España sufre un «deterioro continuado de su competitividad fiscal relativa» por culpa de una «cada vez mayor complejidad normativa, una carga fiscal más elevada sobre la inversión y la presencia de impuestos que generan mayores distorsiones económicas». Así lo ha advertido el presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Íñigo Fernández de Mesa. durante la presentación del informe “Competitividad Fiscal 2025. Una reflexión sobre la imposición en el turismo”, en el que se detalla que nuestro país se sitúa entre los países con peor diseño tributario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), al ocupar el puesto 34 de un total de 38 economías en el Índice de Competitividad Fiscal Internacional 2025, lo que supone un descenso de cinco posiciones respecto a 2018 y la sitúa 11,5 puntos por debajo de la media de la Unión Europea, con una puntuación de 57,9 sobre 100, 12,2 puntos por debajo de la media de la OCDE.. A partir de este Índice de Competitividad Fiscal, el IEE ha desarrollado el indicador de presión fiscal normativa, que aproxima la carga derivada del diseño legal del sistema tributario y sitúa a España con una presión fiscal un 17% superior a la media de los países de la Unión Europea y un 18% por encima de la OCDE, lo que evidencia el «carácter estructural de la brecha de competitividad fiscal en España», ha señalado el director general del IEE, Gregorio Izquierdo. La presión fiscal en términos de recaudación ha aumentado entre 2018 y 2024 en 2,3 puntos de PIB, mientras que la media europea descendió en 0,6 puntos. Además, parte de esta diferencia responde a factores estructurales, como el mayor desempleo y la economía sumergida, por lo que «la convergencia con los niveles medios europeos en estos ámbitos podría elevar la recaudación en más de 39.000 millones de euros sin necesidad de aumentar los impuestos», incide.. El esfuerzo fiscal confirma que la carga tributaria soportada por los contribuyentes españoles es elevada en relación con su capacidad económica. Con datos de cierre del ejercicio 2024, España presenta un esfuerzo fiscal un 14,1% superior al promedio de la Unión Europea. Este resultado empeora aún más si se analiza el esfuerzo fiscal directo -derivado de la imposición directa, fundamentalmente IRPF e IS-, donde España soporta un esfuerzo 16,5% superior a la media de la Unión Europea.. El informe destaca especialmente la fiscalidad empresarial, que el IEE considera uno de los principales factores que condicionan las decisiones de inversión, contratación, innovación y localización de proyectos. En este ámbito, el instituto sostiene que las empresas españolas «soportan una presión fiscal superior a la media europea tanto en términos de recaudación como de producto interior bruto (PIB)», una situación que no depende únicamente del tipo nominal del Impuesto sobre Sociedades, «sino de la carga fiscal efectiva que soporta una inversión, de las cotizaciones sociales empresariales, de la complejidad normativa y de la estabilidad del marco tributario».. Los datos reflejan que España soporta una presión fiscal empresarial superior a la media europea, tanto en términos de recaudación como de PIB. Las empresas aportaron el 33,9% de los ingresos públicos, frente al 26% de la UE-27, y su carga fiscal equivalió al 12,5% del PIB, por encima del promedio europeo del 10,3%. Además, entre 2018 y 2024 esta presión aumentó con más intensidad en España que en la UE. Una evolución que confirma un «endurecimiento relativo de la fiscalidad empresarial, con posibles efectos sobre la inversión, la competitividad y la capacidad de crecimiento de las empresas», apunta el estudio.. Como parte del sistema fiscal, el IEE denuncia que el Impuesto sobre Sociedades y la tributación del capital sitúan a España en una posición «relativamente desfavorable frente a su entorno europeo». El tipo nominal del impuesto alcanza el 25%, por encima de la media de la UE, y la carga combinada sobre beneficios distribuidos (al sumar el impuesto sobre sociedades y dividendos) llega al 47,5%, frente al 38,8% europeo. A ello se añaden unas cotizaciones sociales empresariales elevadas, equivalentes al 9,5% del PIB, frente al 7,1% de la UE.. A todo esto se une la complejidad fiscal, que «es un factor clave de competitividad, ya que las empresas no solo soportan el coste de los impuestos que pagan, sino también el esfuerzo administrativo necesario para cumplir con sus obligaciones», recuera Izquierdo. En España, este problema resulta especialmente relevante para las pymes, con menor capacidad para asumir costes de asesoramiento, adaptación normativa y gestión. Según el Índice de Complejidad Fiscal, España registra un valor de 114,8, por encima de la media de la UE, situada en 100, y de la OCDE, en 103,4. Esta mayor complejidad se refleja, asimismo, en los costes de cumplimiento tributario: la mediana de horas que las empresas españolas dedican, anualmente, a preparar, presentar y pagar impuestos asciende a 150 horas, frente a las 113 horas en la Unión Europea y 92 horas en la OCDE. «Esto confirma que la desventaja fiscal española también es regulatoria y administrativa», señala Izquierdo.. En este contexto, el IEE cree que es necesario avanzar hacia una «reforma fiscal que reduzca distorsiones, simplifique las obligaciones tributarias y refuerce la seguridad jurídica y la estabilidad normativa. En un contexto de economía abierta y creciente competencia internacional por atraer inversión, talento y proyectos empresariales, España necesita un marco tributario más favorable a la actividad productiva, la contratación, la innovación y el crecimiento empresarial. Mejorar la competitividad fiscal no implica renunciar a la suficiencia recaudatoria, sino construir un sistema capaz de generar bases imponibles más amplias y sostenibles, apoyado en una economía más dinámica, productiva y creadora de empleo».
