La prejubilación es un acuerdo pactado entre la empresa y el trabajador para poner fin a la vida laboral antes de la edad ordinaria de jubilación. Suele incluir una compensación económica y es habitual en los planes de reestructuración de plantilla.. Las indemnizaciones cobradas al acogerse a un plan de prejubilación o de bajas incentivadas pueden tributar en el IRPF si, en el momento de la salida, la empresa no tiene abierto un expediente de regulación de empleo (ERE). Así lo establece el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) en una resolución que unifica el criterio de la Administración tributaria.. La decisión acota la exención prevista para determinadas indemnizaciones por despido. Hasta ahora, algunos trabajadores reclamaban ese tratamiento apoyándose en una sentencia del Tribunal Supremo de 2020 relacionada con Banca Cívica. El TEAC considera que una salida voluntaria solo puede tratarse como forzosa cuando se produce dentro de un procedimiento de despido colectivo en marcha.. Para el tribunal, la existencia de un ERE no depende de cómo perciba la situación el trabajador. Debe haber un procedimiento formal, con negociación entre la empresa y la representación de los empleados y comunicación a la autoridad laboral. Si no existe ese proceso cuando se acuerda la salida, la indemnización se considera rendimiento del trabajo y se integra en la declaración de la renta.. El coste puede superar los 60.000 euros. El efecto fiscal puede variar mucho según los ingresos, el importe de la indemnización y la comunidad autónoma de residencia. En sus estimaciones, TaxDown compara la factura de trabajadores acogidos a un ERE con la de quienes reciben una indemnización sin que haya un despido colectivo abierto.. Para una persona soltera y sin hijos que cobra 40.000 euros anuales y percibe una indemnización de 80.000 euros en el mismo ejercicio, TaxDown calcula un IRPF de unos 7.200 euros en Madrid y 7.900 en Barcelona si la salida se enmarca en un ERE. Sin ERE, la factura estimada subiría a 29.600 euros en Madrid y 31.100 en Barcelona.. La diferencia aumenta en los ejemplos de salarios más altos. Con un sueldo de 70.000 euros y una indemnización de 140.000, el cálculo pasa de 17.800 a 60.000 euros en Madrid y de 19.100 a 64.000 en Barcelona. Para un salario de 100.000 euros y una indemnización de 300.000, TaxDown estima una factura de 121.000 euros en Madrid y 132.000 en Barcelona si no hay ERE. Incluso cuando sí existe un despido colectivo, la exención está limitada: en el ejemplo, los primeros 180.000 euros de indemnización.. En la mayoría de los casos, los afectados podrán aplicar la reducción del 30% prevista para este tipo de rentas, según TaxDown. El resto se sumará a los ingresos del ejercicio y tributará al tipo marginal correspondiente. Por eso, las cifras son estimaciones y el resultado concreto puede cambiar según las circunstancias personales y fiscales de cada contribuyente.. Un caso de banca y una vía judicial abierta. La resolución parte del caso de un empleado de banca que dejó su entidad en 2021 mediante un acuerdo de prejubilaciones y bajas incentivadas, meses antes de que la empresa firmara un ERE. El Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana le dio la razón en 2025, pero la Agencia Tributaria recurrió. Al fijar el nuevo criterio, el TEAC ha respetado la situación particular de ese trabajador y ha establecido cómo deberán tratarse casos futuros en la vía administrativa.. El criterio vincula a la Agencia Tributaria y a los tribunales económico-administrativos, pero no a los jueces. Por tanto, los afectados todavía pueden acudir a la vía contencioso-administrativa, aunque sus reclamaciones tendrán más dificultades ante la Administración.. Antes de firmar un plan de prejubilación, TaxDown aconseja comprobar si existe un despido colectivo formalmente abierto y calcular el efecto fiscal de la indemnización. Quienes ya hayan salido sin ERE y mantengan una reclamación administrativa pueden valorar la vía judicial con asesoramiento especializado.
