El juez Santiago Pedraz, instructor del caso Leire Díez en la Audiencia Nacional, ha citado a declarar como imputado a Leonardo Marcos, quien fuera director general de la Guardia Civil con el Gobierno de Pedro Sánchez (ocupó ese cargo de junio de 2023 a septiembre de 2024). El magistrado ha decidido dar ese paso tras solicitarlo el PP, que lidera la acusación popular en el sumario abierto sobre la presunta trama urdida por la exmilitante socialista Leire Díez y Santos Cerdán, ex secretario Organización del PSOE, para “desestabilizar” los procedimientos judiciales que salpican al partido y al Gobierno. En este sumario también se encuentran imputados Mercedes González, que sustituyó a Marcos al frente del instituto armado; y el teniente general Manuel Llamas, director adjunto operativo (DAO) de la institución.
El juez Santiago Pedraz, instructor del caso Leire Díez en la Audiencia Nacional, ha citado a declarar como imputado a Leonardo Marcos, quien fuera director general de la Guardia Civil con el Gobierno de Pedro Sánchez (ocupó ese cargo de junio de 2023 a septiembre de 2024). El magistrado ha decidido dar ese paso tras solicitarlo el PP, que lidera la acusación popular en el sumario abierto sobre la presunta trama urdida por la exmilitante socialista Leire Díez y Santos Cerdán, ex secretario Organización del PSOE, para “desestabilizar” los procedimientos judiciales que salpican al partido y al Gobierno. En este sumario también se encuentran imputados Mercedes González, que sustituyó a Marcos al frente del instituto armado; y el teniente general Manuel Llamas, director adjunto operativo (DAO) de la institución.
Según consta en una resolución dictada este miércoles, Pedraz fija la declaración de Marcos a las 10.00 del próximo 10 de septiembre. Un día antes tiene fechado el interrogatorio de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, igualmente imputada. Esta batería de citaciones inflige otro golpe al partido, que ve cómo la agenda judicial volverá a marcarle el paso tras el previsto parón de agosto.
En un escrito, el PP planteó al juez la imputación de Leonardo Marcos después de que un jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Rafael Yuste, denunciase “presiones” de sus superiores y asegurase que el entonces director general apuntó a que “se pusiera de perfil” en la investigación judicial sobre el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, recientemente condenado por la Audiencia Provincial de Badajoz.
Al aceptar la reclamación de los populares, Pedraz amplía el radio de acción del proceso y extiende la sombra de sospecha. A principios de julio, ya dio luz verde a la imputación de Mercedes González, así como a la citación de Llamas, tras solicitarlo la Fiscalía Anticorrupción por delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia. El ministerio público reclamó sus comparecencias después de que la UCO multiplicase sus sospechas sobre ellos, al concluir que los dos activaron las investigaciones internas abiertas en la institución (llamadas técnicamente “informaciones reservadas”) para indagar en posibles filtraciones de información. Los agentes creen que la trama encabezada por Díez buscaba “instrumentalizar” esos expedientes como “mecanismo de presión” para crear un “clima” de intimidación entre los funcionarios que participaban en las pesquisas que afectaban al PSOE y al Ejecutivo. Ambos lo negaron.
“Los hechos investigados responden a una actuación coordinada de la cúpula de la Guardia Civil, en la que el director general ostentaba la máxima responsabilidad institucional. La correlación temporal entre los contactos de la directora general con la trama, la apertura de informaciones reservadas y las instrucciones transmitidas a la UCO, no puede analizarse excluyendo precisamente a quien, durante el período de junio de 2023 a septiembre de 2024, encabezaba dicha estructura”, afirmó el PP en el escrito enviado al magistrado de la Audiencia Nacional para plantear la imputación de Leonardo Marcos.
Según expusieron al juez, los populares quieren aclarar el “conocimiento” del exdirector general de la Guardia Civil sobre las informaciones reservadas incoadas contra la UCO. También, el “alcance de las instrucciones transmitidas a los mandos de la unidad en causas de afectación política”; su “intervención en el cuestionamiento de los informes relativos a David Sánchez”; y su “eventual coordinación con Mercedes González, Manuel Llamas y con la trama investigada”.
Los generales Rafael Yuste y Alfonso López Malo, que ejercieron ambos como jefes de la UCO, relataron al juez Santiago Pedraz que, durante una reunión celebrada en el verano de 2024 con el entonces director general Leonardo Marcos, se les instó a que esa unidad se pusiera “de perfil” y no fuera “proactiva” en las causas “que tuvieran afectación política”. Según su versión, ellos entendieron esas palabras como indicaciones genéricas y no referidas a un único partido, el PSOE; pero, en otro encuentro con Marcos, este les mostró su enfado porque los agentes habían propuesto a la magistrada Beatriz Biedma, que instruía el caso del hermano de Pedro Sánchez, recabar los correos electrónicos de varias cuentas de la Diputación de Badajoz para investigar las supuestas irregularidades en la colocación en esta institución del familiar del presidente del Gobierno.
Paralelamente, el juez ha citado a declarar como testigo a José Luis Alonso Tejuca, fiscal jefe de Badajoz. El PP también lo había solicitado para profundizar en “las circunstancias relativas a la tramitación y archivo” de una denuncia formulada contra Leire Díez y en “las comunicaciones mantenidas” entre la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía de Badajoz.