España sufre un «deterioro continuado de su competitividad fiscal relativa» por culpa de una «cada vez mayor complejidad normativa, una carga fiscal más elevada sobre la inversión y la presencia de impuestos que generan mayores distorsiones económicas». Así lo ha advertido el presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Íñigo Fernández de Mesa. durante la presentación del informe “Competitividad Fiscal 2025. Una reflexión sobre la imposición en el turismo”, en el que se detalla que nuestro país se sitúa entre los países con peor diseño tributario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), al ocupar el puesto 34 de un total de 38 economías en el Índice de Competitividad Fiscal Internacional 2025, lo que supone un descenso de cinco posiciones respecto a 2018 y la sitúa 11,5 puntos por debajo de la media de la Unión Europea, con una puntuación de 57,9 sobre 100, 12,2 puntos por debajo de la media de la OCDE.. A partir de este Índice de Competitividad Fiscal, el IEE ha desarrollado el indicador de presión fiscal normativa, que aproxima la carga derivada del diseño legal del sistema tributario y sitúa a España con una presión fiscal un 17% superior a la media de los países de la Unión Europea y un 18% por encima de la OCDE, lo que evidencia el «carácter estructural de la brecha de competitividad fiscal en España», ha señalado el director general del IEE, Gregorio Izquierdo. La presión fiscal en términos de recaudación ha aumentado entre 2018 y 2024 en 2,3 puntos de PIB, mientras que la media europea descendió en 0,6 puntos. Además, parte de esta diferencia responde a factores estructurales, como el mayor desempleo y la economía sumergida, por lo que «la convergencia con los niveles medios europeos en estos ámbitos podría elevar la recaudación en más de 39.000 millones de euros sin necesidad de aumentar los impuestos», incide.. El esfuerzo fiscal confirma que la carga tributaria soportada por los contribuyentes españoles es elevada en relación con su capacidad económica. Con datos de cierre del ejercicio 2024, España presenta un esfuerzo fiscal un 14,1% superior al promedio de la Unión Europea. Este resultado empeora aún más si se analiza el esfuerzo fiscal directo -derivado de la imposición directa, fundamentalmente IRPF e IS-, donde España soporta un esfuerzo 16,5% superior a la media de la Unión Europea.. El informe destaca especialmente la fiscalidad empresarial, que el IEE considera uno de los principales factores que condicionan las decisiones de inversión, contratación, innovación y localización de proyectos. En este ámbito, el instituto sostiene que las empresas españolas «soportan una presión fiscal superior a la media europea tanto en términos de recaudación como de producto interior bruto (PIB)», una situación que no depende únicamente del tipo nominal del Impuesto sobre Sociedades, «sino de la carga fiscal efectiva que soporta una inversión, de las cotizaciones sociales empresariales, de la complejidad normativa y de la estabilidad del marco tributario».. Los datos reflejan que España soporta una presión fiscal empresarial superior a la media europea, tanto en términos de recaudación como de PIB. Las empresas aportaron el 33,9% de los ingresos públicos, frente al 26% de la UE-27, y su carga fiscal equivalió al 12,5% del PIB, por encima del promedio europeo del 10,3%. Además, entre 2018 y 2024 esta presión aumentó con más intensidad en España que en la UE. Una evolución que confirma un «endurecimiento relativo de la fiscalidad empresarial, con posibles efectos sobre la inversión, la competitividad y la capacidad de crecimiento de las empresas», apunta el estudio.. Como parte del sistema fiscal, el IEE denuncia que el Impuesto sobre Sociedades y la tributación del capital sitúan a España en una posición «relativamente desfavorable frente a su entorno europeo». El tipo nominal del impuesto alcanza el 25%, por encima de la media de la UE, y la carga combinada sobre beneficios distribuidos (al sumar el impuesto sobre sociedades y dividendos) llega al 47,5%, frente al 38,8% europeo. A ello se añaden unas cotizaciones sociales empresariales elevadas, equivalentes al 9,5% del PIB, frente al 7,1% de la UE.. A todo esto se une la complejidad fiscal, que «es un factor clave de competitividad, ya que las empresas no solo soportan el coste de los impuestos que pagan, sino también el esfuerzo administrativo necesario para cumplir con sus obligaciones», recuera Izquierdo. En España, este problema resulta especialmente relevante para las pymes, con menor capacidad para asumir costes de asesoramiento, adaptación normativa y gestión. Según el Índice de Complejidad Fiscal, España registra un valor de 114,8, por encima de la media de la UE, situada en 100, y de la OCDE, en 103,4. Esta mayor complejidad se refleja, asimismo, en los costes de cumplimiento tributario: la mediana de horas que las empresas españolas dedican, anualmente, a preparar, presentar y pagar impuestos asciende a 150 horas, frente a las 113 horas en la Unión Europea y 92 horas en la OCDE. «Esto confirma que la desventaja fiscal española también es regulatoria y administrativa», señala Izquierdo.. En este contexto, el IEE cree que es necesario avanzar hacia una «reforma fiscal que reduzca distorsiones, simplifique las obligaciones tributarias y refuerce la seguridad jurídica y la estabilidad normativa. En un contexto de economía abierta y creciente competencia internacional por atraer inversión, talento y proyectos empresariales, España necesita un marco tributario más favorable a la actividad productiva, la contratación, la innovación y el crecimiento empresarial. Mejorar la competitividad fiscal no implica renunciar a la suficiencia recaudatoria, sino construir un sistema capaz de generar bases imponibles más amplias y sostenibles, apoyado en una economía más dinámica, productiva y creadora de empleo».
