La presión a la que ha estado sometido este curso el Departamento catalán de Educación no se ha ido de vacaciones. Todo lo contrario. Después de que trascendiera el pasado viernes que un error en el diseño de la muestra de las pruebas PISA de 2025 impedirá la comparación con otros años y territorios, la polémica está servida. La titular de esa cartera, Esther Niubó (PSC), ha insistido este lunes en una comparecencia de urgencia en el Parlament en que se siguen investigando las causas. Como primera hipótesis, ha apuntado a la coincidencia en el tiempo de dos pruebas de competencias, algo que cree que habría generado confusión. Donde Niubó ve una “incidencia técnica”, la oposición en bloque ve una muestra clara de falta de control interno y de liderazgo político, a lo que se suman unos centros indignados por sentirse señalados.. Seguir leyendo
La presión a la que ha estado sometido este curso el Departamento catalán de Educación no se ha ido de vacaciones. Todo lo contrario. Después de que trascendiera el pasado viernes que un error en el diseño de la muestra de las pruebas PISA de 2025 impedirá la comparación con otros años y territorios, la polémica está servida. La titular de esa cartera, Esther Niubó (PSC), ha insistido este lunes en una comparecencia de urgencia en el Parlament en que se siguen investigando las causas. Como primera hipótesis, ha apuntado a la coincidencia en el tiempo de dos pruebas de competencias, algo que cree que habría generado confusión. Donde Niubó ve una “incidencia técnica”, la oposición en bloque ve una muestra clara de falta de control interno y de liderazgo político, a lo que se suman unos centros indignados por sentirse señalados.
La prueba que promueve la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) tiene estrictos protocolos de aplicación. Entre ellos figura que la tasa de estudiantes que pueden ser eximidos del examen por razones de conocimiento de la lengua o por tener necesidades especiales no puede superar el 5%. En Cataluña fue del 23,2%. Niubó ha aceptado en sede parlamentaria que aún se está investigando cómo ese error pasó inadvertido hasta el pasado mes de marzo, cuando la OCDE informó a la Generalitat de que la muestra no era representativa y de que eso limitaba el uso de los datos sobre el rendimiento educativo.
La oposición ha cargado contra Niubó —Junts per Catalunya, PP, Vox y Aliança Catalana han pedido su cese— y le ha acusado de jugar con el calendario para hacer público el fiasco. La consejera, que ha advertido de que aún no hay conclusiones de la investigación interna, sí apuntó a que las primeras pesquisas señalan una confusión en las instrucciones, por la coincidencia en el tiempo de las pruebas PISA con otra de la Generalitat. Así, en los 51 centros seleccionados de manera aleatoria por una empresa contratada por la OCDE para el examen de la organización internacional en abril, se realizaron también las pruebas de final de etapa de 4º de la ESO entre los meses de marzo y mayo. “Esa similitud permite plantear que hubo confusión sobre los criterios que tenían que seguir los centros”, ha apostillado.
Niubó ha asegurado que se depurarán todas las responsabilidades necesarias cuando llegue el momento. Por ahora, ha añadido, sí se ha buscado solventar “debilidades técnicas” detectadas desde marzo: por ejemplo, la necesidad de que cada proceso de evaluación tenga su “protocolo claro y detallado”, donde se definan “los umbrales de alerta sobre problemas en la muestra” y se centralicen “los circuitos de validación de la exención” de alumnos. Ese nuevo parámetro ya se ha aplicado en otras tres pruebas realizadas este curso. “Las tasas de exención son del 6%”, ha aclarado. Son los centros los que comunican directamente el listado de alumnos, dejando claro cuáles tienen necesidades educativas.
La consejera ha reconocido que en marzo no se podía retocar la prueba de PISA, pero sí se actuó en ese momento abriendo diligencias para saber qué había pasado. Otra de las mejoras puestas en marcha es la creación de la Comisión de Coordinación de Pruebas y Estudios de Evaluación, un órgano técnico que ordenará y controlará la aplicación de todas las pruebas del sistema. La orden de creación de ese ente, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat el pasado viernes, fue el detonante que llevó a la Generalitat a explicar lo sucedido con PISA.
“Si todo el sistema de control falla al mismo tiempo, el problema no es una incidencia técnica, es un problema de la dirección política del sistema”, le ha espetado la diputada de Esquerra Republicana Inés Aragonès. Todas las intervenciones de la oposición han dedicado también tiempo a recordar el resto de carpetas abiertas del Departamento, que ha estado en el punto de mira por otros errores de gestión, como los problemas en la adjudicación de destinos provisionales para el personal docente el año pasado. “Descargar la culpa en los centros acentúa la desconfianza e incrementa el malestar”, ha dicho por su parte la representante de Junts, Anna Erra, en referencia al conflicto educativo y laboral vivido este curso en Cataluña.
De hecho, antes de que Niubó expusiera sus hipótesis sobre la causa del fallo, la Associació de Directius de l’Educació Pública de Catalunya dejó claro que el problema había estado en los mecanismos de supervisión de la muestra. “No ha habido control o este ha sido deficiente”, ha dicho su presidente, Jordi Satorra, en una entrevista en 3Cat. “Si una consejera intercede en cuál debe ser la tasa de exención cuando hay reglas claras, creo que estaría haciendo un trabajo que no le toca”, ha insistido la consejera para remarcar el carácter técnico de la dirección.
“El escándalo habría sido no hacer nada cuando tuvimos la información”, ha defendido la consejera, que precisamente estaba de baja por enfermedad el pasado mes de marzo. De ahí que desde el Partido Popular también hayan pedido saber si hubo alguna responsabilidad del consejero de Presidencia, Albert Dalmau, que había asumido sus funciones. En ese momento, ha añadido Niubó, solo se les había comunicado que no se habían seguido los requisitos metodológicos, no que eso comprometiera la serie histórica ni cómo afectaría a la publicación de los resultados en septiembre. Desde los Comuns, Jéssica Albiach ha considerado que cuatro meses son tiempo suficiente para que ya hubiera más luz sobre los hechos, y ha pedido también conocer el papel del Ministerio de Educación.
El fiasco con PISA es aún más doloroso para el Ejecutivo de Salvador Illa dado que, cuando estaba en la oposición, fue muy crítico con la manera en que el Govern de Pere Aragonès gestionó los malos resultados de la edición de 2022, que dejaban al alumnado catalán por debajo de la media española y de los países de la OCDE. En aquel momento, la Generalitat achacó inicialmente el fracaso a problemas con la muestra, argumentando que había una representación excesiva de alumnos inmigrantes, para posteriormente desmentirlo. Un pasado que la oposición tampoco ha dejado pasar, como tampoco el hecho de que el Govern ya ha sido censurado por la Cámara.
