Durante más de una década, el general Jaled al Halabi creyó que había escapado. Había comandado la policía secreta en la ciudad de Raqa, uno de los pilares de la maquinaria represiva de Bachar el Asad. En 2013 dejó atrás la unidad 335 y cambió su puesto por una vida discreta en Europa. Salió de Siria con la ayuda del Mosad, los servicios secretos israelíes para los que trabajaba como agente doble. Poco después, Raqa caería en manos del Estado Islámico. Al Halabi pasó por Francia, donde le fue denegado el asilo, y terminó instalándose en Austria. Durante años viajó por Europa convencido de que, como tantos otros altos cargos del régimen, había dejado la guerra atrás.. Seguir leyendo
Durante más de una década, el general Jaled al Halabi creyó que había escapado. Había comandado la policía secreta en la ciudad de Raqa, uno de los pilares de la maquinaria represiva de Bachar el Asad. En 2013 dejó atrás la unidad 335 y cambió su puesto por una vida discreta en Europa. Salió de Siria con la ayuda del Mosad, los servicios secretos israelíes para los que trabajaba como agente doble. Poco después, Raqa caería en manos del Estado Islámico. Al Halabi pasó por Francia, donde le fue denegado el asilo, y terminó instalándose en Austria. Durante años viajó por Europa convencido de que, como tantos otros altos cargos del régimen, había dejado la guerra atrás.
Pero a finales de 2024 esa sensación de impunidad se quebró. Las autoridades austríacas lo detuvieron acusado de crímenes contra la humanidad cometidos en Siria. Era el funcionario de mayor rango del régimen de El Asad arrestado hasta entonces en Europa. Este mes de julio, llegó la primera condena en su contra: ocho años de cárcel.
Su caso constituye uno de los avances más recientes de un esfuerzo silencioso que lleva más de una década gestándose en Europa. Fiscales, abogados, investigadores y supervivientes sirios han logrado llevar ante los tribunales nacionales a algunos responsables de las atrocidades del régimen recurriendo al principio de jurisdicción universal, que permite perseguir los crímenes más graves —como la tortura, los crímenes de guerra o los crímenes contra la humanidad— con independencia del lugar donde se cometieron o de la nacionalidad de víctimas y acusados.
El esfuerzo empezó con Alemania y después se sumaron Suecia, Francia, Países Bajos y, más recientemente, Austria. Pero sigue concentrándose en unos pocos países y, en su mayoría, son dirigidos contra miembros del Estado Islámico y otros grupos yihadistas.
De los 70 procedimientos abiertos en el mundo mediante jurisdicción universal por crímenes cometidos en Siria, 68 se desarrollan en Europa. Solo en Alemania son 41. Le siguen, entre otros, Suecia, que suma ocho, Países Bajos cinco y Francia cuatro. Algunos países dispersos tienen trámites en investigación, como es el caso de Bélgica y Reino Unido, con dos casos cada uno. Otros, como Suiza y España, tienen querellas ya desestimadas. En total, cerca de 16 procedimientos implicaban a agentes conectados al aparato represor del régimen.
“Estamos asistiendo a un avance significativo en la aplicación de la jurisdicción universal al caso sirio. El conflicto ha demostrado que los procesos abiertos en tribunales nacionales pueden convertirse en un mecanismo fundamental de rendición de cuentas cuando las vías internacionales están bloqueadas”, explica Julia Geneuss, profesora de Derecho en la Universidad de Potsdam y especialista en derecho penal internacional, que ha investigado los procedimientos abiertos en Alemania en relación a Siria.
El intercambio de información entre fiscalías europeas se ha convertido en una de las mayores fortalezas de este modelo de justicia. “Ha surgido un ecosistema internacional de justicia que va más allá del Tribunal Penal Internacional”, resume Andreas Schüller, director del programa de crímenes internacionales del Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR), que representa a muchas víctimas y testigos sirios en los tribunales alemanes. A las investigaciones nacionales se han sumado mecanismos de Naciones Unidas, como el Mecanismo Internacional, Imparcial e Independiente (IIIM), creado por la Asamblea General para recopilar y preservar pruebas, así como estructuras de coordinación judicial europeas como Eurojust.
