La llegada de la Fórmula 1 a la capital ha reabierto el debate sobre los pisos turísticos tras promocionarse en la plataforma Airbnb varias viviendas cercanas al circuito Madring de Ifema con precios que llegan a superar los 17.000 euros por tres noches. El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid Antonio Giraldo ha presentado una denuncia ante la Agencia de Actividades municipal por la existencia de inmuebles de uso turístico sin licencia próximos a las instalaciones que acogerán la celebración del Gran Premio y ha desatado un choque entre administraciones sobre las competencias. La oposición exige inspecciones inmediatas al Ejecutivo de José Luis Martínez-Almeida, mientras este señala al Ministerio de Consumo por no frenar los anuncios de esas viviendas en las plataformas digitales.. Seguir leyendo
La llegada de la Fórmula 1 a la capital ha reabierto el debate sobre los pisos turísticos tras promocionarse en la plataforma Airbnb varias viviendas cercanas al circuito Madring de Ifema con precios que llegan a superar los 17.000 euros por tres noches. El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid Antonio Giraldo ha presentado una denuncia ante la Agencia de Actividades municipal por la existencia de inmuebles de uso turístico sin licencia próximos a las instalaciones que acogerán la celebración del Gran Premio y ha desatado un choque entre administraciones sobre las competencias. La oposición exige inspecciones inmediatas al Ejecutivo de José Luis Martínez-Almeida, mientras este señala al Ministerio de Consumo por no frenar los anuncios de esas viviendas en las plataformas digitales.
En el departamento encabezado por Pablo Bustinduy, sin embargo, indican que el consistorio es la autoridad competente para instar a las plataformas a retirar la publicidad ilícita por el incumplimiento de su normativa municipal. “El Ministerio de Consumo solo tiene competencias para sancionar prácticas que tengan un alcance nacional, con efectos en más de una comunidad autónoma, sin entrar en las que se llevan a cabo únicamente en una ciudad”, expresan.
El cruce de acusaciones nació el miércoles, después de que el delegado del área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad en el Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, haya sido preguntado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno sobre las inspecciones urbanísticas en el entorno del circuito. No ha detallado nada sobre estas actuaciones, pero ha descargado la responsabilidad en la Administración General del Estado: “Hace un año anunció que la competencia para sancionar a las plataformas y a aquellas viviendas de uso turístico que se anunciaban de manera ilegal correspondía al Ministerio de Consumo”, respondía instando a pedir explicaciones a este departamento, mientras tildaba de “fracaso” su iniciativa “frente al éxito del Plan Reside” madrileño.
Sus explicaciones no convencen a la oposición, que exige al consistorio una revisión inmediata antes del evento. La Agencia de Actividades del Ayuntamiento de Madrid es el organismo responsable de inspeccionar y, en su caso, ordenar el cierre de aquellos inmuebles de uso turístico que operan de manera ilegal en la ciudad. “Lo que tiene que hacer el delegado es dejar de echar balones fuera, tramitar la denuncia presentada por el PSOE, enviar a los inspectores municipales y comprobar si esas viviendas cumplen o no con la normativa. Y, si no la cumplen, proceder a su cierre”, indican fuentes de este partido. Insisten en que ningún miembro del Gobierno de España tiene competencia para cerrar una vivienda irregular en la capital.
“El Ayuntamiento de Madrid sí la tiene. Si a día de hoy siguen abiertas y seguimos sin tener respuesta por parte del consistorio, la responsabilidad es exclusivamente del Gobierno municipal y de la incompetencia del delegado para ejercer sus propias competencias”, reprochan. La concejala de Vivienda de Más Madrid, Lucía Lois, solo contempla dos escenarios: o que Carabante es incapaz de cerrar estos inmuebles según el Plan Reside, o que no quiere clausurarlos, porque en algún sitio tienen que dormir los miles de visitantes que se esperan en el fin de semana del evento.
“Los pisos turísticos ilegales campan a sus anchas, cobrando 700 y 800 euros la noche, anunciándose a bombo y platillo sin pudor ninguno en la página oficial del circuito, y la única responsabilidad de este despropósito es de Almeida y su fallido ‘Plan Expulsa”, indica en referencia al Plan Reside, que a su juicio no sirve para clausurar viviendas ilegales, pero “sí para incentivar los desahucios de los vecinos de toda la vida, cuyos edificios pueden ser turísticos cuando se quedan vacíos”.
Fuentes del área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad en el Ayuntamiento de Madrid aseguran la asunción de la competencia por parte de la Agencia de Actividades municipal tras la denuncia de Giraldo: “Inspecciona, pero no es algo ipso facto; si se comprueba que hay un uso ilegal, se sanciona. La primera multa puede llegar a 30.000 euros”, apuntan sin concretar plazos. Pero para la oposición, la inspección debe ser inmediata, antes del evento.
En el Ministerio de Consumo recuerdan que, dentro de sus competencias en materia de publicidad, sancionó a finales de 2025 con una multa de 65 millones de euros a la plataforma Airbnb por permitir publicitar cerca de 65.000 anuncios de viviendas turísticas en los que no se mostraba el número de licencia pertinente. Tras esta actuación, se consiguió su eliminación. Trasladan que el ministro Bustinduy ya remitió en su día un informe elaborado por la Unidad de Análisis de Consumo a Almeida con un archivo digital en el que se detallaban las direcciones postales de 3.565 pisos turísticos ilegales para iniciar la labor inspectora y su posterior cierre: “Junto a este, envió una carta en la que precisaba que el objetivo era contribuir a recuperar vivienda para uso residencial”.
