A punto de cumplirse dos meses del incendio de Los Gallardos, el más letal de Andalucía, en el que fallecieron 14 personas y que calcinó 5.200 hectáreas, los expertos coinciden en que, además de las altas temperaturas y la fuerza del viento, la orografía barrancosa del terreno y la concentración de viviendas dispersas y aisladas en terreno forestal complicaron la gestión de la extinción del incendio y la evacuación de la población. La tragedia provocada por el fuego en este paraje almeriense ha puesto el foco no solo en la efectividad y el alcance de los métodos de información y alerta a los residentes, sino en la idoneidad y la capacidad de supervisión de los mecanismos de autoprotección para un entorno cuyas características urbanísticas, cortijos y construcciones diseminadas en medio del bosque se repiten en buena parte de la geografía andaluza, sobre todo en las provincias de Cádiz, Málaga y Granada. “Buscar soluciones para evitar que un desastre similar vuelva a ocurrir” es precisamente lo que reclama la plataforma de afectados por el incendio de Los Gallardos, que se constituyó este jueves y que ha pedido una comisión de investigación para esclarecer lo sucedido.. Seguir leyendo
A punto de cumplirse dos meses del incendio de Los Gallardos, el más letal de Andalucía, en el que fallecieron 14 personas y que calcinó 5.200 hectáreas, los expertos coinciden en que, además de las altas temperaturas y la fuerza del viento, la orografía barrancosa del terreno y la concentración de viviendas dispersas y aisladas en terreno forestal complicaron la gestión de la extinción del incendio y la evacuación de la población. La tragedia provocada por el fuego en este paraje almeriense ha puesto el foco no solo en la efectividad y el alcance de los métodos de información y alerta a los residentes, sino en la idoneidad y la capacidad de supervisión de los mecanismos de autoprotección para un entorno cuyas características urbanísticas, cortijos y construcciones diseminadas en medio del bosque se repiten en buena parte de la geografía andaluza, sobre todo en las provincias de Cádiz, Málaga y Granada. “Buscar soluciones para evitar que un desastre similar vuelva a ocurrir” es precisamente lo que reclama la plataforma de afectados por el incendio de Los Gallardos, que se constituyó este jueves y que ha pedido una comisión de investigación para esclarecer lo sucedido.
“El diseminado en el medio rural ha existido históricamente siempre en Andalucía”, explica Alfonso Doctor, profesor de Geografía Humana de la Universidad de Huelva y autor de varios estudios de referencia sobre grandes incendios forestales en Andalucía. “Lo que ocurre es que antes era un diseminado productivo, en el que las personas que vivían en un medio rural lo trabajaban, proporcionando una especie de escudo. Alrededor había una huerta, que normalmente estaba húmeda todos los meses del año, plantaciones de castaños, almendros, olivos… Plantaciones que tienen un uso y que, cuando llega un incendio, no lo apagan, pero sí hacen que se ralentice y que sea menos complicado combatirlo”, abunda.
Ahora, los que residen en esas construcciones las utilizan como segunda vivienda, donde no viven de manera permanente, o se han convertido en alojamientos rurales, “lo que no genera un espacio productivo”, indica Doctor, que llama la atención sobre cómo en Los Gallardos “las cortijadas que sí tenían plantaciones alrededor, se han podido salvar”. Y aunque recuerda que la mayoría de las personas que fallecieron en ese fuego fue porque intentaron escapar, de haber habido más viviendas con barreras naturales de este tipo, “se hubiera podido evitar la magnitud de la tragedia”.
Este tipo de viviendas y urbanizaciones situadas en núcleos de población aislada sí tienen la obligación de identificar los riesgos de incendio en un entorno forestal y establecer cómo prevenirlos y actuar si ocurre una emergencia, tal y como recuerda Emilio del Pino, bombero y portavoz de UGT dentro del Plan Infoca, y que fue de los primeros en llegar al fuego de Los Gallardos. Son medidas que deben recogerse en los planes de autoprotección que en Andalucía están regulados en el Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales y que también deben observar los campings y zonas de acampada y las urbanizaciones situadas en zonas forestales. “El problema es que el cumplimiento es muy escaso, entre otras cosas porque los ayuntamientos, que son ante quienes deben registrarse y los responsables de su supervisión y ejecución, no ponen las medidas para hacerlo, porque no tienen medios o porque, directamente, hacen la vista gorda para no enfrentarse a sus vecinos y votantes”, indica Del Pino.
