El Tribunal de Cuentas ha reclamado un cambio de fondo en la forma en que el Estado financia a la Seguridad Social. El órgano fiscalizador considera que las aportaciones extraordinarias destinadas a garantizar el pago de las pensiones y del resto de prestaciones no deberían seguir concediéndose como préstamos, sino como transferencias corrientes con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, al entender que esa fórmula refleja con mayor fidelidad la realidad económica del sistema.. La recomendación llega en un momento de fuerte presión sobre las cuentas de la Seguridad Social. El gasto en pensiones no ha dejado de crecer durante los últimos años impulsado por la revalorización de las prestaciones conforme al IPC, el aumento del número de jubilados y la incorporación al sistema de nuevas pensiones que en realidad son ayudas con cuantías más elevadas. La nómina mensual marca récord tras récord y ha obligado al Estado a incrementar de forma continuada su apoyo financiero para garantizar el pago de las prestaciones contributivas.. En una nota técnica publicada este viernes, el Tribunal sostiene que ese respaldo presupuestario no debería presentarse como deuda porque, en la práctica, financia gastos corrientes que no tienen vocación de ser devueltos. A su juicio, seguir recurriendo a préstamos distorsiona el balance de la Seguridad Social y proyecta una imagen financiera que no se corresponde con la naturaleza real de esas operaciones.. La institución recomienda que las aportaciones estatales se instrumenten mediante transferencias corrientes recogidas en los Presupuestos Generales del Estado o mediante otros mecanismos legalmente previstos para atender necesidades coyunturales de financiación. Además, plantea adaptar el tratamiento contable de los préstamos ya concedidos para reflejar su verdadera naturaleza económica.. La magnitud de las cifras explica el alcance de la recomendación. A cierre de 2024, la Seguridad Social acumulaba una deuda con el Estado de 135.253 millones de euros. De esa cantidad, 126.171 millones corresponden a préstamos a largo plazo, equivalentes al 7,9% del PIB, mientras que el resto responde a deuda a corto plazo derivada de la financiación de las funciones de asistencia sanitaria y servicios sociales transferidas al País Vasco y Navarra, pendiente todavía de liquidación.. El endeudamiento se ha disparado especialmente en los últimos años. De los 126.171 millones registrados como préstamos, únicamente 17.169 millones fueron concedidos entre 1992 y 1999. Los restantes 109.002 millones se formalizaron entre 2017 y 2024, coincidiendo con el fuerte incremento del gasto del sistema.. Según el análisis del Tribunal, si esas aportaciones se hubieran contabilizado desde el principio como transferencias corrientes y no como préstamos, la imagen patrimonial de la Seguridad Social sería completamente distinta. El patrimonio neto dejaría de presentar un saldo negativo superior a 110.000 millones de euros y pasaría a situarse en positivo, con 12.174 millones. Al mismo tiempo, la deuda por préstamos prácticamente desaparecería y quedaría reducida a unos 27 millones.. El organismo insiste en que la diferencia es exclusivamente contable y no afecta a la capacidad de la Seguridad Social para afrontar el pago de las prestaciones. Sin embargo, considera que mantener esos recursos bajo la forma de préstamos ofrece una visión poco fiel de la situación financiera del sistema y dificulta la transparencia de las cuentas públicas.. La recomendación adquiere además un componente político. El Tribunal recuerda que el Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo, aprobado por el Congreso en noviembre de 2020, establecía que la política de financiar a la Seguridad Social mediante préstamos debía haber concluido en 2023. Lejos de cumplirse ese compromiso, el Estado siguió recurriendo a esta fórmula. En 2024 y 2025 se aprobaron dos nuevos préstamos de 10.004 millones de euros cada uno, ambos sustentados en la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2023.. La advertencia llega cuando el sistema afronta un escenario de presión creciente sobre el gasto. La jubilación de la generación del «baby boom2, la mayor esperanza de vida y la indexación de las pensiones a la inflación seguirán elevando la factura durante los próximos años. Aunque las reformas recientes han reforzado los ingresos mediante el incremento de las cotizaciones sociales y la creación de nuevas figuras como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, las aportaciones del Estado continúan siendo imprescindibles para equilibrar las cuentas.. El Tribunal no cuestiona ese respaldo financiero ni pone en duda la sostenibilidad inmediata del pago de las pensiones. Lo que discute es el modo en que esas aportaciones aparecen reflejadas en la contabilidad pública.. La propuesta supone también una llamada de atención sobre la necesidad de hacer más transparentes las cuentas de uno de los principales capítulos del gasto público. En la práctica, el órgano fiscalizador plantea que el esfuerzo presupuestario destinado a sostener el sistema de pensiones deje de aparecer oculto bajo la apariencia de deuda y pase a reflejarse como lo que realmente es: una transferencia del Estado para financiar un gasto estructural que no ha dejado de crecer y que previsiblemente seguirá aumentando durante las próximas décadas.
