El Gobierno de Donald Trump ha pedido inmunidad para la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una demanda judicial que concedió una indemnización de 314 millones de dólares a tres ciudadanos estadounidenses detenidos y torturados en ese país.. Seguir leyendo
El Gobierno de Donald Trump ha pedido inmunidad para la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una demanda judicial que concedió una indemnización de 314 millones de dólares a tres ciudadanos estadounidenses detenidos y torturados en ese país.
El Departamento de Justicia (DOJ) presentó el lunes al tribunal del distrito Sur de Florida un escrito pidiendo formalmente que conceda inmunidad a Rodríguez por tratarse de una “jefa en activo de un Estado extranjero”.
“La Constitución reconoce al presidente de Estados Unidos la potestad de representar a la Nación en sus relaciones exteriores”, reza el documento, que le recuerda al tribunal que el Ejecutivo de Estados Unidos ha designado a la “presidenta Rodríguez como la jefa de Estado en activo de Venezuela”, y que por eso es merecedora de inmunidad.
El caso en cuestión es el de Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar José Marval, tres estadounidenses que fueron arrestados en 2022 por el Gobierno del entonces presidente Nicolás Maduro y, según el tribunal, mantenidos como rehenes para presionar a Washington por la liberación del empresario colombiano Alex Saab, testaferro de Maduro y señalado como uno de los principales operadores financieros del chavismo.
Un juez federal de Miami ordenó a mediados de este mes que los tres estadounidenses reciban 314 millones de dólares en indemnizaciones por haber sido torturados por agentes venezolanos antes de ser liberados en 2023 como parte de un intercambio con Washington por Saab.
Rodríguez figuraba originalmente entre los demandados, pero quedó fuera de la sentencia. The Associated Press había reportado que los abogados de Rodríguez solicitaron en abril desestimar el caso alegando inmunidad como jefa de Estado.
El nuevo documento judicial revela que la Embajada de Venezuela pidió al Departamento de Estado que tomara las medidas necesarias para certificar la inmunidad de Rodríguez.
En una carta fechada el 11 de junio, más de un mes antes que el juez emitiera la sentencia, el Departamento de Estado pidió al DOJ que presentara una declaración formal de inmunidad ante el tribunal, explicando que Washington reconoce a Rodríguez como jefa de Estado, por lo que quedaría fuera de la jurisdicción del tribunal, según los documentos judiciales.
“El Departamento de Estado reconoce y admite la inmunidad de la presidenta Rodríguez, en su condición de jefa de Estado en funciones de un Estado extranjero, frente a la jurisdicción del tribunal federal de distrito de Estados Unidos en esta demanda”, dice la misiva. “Como jefa de Estado en funciones de un Estado extranjero, goza de inmunidad, mientras permanezca en el cargo”, agrega.
El Departamento de Estado subrayó en su misiva la “especial importancia” de “la desestimación del proceso contra la presidenta Rodríguez, dadas las importantes repercusiones de esa medida para la política exterior”. El Departamento de Estado no respondió inmediatamente a una solicitud de comentario para este reporte.
El pedido de inmunidad fue presentado seis días después de que el juez de Miami Darrin Gayles emitiera la sentencia de 314 millones de dólares contra Maduro, el Cartel de los Soles, Alex Saab y otros altos dirigentes venezolanos.
El juez aún debe emitir una orden que desestime formalmente a Rodríguez del caso, pero el DOJ sostiene en el escrito que el Poder Ejecutivo es quien decide qué funcionarios extranjeros gozan de inmunidad, y que la decisión no está sujeta a revisión judicial. El DOJ forma parte del Poder Ejecutivo.
Mientras el Gobierno estadounidense pide al tribunal que reconozca la inmunidad de Rodríguez, mantiene graves acusaciones contra Maduro y algunos de sus colaboradores, incluidos cargos por narcotráfico. Maduro fue capturado a comienzos de este año en Caracas y permanece detenido en Nueva York a la espera de juicio.
La demanda de Kenemore, Saad y Marval, presentada en agosto de 2025, sostiene que después de que Saab fuera extraditado a Miami desde Cabo Verde acusado de cargos de lavado de dinero, Maduro puso en marcha una estrategia que consistía en detener ciudadanos estadounidenses para usarlos como rehenes y usarlos como fichas de cambio.
Según los documentos judiciales, los hombres permanecieron detenidos cientos de días en instalaciones de la contrainteligencia militar venezolana, donde fueron torturados con golpizas, descargas eléctricas, aislamiento, y otros vejámenes. El juez Gayles dictó una sentencia en rebeldía contra Maduro y los otros altos funcionarios venezolanos, que no respondieron al proceso.
Saab está otra vez preso en Miami, tras ser entregado en mayo por el Gobierno de Rodríguez. Enfrenta cargos por lavado de dinero en una supuesta trama de corrupción del programa estatal de alimentos CLAP.
