Cuando Junts y el PP anunciaron que llevarían la ley impulsada por Comuns contra la compra especulativa al Consejo de Garantías Estatutarias del Parlament, los comunes criticaron la decisión al entender que la voluntad era retrasar la aprobación esta semana, en el último pleno del curso, de unas de las propuestas estrella de la legislatura. Pero sin un acuerdo definitivo entre los socios de investidura, la petición de los dos partidos conservadores supone una vía de escape para seguir negociando más allá de verano y alcanzar un pacto de cara al mes de octubre, cuando se celebre el primer pleno del nuevo curso político. “Tenemos que seguir negociando”, admiten todas las partes.. Seguir leyendo
ERC acerca posiciones con Comuns al asumir la vía urbanística, pero reclama excepciones para dejar fuera a pequeños propietarios
Cuando Junts y el PP anunciaron que llevarían la ley impulsada por Comuns contra la compra especulativa al Consejo de Garantías Estatutarias del Parlament, los comunes criticaron la decisión al entender que la voluntad era retrasar la aprobación esta semana, en el último pleno del curso, de unas de las propuestas estrella de la legislatura. Pero sin un acuerdo definitivo entre los socios de investidura, la petición de los dos partidos conservadores supone una vía de escape para seguir negociando más allá de verano y alcanzar un pacto de cara al mes de octubre, cuando se celebre el primer pleno del nuevo curso político. “Tenemos que seguir negociando”, admiten todas las partes.
Tras presentar esta semana las enmiendas a la proposición de ley, algunas de las principales incógnitas empiezan a despejarse. ERC ya no cuestiona formalmente que la regulación se articule mediante la legislación urbanística. Hasta ahora, los republicanos habían defendido reformas por la vía del ámbito civil, pero sus enmiendas acercan posturas con los comunes y el PSC, que desde su pacto inicial en febrero como moneda de cambio para los presupuestos autonómicos defendían avances desde el urbanismo. Fuentes de Comuns admiten que la posición de ERC sobre esta cuestión era una de las que más inquietud generaba en la formación. Consideran, sin embargo, que una vez asumida la vía de la ley urbanística, crece el margen para alcanzar un acuerdo sobre el redactado definitivo. El portavoz parlamentario de los comunes, David Cid, ha mostrado su satisfacción en rueda de prensa al entender que la propuesta de ERC “no cuestiona el tronco principal” de su iniciativa. Desde los republicanos, sin embargo, admiten que “aún queda trabajo pendiente”.
La proposición modifica la Ley de Urbanismo para permitir que los ayuntamientos de municipios situados en zonas tensionadas puedan imponer condiciones sobre el destino de determinadas adquisiciones de vivienda. El objetivo es que esos inmuebles solo puedan destinarse a residencia habitual o al alquiler permanente sujeto a los límites de precio establecidos por la normativa. En esta línea, la CUP, de la mano del Sindicat de Llogateres, plantea ir un paso más allá y que las limitaciones sean de aplicación directa, sin depender de que los consistorios las incorporen a su planeamiento urbanístico. Los comunes no rechazan esa posibilidad porque creen que podría hacer la norma más vulnerable desde el punto de vista jurídico. El dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias será el primer test de la iniciativa. Cuando se conozca, el terreno de la negociación quedará mucho más acotado.
Las enmiendas de los republicanos se centran, en cambio, en ampliar algunas excepciones, desarrollar un régimen transitorio más amplio y limitar el alcance de la futura regulación para proteger a los pequeños propietarios. ERC sostiene que las restricciones deben dirigirse únicamente a los grandes tenedores para evitar equiparar situaciones muy distintas. “No se puede tratar igual a una persona con tres viviendas que a una persona con 15 o 20”, defendió este martes la portavoz parlamentaria de ERC, Ester Capella, que reclamó una ley “robusta y aplicable” y no “solo un titular de prensa” que pueda ser “fácilmente impugnado en los tribunales”. En este punto, ERC coincide con el PSC, que también plantea excluir de las limitaciones las adquisiciones realizadas por personas físicas que no tengan la condición de gran tenedor.
Los republicanos proponen, además, dejar fuera de la nueva regulación las compraventas ya comprometidas antes de su entrada en vigor y ampliar los supuestos exentos, incluyendo determinadas adquisiciones por parte de familiares de grandes tenedores, entidades del tercer sector, promotores de vivienda protegida y un periodo de un año para que quienes hereden una vivienda puedan decidir su destino antes de quedar sometidos a las nuevas obligaciones.
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