La prejubilación es un acuerdo pactado entre la empresa y el trabajador para poner fin a la vida laboral antes de la edad ordinaria de jubilación. Suele incluir una compensación económica y es habitual en los planes de reestructuración de plantilla.. Las indemnizaciones cobradas al acogerse a un plan de prejubilación o de bajas incentivadas pueden tributar en el IRPF si, en el momento de la salida, la empresa no tiene abierto un expediente de regulación de empleo (ERE). Así lo establece el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) en una resolución que unifica el criterio de la Administración tributaria.. La decisión acota la exención prevista para determinadas indemnizaciones por despido. Hasta ahora, algunos trabajadores reclamaban ese tratamiento apoyándose en una sentencia del Tribunal Supremo de 2020 relacionada con Banca Cívica. El TEAC considera que una salida voluntaria solo puede tratarse como forzosa cuando se produce dentro de un procedimiento de despido colectivo en marcha.. Para el tribunal, la existencia de un ERE no depende de cómo perciba la situación el trabajador. Debe haber un procedimiento formal, con negociación entre la empresa y la representación de los empleados y comunicación a la autoridad laboral. Si no existe ese proceso cuando se acuerda la salida, la indemnización se considera rendimiento del trabajo y se integra en la declaración de la renta.. El coste puede superar los 60.000 euros. El efecto fiscal puede variar mucho según los ingresos, el importe de la indemnización y la comunidad autónoma de residencia. En sus estimaciones, TaxDown compara la factura de trabajadores acogidos a un ERE con la de quienes reciben una indemnización sin que haya un despido colectivo abierto.. Para una persona soltera y sin hijos que cobra 40.000 euros anuales y percibe una indemnización de 80.000 euros en el mismo ejercicio, TaxDown calcula un IRPF de unos 7.200 euros en Madrid y 7.900 en Barcelona si la salida se enmarca en un ERE. Sin ERE, la factura estimada subiría a 29.600 euros en Madrid y 31.100 en Barcelona.. La diferencia aumenta en los ejemplos de salarios más altos. Con un sueldo de 70.000 euros y una indemnización de 140.000, el cálculo pasa de 17.800 a 60.000 euros en Madrid y de 19.100 a 64.000 en Barcelona. Para un salario de 100.000 euros y una indemnización de 300.000, TaxDown estima una factura de 121.000 euros en Madrid y 132.000 en Barcelona si no hay ERE. Incluso cuando sí existe un despido colectivo, la exención está limitada: en el ejemplo, los primeros 180.000 euros de indemnización.. En la mayoría de los casos, los afectados podrán aplicar la reducción del 30% prevista para este tipo de rentas, según TaxDown. El resto se sumará a los ingresos del ejercicio y tributará al tipo marginal correspondiente. Por eso, las cifras son estimaciones y el resultado concreto puede cambiar según las circunstancias personales y fiscales de cada contribuyente.. Un caso de banca y una vía judicial abierta. La resolución parte del caso de un empleado de banca que dejó su entidad en 2021 mediante un acuerdo de prejubilaciones y bajas incentivadas, meses antes de que la empresa firmara un ERE. El Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana le dio la razón en 2025, pero la Agencia Tributaria recurrió. Al fijar el nuevo criterio, el TEAC ha respetado la situación particular de ese trabajador y ha establecido cómo deberán tratarse casos futuros en la vía administrativa.. El criterio vincula a la Agencia Tributaria y a los tribunales económico-administrativos, pero no a los jueces. Por tanto, los afectados todavía pueden acudir a la vía contencioso-administrativa, aunque sus reclamaciones tendrán más dificultades ante la Administración.. Antes de firmar un plan de prejubilación, TaxDown aconseja comprobar si existe un despido colectivo formalmente abierto y calcular el efecto fiscal de la indemnización. Quienes ya hayan salido sin ERE y mantengan una reclamación administrativa pueden valorar la vía judicial con asesoramiento especializado.