La pugna por atraer a la industria de los centros de datos, intensiva como pocas en energía eléctrica, no cesa. Portugal, que comparte sistema con España, tiene sus propios planes y para llevarlos a cabo plantea una reforma que en España no pasa de ser una recomendación: separar al operador del sistema eléctrico del negocio del transporte.. La cuestión ha entrado en la agenda del Ejecutivo luso justo después del regreso del Estado al capital de Redes Energéticas Nacionais (REN), gestor de las redes de electricidad y gas del país vecino.. La ministra de Ambiente y Energía, Maria da Graça Carvalho, ha confirmado que Lisboa estudia tomar como referencia la reforma británica que separó estas funciones y creó un operador independiente para decidir sobre el funcionamiento y la evolución futura del sistema.. No hay todavía una decisión ni un proyecto legislativo. Pero sí una voluntad expresa de analizar el modelo. Carvalho ha explicado que el Gobierno quiere debatir con REN y sus accionistas la posibilidad de trasladar fuera de la compañía las funciones de gestión global y planificación energética.. La ministra se ha interesado además directamente por la experiencia británica y se ha reunido con la embajadora de Reino Unido en Portugal para conocer los resultados de una reforma que Londres culminó en 2024.. El movimiento llega en un momento especialmente significativo para REN. El Estado portugués ha acordado adquirir a Pontegadea, el vehículo inversor de Amancio Ortega, un 13,7% de la compañía, mediante la transferencia de 91,7 millones de acciones a la sociedad pública Parpública.. El acuerdo figura entre las comunicaciones de REN a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios portuguesa y sitúa al Estado como segundo accionista de referencia, solo por detrás de State Grid, que mantiene un 25%.. La operación supone el regreso del Estado al accionariado de REN después de más de una década fuera de la compañía. Su coste se ha situado en el entorno de los 325 millones de euros según la valoración bursátil manejada para la participación, aunque el importe financiero de la transacción no se hizo público.. La apuesta de Lisboa tiene una justificación estratégica: garantizar capacidad de influencia sobre una infraestructura crítica en plena transformación del sistema energético.. Pero la entrada en el capital abre ahora una cuestión más profunda. Si lo que interesa al Estado es disponer de capacidad para decidir sobre la seguridad del suministro, la planificación de las redes y la evolución del sistema eléctrico, ¿debe hacerlo desde el accionariado de REN o mediante una estructura independiente de la empresa que posee y explota esas redes?. El modelo británico. El precedente está en Reino Unido. El 1 de octubre de 2024 comenzó a operar el National Energy System Operator, NESO, después de que el Gobierno británico adquiriera a National Grid su negocio de operador del sistema eléctrico y lo trasladara a propiedad pública.. NESO asumió no solo la operación en tiempo real, sino también funciones de planificación estratégica de las redes eléctricas y gasistas. National Grid conservó la propiedad y gestión de las redes de transporte.. La diferencia no es meramente societaria. El operador determina cómo debe funcionar el sistema, qué necesidades presenta y qué evolución debe tener para garantizar el suministro y avanzar en la transición energética.. El transportista, por su parte, posee y desarrolla los activos físicos de la red. Separar ambas responsabilidades pretende evitar que quien identifica las necesidades de inversión sea también quien obtiene los ingresos regulados asociados a las infraestructuras que se construyen.. Ese es el argumento que está ganando terreno en Portugal. António Vidigal, antiguo responsable ejecutivo de EDP, señalaba en «Jornal de Negocios» al modelo británico como una posible referencia para REN.. La operación del sistema, el despacho eléctrico, los servicios de ajuste, la planificación energética integrada, los estudios de adecuación y seguridad de suministro y parte de la planificación a largo plazo podrían quedar en una estructura separada, mientras REN concentraría su actividad en las líneas, subestaciones y demás activos de transporte.. La idea tiene además un componente financiero. El Estado portugués acaba de comprometer cientos de millones de euros para hacerse con una participación minoritaria de una compañía estratégica. Una alternativa sería concentrar el capital público en aquellas funciones que Lisboa considere esenciales desde el punto de vista de la seguridad energética y dejar en manos de REN la actividad de transporte.. No significa necesariamente que