Sin embargo, esa cooperación sigue dependiendo de la legislación de cada país. “Ese modelo puede servir para futuras investigaciones, incluso contra los máximos dirigentes del régimen, pero depende de que los Estados estén comprometidos con él”, añade Schüller.
El caso de Al Halabi es un ejemplo de estos avances, pero también cuenta otra historia: la de un largo proceso de espera para las víctimas sin alternativas en tribunales internacionales.
La impunidad como regla
Como Al Halabi, muchos responsables del régimen tenían razones para creer que nunca responderían ante un tribunal. Entre 2014 y 2015, Rusia y China vetaron en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas cualquier intento de remitir la situación de Siria al Tribunal Penal Internacional. Como Siria no firmó el Estatuto de Roma, el tribunal solo podía tener jurisdicción para investigar los crímenes cometidos durante la guerra si así lo decidía el Consejo de Seguridad. Hoy, esta entidad también está en la mira del presidente estadounidense Donald Trump ―su secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que quiere “desmantelar” el organismo―.
Además, a diferencia de otros conflictos, “nunca hubo un verdadero interés en establecer un tribunal especial para Siria”, resume Nerma Jelacic, portavoz de la Comisión para la Justicia Internacional y la Rendición de Cuentas (CIJA, por sus siglas en inglés). Jelacic y los fundadores de esta organización trabajaron previamente recopilando pruebas para tribunales internacionales creados tras conflictos como los de la antigua Yugoslavia, Sierra Leona o Liberia.
La ausencia de una respuesta internacional convirtió el caso sirio en una anomalía: “Los crímenes se cometían a una escala inmensa, estaban extraordinariamente bien documentados, porque era un régimen superburocrático, con miles y miles de papeles. Y al mismo tiempo, las instituciones internacionales no fueron capaces de ofrecer una respuesta”, explica Jelacic.
Diversas organizaciones han documentado la muerte de al menos 157.000 civiles a manos de las fuerzas progubernamentales durante la guerra. La Red Siria para los Derechos Humanos calcula además que unas 177.000 personas desaparecieron bajo el régimen de Bachar el Asad, cifras que sitúan a Siria entre los episodios de violencia estatal más mortíferos de este siglo.
Ante ese bloqueo, fueron las propias víctimas quienes empezaron a construir una alternativa. “Hubo una enorme movilización de activistas sirios y de organizaciones de derechos humanos para buscar justicia donde fuera posible mientras los crímenes seguían ocurriendo. Y ese lugar era, principalmente, Europa”, recuerda Jelacic.
Algunos comenzaron a sacar clandestinamente documentos de la burocracia del régimen. Otros reunían testimonios de supervivientes. Organizaciones especializadas verificaban pruebas y reconstruían cadenas de mando. Entre los documentos más valiosos figuraba el conocido como Informe César, el archivo de miles de fotografías sacadas clandestinamente de las cárceles sirias por un desertor, que mostraban los cuerpos torturados de detenidos muertos bajo custodia del régimen y evidenciaban asesinatos sistemáticos a escala industrial.
Mientras unos recopilaban pruebas, otros buscaban fiscales, abogados y organizaciones dispuestos a escucharlas. El objetivo era preparar los casos para el día en que la justicia consiguiera alcanzar a los que se habían creído intocables.
Surge una oportunidad
Dentro de un campo de refugiados en Berlín, el abogado Anwar al Bunni alimentaba la misma esperanza. Había abandonado Siria en 2011, el mismo año en que salió de prisión tras cumplir cinco años encarcelado por su labor en defensa de presos políticos. “Nunca ningún criminal del régimen fue responsabilizado por nada. Siempre se sintieron protegidos, tenían inmunidad. Nadie creía que la justicia llegaría para ellos. Yo sí”, recuerda en una videollamada desde Berlín. A sus 67 años conserva un espeso bigote, una voz grave y la costumbre de terminar las frases con una sonrisa.
A principios de 2015, mientras vivía en un centro de refugiados, se cruzó con un hombre al que reconoció. Era el coronel Anwar Raslan, que había ordenado su detención nueve años antes. Raslan había dirigido la Sección 251 de la policía secreta de El Asad, responsable del centro de detención y tortura de Al Jatib, en Damasco. Tras desertar del régimen en 2012, había llegado a Alemania con otra identidad y llevaba una vida aparentemente anónima y tranquila entre los miles de refugiados sirios.
