Los tribunales penales internacionales antes se centraban en llevar ante la justicia a líderes derrotados, como el serbio Slobodan Milosevic o el liberiano Charles Taylor. Pero el Tribunal Penal Internacional (TPI) ha ido más allá, emitiendo órdenes de detención contra líderes en el poder, en particular, el presidente ruso, Vladímir Putin, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Si bien estas medidas denotan cierta audacia, no tienen en cuenta la realidad política. De hecho, la nueva postura más enérgica del TPI bien podría haber provocado su caída.. Seguir leyendo
Los tribunales penales internacionales antes se centraban en llevar ante la justicia a líderes derrotados, como el serbio Slobodan Milosevic o el liberiano Charles Taylor. Pero el Tribunal Penal Internacional (TPI) ha ido más allá, emitiendo órdenes de detención contra líderes en el poder, en particular, el presidente ruso, Vladímir Putin, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Si bien estas medidas denotan cierta audacia, no tienen en cuenta la realidad política. De hecho, la nueva postura más enérgica del TPI bien podría haber provocado su caída.
Los gobiernos occidentales se mostraron unánimes a la hora de aplaudir la orden de detención de 2023 emitida por el TPI contra Putin, pero siguen profundamente divididos respecto a la de 2024 contra Netanyahu. Mientras que Irlanda ha respaldado la medida, el ministro de Asuntos Exteriores checo, Jan Lipavsky, la ha condenado: “Poner al mismo nivel a un terrorista y a alguien que defiende a su país contra los terroristas (…) socava la credibilidad del tribunal”.
En Estados Unidos, casi la mitad de la población cree que Netanyahu debería ser arrestado si entra en el país, de conformidad con la orden del TPI. Pero la Administración de Donald Trump considera que las acciones del tribunal forman parte de un nuevo frente inaceptable en “la guerra” que, según el secretario de Estado, Marco Rubio, la institución viene librando contra Estados Unidos y sus aliados.
Rubio se ha comprometido a desmantelar el tribunal “ladrillo a ladrillo”, entre otras medidas mediante la congelación de activos, la prohibición de visados a los jueces del TPI y la presión sobre los Estados miembros —como Venezuela, aliada de Estados Unidos— para que se retiren del tribunal. Burkina Faso, Malí y Níger también han iniciado el proceso de retirada, denunciando al TPI como “una herramienta de represión neocolonial”.
No se trata solo de Netanyahu. Aunque Estados Unidos ha respaldado la actuación del TPI cuando coincidía con sus intereses, la Administración de Trump insiste —precisamente en el momento en que está llevando a cabo operaciones militares que violan el derecho internacional— en que el tribunal no debe tener jurisdicción sobre los estadounidenses. Pero el caso de Netanyahu se ha convertido en una prueba existencial para el TPI, una prueba en la que, casi con certeza, fracasará.
Un tribunal cuyas acusaciones no dan lugar a arrestos carece de legitimidad. Y la probabilidad de que Netanyahu —o Putin, para el caso— sea detenido es prácticamente nula. “No creo que haya ni un solo país europeo que detendría al señor Netanyahu”, afirmó el primer ministro belga, Bart De Wever, señalando que, en “el marco de la realpolitik, las consideraciones prácticas prevalecen sobre las éticas”.
Este tipo de desafío no es precisamente algo sin precedentes. El TPI acusó por primera vez al entonces presidente de Sudán, Omar al-Bashir, de crímenes de guerra en 2009 y emitió una una segunda orden de detención en 2010 por su papel en el genocidio de Darfur. Sin embargo, Bashir permaneció en el poder hasta el golpe de Estado de 2019. Cuando Bashir visitó Turquía en 2017, el presidente Recep Tayyip Erdogan afirmó que solo podía reírse ante la exigencia de detención de la CPI. Sin embargo, Erdogan ha elogiado la orden de detención contra Netanyahu, lo que pone de manifiesto hasta qué punto el apoyo al tribunal es una cuestión política y no de respeto hacia la institución.