el Estado deba abandonar su participación, sino que plantea para qué quiere utilizarla y qué funciones considera verdaderamente estratégicas.. Nuno Ribeiro da Silva, que presidió Endesa Portugal entre 2005 y 2023, cuestionaba en el mismo medio económico luso que un 13,7% del capital sea suficiente para proporcionar al Estado una influencia determinante sobre las grandes decisiones del sistema. A su juicio, tener presencia en el consejo permite supervisar, pero no equivale a disponer de un verdadero mecanismo de dirección sobre la estrategia energética nacional.. Un operador más neutral. Vítor Santos, antiguo presidente de la Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), aporta otro argumento: la independencia. Una entidad separada podría tomar las decisiones sobre operación y planificación con mayor distancia respecto a los intereses económicos del propietario de las redes y, por tanto, con una orientación más directa hacia el interés general.. La separación que se plantea no sería, por tanto, la respuesta a un fallo acreditado de la compañía, sino una reforma institucional destinada a reforzar la neutralidad de las decisiones en un sistema eléctrico cada vez más complejo.. La transformación del sector explica buena parte de la discusión. La demanda de energía de los centros de datos, la penetración de renovables con la expansión de la generación solar y eólica, el almacenamiento, la electrificación de la industria y del transporte y el crecimiento de las interconexiones obligan a anticipar con mucha más precisión dónde y cuándo será necesario ampliar la red.. Portugal está viviendo precisamente esa aceleración. En el primer semestre de 2026, REN elevó su inversión hasta 184,6 millones de euros, un 23,1% más que un año antes, mientras la compañía ha situado el refuerzo de las infraestructuras de muy alta tensión entre sus principales prioridades. En el primer trimestre, la generación renovable llegó a cubrir el 80% de las necesidades de consumo eléctrico portuguesas.. El sistema ibérico, además, está estrechando sus conexiones. En julio entró en servicio el nuevo enlace eléctrico de 400 kilovoltios entre el norte de Portugal y Galicia, que incrementó en unos 1.000 MW la capacidad de intercambio entre ambos países. La red deja así de ser una cuestión puramente nacional y se convierte cada vez más en una pieza de la arquitectura energética europea.. ¿Qué hace España?. El debate portugués coincide con una discusión que en España ha adquirido una nueva dimensión. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia acaba de revisar las medidas destinadas a garantizar la separación funcional entre el operador del sistema eléctrico y el gestor de la red de transporte integrado en Red Eléctrica de España, filial de Redeia.. El informe aprobado por la CNMC el pasado 14 de mayo no cuestiona que Red Eléctrica haya avanzado en el cumplimiento de las medidas exigidas, pero vuelve a poner el foco en los límites del modelo español, basado en una separación funcional y contable dentro del mismo grupo empresarial.. El documento evaluaba los criterios de separación de las funciones de operador del sistema y de la gestión de la red de transporte eléctrico en función del conflicto de intereses que se genera.. El operador participa en la identificación y planificación de las necesidades de la red, mientras el transportista obtiene una retribución regulada por las inversiones que realiza en esas infraestructuras. La cuestión, por tanto, no es si ambas funciones pueden estar organizativamente separadas, sino si esa separación ofrece garantías suficientes cuando, en último término, permanecen dentro de una misma estructura empresarial.. La CNMC ha reclamado mayores garantías de independencia y ha señalado que una separación jurídica ofrecería un grado de protección superior al modelo de separación funcional actualmente aplicado en el negocio eléctrico. Es una diferencia relevante respecto del gas, donde la legislación española sí estableció una separación jurídica de determinadas funciones.. El debate adquiere mayor relevancia por el ciclo inversor que afronta España. Red Eléctrica se encuentra ante una expansión de la red vinculada a la incorporación de nueva generación renovable, la electrificación de la economía, el almacenamiento y las interconexiones. La propia compañía ha definido su plan 2026-2029 como un ciclo inversor histórico para ejecutar la planificación eléctrica.. En este contexto, decidir quién establece las necesidades de la red y quién construye esas infraestructuras deja de ser una cuestión puramente organizativa. Tiene consecuencias económicas, regulatorias y de política energética.
