In September 2022, the death of Mahsa Amini, a 22-year-old Iranian woman detained by the morality police for allegedly violating Islamic headscarf rules, sparked a wave of protests in Iran against the requirement for women to cover their hair. Four years later, on the other side of the border, the hijab once again causes protests, but for the opposite reason. In Azerbaijan, female students and teachers report that they are being denied access to educational institutions because of their gender. The protests have resulted in dozens of arrests and a political confrontation with Turkey, Baku’s main ally… Continue reading
En septiembre de 2022, la muerte de Mahsa Amini, una joven iraní de 22 años detenida por la policía de la moral por supuestamente incumplir las normas sobre el velo islámico, desencadenó una oleada de protestas en Irán contra la obligación de las mujeres de cubrirse el cabello. Cuatro años después, al otro lado de la frontera, el hiyab vuelve a provocar manifestaciones, pero por el motivo contrario. En Azerbaiyán, alumnas y profesoras denuncian que no pueden acceder a los centros educativos por llevarlo. Las protestas han provocado decenas de detenciones y un enfrentamiento político con Turquía, el principal aliado de Bakú.
En los últimos días se han difundido en las redes sociales imágenes de escolares protestando frente a sus centros y de estudiantes que abrazan entre lágrimas a sus profesoras, apartadas de las aulas, según las denuncias, por llevar el pañuelo islámico. Las manifestaciones no son habituales en un país donde la oposición política y los medios independientes trabajan bajo fuertes restricciones.
Azerbaiyán es una antigua república soviética de unos 10 millones de habitantes situada en el Cáucaso Sur, a orillas del mar Caspio, entre Rusia e Irán y fronteriza con Armenia y Georgia. Aunque cerca del 96% de su población se identifica como musulmana, es un Estado constitucionalmente laico. Desde 2003 está gobernado por Ilham Aliyev, que sucedió a su padre, Heydar Aliyev, presidente desde 1993. La familia lleva más de tres décadas en el poder.
El 21 de septiembre, el Gobierno azerbaiyano aprobó una modificación de la normativa sobre uniformes escolares que prohíbe utilizar prendas contrarias a la uniformidad o al principio de educación laica. El texto no menciona expresamente el hiyab, pero algunos centros han interpretado que la restricción también afecta al pañuelo islámico. El 6 de octubre se aprobaron nuevas exigencias de vestimenta para el profesorado y comenzaron a conocerse denuncias de docentes apartadas de sus puestos por negarse a descubrirse la cabeza.
Las protestas se extendieron por distintas localidades. El 12 de octubre, el Ministerio del Interior reconoció la detención de 37 personas en Bakú por alterar el orden público. Las autoridades denunciaron también actos violentos durante algunas concentraciones. Amnistía Internacional, por su parte, ha documentado detenciones de manifestantes pacíficos y ha exigido que las alumnas afectadas puedan regresar a clase. La organización considera que impedir el acceso a la educación por llevar el pañuelo vulnera la libertad religiosa y el derecho a la educación.
Las críticas llegaron también desde Turquía, aliado tradicional de Azerbaiyán; los dirigentes de ambos países suelen describir su relación bajo el principio de “una nación, dos Estados”. Oktay Saral, asesor de Erdogan, consideró inaceptable negar el derecho a la educación a estudiantes que llevan el hiyab. Otros miembros del gobernante (AKP) se sumaron a las críticas. La respuesta llegó el 13 de octubre desde Nuevo Azerbaiyán, el partido que preside Aliyev, que calificó esas declaraciones de “populistas e irresponsables” y recordó que la alianza entre ambos países no autoriza a interferir en sus asuntos internos. El comunicado defendió, además, sus relaciones con Israel, objeto del rechazo de Ankara, y rechazó las críticas procedentes de medios y representantes políticos turcos.
En los últimos años, Azerbaiyán ha adquirido mayor protagonismo internacional por el conflicto con Armenia en torno al enclave de mayoría étnica armenia de Nagorno Karabaj, que recuperó en 2023 y supuso la expulsión de 100.000 armenios. Turquía desempeñó un papel decisivo en la victoria azerbaiyana mediante su apoyo militar y tecnológico.
La victoria militar ha reforzado el peso regional de Azerbaiyán, que ha ampliado sus relaciones con otros socios internacionales. La Unión Europea es uno de sus principales mercados energéticos y considera al país un proveedor importante para reducir su dependencia del gas ruso.
Israel es otro de los socios estratégicos de Bakú. Ambos países mantienen desde hace décadas estrechas relaciones energéticas, militares y de seguridad. Azerbaiyán suministra petróleo a Israel y compra armamento y tecnología militar israelí, incluidos drones y sistemas utilizados durante las guerras contra Armenia.
Estos vínculos se han convertido en uno de los principales motivos de desacuerdo con Turquía. Su presidente, Recep Tayyip Erdogan, mantiene una posición muy crítica con Israel por la guerra de Gaza. Ankara anunció la suspensión del comercio bilateral en 2024, pero el petróleo azerbaiyano continúa llegando a Israel a través del oleoducto Bakú-Tiflis-Ceyhan, que atraviesa territorio turco hasta la costa mediterránea.
Las diferencias entre ambos aliados venían así de antes de las protestas por el hiyab. El analista político Georgi Mirzabekyan señalaba en CivilNet que en los últimos años las discrepancias se han hecho cada vez más visibles, especialmente por las relaciones con Israel o el acercamiento entre Turquía y Armenia. A su juicio, Bakú intenta dejar atrás su posición tradicional de “hermano pequeño” de Ankara y establecer una relación más equilibrada, en la que pueda defender sus intereses sin depender de las decisiones turcas.
La polémica sobre el hiyab ha añadido ahora un nuevo motivo de desacuerdo.
Para Mehman Huseynov, bloguero y activista azerbaiyano que estuvo encarcelado en su país entre 2017 y 2019 y que actualmente reside en Alemania, acogido a un programa de reubicación para periodistas, lo sucedido en las escuelas debe entenderse dentro de la política de represión de los últimos años.
“Cuando los periodistas independientes son encarcelados y los medios críticos silenciados, documentar los abusos resulta cada vez más difícil y las víctimas a menudo no tienen a quién recurrir”, explica Huseynov a EL PAÍS. El activista cree que, después de años de detenciones de periodistas, defensores de los derechos humanos y opositores, las comunidades religiosas se han convertido en un nuevo posible objetivo de las autoridades.
Azerbaiyán ocupa el puesto 171 de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2026 de Reporteros Sin Fronteras. Freedom House le otorga 6 puntos sobre 100 en su evaluación de derechos políticos y libertades civiles y lo clasifica como un país “no libre”. Aunque la Constitución garantiza la libertad de conciencia y religión, organizaciones internacionales llevan años denunciando las restricciones impuestas a comunidades religiosas y medios independientes.
Huseynov sospecha que las restricciones al hiyab podrían servir también para comprobar hasta dónde está dispuesta a llegar la sociedad azerbaiyana en su oposición a determinadas decisiones del Gobierno. El activista teme que Aliyev esté preparando el terreno para futuras reformas constitucionales que permitan a su hijo sucederle en la presidencia, como él mismo hizo con su padre en 2003.
“Mi preocupación es que el asunto no se limita al hiyab. Se trata del Estado de derecho, de la libertad religiosa, del derecho a disentir y del futuro del poder político en Azerbaiyán”, afirma.