Las coincidencias marcaban la vida de los dos. Compartían el mismo nombre de pila, habían estudiado Derecho y ambos habían abandonado Siria huyendo de la guerra. Pero durante décadas habían ocupado extremos opuestos de la misma historia: uno defendía a los presos políticos, el otro dirigía una de las cárceles donde esos opositores eran torturados.
Cuando las autoridades alemanas descubrieron la verdadera identidad de Raslan, ambos volvieron a encontrarse, esta vez en un tribunal. El antiguo jefe de la policía secreta se sentó en el banquillo acusado de crímenes contra la humanidad. El abogado perseguido compareció como testigo.
En enero de 2022, el tribunal de Coblenza condenó a Raslan a cadena perpetua por crímenes contra la humanidad. Los jueces concluyeron que había dirigido un sistema de torturas físicas y psicológicas en la prisión de Al Jatib. Bajo su mando, al menos 4.000 personas fueron sometidas a torturas en celdas hacinadas y decenas murieron como consecuencia de los malos tratos y de las condiciones inhumanas de detención.
Al Bunni insiste en que nunca buscó una venganza personal. “No era por mí”, dice. “Era un mensaje para las víctimas: la justicia llega, aunque tarde. Y también para los criminales: no encontrarán un lugar seguro. La justicia los perseguirá, por mucho tiempo que pase”.
Un precedente histórico
Los juicios de Coblenza marcaron un punto de inflexión para la justicia internacional. Al Bunni continuó movilizándose. Participó en encuentros de la Red Europea contra el Genocidio con fiscales de toda Europa. “Les dije: ustedes tienen el poder de cambiar la historia”, recuerda.
“Para mí fue nuestro momento Núremberg”, dice Wassim Mukdad desde el balcón de su apartamento en Berlín, donde habla por videollamada. Mukdad había sobrevivido a la prisión de Al Jatib. “Me alegra que los responsables estén siendo juzgados en un sistema que respeta sus derechos humanos”, dice. “No busco venganza. Busco justicia”.
Durante su cautiverio, Mukdad perdió 16 kilos. Recuerda las celdas abarrotadas, las raciones de comida, reducidas algunas noches a solo siete aceitunas y un pequeño trozo de pan; y las sesiones de tortura que se escuchaban desde las habitaciones contiguas. “Si no te estaban torturando a ti, escuchabas cómo torturaban a otros. Era una combinación de tortura física y psicológica”, recuerda.
Cuando comenzó el proceso contra el coronel Raslan, en 2020, Bachar el Asad seguía firmemente en el poder. Por primera vez, un tribunal concluía que el régimen sirio había cometido crímenes contra la humanidad, trazando las cadenas de mando y exponiendo un sistema organizado de detenciones, torturas y desapariciones forzadas.
El juicio fue posible porque Alemania tiene un mecanismo que le permitió llevar casi una década preparándolo. Desde 2011, la Fiscalía alemana había abierto una investigación estructural sobre los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por las instituciones del régimen sirio, que permitió reunir pruebas, entrevistar a testigos y documentar patrones de criminalidad incluso antes de identificar a sospechosos concretos. “Esa herramienta ha sido especialmente valiosa en Siria, donde preservar las pruebas siempre ha sido extremadamente difícil”, explica Julia Geneuss.
Todos los expertos consultados señalan, además, un factor decisivo en Alemania: la llegada de cientos de miles de refugiados sirios. La presencia de supervivientes, testigos e incluso antiguos funcionarios del régimen ha hecho que las investigaciones sean mucho más viables desde un punto de vista práctico.
Coblenza estableció un precedente importante porque, por primera vez, un tribunal atribuía responsabilidad penal individual a un alto cargo del aparato represivo sirio, siguiendo la lógica inaugurada por los juicios de Núremberg, que sentaron las bases del derecho penal internacional moderno.
Pero uno de los hechos más significativos estuvo en que, “a diferencia de lo ocurrido en casos como los de Ruanda, la antigua Yugoslavia o Liberia, donde los mecanismos internacionales comenzaron a funcionar apenas después de la caída de los regímenes, en Siria estos procesos pudieron empezar mientras El Asad seguía en el poder”, explica Schüller, de ECCHR.