La pugna por atraer a la industria de los centros de datos, intensiva como pocas en energía eléctrica, no cesa. Portugal, que comparte sistema con España, tiene sus propios planes y para llevarlos a cabo plantea una reforma que en España no pasa de ser una recomendación: separar al operador del sistema eléctrico del negocio del transporte.. La cuestión ha entrado en la agenda del Ejecutivo luso justo después del regreso del Estado al capital de Redes Energéticas Nacionais (REN), gestor de las redes de electricidad y gas del país vecino.. La ministra de Ambiente y Energía, Maria da Graça Carvalho, ha confirmado que Lisboa estudia tomar como referencia la reforma británica que separó estas funciones y creó un operador independiente para decidir sobre el funcionamiento y la evolución futura del sistema.. No hay todavía una decisión ni un proyecto legislativo. Pero sí una voluntad expresa de analizar el modelo. Carvalho ha explicado que el Gobierno quiere debatir con REN y sus accionistas la posibilidad de trasladar fuera de la compañía las funciones de gestión global y planificación energética.. La ministra se ha interesado además directamente por la experiencia británica y se ha reunido con la embajadora de Reino Unido en Portugal para conocer los resultados de una reforma que Londres culminó en 2024.. El movimiento llega en un momento especialmente significativo para REN. El Estado portugués ha acordado adquirir a Pontegadea, el vehículo inversor de Amancio Ortega, un 13,7% de la compañía, mediante la transferencia de 91,7 millones de acciones a la sociedad pública Parpública.. El acuerdo figura entre las comunicaciones de REN a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios portuguesa y sitúa al Estado como segundo accionista de referencia, solo por detrás de State Grid, que mantiene un 25%.. La operación supone el regreso del Estado al accionariado de REN después de más de una década fuera de la compañía. Su coste se ha situado en el entorno de los 325 millones de euros según la valoración bursátil manejada para la participación, aunque el importe financiero de la transacción no se hizo público.. La apuesta de Lisboa tiene una justificación estratégica: garantizar capacidad de influencia sobre una infraestructura crítica en plena transformación del sistema energético.. Pero la entrada en el capital abre ahora una cuestión más profunda. Si lo que interesa al Estado es disponer de capacidad para decidir sobre la seguridad del suministro, la planificación de las redes y la evolución del sistema eléctrico, ¿debe hacerlo desde el accionariado de REN o mediante una estructura independiente de la empresa que posee y explota esas redes?. El modelo británico. El precedente está en Reino Unido. El 1 de octubre de 2024 comenzó a operar el National Energy System Operator, NESO, después de que el Gobierno británico adquiriera a National Grid su negocio de operador del sistema eléctrico y lo trasladara a propiedad pública.. NESO asumió no solo la operación en tiempo real, sino también funciones de planificación estratégica de las redes eléctricas y gasistas. National Grid conservó la propiedad y gestión de las redes de transporte.. La diferencia no es meramente societaria. El operador determina cómo debe funcionar el sistema, qué necesidades presenta y qué evolución debe tener para garantizar el suministro y avanzar en la transición energética.. El transportista, por su parte, posee y desarrolla los activos físicos de la red. Separar ambas responsabilidades pretende evitar que quien identifica las necesidades de inversión sea también quien obtiene los ingresos regulados asociados a las infraestructuras que se construyen.. Ese es el argumento que está ganando terreno en Portugal. António Vidigal, antiguo responsable ejecutivo de EDP, señalaba en «Jornal de Negocios» al modelo británico como una posible referencia para REN.. La operación del sistema, el despacho eléctrico, los servicios de ajuste, la planificación energética integrada, los estudios de adecuación y seguridad de suministro y parte de la planificación a largo plazo podrían quedar en una estructura separada, mientras REN concentraría su actividad en las líneas, subestaciones y demás activos de transporte.. La idea tiene además un componente financiero. El Estado portugués acaba de comprometer cientos de millones de euros para hacerse con una participación minoritaria de una compañía estratégica. Una alternativa sería concentrar el capital público en aquellas funciones que Lisboa considere esenciales desde el punto de vista de la seguridad energética y dejar en manos de REN la actividad de transporte.. No significa necesariamente que