Una economía moderna se sostiene sobre pilares que no son negociables. No se trata de ideología, ni de preferencias políticas, ni de debates estéticos. Se trata de fundamentos. Y entre esos fundamentos hay dos que resultan imprescindibles para cualquier sociedad que aspire a la prosperidad: el respeto a la propiedad privada y la seguridad jurídica.. Cuando cualquiera de esos dos elementos se pone en cuestión, el daño no es puntual ni sectorial. Es estructural. Porque, en el momento en que se transmite el mensaje de que la propiedad legítimamente adquirida puede quedar suspendida, limitada o, directamente, vulnerada por decisión política, el resultado es inmediato: cae la inversión, se retrae la actividad económica y se deteriora la confianza. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en España.. Las moratorias de desahucios y la ausencia completa de una ley que acabe con la ocupación ilegal de viviendas en 24 horas son un ataque directo a la propiedad privada y, con ello, dinamita el mercado de la vivienda, tanto alquiler como compraventa. La cuestión de fondo es muy sencilla: si alguien ocupa una vivienda o deja de pagar el alquiler y permanece en ella, el propietario pierde el control efectivo de su propiedad. Y cuando el Estado impide o retrasa la restitución de esa propiedad, está actuando como cómplice de una vulneración.. Hay un argumento recurrente, profundamente demagógico, que se utiliza para justificar este tipo de políticas: «no es lo mismo un pequeño propietario que un gran tenedor», pero desde el punto de vista jurídico y económico, ese planteamiento es peligroso y erróneo. La propiedad privada no es un privilegio que se concede en función del tamaño, ni un derecho que se recorta en función del número de inmuebles. La propiedad privada es un derecho básico que debe protegerse con independencia de quién sea su titular.. El propietario –sea una familia con un piso heredado o una empresa con una cartera de viviendas–ha adquirido esa propiedad de forma legítima, pagando impuestos, cumpliendo la ley y asumiendo riesgos. Si se introduce el criterio político de «propietario bueno» y «propietario malo», se rompe el principio esencial del Estado de derecho: la igualdad ante la ley. Y cuando eso ocurre, lo siguiente es la arbitrariedad.. Quienes defienden estas medidas suelen hacerlo con un discurso supuestamente social: «proteger a quienes no pueden pagar», «evitar expulsiones», «garantizar el derecho a la vivienda», pero el resultado real es el contrario. En la práctica, estas políticas generan un efecto devastador sobre el mercado del alquiler: los propietarios retiran viviendas del mercado, exigen perfiles cada vez más restrictivos, suben precios para cubrir el riesgo y prefieren vender antes que alquilar.. Y el efecto final es claro: menos oferta de alquiler, precios más altos y más dificultad para acceder a vivienda. Es decir, se perjudica precisamente a quienes se dice proteger, porque el alquiler no se sostiene sobre discursos, se sostiene sobre contratos. Y los contratos solo funcionan si el Estado garantiza su cumplimiento.. Adicionalmente, España ha generado una anomalía especialmente dañina: el fenómeno del inquiokupa, es decir, el inquilino que entra legalmente en una vivienda, deja de pagar y, gracias a la lentitud judicial y a la protección política, se mantiene durante meses o años en el inmueble.. Esto no es un problema marginal. Es un problema que está penetrando en la percepción social y alterando el comportamiento de miles de propietarios. Hoy, muchos propietarios no tienen miedo a alquilar por el precio. Tienen miedo por el riesgo: de impago prolongado, de ocupación, de no recuperar la vivienda y de que el Estado no les proteja.. En una economía sana, la respuesta debería ser obvia: una ley que persiga la ocupación ilegal y que permita la expulsión inmediata. El desalojo debe ser inmediato cuando hay ocupación ilegal. Y debe existir un procedimiento rápido para los casos de impago con permanencia en la vivienda. No se trata de desproteger a los vulnerables. Se trata de que el Estado no puede resolver problemas sociales a costa de terceros, confiscando de facto el uso de una propiedad privada.. España tiene un problema de vivienda, pero ese problema no se soluciona debilitando la propiedad privada. Se soluciona haciendo justo lo contrario: generando seguridad jurídica, aumentando la oferta al liberalizar suelo, facilitando la construcción, reduciendo trabas urbanísticas y eliminando normas de fundamentalismo medioambiental e impulsando la inversión.. La vivienda es un mercado que responde a incentivos. Si se castiga al propietario, el propietario reacciona. Si se le desprotege, se retira. Si se le convierte en sospechoso, deja de invertir, y, entonces, ocurre lo inevitable: escasez. Un país que pone en cuestión la propiedad privada es un país que se empobrece, al espantar inversión, empleo y oportunidades.
