En el transcurso de un año, Alemania ha comenzado a presenciar las consecuencias de las limitaciones impuestas a la inmigración. El 4 de agosto, el ministro del Interior y demócrata cristiano Alexander Dobrindt informó que las solicitudes de asilo en julio fueron un 50% menos que el año anterior y un 75% menos que las de 2024. «Estamos intensificando los esfuerzos para combatir la inmigración ilegal. En Alemania y en Europa, nos esforzamos por lograr claridad y coherencia en lo que respecta a las cuestiones migratorias. «Nuestro enfoque de control firme está demostrando ser exitoso», declaró Dobrindt. Para seguir leyendo
Alemania empieza a ver los resultados de un año de restricciones a la inmigración aplicadas por el Gobierno. El ministro del Interior, el democristiano Alexander Dobrindt, sacaba pecho el 4 de agosto de que las solicitudes de asilo en julio eran un 50% inferiores que hace un año y un 75% menos respecto a 2024. “Intensificamos la lucha contra la migración ilegal. Buscamos claridad y coherencia en la migración en Alemania y Europa. Nuestra estrategia de control y firmeza está dando resultados”, dijo Dobrindt en un comunicado.
El Gobierno ha reforzado los controles en las fronteras interiores, ha endurecido los requisitos de entrada y los rechazos en las fronteras exteriores, y ha impulsado las deportaciones. El descenso de las solicitudes, sin embargo, no puede atribuirse únicamente al endurecimiento de la política alemana: la caída ya comenzó antes de que Dobrindt asumiera la cartera de Interior y responde a cambios en los principales países de origen de los solicitantes y en las rutas hacia Europa. El factor más importante ha sido la estabilización de Siria tras la caída del régimen de Bachar el Asad, en diciembre de 2024. En 2025, Alemania recibió 163.000 solicitudes en total, un 31% menos que el año anterior, según la Oficina Federal para la Migración y los Refugiados (BAMF). Es un descenso que la Agencia de Asilo de la UE (UEAA) atribuye a la reducción de las peticiones sirias. De hecho, en toda la UE bajaron un 19% en 2025, según la misma fuente.
El ministro vinculó con sus palabras ilegalidad con las personas extranjeras que solicitan protección. Pro Asyl, la principal ONG alemana para la atención a los refugiados, denuncia que la política de la CDU de Dobrindt y del canciller, Friedrich Merz, es “una campaña de relaciones públicas” para contener el auge de la extrema derecha y “con el beneplácito del SPD”. Los socialdemócratas forman desde mayo de 2025 coalición de Gobierno junto a la CDU y los socialcristianos bávaros de la CSU.
La estrategia alemana, según defiende el Ejecutivo federal, está en consonancia con el nuevo Pacto Europeo para la Migración y Asilo (PEMA), que empezó a aplicarse el pasado junio en toda la UE. Pero Berlín parece ir más allá: el Ministerio del Interior publicó a finales de julio un informe con el que justifica que el presupuesto del servicio de asesoría independiente a solicitantes de asilo y refugiados se reduzca un 80% en 2027. Mientras, la reducción del gasto total del Gobierno alemán para solicitantes de asilo se redujo un 8,2% en 2025 (6.200 millones de euros) con respecto al año anterior, según la Oficina Federal de Estadística de Alemania.
“Cuatro de cada cinco servicios de asesoramiento vitales para las personas que buscan protección en Alemania serán eliminados. Esto hará que el funcionamiento de un sistema de asilo razonable sea absolutamente imposible”, advirtió en un comunicado la ONG de Berlín KUB: “El acceso a asesoramiento legal será aún más difícil, y los errores, ya frecuentes, en estos procedimientos de vida o muerte se incrementarán aún más”. Alemania es el país de la UE con más población protegida como refugiados o exiliados, 3,4 millones de personas.
“La cuestión es si realmente es una buena noticia el gran descenso del asilo cuando la situación de los derechos humanos en buena parte del mundo a duras penas ha mejorado”, alerta Pro Asyl.
Que la situación está cambiando en Alemania lo confirman también desde la dirección de Memorial, una de las instituciones civiles más importantes de la historia reciente rusa, ilegalizada por el Kremlin después de recibir en 2022 el premio Nobel de la Paz. Memorial asegura a EL PAÍS que en los últimos meses, las autoridades alemanas han denegado la protección como exiliados políticos a 10 de sus abogados.
El partido de extrema derecha AfD, favorito para ganar las elecciones regionales de este septiembre en los Estados del este de Sajonia-Anhalt y Mecklemburgo-Pomerania, está centrando la campaña electoral en criticar el gasto público para extranjeros. Prácticamente cada día repiten sus candidatos que Alemania gasta 20.000 millones de euros anuales en presupuestos que no son para alemanes. AfD asegura que, con ellos en el poder, esto terminará.
