Aunque lento, el proceso de paz entre Turquía y el grupo armado kurdo PKK avanza con pasos que, hasta hace unos años, eran inimaginables y que ponen uno de los conflictos más sangrientos de Oriente Próximo en vías de solución. El último de estos pasos —y uno de los considerados clave en la hoja de ruta— ha sido la entrada en vigor esta madrugada, mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado, de la ley que permitirá el retorno y reintegración en la sociedad turca de los miles de combatientes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) encarcelados, echados al monte (en Turquía, Irak o Siria) o exiliados en Europa que no tengan delitos de sangre. No es una amnistía, pero casi.. Seguir leyendo
Aunque lento, el proceso de paz entre Turquía y el grupo armado kurdo PKK avanza con pasos que, hasta hace unos años, eran inimaginables y que ponen uno de los conflictos más sangrientos de Oriente Próximo en vías de solución. El último de estos pasos —y uno de los considerados clave en la hoja de ruta— ha sido la entrada en vigor esta madrugada, mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado, de la ley que permitirá el retorno y reintegración en la sociedad turca de los miles de combatientes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) encarcelados, echados al monte (en Turquía, Irak o Siria) o exiliados en Europa que no tengan delitos de sangre. No es una amnistía, pero casi.
Tras refrendar la ley, el presidente Recep Tayyip Erdogan la calificó de un “importante paso para el futuro en paz, próspero y seguro de Turquía”, y explicó que su Gobierno continuará “gestionando el proceso [de paz]” teniendo en cuenta “las sensibilidades de toda la nación, y en especial de los familiares de los mártires y los veteranos”, en referencia a los muertos y heridos en la lucha contra el PKK, grupo aún incluido en la lista de organizaciones terroristas de Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea.
“Creemos que esta ley tendrá efectos enormes en la política turca a medio y largo plazo, y que reforzará los cimientos de la política democrática”, expresó Tulay Hatimogullari, copresidenta del Partido de la Democracia e Igualdad de los Pueblos (DEM, prokurdo) en una entrevista con el medio online Bianet.
Más de cuatro décadas de combates, desde que el PKK se levantó en armas en contra de las políticas de asimilación de los kurdos de Turquía y las fuerzas de seguridad turcas respondieron con duras políticas de tierra quemada y guerra sucia, han causado más de 40.000 muertes y miles de desaparecidos, sumiendo buena parte del sudeste del país en la violencia y la pobreza.
Después de los fracasos de anteriores iniciativas en 2009 y en el periodo 2012-2015, que derivaron en un recrudecimiento del conflicto, estas negociaciones comenzaron entre bastidores en otoño de 2024 tras un estrechón de manos del líder de la ultraderecha nacionalista turca, Devlet Bahçeli, aliado del presidente Recep Tayyip Erdogan, y los representantes del principal partido kurdo en el Parlamento turco. A esto se sumó un inesperado discurso del propio Bahçeli —hasta hace nada el político más agresivo con el nacionalismo kurdo— proponiendo mejoras en las condiciones carcelarias o incluso la eventual liberación del fundador y líder ideológico del PKK, Abdullah Öcalan, encarcelado en la isla prisión de Imrali desde hace casi tres décadas y considerado el “terrorista número uno” del país.
Siguieron, durante el año pasado, con el histórico comunicado de Öcalan en el que renunciaba a la lucha armada y pedía la disolución del PKK, que el grupo aprobó en un Congreso en las montañas Kandil del norte de Irak, donde tiene sus bases centrales, y con el inicio simbólico del desarme en julio. Tras muchos retrasos y debates pospuestos, el Parlamento aprobó el pasado 10 de agosto la llamada “Ley marco” (oficialmente “Ley para el fortalecimiento de la solidaridad nacional y la integración social”), con el voto afirmativo de 467 de los 561 diputados presentes.
La nueva ley permitirá el regreso a casa de los militantes del PKK acusados de ser miembros de organización terrorista, participar en actividades terroristas e incluso financiación de organización terrorista, siempre y cuando se hayan involucrado en homicidios o intentos de ello (incluidos aquellos que actualmente cumplen condena).
