de los 30 días posteriores a la publicación del nombramiento en el Diario Oficial de la Provincia de Girona, el pasado 10 de septiembre. Guinedell Orriols es agente interina del cuerpo desde el pasado 27 de julio y, en paralelo, participa en otro proceso para una plaza fija en el mismo cuerpo.
Tanto Orriols como los servicios jurídicos del Ayuntamiento salieron en su día defensa del proceso de selección, que se convocó mediante un procedimiento de urgencia en junio y sobre el que siempre voló el evidente conflicto de intereses entre la alcaldesa y su hija. La alcaldesa defiende el derecho de su hija a concurrir a la convocatoria y defiende que fue la que obtuvo las mejores calificaciones. El informe de Padró, con fecha del pasado 8 de octubre, menciona el conflicto de intereses. La ley, recuerda la abogada, establece la obligación de abstenerse cuando existe una relación de parentesco entre partes de un procedimiento. Pese a ello, recuerda el texto, “la alcaldesa tomó decisiones en fijar las pruebas y designar el tribunal” y eso afecta todas las garantías del proceso.
“Esta intervención no determina automáticamente la nulidad de los actos, pero que es necesario examinar si resultó determinante y qué consecuencias jurídicas se derivan de ello”, explica Junts en una nota. Orriols delegó el nombramiento de su hija en otro regidor pero sí intervino en otros momentos del proceso.
Pero más allá de la vertiente ética, el informe apunta a irregularidades en el procedimiento. Por ejemplo, que el proceso se convocó inicialmente para cubrir una plaza de agente, pero acabó con la vinculación de dos personas. Hay seis días de diferencia entre los dos decretos, siendo el segundo el de la hija de la alcaldesa. Según el análisis jurídico, es necesario acreditar qué decisión permitía ampliar el número de nombramientos y si se respetaron las garantías de publicidad e igualdad de oportunidades.
También habría dudas sobre cómo se ve afectada la igualdad en el proceso por el calendario como se aprobó todo. “La secuencia reglamentaria exige aprobar las bases, convocar y publicar el proceso, recibir las candidaturas y tramitar su admisión y selección. Aquí, en cambio, una parte sustancial de las reglas se fijó después de cerrar el plazo de participación”, dice el informe, al que ha tenido acceso este diario.
Raigón y los otros dos concejales de Junts han pedido ya formalmente al Consistorio que haga la revisión de oficio. Las partes interesadas, ha recordado, podrán presentar alegaciones. Y, lo más importante, la Comisión Jurídica Asesora, un órgano consultivo independiente de la Generalitat, ha de emitir un dictamen. “La iniciativa no pretende cuestionar personalmente a las personas que participaron en el proceso, sino garantizar que las decisiones del Ayuntamiento se han adoptado conforme a la ley”, apostilla la nota de Junts. La Oficina Antifraude de Cataluña, desde el verano pasado, estudia dos denuncias de particulares sobre el mismo concurso.