el Estado deba abandonar su participación, sino que plantea para qué quiere utilizarla y qué funciones considera verdaderamente estratégicas.. Nuno Ribeiro da Silva, que presidió Endesa Portugal entre 2005 y 2023, cuestionaba en el mismo medio económico luso que un 13,7% del capital sea suficiente para proporcionar al Estado una influencia determinante sobre las grandes decisiones del sistema. A su juicio, tener presencia en el consejo permite supervisar, pero no equivale a disponer de un verdadero mecanismo de dirección sobre la estrategia energética nacional.. Un operador más neutral. Vítor Santos, antiguo presidente de la Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), aporta otro argumento: la independencia. Una entidad separada podría tomar las decisiones sobre operación y planificación con mayor distancia respecto a los intereses económicos del propietario de las redes y, por tanto, con una orientación más directa hacia el interés general.. La separación que se plantea no sería, por tanto, la respuesta a un fallo acreditado de la compañía, sino una reforma institucional destinada a reforzar la neutralidad de las decisiones en un sistema eléctrico cada vez más complejo.. La transformación del sector explica buena parte de la discusión. La demanda de energía de los centros de datos, la penetración de renovables con la expansión de la generación solar y eólica, el almacenamiento, la electrificación de la industria y del transporte y el crecimiento de las interconexiones obligan a anticipar con mucha más precisión dónde y cuándo será necesario ampliar la red.. Portugal está viviendo precisamente esa aceleración. En el primer semestre de 2026, REN elevó su inversión hasta 184,6 millones de euros, un 23,1% más que un año antes, mientras la compañía ha situado el refuerzo de las infraestructuras de muy alta tensión entre sus principales prioridades. En el primer trimestre, la generación renovable llegó a cubrir el 80% de las necesidades de consumo eléctrico portuguesas.. El sistema ibérico, además, está estrechando sus conexiones. En julio entró en servicio el nuevo enlace eléctrico de 400 kilovoltios entre el norte de Portugal y Galicia, que incrementó en unos 1.000 MW la capacidad de intercambio entre ambos países. La red deja así de ser una cuestión puramente nacional y se convierte cada vez más en una pieza de la arquitectura energética europea.. ¿Qué hace España?. El debate portugués coincide con una discusión que en España ha adquirido una nueva dimensión. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia acaba de revisar las medidas destinadas a garantizar la separación funcional entre el operador del sistema eléctrico y el gestor de la red de transporte integrado en Red Eléctrica de España, filial de Redeia.. El informe aprobado por la CNMC el pasado 14 de mayo no cuestiona que Red Eléctrica haya avanzado en el cumplimiento de las medidas exigidas, pero vuelve a poner el foco en los límites del modelo español, basado en una separación funcional y contable dentro del mismo grupo empresarial.. El documento evaluaba los criterios de separación de las funciones de operador del sistema y de la gestión de la red de transporte eléctrico en función del conflicto de intereses que se genera.. El operador participa en la identificación y planificación de las necesidades de la red, mientras el transportista obtiene una retribución regulada por las inversiones que realiza en esas infraestructuras. La cuestión, por tanto, no es si ambas funciones pueden estar organizativamente separadas, sino si esa separación ofrece garantías suficientes cuando, en último término, permanecen dentro de una misma estructura empresarial.. La CNMC ha reclamado mayores garantías de independencia y ha señalado que una separación jurídica ofrecería un grado de protección superior al modelo de separación funcional actualmente aplicado en el negocio eléctrico. Es una diferencia relevante respecto del gas, donde la legislación española sí estableció una separación jurídica de determinadas funciones.. El debate adquiere mayor relevancia por el ciclo inversor que afronta España. Red Eléctrica se encuentra ante una expansión de la red vinculada a la incorporación de nueva generación renovable, la electrificación de la economía, el almacenamiento y las interconexiones. La propia compañía ha definido su plan 2026-2029 como un ciclo inversor histórico para ejecutar la planificación eléctrica.. En este contexto, decidir quién establece las necesidades de la red y quién construye esas infraestructuras deja de ser una cuestión puramente organizativa. Tiene consecuencias económicas, regulatorias y de política energética.