Turquía no es miembro del TPI. Tampoco lo son Indonesia, Israel o Pakistán, por no hablar de grandes potencias como China, India, Rusia y Estados Unidos. Los países europeos sí lo son —y también se han negado a colaborar en la ejecución de las órdenes de detención—. En enero de 2025, Osama Almasri, un alto mando militar libio acusado de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, fue detenido en Turín en virtud de una orden del TPI. Pero Italia lo liberó posteriormente y lo mandó de regreso a Libia, sin siquiera notificárselo al tribunal —lo que supone un incumplimiento de sus obligaciones en virtud del Estatuto de Roma del tribunal—. Almasri fue arrestado en Trípoli el siguiente noviembre.
Lo que socava aún más la credibilidad del TPI son las acusaciones de “justicia selectiva”, que se ven reforzadas por una limitación estructural de la institución: en los casos en que el delito se haya cometido en el territorio de un Estado no miembro, el tribunal puede ejercer su jurisdicción si dicho Estado da su consentimiento o si el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas le remite el caso. Esto explica por qué no ha podido imputar al exdictador sirio Bachar el Asad, responsable de la masacre de aproximadamente medio millón de personas.
El tribunal tampoco ha imputado a ningún dirigente chino por el genocidio cultural perpetrado contra la minoría uigur en Xinjiang. Y, a pesar de las afirmaciones de la Administración de Trump de que esgrime una venganza antiestadounidense, Estados Unidos y sus aliados británicos siguen a salvo de rendir cuentas por los cientos de miles de muertes de civiles en Irak, un país no miembro.
En el caso de Netanyahu, el TPI encontró una forma de eludir esta limitación. Afirma que puede “ejercer su jurisdicción sobre la base de la jurisdicción territorial de Palestina”, que se ha adherido al Estatuto de Roma, a pesar de que la condición jurídica del Estado de Palestina es motivo de considerable desacuerdo, tanto entre los Estados como entre los juristas.
Para sacar adelante el caso, podría decirse que el tribunal tampoco respetó el principio de complementariedad, que exige que se remita a las autoridades nacionales que estén dispuestas y sean capaces de investigar y enjuiciar los delitos en cuestión. El TPI estaba concebido como un tribunal de última instancia y, si bien la clase política israelí merece ser criticada, su sistema judicial sigue siendo competente y respetado. Sin embargo, parece que a Israel no se le concedió una oportunidad razonable para invocar la complementariedad antes de que el tribunal dictara su orden de detención.
Esto supone un error grave —sobre todo, teniendo en cuenta que en octubre pasado el 74% de los israelíes apoyaban la creación de una comisión estatal de investigación sobre la guerra en Gaza. Hay motivos de sobra para creer que, tarde o temprano, los líderes israelíes tendrán que rendir cuentas por los horrores que han permitido que se cometan.
La orden de detención contra Netanyahu ha puesto de relieve la impotencia del TPI y su tendencia hacia una justicia selectiva, pero no las generó. De hecho, podría decirse que sus días siempre estuvieron contados. Nacido en medio de la euforia por la victoria de Occidente en la Guerra Fría, encarnaba la aspiración de que el derecho internacional pudiera trascender la política y de que una única institución pudiera defender de forma justa e imparcial los derechos humanos en todo el mundo. Pero siempre representó la justicia de los vencedores y nunca estuvo preparado para operar en un mundo marcado por la machtpolitik, la política de la fuerza. En este contexto, los mecanismos no judiciales —como la presión política, los acuerdos bilaterales, las sanciones económicas y el fomento de la complementariedad— bien podrían resultar más eficaces. En cualquier caso, el historial del TPI claramente no justifica su supuesto papel como árbitro universal de la justicia penal internacional, y es posible que tenga que renunciar a él.