La normativa española no se ha adaptado al incremento de los riesgos derivados de los incendios y cuyo peligro y dificultades de extinción ha multiplicado el cambio climático, según advierte Antolino Gallego, catedrático de Física Aplicada de la Universidad de Granada y coordinador del proyecto Fortalece, una iniciativa de profesionales y técnicos en gestión forestal que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y está financiado por fondos europeos. “Tenemos una normativa de riesgos sísmicos, también de construcción en zonas inundables o frente al fuego que se genera en el interior de una vivienda, pero no hay ninguna específica que regule esa relación entre el fuego externo, del monte, de una zona agrícola o de los alrededores de un pueblo o del propio pueblo. Lo que necesitamos es reforzar las estrategias de adaptación al cambio climático y la planificación preventiva”, señala Gallego, que advierte de que, en el caso de Los Gallardos, como en otras partes de Andalucía donde hay viviendas diseminadas, “se ha construido donde se quiere, sin planes de prevención y sin ningún tipo de criterio”.
El catedrático de la UGR pone a Australia como ejemplo de adaptación de la legislación a los incendios de nueva generación. “Allí se estableció una normativa de carácter nacional que regularizaba todo lo relacionado con la interfaz entre lo urbano y lo forestal y que afecta a las condiciones de construcción de las viviendas y edificios, en función del nivel de riesgo ante un incendio forestal y alcanza tanto a los materiales, como la orientación o el modo de cuidar la vegetación de los alrededores, y no es algo que abarque a una urbanización, se analiza casa por casa”, explica. “Tenemos que incorporar ese riesgo en las viviendas y en el territorio inmediato como un elemento que influya directamente en la forma de construir y que tenga en cuenta la infraestructura necesaria para evacuar a la población”, incide.
Además de la autoprotección de las viviendas y de la importancia del mantenimiento del monte eliminando la vegetación superficial, hay otro elemento fundamental dentro de la prevención contra los incendios forestales que es, como subraya Doctor, la prevención territorial”, que pasa por recuperar en el territorio los elementos o los usos del suelo que se incrusten entre esos usos forestales de manera que dificulten el avance del fuego. “Se debería incentivar la plantación de olivares, de frutales o la propia dehesa, pequeñas zonas agrícolas, como las huertas y restringir determinados usos como los eucaliptales, financiando otros usos del suelo”, indica y recuerda cómo, en 2021, en el incendio de sexta generación de Sierra Bermeja (Málaga), fue cuando las llamas llegaron a las plantaciones de castaños donde el Infoca empezó a poder contenerlas.
“Hace falta una política territorial a nivel general, de todos, del Gobierno nacional y de los autónomos, que son los que tienen la competencia”, señala Doctor. Pero, precisamente, es la política, o la orientación política, la que ralentiza la adopción de esas medidas necesarias ante el nuevo paradigma que implica el calentamiento global y la progresiva desertificación de la que Andalucía es una de sus principales afectadas. “La mayoría de los Gobiernos regionales son conservadores y poco dados al intervencionismo”, apunta el investigador de la UHU. “Para estos partidos, decirle a un propietario rural lo que puede o no plantar escapa de su marco ideológico. O a las grandes empresas o consorcios que en el norte de España son propietarias de grandes masas de eucaliptales. Ningún Gobierno se atreve, y menos uno conservador”, recalca Doctor.
“El incendio de Almería es el síntoma de que el modelo territorial debe cambiar”, coincide Gallego. El proyecto que coordina consiste, precisamente, en aprovechar los usos del monte, poniendo en valor la madera para bajar el combustible y hacer que un potencial incendio sea menos virulento, contribuyendo, además, al desarrollo económico en la zona dando salida a esa madera para la construcción. Gallego también reclama una implicación decidida de todas las administraciones para desarrollar políticas a largo plazo y que incluyan una visión holística de la prevención del fuego que, “debe abordarse desde una estrategia integral que combine gestión forestal, desarrollo rural, bioeconomía, adaptación al cambio climático y protección de la población”.