Una economía moderna se sostiene sobre pilares que no son negociables. No se trata de ideología, ni de preferencias políticas, ni de debates estéticos. Se trata de fundamentos. Y entre esos fundamentos hay dos que resultan imprescindibles para cualquier sociedad que aspire a la prosperidad: el respeto a la propiedad privada y la seguridad jurídica.. Cuando cualquiera de esos dos elementos se pone en cuestión, el daño no es puntual ni sectorial. Es estructural. Porque, en el momento en que se transmite el mensaje de que la propiedad legítimamente adquirida puede quedar suspendida, limitada o, directamente, vulnerada por decisión política, el resultado es inmediato: cae la inversión, se retrae la actividad económica y se deteriora la confianza. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en España.. Las moratorias de desahucios y la ausencia completa de una ley que acabe con la ocupación ilegal de viviendas en 24 horas son un ataque directo a la propiedad privada y, con ello, dinamita el mercado de la vivienda, tanto alquiler como compraventa. La cuestión de fondo es muy sencilla: si alguien ocupa una vivienda o deja de pagar el alquiler y permanece en ella, el propietario pierde el control efectivo de su propiedad. Y cuando el Estado impide o retrasa la restitución de esa propiedad, está actuando como cómplice de una vulneración.. Hay un argumento recurrente, profundamente demagógico, que se utiliza para justificar este tipo de políticas: «no es lo mismo un pequeño propietario que un gran tenedor», pero desde el punto de vista jurídico y económico, ese planteamiento es peligroso y erróneo. La propiedad privada no es un privilegio que se concede en función del tamaño, ni un derecho que se recorta en función del número de inmuebles. La propiedad privada es un derecho básico que debe protegerse con independencia de quién sea su titular.. El propietario –sea una familia con un piso heredado o una empresa con una cartera de viviendas–ha adquirido esa propiedad de forma legítima, pagando impuestos, cumpliendo la ley y asumiendo riesgos. Si se introduce el criterio político de «propietario bueno» y «propietario malo», se rompe el principio esencial del Estado de derecho: la igualdad ante la ley. Y cuando eso ocurre, lo siguiente es la arbitrariedad.. Quienes defienden estas medidas suelen hacerlo con un discurso supuestamente social: «proteger a quienes no pueden pagar», «evitar expulsiones», «garantizar el derecho a la vivienda», pero el resultado real es el contrario. En la práctica, estas políticas generan un efecto devastador sobre el mercado del alquiler: los propietarios retiran viviendas del mercado, exigen perfiles cada vez más restrictivos, suben precios para cubrir el riesgo y prefieren vender antes que alquilar.. Y el efecto final es claro: menos oferta de alquiler, precios más altos y más dificultad para acceder a vivienda. Es decir, se perjudica precisamente a quienes se dice proteger, porque el alquiler no se sostiene sobre discursos, se sostiene sobre contratos. Y los contratos solo funcionan si el Estado garantiza su cumplimiento.. Adicionalmente, España ha generado una anomalía especialmente dañina: el fenómeno del inquiokupa, es decir, el inquilino que entra legalmente en una vivienda, deja de pagar y, gracias a la lentitud judicial y a la protección política, se mantiene durante meses o años en el inmueble.. Esto no es un problema marginal. Es un problema que está penetrando en la percepción social y alterando el comportamiento de miles de propietarios. Hoy, muchos propietarios no tienen miedo a alquilar por el precio. Tienen miedo por el riesgo: de impago prolongado, de ocupación, de no recuperar la vivienda y de que el Estado no les proteja.. En una economía sana, la respuesta debería ser obvia: una ley que persiga la ocupación ilegal y que permita la expulsión inmediata. El desalojo debe ser inmediato cuando hay ocupación ilegal. Y debe existir un procedimiento rápido para los casos de impago con permanencia en la vivienda. No se trata de desproteger a los vulnerables. Se trata de que el Estado no puede resolver problemas sociales a costa de terceros, confiscando de facto el uso de una propiedad privada.. España tiene un problema de vivienda, pero ese problema no se soluciona debilitando la propiedad privada. Se soluciona haciendo justo lo contrario: generando seguridad jurídica, aumentando la oferta al liberalizar suelo, facilitando la construcción, reduciendo trabas urbanísticas y eliminando normas de fundamentalismo medioambiental e impulsando la inversión.. La vivienda es un mercado que responde a incentivos. Si se castiga al propietario, el propietario reacciona. Si se le desprotege, se retira. Si se le convierte en sospechoso, deja de invertir, y, entonces, ocurre lo inevitable: escasez. Un país que pone en cuestión la propiedad privada es un país que se empobrece, al espantar inversión, empleo y oportunidades.
