Las explicaciones de Esther Niubó, consejera catalana de Educación, sobre el error en el diseño de la muestra de las pruebas PISA de 2025 no dejaron satisfechos a los grupos parlamentarios. El silencio de cuatro meses tras conocerse el fallo estadístico y las aparentes contradicciones en el relato de la socialista han enfadado incluso a los socios de investidura, ERC y Comuns. La petición de pleno extraordinario promovida por Junts per Catalunya para este mismo viernes ha quedado descartada, pero el presidente Salvador Illa tendrá que dar explicaciones tras el verano.. Seguir leyendo
Las explicaciones de Esther Niubó, consejera catalana de Educación, sobre el error en el diseño de la muestra de las pruebas PISA de 2025 no dejaron satisfechos a los grupos parlamentarios. El silencio de cuatro meses tras conocerse el fallo estadístico y las aparentes contradicciones en el relato de la socialista han enfadado incluso a los socios de investidura, ERC y Comuns. La petición de pleno extraordinario promovida por Junts per Catalunya para este mismo viernes ha quedado descartada, pero el presidente Salvador Illa tendrá que dar explicaciones tras el verano.
El fallo no solo deja a Cataluña sin poder comparar el rendimiento de sus estudiantes con el resto de territorios que evalúa la prueba promovida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). También es un misil directo contra el mantra de la buena gestión que siempre ha enarbolado el Gobierno catalán. De ahí que la oposición en bloque le recordara a Niubó que su crédito político está bajo mínimos: ni las promesas de depuración de responsabilidades ni su ejercicio de explicación de las mejoras puestas en marcha tras la crisis, han insistido, la hacen más creíble. Más allá de tacticismos políticos y la pertinente fiscalización parlamentaria, cinco interrogantes esperan aún respuesta.
¿Por qué, cuatro meses después, aún no sabe qué pasó exactamente? Niubó ha insistido en que la investigación interna sigue abierta y que el momento de depurar responsabilidades llegará cuando se cierre. Las pruebas PISA se realizaron entre marzo y mayo de 2025 en 51 centros elegidos de manera aleatoria en enero de ese mismo año, siguiendo un proceso muy reglado, como sucede desde hace 25 años. Un error inédito en el diseño de la muestra —uno de cada cuatro estudiantes que tenía que hacer el examen fue declarado exento, pese a que el umbral máximo es del 5%— pasó inadvertido por toda la cadena de verificación, y la OCDE informó de su existencia a la Generalitat el pasado mes de marzo.
La consejera explicó que entonces se abrió un proceso de “diligencias informativas reservadas” y alegó que ahondar en ello comprometería el “rigor y las garantías” del proceso. La oposición cree que ha faltado diligencia a la hora de investigar un caso tan grave, y ve paradójico que, pese a esa cautela, Niubó sí se arriesgara a plantear como hipótesis la posible confusión creada por el solapamiento de PISA con la prueba de final de etapa de 4º de la ESO, ambas con marcos de aplicación distintos. Con todo, la consejera dejó muy claro que la tasa de exención del 23,2% es una media de todos los centros, lo que abre la posibilidad de que el error estuviera más focalizado.
¿Por qué se ponen en marcha medidas si se desconoce el origen del error? Hay algo paradójico en que se impulsen mejoras sin que se haya cerrado la investigación interna, especialmente si van alineadas con la hipótesis de la confusión de los centros. El Departamento de Educación, sin embargo, necesitaba mostrar proactividad ante la crisis, y de ahí que Niubó explicara la puesta en marcha de mecanismos para subsanar “debilidades técnicas” detectadas: que cada proceso de evaluación tenga su “protocolo claro y detallado”, que se centralicen “los circuitos de validación de la exención” de alumnos, y la creación de una nueva Comisión de Coordinación de Pruebas y Estudios de Evaluación, que no vio la luz hasta el pasado viernes.
¿Para qué esa nueva comisión si hace un año se puso en marcha la Agencia de Evaluación y Prospectiva? La comisión, explicó Niubó, es un órgano técnico que ordenará y controlará la aplicación de todas las pruebas del sistema. Su terreno es limítrofe con el de la Agencia de Evaluación y Prospectiva de la Educación, que inició su andadura en julio de 2025 tras 15 años paralizada, con la misión de hacer más ejecutiva la evaluación del sistema educativo. La agencia reemplazaba al Consejo Superior de Evaluación, cuya disolución estuvo vinculada a otra polémica relacionada con las pruebas PISA de 2023: al entonces director, Carles Vega, se le cesó por justificar el mal desempeño achacándolo al exceso de estudiantes inmigrantes en la muestra.
La muestra de la última edición contó con el aval del Consejo Superior, que aún funcionaba. La Agencia, tras conocerse el fiasco el pasado viernes, se desmarcó del escándalo. La oposición, para reforzar su crítica al supuesto desorden interno del Departamento de Educación, recordó también el cese de la directora de currículum Mercè Andreu y de la secretaria de Mejora Educativa Josefina Beltrán, producido seis meses después de la realización de las pruebas, habiendo sido ambas responsables del proceso.
¿Por qué no se dijo nada hasta el pasado viernes? Ha sido un curso muy complicado para la comunidad educativa, tensionada por un conflicto laboral y por un cuestionamiento del modelo que se plasmó en un rosario de huelgas. La consejera, además, estuvo de baja dos meses a causa de un cáncer. Es evidente que asumir un nuevo frente comunicativo era muy complicado, pero lo cierto es que el Gobierno catalán sabía desde marzo que tenía una bomba de relojería sobre la mesa y optó por no desactivarla públicamente. Niubó no explicó de quién fue esa decisión.
Donde la oposición ve una estrategia de opacidad, el Departamento de Educación reivindica una actuación responsable, de investigación de las causas y puesta en marcha de mejoras. Ante los señalamientos de “nocturnidad y alevosía” en la elección de la fecha para informar públicamente del error, Niubó respondió que se actuó con “transparencia y responsabilidad”, buscando que “se conocieran los hechos antes de que se publicaran en septiembre los datos”. La consejera incluso dejó caer que en marzo la OCDE solo informó de la desviación en la muestra pero no explicó entonces el impacto que tendría. Solo hace pocos días, aceptó, se les aclaró que habría un apunte metodológico en unos resultados que hacen saltar por los aires la comparación con la serie histórica.
¿Quién tomó las decisiones en marzo? El calendario es importante. Niubó no dio fechas exactas sobre cuándo la OCDE notificó del error, limitándose a decir que fue en marzo pasado. Su baja trascendió el 1 de febrero y se reincorporó el 7 de abril. Su número dos, Teresa Sambola, capitaneó el departamento, aunque la representación institucional recayó en el consejero de Presidencia, Albert Dalmau. La oposición en bloque preguntó sobre el papel del consejero en esta polémica, dando por hecho que un problema tan relevante debería tratarse desde la primera línea, pero no hubo respuesta. Lo mismo ocurrió con la pregunta sobre cuándo lo había sabido el presidente, que desde Vietnam, donde se encuentra en viaje oficial, cerró filas con su consejera y pidió “no cargarle el muerto” a nadie.