Acuerdo con los talibanes
El Gobierno federal está tomando decisiones que intentan aplacar el auge radical. 31 afganos fueron expulsados a su país el pasado julio. La medida fue justificada por el endurecimiento de los supuestos para deportar a un extranjero. El Ministerio del Interior aseguró que los deportados tenían condenas por graves, pero ONG como Pro Asyl denunciaron que uno de los expulsados no tenía condena alguna.
Merz ha sido duramente criticado por organizaciones de defensa de los derechos humanos por haber firmado un acuerdo de colaboración con el régimen talibán. Alemania es el primer país de la UE que ha permitido a las autoridades afganas tener representación diplomática en su territorio a cambio de aceptar deportaciones.
En los últimos meses se han hecho públicos casos de personas a las que Alemania les ha cortado los subsidios durante el proceso de solicitud de asilo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentó un precedente en junio que obliga a Alemania a rectificar. El tribunal europeo dio la razón a un ciudadano afgano que lleva cinco años esperando a ser reconocido como exiliado y al que un juez alemán retiró el derecho a seguir percibiendo ayudas. El juez había dictaminado que la solicitud de asilo de esta persona debía examinarse en Rumania, país desde el que había accedido a la UE.
Una de las medidas que mantiene y refuerza el pacto europeo es que un único Estado miembro debe ser responsable de examinar cada solicitud de asilo. En determinados casos, esa responsabilidad recae sobre el país de entrada a la UE. Así, Alemania puede pedir el traslado a Italia de una persona que haya llegado primero a ese país, aunque haya presentado su petición en territorio alemán. Esto da lugar a casos como el que reveló el diario La Repubblica el 9 de agosto, cuando informó de que Berlín tiene previsto enviar a Italia a una joven somalí de 22 años que había solicitado asilo en Alemania. Esta mujer asegura que huyó de su país porque su padre la quería casar por la fuerza. La joven tiene a su madre y hermano residiendo en Baviera, pero accedió a la UE por Italia.
Choque con Roma
El Gobierno italiano de Giorgia Meloni sostiene que no tiene ningún migrante pendiente de recibir de Alemania. Según el Ministerio del Interior, todos los casos anteriores al 12 de junio, día de la entrada en vigor del pacto europeo, deben considerarse cerrados gracias a los acuerdos alcanzados con Alemania y otros países en los años precedentes. Y sobre quienes hayan llegado a Italia después de esa fecha, Roma pide tiempo para valorar la situación.
El pulso con Berlín ofrece además algunas pistas sobre cómo entiende Italia el principio de solidaridad y responsabilidad compartida entre los socios europeos en materia migratoria. Para las eventuales entradas irregulares registradas después de la entrada en vigor de las nuevas normas, Roma tiene intención de apelar a un principio de compensación: si Alemania devuelve a Italia migrantes que entraron en Europa por sus costas, pedirá descontar del cómputo a las personas que hayan llegado a territorio italiano a bordo de embarcaciones de ONG con bandera de Alemania, que precisamente es la predominante en estos momentos en el Mediterráneo central. Para Italia es como si hubieran entrado en territorio europeo a través de Alemania. Una iniciativa que amenaza con convertir el reparto de responsabilidades entre los socios europeos en una guerra de cifras.
La propuesta italiana ha provocado la indignación de Sea-Watch, una de las ONG alemanas de rescate más activas en el Mediterráneo central, que en declaraciones a la agencia italiana Ansa ha calificado como “nauseabundo” que se hable de mecanismos de compensación “sobre la vida de las personas, como si fueran moneda de cambio”. La organización ha advertido de que “el rescate en el mar no puede convertirse en objeto de negociación entre gobiernos”.
El Ejecutivo de Meloni ha tratado de rebajar el alcance del choque con Berlín. Según apuntan los medios italianos, Roma ha resaltado la creciente sintonía entre ambos países en materia migratoria. Como ejemplo han destacado el giro de Merz respecto a su antecesor, Olaf Scholz, y su decisión de retirar la financiación pública a las ONG alemanas que operan en el Mediterráneo, consideradas por Italia un factor de atracción para la inmigración irregular, en el marco de la dura ofensiva que Meloni mantiene desde hace años contra las organizaciones humanitarias de rescate en el Mediterráneo.
La disputa con Alemania deja una imagen paradójica para Meloni en medio de su ofensiva contra España por la crisis migratoria de Ceuta. Roma intenta, por un lado, blindarse frente a los movimientos secundarios de migrantes desde España, a quien acusa de no saber gestionar sus fronteras con Marruecos, pero, por otro, rechaza que Alemania responda a movimientos similares devolviendo a territorio italiano a quienes entraron en Europa a través de Italia.