El Tribunal de Cuentas ha reclamado un cambio de fondo en la forma en que el Estado financia a la Seguridad Social. El órgano fiscalizador considera que las aportaciones extraordinarias destinadas a garantizar el pago de las pensiones y del resto de prestaciones no deberían seguir concediéndose como préstamos, sino como transferencias corrientes con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, al entender que esa fórmula refleja con mayor fidelidad la realidad económica del sistema.. La recomendación llega en un momento de fuerte presión sobre las cuentas de la Seguridad Social. El gasto en pensiones no ha dejado de crecer durante los últimos años impulsado por la revalorización de las prestaciones conforme al IPC, el aumento del número de jubilados y la incorporación al sistema de nuevas pensiones con cuantías más elevadas. La nómina mensual marca récord tras récord y ha obligado al Estado a incrementar de forma continuada su apoyo financiero para garantizar el pago de las prestaciones contributivas.. En una nota técnica publicada este viernes, el Tribunal sostiene que ese respaldo presupuestario no debería presentarse como deuda porque, en la práctica, financia gastos corrientes que no tienen vocación de ser devueltos. A su juicio, seguir recurriendo a préstamos distorsiona el balance de la Seguridad Social y proyecta una imagen financiera que no se corresponde con la naturaleza real de esas operaciones.. La institución recomienda que las aportaciones estatales se instrumenten mediante transferencias corrientes recogidas en los Presupuestos Generales del Estado o mediante otros mecanismos legalmente previstos para atender necesidades coyunturales de financiación. Además, plantea adaptar el tratamiento contable de los préstamos ya concedidos para reflejar su verdadera naturaleza económica.. La magnitud de las cifras explica el alcance de la recomendación. A cierre de 2024, la Seguridad Social acumulaba una deuda con el Estado de 135.253 millones de euros. De esa cantidad, 126.171 millones corresponden a préstamos a largo plazo, equivalentes al 7,9% del PIB, mientras que el resto responde a deuda a corto plazo derivada de la financiación de las funciones de asistencia sanitaria y servicios sociales transferidas al País Vasco y Navarra, pendiente todavía de liquidación.. El endeudamiento se ha disparado especialmente en los últimos años. De los 126.171 millones registrados como préstamos, únicamente 17.169 millones fueron concedidos entre 1992 y 1999. Los restantes 109.002 millones se formalizaron entre 2017 y 2024, coincidiendo con el fuerte incremento del gasto del sistema.. Según el análisis del Tribunal, si esas aportaciones se hubieran contabilizado desde el principio como transferencias corrientes y no como préstamos, la fotografía patrimonial de la Seguridad Social sería completamente distinta. El patrimonio neto dejaría de presentar un saldo negativo superior a 110.000 millones de euros y pasaría a situarse en positivo, con 12.174 millones. Al mismo tiempo, la deuda por préstamos prácticamente desaparecería y quedaría reducida a unos 27 millones.. El organismo insiste en que la diferencia es exclusivamente contable y no afecta a la capacidad de la Seguridad Social para afrontar el pago de las prestaciones. Sin embargo, considera que mantener esos recursos bajo la forma de préstamos ofrece una visión poco fiel de la situación financiera del sistema y dificulta la transparencia de las cuentas públicas.. La recomendación adquiere además un componente político. El Tribunal recuerda que el Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo, aprobado por el Congreso en noviembre de 2020, establecía que la política de financiar a la Seguridad Social mediante préstamos debía haber concluido en 2023. Lejos de cumplirse ese compromiso, el Estado siguió recurriendo a esta fórmula. En 2024 y 2025 se aprobaron dos nuevos préstamos de 10.004 millones de euros cada uno, ambos sustentados en la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2023.. La advertencia llega cuando el sistema afronta un escenario de presión creciente sobre el gasto. La jubilación de la generación del ‘baby boom’, la mayor esperanza de vida y la indexación de las pensiones a la inflación seguirán elevando la factura durante los próximos años. Aunque las reformas recientes han reforzado los ingresos mediante el incremento de las cotizaciones sociales y la creación de nuevas figuras como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, las aportaciones del Estado continúan siendo imprescindibles para equilibrar las cuentas.. El Tribunal no cuestiona ese respaldo financiero ni pone en duda la sostenibilidad inmediata del pago de las pensiones. Lo que discute es el modo en que esas aportaciones aparecen reflejadas en la contabilidad pública. A su juicio, si el Estado financia gastos que nunca espera recuperar, resulta más adecuado reconocerlos desde el principio como transferencias y no como préstamos que incrementan artificialmente el endeudamiento de la Seguridad Social.
