Manuel Merino, de 33 años, llevaba mucho tiempo acariciando el sueño de una vivienda para poder emanciparse. Pero cuando, por fin, resultó agraciado en el sorteo realizado entre los muchos aspirantes a una Vivienda de Protección Oficial (VPO) en Jaén, el sueño se transformó en pesadilla: “Creía que el precio era una broma”, dice el joven jienense, al que pedían 350.000 euros más gastos de gestión por un piso de apenas 90 metros cuadrados.. Seguir leyendo
Manuel Merino, de 33 años, llevaba mucho tiempo acariciando el sueño de una vivienda para poder emanciparse. Pero cuando, por fin, resultó agraciado en el sorteo realizado entre los muchos aspirantes a una Vivienda de Protección Oficial (VPO) en Jaén, el sueño se transformó en pesadilla: “Creía que el precio era una broma”, dice el joven jienense, al que pedían 350.000 euros más gastos de gestión por un piso de apenas 90 metros cuadrados.
Manuel, que tuvo que renunciar al piso que le había sido asignado, es el reflejo de la paradoja, o lo que los sindicatos califican como “drama”, que presenta el sector inmobiliario en la que es la ciudad con las VPO más caras del país en relación con la vivienda de renta libre.
Según los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el valor tasado VPO se situó en los 1.469,1 euros por metro cuadrado en el segundo trimestre de este año (la media en España fue de 1.427 euros por metro cuadrado), el mayor importe registrado hasta la fecha con un incremento que supera el 5% interanual. Pero en cuatro provincias la paradoja es aún más significativa porque el metro cuadrado de la vivienda protegida cuesta más que el de la libre. Jaén encabeza esa lista (253 euros de diferencia), seguida de Ciudad Real, Cuenca y León. En el resto de España, la brecha es considerable, pues en Baleares, Madrid o Guipúzcoa, la vivienda libre supera a la VPO en más de 2.200 euros por metro cuadrado.
De este modo, el precio medio de la VPO en Jaén ha alcanzado valores que superan los 1.400 euros por metro cuadrado, mientras que la vivienda libre se situaba de media por debajo de los 825 euros. Sin embargo, en el caso de la promoción de vivienda protegida que resultó un fiasco para Manuel Merino, ese precio se ha triplicado hasta un nivel que resulta inaccesible para la mayor parte de familias. El motivo, según apunta la secretaria provincial de Comisiones Obreras en Jaén, Silvia de la Torre, se debe al Decreto-ley 1/2025 incluido en la Ley 5/2025 de Vivienda de Andalucía que aprobó el gobierno andaluz el año pasado y que, a su juicio, liberaliza y quita las limitaciones para los precios de la VPO: “Ese decreto tiene que desaparecer porque fomenta la especulación y está desvirtuando el concepto y el objetivo de las viviendas protegidas”, apunta De la Torre.
Con ese Decreto, las VPO se liberan automáticamente tras 15 años desde su calificación definitiva, permitiendo su venta o alquiler a precio de mercado sin necesidad de solicitar autorización previa a la Junta de Andalucía. En el caso de segundas y posteriores transmisiones, el precio máximo de venta sí está topado al precio de la nueva construcción que corresponda según el plan vigente, o actualizado por el IPC si la transmisión anterior fue autorizada con condiciones específicas.
El precio de la vivienda protegida en Andalucía ha tenido una subida interanual del 4%. El delegado de Vivienda de la Junta andaluza en Jaén, Miguel Contreras, justifica esos precios disparados en las VPO en el hecho de que “a los promotores de obras no les compensa construir viviendas a precios más bajos, ya que después no pueden venderlas al no cubrirles los costes de producción”.
Y todo ello ocurre en una ciudad donde hay más de 6.000 viviendas vacías, con un 16,7% fuera del mercado y un escaso 5,2% destinado al alquiler habitual. El registro de demandantes de vivienda protegida en Jaén acumula 10.521 inscripciones (el 21,7% son menores de 35 años), pero la inactividad administrativa ha provocado la caducidad de 8.100 solicitudes, beneficiando únicamente a 443 familias. “La solución pasa por desmercantilizar la vivienda para garantizarla como derecho real y dotar de partidas presupuestarias suficientes al Bono Alquiler Joven”, subraya la secretaria de Juventud de CCOO de Jaén, Silvia Cazalilla.
Estos obstáculos están lastrando el acceso a la vivienda para la juventud jiennense en una provincia donde solo el 12,9% de los jóvenes logra independizarse antes de los 30 años, muy lejos del promedio andaluz (27,3%). Además, las personas de 18 a 25 años deben destinar el 64,9% de su salario medio para alquilar un inmueble de 65 metros cuadrados, viéndose obligadas a compartir piso, y en la franja de 26 a 35 años, el coste absorbe el 30,5% del sueldo.
José Ángel Rosales, vecino de Beas de Segura de 29 años, es uno de los jóvenes que ha podido emanciparse hace apenas unos meses. Lo ha hecho gracias a la ayuda de 9.500 euros recibida de la Diputación Provincial dentro de la línea abierta para adquisición de vivienda para jóvenes menores de 35 años en la comarca de la Sierra de Segura, una de las que sufre en mayor medida el proceso de despoblamiento de sus pueblos. “Sin esta ayuda no hubiera podido comprarme una casa y emanciparme”, indica el joven jiennense.
Como él, otros 54 beneficiarios de la Sierra de Segura se han acogido a ayudas de hasta 10.000 euros (o el 10% del coste de la casa) por parte de la Diputación jienense. En total, a este grupo de beneficiarios se les han concedido casi 300.000 euros para completar una inversión en viviendas que supera los 4,4 millones de euros. Se trata de una iniciativa pionera que se extiende a los pueblos de Orcera, Beas de Segura, Puente de Génave, La Puerta de Segura, Torres de Albanchez, Santiago-Pontones, Génave, Arroyo del Ojanco, Segura de la Sierra y Siles, y que ahora también llegará a la comarca de El Condado.
“El presente y el futuro de nuestros pueblos pasan por los jóvenes y por eso es fundamental que se generen oportunidades, que nuestros municipios sean espacios de oportunidades, que cuenten con servicios públicos de calidad, con el fin de que el que quiera vivir en su pueblo, pueda hacerlo y no se tenga que ver obligado a marcharse, que sea una elección, no una obligación”, ha señalado el presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre.
El político socialista, también alcalde de la pequeña localidad de Arjona, asegura que han decidido actuar desde la Diputación pese a no tener competencias en materia de vivienda “ante la pasividad de la Junta de Andalucía en este tema”.