Desde Coblenza se han abierto otros procesos contra miembros del aparato estatal sirio, desde agentes de inteligencia y militares hasta un médico, Alaa M., acusado de torturar y maltratar a civiles detenidos en un hospital militar de Homs.
Justicia fragmentada
Las organizaciones que seguían la pista de Al Halabi conocían su paradero desde hacía años. “Lo encontramos en 2016, pero hizo falta mucho tiempo para que las autoridades austríacas actuaran”, explica Jelacic. La investigación solo pudo avanzar gracias a la cooperación entre fiscales. Alemania y Francia compartieron pruebas y documentación ya recopiladas en otras investigaciones para ayudar a Austria a construir la acusación, relata Schüller.
Sin embargo, el procedimiento austríaco se retrasó por numerosos obstáculos jurídicos, recuerda Tatiana Urdaneta Wittek, abogada que representa a 18 víctimas en el proceso contra Al Halabi. Las autoridades tuvieron que resolver cuestiones relacionadas con el reconocimiento del delito de tortura en el derecho interno y obtener informes del Ministerio de Exteriores sobre la imposibilidad de juzgar esos hechos en Siria.
Son precisamente estas diferencias nacionales las que muchos consideran el principal límite de la jurisdicción universal. “Estos procesos no surgen espontáneamente”, explica Philip Grant, director ejecutivo de TRIAL International, que también colabora en los procesos relacionados con Siria y elabora un mapa de las investigaciones internacionales en todo el mundo. “Hace falta una legislación que permita perseguir estos delitos, unidades especializadas en crímenes internacionales y fiscales con experiencia en investigaciones que se desarrollan a miles de kilómetros de distancia”. Alemania, añade, reúne todas esas condiciones, así como Países Bajos, Suecia y Francia.
Otros Estados apenas disponen de herramientas para abrir este tipo de procedimientos. España es uno de los ejemplos más citados. El país que en 1998 abrió el histórico precedente en la jurisdicción universal con la orden de detención contra Augusto Pinochet ha restringido progresivamente su alcance. En 2017, una víctima siria intentó presentar una querella contra miembros del régimen de El Asad ante la Audiencia Nacional, pero el caso fue archivado por falta de jurisdicción.
Para Mohammad Al Abdallah, director ejecutivo del Centro Sirio para la Justicia y la Rendición de Cuentas (SJAC, por sus siglas en inglés), esa realidad demuestra que la jurisdicción universal nunca debía convertirse en una solución permanente. “Sirvió para cubrir un vacío mientras la justicia internacional permanecía bloqueada”, afirma. “Pero si de verdad queremos juzgar los crímenes cometidos en Siria, solo quedan dos caminos: crear un tribunal internacional, que hoy parece poco probable, o apoyar la reconstrucción del sistema judicial sirio para que pueda asumir esos procesos.”
Con el derrumbe del aparato estatal, muchos responsables huyeron y perdieron la protección que durante años les había garantizado el poder. Los supervivientes comenzaron a regresar. Prisiones, fosas comunes, archivos oficiales y antiguos centros de detención, hasta hace poco inaccesibles, pueden por fin ser investigados. Para Al Abdallah, la gran pregunta es quién lo hará.
Schüller advierte de que los países europeos difícilmente podrán apoyar ese trabajo dentro de Siria, debido a la vigencia de la pena de muerte en el país. “Lo que hemos aprendido [con los procesos de jurisdicción universal]”, dice, “es que muchas víctimas consideran que se ha hecho justicia incluso sin recurrir a la pena de muerte.”
Para muchos supervivientes, el problema sigue estando más arriba en la cadena de mando. Al Halabi es el funcionario sirio de mayor rango en ser detenido porque quienes ocuparon los escalones superiores del régimen continúan fuera del alcance de estos procesos. La jurisdicción universal rompió parte de la impunidad, pero muchas víctimas siguen esperando que la justicia alcance, algún día, la cima de la pirámide del poder.
Anwar Al Bunni, el paciente abogado, está seguro de que este día llegará.
