La permanente descalificación política del Gobierno de Pedro Sánchez azuzada por el PP y Vox desde el primer día de la legislatura en 2023 se basa en la idea de ilegitimidad. “Gobierno ilegítimo vendido a los separatistas”, acusaban. Las derechas españolas plantearon su rotundo rechazo de la amnistía de los líderes independentistas catalanes de la revuelta de 2017 como el gran agarradero para sostener esa idea de ilegitimidad y para confrontarse ruidosa y agriamente contra el gobierno y la mayoría parlamentaria plurinacional y progresista.. Seguir leyendo
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos
La historia muestra que no se conciben a sí mismas fuera del gobierno. Tener en sus manos todos los resortes del Estado es su razón de ser
La permanente descalificación política del Gobierno de Pedro Sánchez azuzada por el PP y Vox desde el primer día de la legislatura en 2023 se basa en la idea de ilegitimidad. “Gobierno ilegítimo vendido a los separatistas”, acusaban. Las derechas españolas plantearon su rotundo rechazo de la amnistía de los líderes independentistas catalanes de la revuelta de 2017 como el gran agarradero para sostener esa idea de ilegitimidad y para confrontarse ruidosa y agriamente contra el gobierno y la mayoría parlamentaria plurinacional y progresista.
Pero ahora el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha respaldado la política de reconciliación aplicada por el PSOE de Pedro Sánchez y sus socios parlamentarios, no solo como legal sino como positiva. Tanto da si fue inicialmente adoptada por convicción o por conveniencia. De rebote, este aval del TJUE a la amnistía ha servido también para desenmascarar el guerracivilismo del dúo PP-Vox, que siguen empeñados en la persecución política y judicial del independentismo. No van a aflojar en la campaña contra la coalición dirigida por Sánchez: allí donde al principio hablaban de “gobierno ilegítimo”, ahora hablan de “gobierno corrupto”.
No es una novedad. Son las mismas derechas que lanzaron a partir de 2004 todo tipo de acusaciones contra el Gobierno de Rodríguez Zapatero cuando éste trabajaba para lograr el fin de ETA. Traición a las víctimas, dijeron entonces. Y, ya puestos a recordar, son las mismas derechas y el mismo coro mediático que a mediados de la década de 1990 orquestaron el atronador griterío descalificador contra Felipe González en su última etapa al frente del gobierno. “Paro, despilfarro y corrupción” fue su eslogan de aquel momento.
Cuando se cumplen 90 años del golpe de Estado de 1936, es pertinente recordar que la guerra civil llegó después de una persistente negativa del bloque de las derechas monárquicas a aceptar y asumir plenamente la legitimidad de la Segunda República. Sabido es que la historia no se repite, pero también que puede servir como advertencia. Ahora, como entonces, el núcleo de la cuestión no es solo que haya gobiernos más o menos buenos; que haya más o menos corrupción, o que el independentismo catalán o vasco tengan más o menos fuerza. Lo que la historia nos muestra es que lo decisivo es otra cosa, y es que hay unas derechas que no se conciben a sí mismas fuera del gobierno. Tener en sus manos todos los resortes del Estado es su razón de ser, lo que les da vida. Lo que da sentido a su idea de clase dirigente. Sus partidos pueden verse obligados a aceptar en determinados momentos que haya que pasar a la oposición, pero eso no puede durar mucho. Se les hace insoportable. El concepto de ilegitimidad que manejan cuando lo atribuyen a la izquierda viene de tenerse a sí mismas como la más auténtica representación de la mayoría nacional, esa a la convoca José María Aznar.
Todo esto que vale para España, vale para Cataluña. El rechazo que practican los dirigentes de Junts al negarle cualquier bondad al gobierno de Salvador Illa parte de la misma premisa: Se consideran los verdaderos y genuinos intérpretes de la nación catalana, aquí y en Madrid, y sufren porque llevan ya demasiado tiempo fuera de la gobernación. Llevan tres años zancadilleando al gobierno de Sánchez con la idea de que una caída de la mayoría progresista en España repercuta en Cataluña y eso les permita recuperar su papel de dirigentes de la nación. No es muy distinto a lo que ansía Ñúñez Feijóo.
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