Los delitos no serán directamente perdonados, sino que los miembros del grupo armado deberán recurrir a los tribunales, que pospondrán el proceso judicial entre 5 y 10 años dependiendo de la gravedad de las acusaciones a las que se enfrenten. Tras este periodo, si los antiguos guerrilleros no cometen ningún delito incluido en la legislación antiterrorista, sus casos serán sobreseídos.
La aplicación de estas disposiciones estará, con todo, sujeta a la supervisión de un comité presidido por el vicepresidente turco, e integrado por los ministros de Justicia, Exteriores, Interior y Defensa, así como los jefes del servicio secreto y el Consejo de Seguridad Nacional. Este comité deberá certificar que el PKK se está desarmando tal y como prometió para autorizar otros avances y comenzará a funcionar el próximo lunes.
Quedan excluidos de esta ley los crímenes cometidos antes del 1 de junio de 2005 que conlleven cadena perpetua, una forma de excluir de los beneficios a Öcalan y los dirigentes históricos y en activo del PKK, para los que se buscará un arreglo separado, dado lo espinoso del asunto. Precisamente por ello, uno de los comandantes del grupo armado, Murat Karayilan, ha dicho en declaraciones al medio kurdo Mezopotamya que si bien “esta ley es un paso nuevo y valioso, tiene muchas deficiencias”, como, en primer lugar, no entrar a considerar la situación de Öcalan, y, en segundo, que “ni siquiera se menciona en ella la palabra kurdo”.
Según han reconocido los propios dirigentes del PKK, les ha sorprendido que Öcalan, en sus directrices al grupo, renunciase no solo a soluciones independentistas o autonomistas —algo de lo que ya había desistido hace años— sino incluso a reivindicar derechos culturales a cambio del fin de la lucha armada. De hecho, en el marco de la negociación no se han tratado derechos que han sido tradicionalmente un caballo de batalla del movimiento nacionalista kurdo, como la oficialidad del idioma o la enseñanza en lengua materna (en Turquía, país extremadamente nacionalista y centralista, únicamente se permite el uso oficial del turco).
Con todo, la nueva ley ha despertado gran esperanza entre la población kurda de Turquía, ya que, además del retorno de parientes echados al monte desde hace décadas, abre la posibilidad de que miles de personas —militantes políticos, activistas, periodistas, artistas— condenadas bajo la acusación de pertenencia o propaganda de organización terrorista sean liberadas de las cárceles turcas tras la revisión de sus condenas, incluido el popular dirigente político Selahattin Demirtas, a punto de cumplir una década entre rejas pese a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a favor de su excarcelación.
Ya durante el último año, cientos de presos kurdos, especialmente aquellos enfermos —incluidos antiguos combatientes del PKK—, han sido excarcelados con diversas maniobras legales, aunque se ha hecho casi siempre por la puerta de atrás para no levantar revuelo, según reconoció a este diario una fuente cercana al movimiento kurdo.
A nadie se le escapa que tras este proceso de paz hay un cuidadoso cálculo político de Erdogan, que en los últimos diez años ha tenido que ir incorporando a su coalición gobernante a cada vez más grupos políticos (normalmente a su derecha, pero también algunos a su izquierda) para contrarrestar la erosión que ha sufrido en su apoyo popular. Y ahora que la represión de su Gobierno se ceba en el principal partido opositor (el socialdemócrata CHP, intervenido por la Justicia, lo que ha provocado una de las escisiones más graves de su historia), ha tendido la mano al movimiento kurdo, hasta hace nada el principal objeto de las detenciones, encarcelamientos y destitución de sus cargos electos, a fin de cooptar su base de votantes.
Los dirigentes del PKK son conscientes de ello. “Sí, puede tratarse de un juego táctico [por parte del Gobierno de Erdogan]. No lo descartamos […]. Sin embargo, incluso si se trata de un movimiento táctico, ¿abre el camino a cambios políticos? ¿Crea la oportunidad de hacer nuevas cosas? Esa es nuestra forma de verlo”, sostuvo el dirigente del PKK Duran Kalkan en una entrevista con el medio turco Medyascope a finales de julio. “Hemos dado un giro estratégico. Lo puedo decir: no habrá nunca más una guerra [contra Turquía] como la que hubo en el pasado, a menos que se nos ataque de nuevo”, subrayó Kalkan.
